El Deber pone de relieve la "pregunta incómoda" que lanzó Michael Fitzpatrick que visitó Bolivia como el comisionado de EEUU para América Latina. cuánto de coca necesitan para el consumo interno? y sin respuesta el Gobierno no pudo dar una cifra. porque el estudio existe pero es secreto, mientras como buen diplomático deja abierta la posibilidad de una entrevista Trump Morales siempre y cuando se clarifique este aspecto básico de la producción de coca, mientras persiste la fundada sospecha de estarse destinando casi toda la producción de El Chapare a la cocaína.

Preguntas incómodas

EL DEBER 

                                          

Michael Fitzpatrick, comisionado de Estados Unidos para América Latina, estuvo de visita en el país y dejó algunos mensajes alentadores y también una observación incómoda. Lo dijo en una entrevista exclusiva de EL DEBER, con estas palabras: “Hemos leído las encuestas, pensando que el 69% de la población cree que al duplicarse la cosecha lícita (de la coca) va a haber en el país más narcotráfico. Si no hay una demanda legal vamos a ver más producción de la cocaína en vez de más uso lícito de la coca”. 

Se refiere a que, según los organismos internacionales, no hay una demanda legal para la coca del Chapare, región donde ahora se han autorizado 7.700 hectáreas.

En efecto, siete de cada diez bolivianos, como dijo la encuesta de Mercados y Muestras difundida ampliamente, temen que el incremento de la superficie autorizada para el cultivo de la coca, sin que exista un mercado legal que absorba la producción, termine incrementando el narcotráfico en el país. 

Por eso parece conveniente que las cifras que respaldan la ley de la coca sean revisadas, a fin de que las decisiones sobre áreas de cultivo no terminen perjudicando al país, que es lo que ocurre cuando aumenta el narcotráfico.

El estudio hecho en 2012 sobre el mercado de la coca dice que existen 3.082.000 consumidores, lo que haría necesario que existan 14.705 hectáreas de cultivo, y no 22.000. Es probable que la ley haya contemplado un incremento del consumo, pero quizá sea mejor, para beneficio del país y para que la comunidad internacional no haga más críticas, que se aclaren las cifras relacionadas al destino de la coca que se produce en Chapare.

Y está también el pedido de los cocaleros de Yungas, que exigen un referéndum que permita descubrir cuál es la coca que los bolivianos consumen en el acullico y con fines medicinales, así como ritos y acontecimientos sociales.

Los mensajes alentadores del señor Fitzpatrick se refieren a la buena impresión que tuvo al llegar a Bolivia, por lo que dejó abierta la posibilidad de que el presidente de su país, Donald Trump, tenga una entrevista con el presidente de Bolivia, Evo Morales, dentro de un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que culmine con la designación de embajadores.

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legalización disimulada, encubierta? se pregunta Humberto cuando se refiere a las cifras de la Ley de la Coca, que no cuadran con la realidad. con razón la Unión Europea que no confía en el informe de Romero, ha pedido un nuevo estudio de la coca, que sea más coherente con la realidad.

Propuesta boliviana
Humberto Vacaflor Ganam


Dice Sandro Calvani, ex funcionario de la ONU en Bolivia, que la cocaína fue separada por primera vez en el mundo en la Farmacia y Droguería Boliviana, de la calle Ayacucho de La Paz, a cargo del italiano Enrico Pizzi, según figuró en la Gaceta Oficial del 30 de junio de 1858.

Parece correcto, por lo tanto, que sea el gobierno boliviano el que ahora esté propiciando la legalización de la cocaína en el mundo, y el presidente se haya convertido en el mayor vocero de esa corriente.
La nueva ley de la coca proclama, abiertamente, que el gobierno boliviano legaliza 7.700 hectáreas de cocales cuya producción está destinada, en 94% según las cifras de la ONU, a la producción de cocaína.

Las cifras sobre el consumo de coca en que se basa la nueva ley no estaban, ciertamente, a cargo de un doctor en matemáticas. Ni siquiera a cargo de un maestro en aritmética. Son tan groseras que dejan abierta la sospecha de que todo esto se trata, en realidad, de una propuesta para legalizar la cocaína en el mundo.

Dice el estudio que en Bolivia existen 3.082.000 consumidores de coca y que, sumadas las exportaciones disimuladas e ilegales, justificarían la existencia de 14.705 hectáreas de cocales en el país.

Pero la ley, que está basada en esas cifras, dispone que existan 22.000 hectáreas de cocales. La diferencia son las 7.700 hectáreas del Chapare.
Sin ruborizarse, el ministro de Gobierno dice que, en realidad, de los 3.082.000 consumidores, sólo 1.125.483 (37% del total) son los que acullican la coca.

Para atender la demanda de los 3.082.000 consumidores se necesitaría destinar al cultivo de la hoja 9.246 hectáreas en Yungas. Si esos consumidores aceptaran consumir la coca del Chapare, la superficie necesaria sería de 5.547 hectáreas, por la diferencia en el rendimiento.
Pero si vas a atender unicamente la demanda de los acullicadores de todo el país, sólo se necesitan 3.376 hectáreas en Yungas.

Así se explica que el ministro Romero haya tenido que ir a Europa perdiendo los calcetines. Y que la Unión Europea esté exigiendo ahora un nuevo estudio de la coca. Las cifras no cuadran.

La única explicación sería que el gobierno boliviano está proponiendo, de veras, legalizar la cocaína.Vacaflor.obolog.com

Marcelo Aloysio de Clarín escribe "la moderna organización de los narcos" para controlar sus exportaciones de cocaína desde Bolivia, Colombia, Perú a los mercados africanos y de allí a España generalmente Tenerife e Ibiza.

Es una forma de calcular y explicar el avance de la penetración narco en la Argentina. Así como existe el índice Big Mac, que supone plantear una comparación en términos de poder adquisitivo de la población mundial para conocer el costo de cada país, hay un indicador para mostrar el índice de penetración del narcotráfico: el precio del kilo de cocaína FOB, es decir el precio de un producto puesto arriba de un buque.

Este índice se define por la aplicación efectiva del código procesal penal, la eficiencia de las fuerzas de seguridad (o su nivel de desorganización y corrupción), y por último, el costo de la materia prima y la capacidad de lavar dinero. Después de Bolivia, Colombia y Perú, Argentina tiene uno de los precios más baratos del mundo: U$S 5.000 por kilo, lo explica el fracaso de todo tipo de política de Estado desde el 2001 hasta la fecha, sin hablar de complicidades directas o indirectas desde el poder político. Cuanto más bajo sea el índice de cocaína FOB, mejor será su utilidad al exportarla. En el ambiente narco argentino le dicen “coronar” a lograr vender su “lata” (un contenedor) en España o Italia. Si los narcos “coronan”, los U$S 5.000 iniciales del costo se convertirán en unos U$ 44.000.

En cambio, otros “coronamientos” dejan más ganancias. En Japón el valor actual es de U$ 200.000, en Estados Unidos es de U$ 222.000 y en Alemania el valor es un 30% superior al español. El costo de comprar cocaína aquí surge y así lo calculan los narcos –que piensan como empresarios- según el estudio de varias causas judiciales se divida así:

 precio promedio de sobornos para jueces y fiscales corruptos, precio de la materia prima (pasta base comprada en países cercanos y su producción, y precio de la protección policial y de la ayuda de “los soldaditos”. Al primer costo también se le aplica un coeficiente de corrección que se basa en las bajas tasas de condenas firmes por complejos vericuetos del código penal procesal argentino y, en el peor de los casos, de su efectiva duración de la condena. El tercero, es uno de los más bajos del mundo gracias a un perverso sistema donde a los chicos que “cocinan” la cocaína se les paga con dosis de paco, y pueden estar hasta 5 días despiertos trabajando merced al acceso ilimitado de ese residuo de la elaboración en los laboratorios clandestinos. Entonces tenemos nuestro primer esquema contable de contabilidad narco:

costos fijos, costos variables, previsiones y provisiones. Además, los nuevos narcos les también pagan con paco a miles de “soldaditos” que, a su vez, se lo venden a otros cientos de miles a valor de desesperación. Para la exportación los narcos usan lo que llaman “los ingenieros”, quienes usualmente merced a su creatividad y su intercambio internacional de experiencias logran ir mutando las formas de penetrar suelo europeo. Cocaína escondida en ropa, máquinas viales usadas, motorhomes, muebles, matafuegos, entre otros. La lista es casi infinita. El costo financiero y el riesgo de perder toda una carga los nuevos narcos lo lograron reducir creando “fideicomisos” de la droga. No es, como antes, cuando un cartel que se encargada de todo. Hay un organizador que se encargada de ofrecer a terceros una inversión con una utilidad promedio de 3 a 1 por 4 meses de colocación de su plata. De esa forma diversifican el riesgo entre al menos 8 inversores por “lata”.

En general, no mandan las “latas” directamente a Europa, sino la triangulan vía un país africano. Los nuevos narcos saben usar la falta de controles, tanto en puertos argentinos como en uruguayos, para exportar la “lata” y la corrupción de las aduanas de países de Africa Occidental. Como un commoditie, dejan “enfriar” la “lata” en Africa hasta que llegue la temporada verano de Ibiza y Tenerife y aumenten los precios. En otras palabras, para los nuevos narcos los argentinos somos corruptos, baratos, e ineficientes.

Carlos Valverde dice...si porque una campaña determinada no tiene éxito,, o un programa del conglomerado de naciones no culmina con aplausos habría que dejarlo todo y no hacer nada...o sea la lucha contra la droga, tiene que continuar no queda otra y con el aporte de todos para lograr sus objetivos....

“...a la luz de datos oficiales coincidimos en que la estrategia denominada de guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo Carlos Romero en Viena (Austria), con ocasión de celebrarse la 60.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (NNUU).

Ligera y hasta caprichosa y maniquea interpretación del ministro, porque mantener una lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una lucha, aunque desigual, obligatoria, de parte de los estados. Es una obligación hacerlo y, evidentemente, mientras más consumidores y dinero haya en juego, mientras más tecnología y más alto el nivel de violencia de los narcotraficantes, más dificultades tendrán los organismos de represión para lograr el objetivo de mantener a la población libre de drogas. En el caso puntual de nuestro país, cocaína (pasta base incluida, como producto también de exportación) y marihuana (nuestro país es el segundo productor de Sudamérica).

Se me ocurrió, mientras leía lo dicho por el ministro Romero, ver qué otras “luchas, represiones o guerras” parecen estar perdiéndose y si acaso por ello se sugeriría aumentar los ‘disparadores’ (sembrar más coca es un ejemplo) o liberar alguna de las causas que los generan (supongo que quienes practican aquello estarán en condiciones de sugerir “qué se puede liberar”).

En el mundo entero aumenta la trata de blancas, tráfico de menores (hombres y mujeres), la pornografía infantil, el secuestro y la esclavitud de mujeres con fines de explotación sexual, y pregunto: exactamente, ¿qué se debería ‘liberar’ en estos casos?

En Bolivia aumentan inexorablemente el feminicidio y los casos de maltrato a la mujer, pese a la existencia de una ley muy drástica; los juzgados reciben causas por ambos casos y se tienen muy pocas sentencias. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin efecto la ley, bajo el argumento de que la administración de justicia tarda? La justicia que tarda, deja de ser tal.

Vamos a temas más simples: las calles, los mercados, los comercios en Bolivia están llenos de contrabando de ‘todo’; ¿se libera el ingreso de lo que entra, porque igual va a entrar y la gente quiere comprar? Los municipios del interior del país están llenos de vehículos sin papeles (de cualquier marca o tipo); ¿es correcto pedir “otra y otra y otra nacionalización”?

Reclamo un discurso más coherente a quienes nos representan fuera de las fronteras, no sea que a alguien se le ocurra sugerir que ante el aparentemente evidente “fracaso de alguna de las guerras” libradas por el Estado en nombre de sus ciudadanos y, sobre todo, en resguardo de su salud física y mental se plantee luz verde al uso o al disfrute de aquello, salvo que la intención sea “liberarlo todo”. En ese caso, debieran ser claros al decirlo, para saber a qué atenerse        

el Chapo compraba cocaína en Bolivia a 2.500 dólares el kilo, transportada a México la revendía en 20 mil, 10 veces más a minoristas que la introducían en EEUU., los datos los trasmitió un periodista español David Beria.in que se infiltró en el cartel de Sinaloa y conoció los pormenores.

Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘Chapo’, el narco mexicano que se encuentra detenido en Estados Unidos, mantuvo negocios con narcotraficantes bolivianos. El Cártel de Sinaloa, organización de la cual era líder, compró cocaína boliviana y luego la transportaban a Culiacán (México), donde revendían el mismo producto a intermediarios, que después introducían la droga en Estados Unidos y la comercializaban veinte veces más cara. El Gobierno boliviano desconoce el hecho y estas operaciones. 

La revelación la hizo el periodista español David Beriain que se infiltró en las actividades del Cártel de Sinaloa después de que el ‘Chapo’ fuera detenido en México (8 de enero de 2016). El cronista, experto en coberturas de guerra, reveló al diario The Huffington Post (versión mexicana) que Guzmán Loera y su familia tenían contactos en Bolivia, Perú y Colombia, países de donde compraban la cocaína y luego la revendían en su país a minoristas independientes.

“El ‘Chapo’ Guzmán y su familia prácticamente no han exportado nunca cocaína a Estados Unidos, porque lo que ellos hacen es traerla de los países productores como Perú, Bolivia o Colombia, a Culiacán (México). La compran a $us 2.500 el kilo. La venden en Culiacán a $us 17.000. ¿A quién se la venden? A minoristas independientes que luego la pasan (a EEUU)”, informó Beriain al periódico digital, que tiene origen en Estados Unidos y versiones en varios países del mundo.   

César Huerta, periodista del diario El Universal y del medio electrónico The Huffington Post, confirmó que la entrevista es auténtica. Beriain no respondió porque estaba filmando el documental. 

Gobierno lo desconoce
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que desconoce esa información y que su colega Carlos Romero, de la cartera de Gobierno, tendrá que informar hoy al respecto, cuando retorne de Viena (Austria), donde participó de la sesión de Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Este medio llamó a la autoridad y su teléfono móvil estaba apagado.

El periodista español estuvo cuatro meses infiltrado en filas del Cártel de Sinaloa. Beriain realizó esa acción para elaborar el documental El Clandestino, que se difunde por el canal por cable Discovery. El cronista pasó momentos con capos narcos, quienes le contaron todos los negocios que realizan.

En otra entrevista a radio Fórmula de México, el periodista insistió que el “negocio real” del Chapo Guzmán era comprar cocaína de Bolivia, Perú y Colombia para luego venderla a minoristas independientes.

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz advirtió en marzo de 2015 sobre la relación del excomandante de la Policía boliviana Óscar Nina, detenido en la cárcel de Palmasola, con el hijo de Guzmán Loera. La exautoridad reveló que el primogénito del delincuente llegó a Santa Cruz.

“Él (Jesús Guzmán) pasó cursos de pilotaje en el país y tuvo relación con algunos miembros de la Policía vinculados especialmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), entre ellos Nina”, afirmó Moldiz esa época 

juicio a Leopolldo es nulo. debió ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia. Evo llevó demasiado lejos su odio y resentimiento. la población sabe quiénes son los asesinos, aunque la "victoriosa sea la impunidad" Duras palabras de El Dia de SC sobre la condena reciente.

Toda una confesión

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En lugar de ser una condena, la sentencia contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, es toda una confesión. Es la constatación de cuán podrido (palabras del vicepresidente) está el sistema judicial boliviano y, paradójicamente, de lo sujeto que se encuentra al poder político, pues fue el propio Álvaro García Linera el que les ordenó a los jueces declarar culpable al dirigente pandino, a quien nadie pudo probarle absolutamente nada en casi nueve años de juicio. 

El presidente Morales se ha declarado molesto por la sentencia aplicada a Fernández. Considera que 15 años son muy pocos para alguien acusado de la muerte de 13 personas, de haber impulsado el separatismo y de traición a la patria. Bastaba con que mencione el hecho de ser opositor, el peor delito que se puede cometer en estos tiempos, en los que en régimen no ha ahorrado ni recursos ni escrúpulos para enjuiciar, perseguir y encarcelar a los que piensan diferente.

Pero afortunadamente hay quienes todavía tienen un resto de pudor en esta justicia secuestrada, que opera con la pistola en el pecho y que a pesar de todo ha emitido una sentencia que no hace más que denunciar un caso de manipulación en el que la única victoriosa ha sido la impunidad. Tal vez queden para siempre en la oscuridad los nombres de aquellos que jalaron el gatillo aquel día en El Porvenir, de los que prepararon las emboscadas y de los que organizaron todo para provocar los enfrentamientos. La población sabe quiénes son, pero una vez más la ley es pisoteada por los que detentan el poder.

El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero recordemos que las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación. Los derechos y garantías de Fernández fueron sistemáticamente violados y el régimen se encargó de modificar a gusto los plazos procesales, el periodo de detención preventiva y otras prerrogativas del debido proceso, con el fin de mantener al detenido tras las rejas, como un trofeo de guerra, una cabeza en la picota que sirva de escarmiento para quienes tengan la tentación de resistirse a los abusos.

La mejor estrategia de cualquier modelo autoritario es infundir miedo y evitar a toda costa la represión, las muertes, la violencia y los hechos de injusticia como el que ha cometido contra Leopoldo Fernández. En este caso, al igual que lo sucedido con la matanza del hotel Las Américas, el gobierno llevó demasiado lejos su odio y su resentimiento y eso a la larga tiene muy duras consecuencias.

El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación.

Manfredo Kempff fue parte del Gobierno cuando Bánzer lanzó la consigna "coca cero" aclara que regía la orden para El Chapare y que Los Yungas no se tocó, ahora al aumentar la coca, habrá más droga para mayor padecimiento de Argentina y Brasil, regocijo de cocaleros y "vanagloria" del mandamás. qué triste!

Más coca, más droga

El Gobierno puede decir lo que quiera respecto de la nueva ley de la coca, pero hasta el más despistado de los ciudadanos sabe que si se cultiva más coca habrá más cocaína. Que diga lo que quiera S.E. y sus voceros; sin embargo, pasar de 12.000 hectáreas (ha) de hoja a 22.000 es una desvergüenza, esencialmente en lo que corresponde a las 7.700 que benefician a Chapare, donde, se sabe, el 93% no pasa por el mercado legal, es decir que va al narcotráfico.

S.E. afirma que cuando llegó al poder, los neoliberales permitían el cultivo de 37.000 ha de coca. No sabemos de dónde ha salido esa cifra. El Gobierno tiene expertos en estadísticas que hasta hacen creer que somos el país económicamente más exitoso en Sudamérica. Por lo menos, cuando la administración democrática del general Banzer –eso me consta–, en Chapare solo quedaban 600 ha, lo que quería decir que la coca destinada al narco estaba siendo erradicada de verdad. En lo que hace a los cocales de Yungas no había problema, porque se ceñían a la ley.

S.E. afirma también que se quería imponer ‘coca cero’ en todo el territorio nacional. No es cierto, porque la ‘coca cero’ era solo para el trópico cochabambino, que ahora obtiene una enorme bocanada de oxígeno cuando se le permite cultivar 7.700 ha. Claro, todo en paz, sin un gas lacrimógeno siquiera, pero no porque este Gobierno sea más respetuoso de los derechos humanos que los anteriores, sino porque S.E. es el jefe de las seis federaciones de cocaleros de Chapare y acaba de cumplir con un objetivo político que reverdece su poder.

 Ya está desatada la campaña publicitaria para convencer a la ciudadanía de las bondades de ‘enterrar’ la Ley 1008. Aparecieron en la tele los jarabes, pomadas, mates, tortas, panes, licores, de lo que llaman la industrialización. Todo eso es una bagatela, no significa nada, porque la única industrialización importante es la cocaína. En el país de los sofistas y de los mentirosos se da gato por liebre sin el menor problema. Lo único cierto es que habrá más droga destinada al contrabando.

¿Qué dirán EEUU y la Unión Europea? No creemos que al Gobierno le importe mucho. Total, ellos tienen las cifras de la ONU que de manera inaudita los encubren. Pero donde el tema se va a poner difícil va a ser en el vecindario, permanentemente avasallado por la cocaína. Brasil y Argentina están hasta la coronilla con este Gobierno, al que no le creen nada. Hay sujetos que echan inmundicias en las puertas de las casas vecinas y no por eso dejan de tolerarlos, aunque sea por educación 

´poco informados algunos analistas estiman que el mundo no se preocupa por la Ley de la Coca, que el miércoles desde el Palacio Quemado será promulgada por Evo de regreso de un viaje de 6 dias a Cuba y Venezuela. la UE está firme en su combate contra las drogas, específicamente en contra de la cocaína según podemos comprobarlo en sus fuentes.

Mejorar la coordinación en control de cocaína

Mauricio Aira ha esbozado un resumen de las importantes resoluciones de la UE, especialmente recordadas a propósito de la desaparición de la Ley 1008 que en Bolivia rigió desde 1988 para regular el Régimen.

Varios acuerdos pusieron en marcha la Unión Europea cuando trató el tema de reforzar la coordinación la cooperación en sus política antidroga que están actualmente en práctica.

El Grupo Horizontal DROGAS del Consejo ha estado colaborando con la Comisión para asegurar la coherencia interna y externa y para conseguir avances en aspectos urgentes, por lo que convoca regularmente a los coordinadores de toda la Unión.

En Bolivia se piensa que la UE no dice nada, que no hace nada y guarda silencio en torno a la Nueva Ley de la Coca que horas más, el mismísimo Evo Morales ha de promulgar en un montado escenario propagandístico que tiene, como siempre un alto costo para el Tesoro de la Nación. La consulta a la sociedad civil en temas muy puntuales es permanente, en diversas formas, educacionales, comunicacionales, en las escuelas, colegios, universidades, sindicatos, instituciones que están siempre en alerta por lo que pueda ocurrir, sin dejar de practicar la restricción más severa a la circulación de drogas y su transporte.

La llamada Alianza Europea sobre Drogas, se reúne al menos una vez al año y en la siguiente cita, como punto número uno de su Agenda está” nueva Ley de la Coca en Bolivia generará mayor producción de coca y por ende de cocaína.

Ambos organismos acentúan medidas para reducir el consumo de drogas y sus consecuencias para la salud y la sociedad, por lo que sus recomendaciones se tienen que aplicar sin demora. Se toman en cuenta las necesidades de los consumidores en función de su edad, sexo nivel cultural y para adoptar medidas para prevenir comportamientos entre consumidores de drogas.

Se tiene vista la mejora en la oferta de tratamientos con medidas psicológicas y farmacológicas, con el desarrollo de nuevos programas de rehabilitación y de reinserción. Todo se encamina a reducir la demanda procurando mejor calidad cada vez. Se pide a los Estados miembros un uso mayor de sanciones alternativas al ingreso en prisión para castigar a los delincuentes toxicómanos, velando por la atención sanitaria y el seguimiento fuera de los centros penitenciarios para evitar su recaída.

Los Estados miembros tienen que tomar medidas y garantizar el acceso a servicios que eviten la propagación del Sida, la hepatitis C y otras enfermedades infecciosas trasmitidas por la sangre y que reduzcan el número de muertes relacionadas con la drogadicción.

Es posible que en nuestros países desconozcan la participación de EUROPOL y EUROJUST en la lucha eficaz contra la producción y el tráfico de drogas, por lo que ejecutan operaciones pluridisciplinarias con los servicios policiales fronterizos y aduaneros a través de iniciativas de cooperación que no descansan a ninguna hora. (ECI) y (OAC) sin olvidar la cooperación judicial fomentando la plena aplicación de los instrumentos de la UE de asistencia recíproca.

Justamente ahora, a raíz de la renovada acción de los productores de coca y de los productores de cocaína que actúan en cadena, lo que constituye una amenaza real, se ha pedido en un documento reservado actuar de forma eficaz y rápida a nivel operativo creando plataformas de seguridad. (Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics (MAOC-N) y el muy eficaz Baltic Sea Task Force (BSTF)

No está ajenos al redoblado control de las drogas sintéticas y al tráfico de precursores de drogas, mejorando el control fronterizo y la cooperación a nivel operativo.

Aunque en Bolivia el llamado “desarrollo alternativo” con un excelente ejemplo de Suecia como fue la creación de la Planta de Productos Lácteos en Ivirgarzama, MILKA., se ha vuelto a recomendar que la política antidroga de la UEA incremente la ayuda financiera a proyectos y programas de desarrollo alternativos, dirigidos a los productores para reducir la oferta y la demanda de drogas, intensificando la cooperación a terceros países.

Este mismo documento secreto que antecede a la promulgación de la Ley de la Coca (Evo), busca promover el enfoque equilibrado e integrado de la UE con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CDN) y ser acomodas en un amplio espectro de asistencia técnica y de otro tipo a los países candidatos y que participen en el proceso de estabilidad y asociación, aplicándose primero a los países comprendidos en la Política de Vecindad.

Vuelve la UE a recomendar un mejor conocimiento del fenómeno de las drogas, promover la investigación e intercambio de datos. Los Estados no pueden olvidar los Cinco indicadores epidemiológicos contenidos en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), por medio de una permanente evaluación contra la droga, modificándola si menester.

Algunas de estas directivas se emitieron en 2012, otras en 2005 y en 2017 de las actualiza y recomienda como tarea de acción impostergable.

Gotemburgo, 6 de marzo 2017

leyó mucho Iván antes de parir este artículo con múltiples referencias históricas sobre la coca...su lectura resulta obligada para entender porqué "la realeza cocalera" ha convertido a los productores en los nuevos mitayos del narcotráfico y del poder masista. son los que tienen de rodillas a una legión, para que el negocio siga corrompiendo las bases, ahora con la Ley de la Coca, su instrumento jurídico legal para avasallar.

¿Contra los cocaleros? ¡NO!

eju.tv                       

Iván Arias Durán


En base a textos de la biblioteca www.cervantesvirtual.com y otros documentos queda claro que en tiempos del incario la hoja de coca tenía fines rituales y no estaba permitida para todos sino solo para las castas del imperio. Con la derrota de los Incas, los conquistadores generalizaron el empleo de la coca entre los indios, pues, los españoles, que en un principio despreciaban su consumo, comprobaron que la coca, por sus propiedades anestésicas y sus efectos estimulantes, les permitía a los indios trabajar varios días sin comer ni beber en las minas explotados por los españoles. Así, el comercio sistemático de la coca cobro un auge sin paragón. Sin la hoja de coca habría sido literalmente imposible que los mitayos pudiesen soportar el trabajo y el encierro de días seguidos en el interior del cerro. Era el bálsamo que les ayudaba a olvidar el hambre y la sed, adormecer sus sentidos y perder la noción del tiempo. Así, la coca pasó a ser el mayor instrumento de dominación y explotación contra el indio.

Pedro Francisco de Arizmendi, partidario de la supresión de la mita, con relación a las paupérrimas condiciones de vida de los mitayos de Potosí decía: «Son los desventurados que labran nuestras fortunas, los pobres que nos hacen ricos, los infelices que nos vuelven dichosos y que con el vigor de tan recomendables títulos están en el derecho de exigir nuestro reconocimiento y gratitud». En La Colonia un rol fundamental la tenían los curacas o caciques (apelativo que los españoles trajeron de México y el Caribe), pues eran los intermediarios del poder entre los españoles y los indios.

Estaban encargados de recaudar los tributos y diezmos (de los que ellos mismos eran eximidos), llevar el control demográfico de las provincias sometidas a la mita, denunciar los casos de «idolatrías» y supersticiones y en general hacer de voceros de los intereses de las comunidades que tenían a su cargo, función esta última que cumplieron apenas, pues por lo general se identificaron con la administración española, imitando incluso la vestimenta peninsular y los malos hábitos de rapiña, si no los tenían ya. Matienzo decía sobre ellos: «Su oficio es holgar y beber y contar y repartir, que son muy diestros en esto, más que ningún español… ni ellos labran heredades ni se alquilan para trabajar, antes se mantienen del tributo que les dan los indios de su ayllu. Suelen tener cinco o seis mancebas o mujeres y que esto, añadido a los robos que hacen a los indios, los tiene siempre en pecado mortal. La tiranía es notoria, porque, después que los caciques se libraron de la opresión de los Incas, aprendiendo cada uno se ha hecho otro Guayna Cápac, o poco menos”.
Han pasado 525 años de la conquista española y la coca, ya no solo como hoja sino también como clorhidrato, sigue jugando un rol preponderante en nuestra sociedad y economía. Sería totalmente erróneo no entender que el poblamiento del Chapare es producto de una migración de gente pobre que huía de sus campos deprimidos y secos del altiplano en busca de nuevas oportunidades. Y encontró, especialmente entre finales de los setenta y principios de los ochenta, en el círculo coca-cocaína una de las alternativas para salir de la pobreza denigrante. El narco-gobierno de García Meza fue el más grande impulsor de la economía coca-cocaína en el trópico cochabambino y Bolivia en general.
Desde que recuperamos la democracia (1982-2005) y nos liberamos del lastre de narco-estado, fue una asignatura de todos los gobiernos cómo rescatar a los colonizadores del Chapare del círculo perverso coca-cocaína que lleva a la criminalidad. Ya con violencia o ya con desarrollo alternativo se intentó y se fracasó. El MAS hizo de la región su núcleo de poder local hasta conquistar al país como los nuevos liberadores de los cocaleros y de la patria. Somos los nuevos Tupac Katari, decían.

El país fue ganado a la propuesta emancipadora del MAS. Pero ya han pasado once años (2006-2017) y comprobamos que su principal caudillo, cual Rey Felipe IV de España, y sus líderes de las siete federaciones, cual caciques de La Colonia, han sumergido más y más al campesino del trópico en el círculo coca-cocaína. En vez de liberarlos los han convertido en mitayos del narcotráfico y del poder masista. Después de once años, vemos que los jerarcas del MAS, son como los cesares romanos que tenían sus tribus pretorianas dispuestas a morir por el Cesar a cambio de ciertas ventajas que no las hacia libres, pues, al final, solo ratificaban su condición de esclavos y sirvientes al poder ajeno.

En once años de gobierno y poder absoluto, habiendo manejado como nunca tantos millones de dólares, qué han hecho para sacar al cocalero del negocio de la droga?. Porque el MAS no convirtió al Chapare en el emporio de la industria, no de la de droga, sino del software o de la fruticultura? En el Chapare todos los colonos tienen sus tierras tituladas, pero ningún cocalero posee su título ni puede hacer con el nada. Los tienen los sindicatos y federaciones. Así, los cocaleros son los neo-mitayos de los neo-caciques sindicales federados que los tienen amarrados a sus designios. Los jerarcas masistas (Rey, Virrey, Curacas y caciques), con la aprobación de la narcótica ley de la coca, han ratificado ser los peores enemigos de los hombres y mujeres que los llevaron a poder porque han construido un Estado anti campesino y colonial.

Las inversiones en aeropuerto (donde no aterrizan ni las suchas), estadium (el Chapare no tiene siquiera un equipo en la Liga), en la Planta de Urea (que todos sabemos será un elefante blanco) o en la planta procesadora de la hoja de coca (que es un nido de búhos) son los espejitos españoles y pigricias para que el negocio coca-cocaína, bajo la lógica de la lucha compartida contra el narcotráfico, siga corrompiendo las bases cocaleras. Ahora, con esta narcótica ley, nos quieren poner a Bolivia contra los cocaleros y no es así. Es Bolivia, contra un gobierno anti campesino y colonial que convierte a los indios en su fuerza de trabajo y base de su poder. Bolivia está contra un Gobierno Virreinal que solo busca cómo mejorar el mitanaje en vez de la liberación de sus mandantes y de la patria. Los cocaleros y Bolivia, siguiendo la analogía retrógrada a la que nos han conducido, no necesitamos virreyes ni caciques, requerimos con urgencia un Fray Bartolomé que inicie nuestra liberación de la condición de servidumbre y humillación a la que nos han llevado.

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llamar a un referendum para resolver el aumento de plantaciones de coca. sugiere El Deber que historia lo sucedido cuando se aprobó hace pocos dias "la Ley de la Coca" aprovechando el feríado del Carnaval.

Cuando el Gobierno del presidente Evo Morales estaba lanzado en su propósito de modificar la ley de la coca para ampliar los cultivos autorizados, la oposición propuso en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se haga un referéndum sobre este tema para conocer la opinión de todos los bolivianos. Pero el proyecto avanzó de todos modos, con una inexplicable prisa en los días previos al Carnaval, incluso tropezando con objeciones hechas por los cocaleros de Yungas, las mismas que fueron saldadas con un apresurado incremento de la superficie previamente fijada por el proyecto.

Al final, la ley aprobada por diputados y senadores fijó 14.300 hectáreas para Yungas y 7.700 para Chapare, con lo cual se llegó a una extensión global de 22.000 hectáreas, y no 20.000, como estaba anunciado. Como quizá fue calculado, los feriados del Carnaval pusieron sordina a las protestas por este manejo tan poco ortodoxo de un tema tan sensible, pero las redes sociales se ocuparon de hacer resonar el descontento.

La idea del referéndum tiene el antecedente a su favor de que también se sometió a consulta popular el tema de la extensión máxima de la propiedad agrícola, fijada ahora en 5.000 hectáreas. Los cocaleros de Yungas vienen proponiendo desde hace años que se haga un referéndum, o quizá solo una encuesta, para saber cuál es la coca que los bolivianos usan para el acullico. Ellos saben la respuesta, como saben todos los que tienen esa costumbre.

El ministro César Cocarico trató de explicar el incremento sorpresivo de la superficie autorizada diciendo que, según datos de la Unión Europea, en Bolivia hacen falta 18.000 hectáreas para atender la demanda del acullico. Si eso es así, ¿por qué no se dio esa superficie a Yungas, donde se produce la coca del acullico? Y, sobre todo, ¿por qué se conceden 7.700 hectáreas a Chapare cuando se sabe, incluso por datos de la ONU, que un 94% de esa coca va al narcotráfico?

El tema ha dejado un sabor amargo a la mayoría de los bolivianos. Tiene que ver con el abuso del poder político, el daño que hace la hoja y su industrialización a la economía del país, a los vecinos, que están levantando muros en las fronteras, a la juventud y, sobre todo, a la moral ciudadana. 
Quizá un referéndum ayude a resolver este conflicto entre el Gobierno y la ciudadanía