Los vecinos se opusieron al proyecto y el gobierno denunció que las protestas de los vecinos eran promovidas por mafias brasileñas y colombianas. Lo dijo el viceministro Felipe Cáceres el 3 de abril.
Romero llegó a sostener que el tema no era negociable y que el gobierno iba a cumplir su propósito de todos modos.
El duelo era para alquilar balcones: el Estado boliviano enfrentado a los grupos manejados por el narcotráfico. No corrían apuestas, por lo menos a la vista, pero la situación era tensa.
Fue cuando los grupos de presión de Yapacaní mostraron que ellos saben jugar al ajedrez político.
Respondieron al gobierno con un mensaje que equivale a una bofetada. Como Don Corleone, hicieron una contraoferta demoledora: dijeron que en lugar de instalar más cuarteles de Umopar, el Estado tendría que aplicar la política de “coca cero” en el Chapare.
El disparo dio en la yugular de la política del presidente Evo Morales. Él ha llegado hasta donde se encuentra ahora con la fórmula de postular el rechazo a la propuesta de “coca cero” en el Chapare.
El golpe fue demoledor. Entonces, el gobierno de Morales dispuso la retirada Yapacaní en la guerra contra el narcotráfico.
El Estado boliviano renuncia a ejercer soberanía sobre un territorio comprendido entre Cochabamba y Santa Cruz.
Quizá se pueda decir que hace rato que el Estado boliviano ha perdido control de amplios puntos del territorio en esa zona, comenzando por el Chapare, un centro de actividades ilegales que llevó a su líder a la presidencia del país.
Si los grupos de presión controlados por mafias brasileñas y colombianas son capaces de hacer retroceder al Estado boliviano, ¿cuál es la diferencia de esta situación con la que se da en Colombia y las zonas controladas por las FARC?
¿Cuánto territorio más querrá ceder el gobierno en esta guerra?
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