Toda una confesión
En lugar de ser una condena, la sentencia contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, es toda una confesión. Es la constatación de cuán podrido (palabras del vicepresidente) está el sistema judicial boliviano y, paradójicamente, de lo sujeto que se encuentra al poder político, pues fue el propio Álvaro García Linera el que les ordenó a los jueces declarar culpable al dirigente pandino, a quien nadie pudo probarle absolutamente nada en casi nueve años de juicio.
El presidente Morales se ha declarado molesto por la sentencia aplicada a Fernández. Considera que 15 años son muy pocos para alguien acusado de la muerte de 13 personas, de haber impulsado el separatismo y de traición a la patria. Bastaba con que mencione el hecho de ser opositor, el peor delito que se puede cometer en estos tiempos, en los que en régimen no ha ahorrado ni recursos ni escrúpulos para enjuiciar, perseguir y encarcelar a los que piensan diferente.
Pero afortunadamente hay quienes todavía tienen un resto de pudor en esta justicia secuestrada, que opera con la pistola en el pecho y que a pesar de todo ha emitido una sentencia que no hace más que denunciar un caso de manipulación en el que la única victoriosa ha sido la impunidad. Tal vez queden para siempre en la oscuridad los nombres de aquellos que jalaron el gatillo aquel día en El Porvenir, de los que prepararon las emboscadas y de los que organizaron todo para provocar los enfrentamientos. La población sabe quiénes son, pero una vez más la ley es pisoteada por los que detentan el poder.
El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero recordemos que las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación. Los derechos y garantías de Fernández fueron sistemáticamente violados y el régimen se encargó de modificar a gusto los plazos procesales, el periodo de detención preventiva y otras prerrogativas del debido proceso, con el fin de mantener al detenido tras las rejas, como un trofeo de guerra, una cabeza en la picota que sirva de escarmiento para quienes tengan la tentación de resistirse a los abusos.
La mejor estrategia de cualquier modelo autoritario es infundir miedo y evitar a toda costa la represión, las muertes, la violencia y los hechos de injusticia como el que ha cometido contra Leopoldo Fernández. En este caso, al igual que lo sucedido con la matanza del hotel Las Américas, el gobierno llevó demasiado lejos su odio y su resentimiento y eso a la larga tiene muy duras consecuencias.
El juicio a Leopoldo Fernández es nulo de principio a fin. El exprefecto, como correspondía con una autoridad de su rango, debía ser juzgado en Sucre, por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pero las autoridades políticas descaradamente ordenaron que el caso se ventile en un tribunal ordinario, con el objetivo de garantizar la manipulación.
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