Tras haber dispuesto la ‘nacionalización’ de la lucha contra el narcotráfico, Bolivia debe tomar conciencia sobre la magnitud del compromiso que, como Estado, acaba de asumir. Respetando la soberanía del país y para no perturbar los deseos del Gobierno, la embajada de EEUU en La Paz comunicó el retiro de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés), que durante casi cuatro décadas había apoyado a Bolivia en el combate contra las drogas. “Los Estados Unidos quieren que nos aplacemos en la lucha contra la drogas”, se quejó el presidente Evo Morales. Y aunque el Gobierno minimiza sus efectos, la salida de la NAS provocó reajustes inmediatos, como un incremento presupuestario de $us 36 millones a $us 56 millones. Además de la falta de recursos para la logística de la lucha antidrogas, solamente cuatro de los 12 helicópteros que utiliza la Fuerza de Tarea Conjunta para sus operativos están disponibles. Los ocho restantes necesitan repuestos que deben ser importados de EEUU.
No hace mucho, el Gobierno decidió ‘nacionalizar’ la dignidad de los bolivianos expulsando a Usaid, la agencia estadounidense para el desarrollo que impulsaba importantes programas de ayuda social en el país. Para justificar su determinación, se atribuyó a Usaid una supuesta injerencia en asuntos internos y la entrega de recursos para la ‘conspiración’. El Ministerio de Gobierno cree que, como antes sin la DEA y ahora sin la NAS, Bolivia obtendrá, con su soberanía y dignidad intactas, mejores resultados en la lucha contra las drogas. Ojalá así sea porque en los últimos años, Bolivia pasó de 80 a 200 toneladas anuales de cocaína por la modernización de los métodos de producción del alcaloide introducidos al país por bandas de narcotraficantes que han expandido su actividad por estas latitudes.
Tomando en cuenta las dificultades que encaran otros países como Brasil, Colombia y México, dotados de mayores recursos y mucho mejor preparados para enfrentar al narcotráfico –además de sus graves secuelas como las derivadas del crimen organizado–, aun con el amparo internacional que el Gobierno demanda, Bolivia tendrá que redoblar esfuerzos frente a una actividad en creciente expansión en manos de poderosas y despiadadas organizaciones mafiosas de las que ya se registran señales claras en el territorio nacional.
Aun en clara situación de desventaja por sus grandes limitaciones, hay que formular los mejores augurios para que el país salga bien librado de su lucha contra el narcotráfico y en la que parece llevar las de perder
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Riveroel muy grave compromiso de la lucha contra las drogas asumido por el Gobierno sin qyuda exterior
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