Cuando el Gobierno del presidente Evo Morales estaba lanzado en su propósito de modificar la ley de la coca para ampliar los cultivos autorizados, la oposición propuso en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se haga un referéndum sobre este tema para conocer la opinión de todos los bolivianos. Pero el proyecto avanzó de todos modos, con una inexplicable prisa en los días previos al Carnaval, incluso tropezando con objeciones hechas por los cocaleros de Yungas, las mismas que fueron saldadas con un apresurado incremento de la superficie previamente fijada por el proyecto.
Al final, la ley aprobada por diputados y senadores fijó 14.300 hectáreas para Yungas y 7.700 para Chapare, con lo cual se llegó a una extensión global de 22.000 hectáreas, y no 20.000, como estaba anunciado. Como quizá fue calculado, los feriados del Carnaval pusieron sordina a las protestas por este manejo tan poco ortodoxo de un tema tan sensible, pero las redes sociales se ocuparon de hacer resonar el descontento.
La idea del referéndum tiene el antecedente a su favor de que también se sometió a consulta popular el tema de la extensión máxima de la propiedad agrícola, fijada ahora en 5.000 hectáreas. Los cocaleros de Yungas vienen proponiendo desde hace años que se haga un referéndum, o quizá solo una encuesta, para saber cuál es la coca que los bolivianos usan para el acullico. Ellos saben la respuesta, como saben todos los que tienen esa costumbre.
El ministro César Cocarico trató de explicar el incremento sorpresivo de la superficie autorizada diciendo que, según datos de la Unión Europea, en Bolivia hacen falta 18.000 hectáreas para atender la demanda del acullico. Si eso es así, ¿por qué no se dio esa superficie a Yungas, donde se produce la coca del acullico? Y, sobre todo, ¿por qué se conceden 7.700 hectáreas a Chapare cuando se sabe, incluso por datos de la ONU, que un 94% de esa coca va al narcotráfico?
El tema ha dejado un sabor amargo a la mayoría de los bolivianos. Tiene que ver con el abuso del poder político, el daño que hace la hoja y su industrialización a la economía del país, a los vecinos, que están levantando muros en las fronteras, a la juventud y, sobre todo, a la moral ciudadana.
Quizá un referéndum ayude a resolver este conflicto entre el Gobierno y la ciudadanía
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