La lucha contra las drogas sería más eficaz si las burocracias creadas alrededor de este fenómeno depusieran sus intereses y actuaran con más objetividad
Las sucesión de impactantes noticias internacionales y nacionales han opacado dos que para el país no deben pasar desapercibidas: los sendos informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la situación del planeta en este tema, en los que se incluye a Bolivia.
A diferencia de antaño, cuando los dos informes tenían muchas coincidencias sobre el estado de la situación en Bolivia, los de este año tienen diferencias importantes: Mientras la JIFE reconoce los esfuerzos del país en la tarea de reducción de plantaciones ilegales de cocales, el de Estados Unidos insiste, pese a utilizar cifras similares, en los aspectos negativos.
Fácil es colegir que mientras la JIFE asume con la debida ponderación su trabajo, en el Departamento de Estado, más que la investigación, se mantiene la rutina como método de trabajo en circunstancias que están cambiando en forma objetiva y que desafían a las naciones a analizar con nuevas herramientas el fenómeno de las drogas ilegales en el mundo.
Es una obcecación, por decirlo en forma suave, que la burocracia estadounidense se niegue a reconocer el fracaso de la lucha contra las drogas ilegales que impulsa desde hace más de 30 años. Exmandatarios y dignatarios de Estado, intelectuales y filósofos, incluyendo estadounidenses, han advertido de esta situación sin que la burocracia se sensibilice ni entienda que la política que mantiene beneficia a quienes se han dedicado al ilícito negocio y tienen el poder militar y corruptor suficiente para mantener el status quo, y, paradójicamente, a ella misma.
En este contexto, lamentablemente poco se hace para modificar esta situación. Las pocas iniciativas que han surgido, como la del Mandatario peruano al asumir el mando de convocar a una cumbre dedicada exclusivamente al tema, o la del Presidente de Honduras y, de alguna manera, del de Colombia, de plantar propuestas más desafiantes que incluye la despenalización (que no es lo mismo que legalización) de las drogas, no han sido apuntaladas por el resto de los países de la región que son los que más sufren la mirada tradicional del fenómeno, y aparentemente se han contentado con instruir a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la contratación de una consultoría sobre el tema, cuyo informe corre el riesgo de ser archivado.
Pero, el tema está vigente y más allá de la miopía y los temores que existen en los círculos de poder cuando se lo aborda, lo cierto es que la realidad exige, cada vez más y en función a la salud pública, tratarlo de una manera creativa y asumir decisiones radicales que permitan, por sobre todo, desarticular las bandas responsables de la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales y, a partir de ello, trabajar fundamentalmente en los campos de la prevención y rehabilitación de las personas de carne y hueso, no números, que han caído en la adicción.
Este desafío sería más y mejor cumplido si las burocracias creadas alrededor de este fenómeno, depusieran sus intereses y se avinieran a analizar la realidad como es y no como ellas creen o quisieran que sea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario