Si se está en un camino sin retorno, se debe priorizar el bien común por sobre los intereses de instituciones creadas para sustentar frustradas estrategias
La decisión de despenalizar con regulaciones precisas el comercio y consumo de marihuana en el estado de Colorado en Estados Unidos se suma a la adoptada ya en Uruguay y tiene similitud con disposiciones –todas, aprobadas en referendos– de otros estados de esa nación sustentadas en razones medicinales, y también en varios países de Europa.
Se trata de disposiciones que exigen que el debate sobre el tema gane carta de ciudadanía y en él participe activamente Bolivia, por ser productor de hoja de coca y también, pese a los esfuerzos en contra, de cocaína y sus derivados.
Se ha llegado a esta situación por el rotundo fracaso de las estrategias de represión a la producción, comercialización y consumo de drogas ilegales aplicada desde los años de la década de 1970 al impulso de una visión guerreristas imperante en EEUU. Esta guerra, que ha significado la creación de situaciones incontrolables de violencia y corrupción generalizada, no sólo que ha cobrado muchas, demasiadas vidas humanas, sino también ingentes cantidades de dinero sin que los resultados sean mínimamente satisfactorios.
Ante esa realidad, varios exmandatarios y dignatarios de Estado, así como importantes personalidades del mundo económico, cultural y social pregonan la necesidad de revisar esa estrategia como parte de un compromiso profundo con la sociedad y se busque nuevos caminos para enfrentar este problema, dando énfasis a masivas acciones de educación y normas regulatorias, de manera que sea el adulto, con el debido conocimiento del tema, quien decida su propio destino. Entre los argumentos esgrimidos se encuentra la experiencia con el consumo de tabaco, que ha caído considerablemente por la ejecución de una acción social integrada mostrando el daño que éste ocasiona y que ha calado hondo en adultos y niños.
Se trata, en todo caso, de un debate de largo aliento, pero que es imprescindible hacerlo, identificando claramente intereses y objetivos con la mayor racionalidad posible, y libres de fanatismos y prejuicios, dando pie de igualdad a todas las naciones involucradas.
En este sentido, corresponde recordar una ofensiva declaración del Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en sentido de que la actitud de Uruguay sobre la marihuana es propia de “piratas”, por no respetar las convenciones internacionales sobre el tema, quejándose de que el Gobierno uruguayo no los recibió para hablar del asunto.
Este mismo ejecutivo internacional ¿acusará a Colorado (o Washington, o los estados, o países europeos con regulaciones especiales sobre el tema) de ser piratas y exigirá a sus gobernadores o presidentes que lo reciban?
Si lo hace, tal vez la respuesta que recibiría sea igual a la del Presidente de ese pequeño país: “Dígale a ese viejo que no mienta, conmigo se reúne cualquier tipo en la calle. Que venga a Uruguay y se reúna conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna (...)”.
En efecto, si se está en un camino sin retorno, se debe hablar sobre el bien común, no sobre las instituciones creadas para sustentar frustradas estrategias ni para las tribunas.
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