El presidente Evo Morales admitió por primera vez en los últimos días que parte de la coca producida en el Chapare, donde él sigue siendo dirigente sindical, sirve al narcotráfico.
Eso lo sabían todos los bolivianos incluso antes de que el actual presidente llegue a la primera magistratura del país. Se lo sabe muy bien, porque Bolivia se comprometió con la comunidad internacional a cultivar solamente 12.000 hectáreas de coca –suficiente para el consumo legal- con lo que todas las plantaciones del Chapare quedan en calidad de ilegales, “excedentarias”, según el eufemismo inventado por las autoridades.
La información que deberá entregar ahora el Gobierno es la exacta medida, en hectáreas, de los cultivos de coca que, según el presidente, se van al narcotráfico. Luego de eso se debería anunciar el plazo de erradicación de esos cocales, cuya ilegalidad ha sido admitida por el propio presidente.
Eso es lo que, con otras palabras, están pidiendo los cocaleros de Yungas de La Paz, cansados ya de que el Gobierno concentre sólo en la zona donde ellos operan los esfuerzos de erradicación y deje libre al Chapare.
Todo el conflicto que se vive ahora en los Yungas se debe a la rivalidad que existe entre los dos polos cocaleros del país y que se acrecienta conforme el Gobierno hace nuevas preferencias por el Chapare.
Es tan grave la situación que los cocaleros del presidente Morales han amenazado con marchar sobre los Yungas y obligar a los cocaleros paceños a levantar el bloqueo de protesta que cumplen desde principios de octubre.
La protesta comenzó con un motivo diferente. Se trataba de rechazar una normativa que el gobierno había propuesto para la comercialización de la hoja, normativa que estaba inspirada en el deseo de evitar el desvío del producto hacia el narcotráfico.
El Gobierno retiró su iniciativa con mucha presteza e incluso llegó a proponer que sean los cocaleros quienes participen en la elaboración de una normativa, en consenso con las autoridades, pero los cocaleros de Yungas no quieren levantar los bloqueos.
Es decir que el Gobierno había propuesto a los cocaleros legales e ilegales participar en la elaboración de una normativa del Estado boliviano. Parece un absurdo, pero esa era la figura.
Pero los cocaleros de Yungas no aceptan nada de lo que les propone el Gobierno. Sólo quieren mostrar al país que ellos están cansados con los privilegios de que gozan los cocaleros del Chapare.
Esta guerra entre cocaleros tiene paralizado el tráfico que pasa por los Yungas y que comprende otros productos, además de la coca. Son cientos los camiones que están bloqueados en la zona, mientras el presidente Morales dice que no irá al diálogo porque se trata solamente de una jugada de los dirigentes sindicales que quieren ser reelegidos.
Es decir que un conflicto entre cocaleros tiene paralizado el comercio hacia la sede de gobierno de Bolivia.
Comparado con el daño que hace el narcotráfico a los bolivianos, a la economía, a la ecología y a la imagen del país, es poca cosa, pero muestra que la realidad de la coca se ha convertido en un monstruo que amenaza a toda Bolivia.
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