El viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, acaba de admitir que la producción de coca responde a la demanda del narcotráfico, provocando el incremento descontrolado de los cultivos. Se trata de una afirmación que viene a precisar en más detalle la relación de dependencia de la producción de coca en el país y la responsabilidad que tiene Bolivia con la comunidad internacional.
En efecto, hasta ahora se decía que los cocales no podían ser reducidos y que los ‘excedentarios’ (ilegales) de Chapare no pueden ser eliminados porque hay muchos ‘consumidores’ de droga en Estados Unidos. Esta es la primera vez que se habla de que, en realidad, la producción crece para atender la demanda de los ‘narcotraficantes’, es decir, de quienes transforman la coca en droga.
Núñez dijo también que el Gobierno está trabajando en un programa para evitar que la coca de Chapare sirva al narcotráfico. Por el momento, la actual política, basada en las erradicaciones voluntarias y consensuadas, está fracasando, a juzgar por el incremento de los cultivos. El propio Gobierno admitió que el parque Madidi, uno de los santuarios más ricos de biodiversidad del país, ha sido invadido por cocaleros llegados de Chapare.
Las noticias sobre enfrentamientos en Apolo entre cocaleros ilegales y erradicadores, con uniformados tomados como rehenes por los cultivadores, mostraron que las fuerzas de control son insuficientes. Los cocaleros de Yungas de Vandiola exigen que se les reconozca el hecho de pertenecer a una zona ‘tradicional’ y el derecho a aumentar sus cultivos. Mientras tanto, los cocaleros de Chapare se han convertido en una potencia económica que tiene alcances sorprendentes.
El descubrimiento formal de la existencia de un sistema financiero paralelo del narcotráfico, constatación que fue hecha de manera casual por agentes de la Felcn, muestra que el descontrol va más allá de los cultivos de la hoja. La economía negra está pisando fuerte en el país, copando cada vez más espacios en la realidad nacional, mientras acaba con la seguridad ciudadana.
Ahora sí, con caracteres de angustia, está haciendo falta una política clara que frene la coca y sus nefastos efectos sobre la realidad nacional. Un plan de salvación nacional.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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