E l 3 de abril pasado, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó de que Yapacaní ha sido tomado por sicarios de mafias de narcotraficantes de Brasil y Colombia, que han infiltrado organizaciones cívicas. Unos días antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había dicho que toda la región de Ichilo se ha convertido en “el epicentro” del narcotráfico en Bolivia. El columnista Gary Rodríguez acaba de recordar en las páginas de EL DEBER que, como reflejo de esta dramática situación, se ha dado el caso del ajusticiamiento de una familia completa en El Torno: madre, padre y dos niños.
La ciudadanía está alarmada por esta situación, pero sobre todo está ansiosa por saber qué está haciendo el Estado boliviano ante una realidad tan desesperante. Si, como dicen las autoridades del propio Gobierno, hay regiones del país que han sido tomadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lo que corresponde es una acción del tamaño de ese peligro. En 1967, cuando un grupo armado se instaló en el sureste del país, en la zona de Ñancahuazu, el Estado boliviano dispuso que el Ejército, con toda su fuerza, acabara con los insurgentes que osaban ocupar un pedazo del territorio nacional.
El riesgo actual es parecido, pues se trata de gente armada que se propone quitar del control del Estado boliviano una parte del territorio nacional. La denuncia del viceministro Cáceres tenía que ver con la negativa de algunos habitantes de Yapacaní a aceptar que se instale un cuartel de Umopar en la zona para combatir el narcotráfico. El secretario de un colegio de Santa Cruz que denunció la presencia de vendedores de droga en la puerta del establecimiento fue amenazado por los interesados, y debió dejar el trabajo. ¿Así vamos a vivir en Bolivia?
Es probable que alguien aprecie el ‘auge’ que producen las actividades económicas ilegales y criminales, pero los ciudadanos del país no están dispuestos a aceptar que la bonanza tenga semejante precio. Siempre hay espacio para pelear por la moral ciudadana, y por la seguridad. Y hay momentos extremos en que ese reto no puede hacerse a un lado.
Habrá que llamar a las cosas por su nombre. Los cocales ilegales, todos ellos, deberán ser erradicados. Mientras no se lo haga, el narcotráfico seguirá creciendo alrededor de los cultivos. La economía del país está demostrando que puede prescindir de la oprobiosa subvención o ‘blindaje’ del narcotráfico.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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