Winston Estremadoiro luego de un pormenorizado análisis se pregunta ¿Será nomás que somos una república de la cocaína, como dice Veja?

Dice el refrán que alabanza en boca propia es vituperio. Me pregunto si es cierto en el caso del Informe del Monitoreo de Coca 2011 en Bolivia, expuesto por César Guedes, representante de la Agencia contra la Droga y el Delito de la ONU (Unodc) en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que alborotó a los cerebros del Ministerio de Gobierno. Coincidente, y convenientemente, publicaron un fascículo de cuatro planas festejando una reducción del 12 por ciento en sembradíos de coca en el Chapare y los Yungas.

¡Qué gana de ver el vaso mitad vacío y no mitad lleno!, dirá alguno. Es que importa anotar las tendencias. En 2005, por ejemplo, se dio una reducción de cocales, seguida por cinco años de sostenida alza. ¿Será la reducción de 2012 un hecho aislado?

Habría que ver en coca, no sea que cada lustro se tire un poco de maicillo para que picoteen las gallinas “come-puchi”, como llamo a las sabrosas criollas con su hilera de huevos en el buche, que es como percibo escrudiñar el trasfondo de la noticia.

Hay más detrás de lo que se ve a simple vista. Dice el Ministro de Gobierno que se ha logrado “dignidad con soberanía”, para alardear que a diferencia de Colombia y Perú, “una gran parte de la producción de la hoja sagrada en nuestro país se destina al consumo tradicional”. ¿Cuánta coca? No se sabe. El segundo estudio del uso tradicional de la coca en Bolivia se viene postergando para las calendas griegas. Puede que ya no esté William Carter, pero su mano derecha, el antropólogo Mauricio Mamani, sería garantía de que un nuevo estudio no calcule que cada cachete se hincha con dos kilos de hoja. Es enorme la presión internacional para que dicho estudio se realice pronto, dice Guedes, y luego de presiones vienen sanciones: Bolivia podría perder acceso a mercados europeos. ¿Y si a los voceros de la soberanía les importa un bledo, como el mercado Atpdea para las textileras de El Alto, que tiene a tantos comiendo dignidad?

Pareciera que el Gobierno insiste en que más bolivianos sean “akullikadores”, cual si ello indicase menos pichicata. No es así.

¿De cuánta coca estamos hablando? Dice el representante de la ONU estar atado de manos porque las cifras de rendimiento deben ser provistas por el Gobierno. Sin embargo, de acuerdo al Informe de la Unodc, sólo en el trópico de Cochabamba –las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque- se detectaron 8.501 Ha en 2011, y 10.027 en 2010, una reducción de casi 15 por ciento. Si el “cato” al que tienen derecho los cocaleros es de 1.600 m2, entonces habrían 53.131 “catos” en 2011, y 62.669 en 2010. Esto discrepa con las 70.000 parcelas que anota la Unodc.

En 1979, Prodes efectuó pruebas de rendimiento de la coca en el Chapare. Muestrearon “catos” en zonas altas y bajas en producción, clasificadas con base en que siendo la coca un cultivo que “esquilma” la fertilidad de los suelos, mientras más viejo el cultivo, menos coca. El promedio de rendimiento fue de 110 kilos de coca por cato. Sin contar que la coca nueva se cosecha cuatro veces al año, 5.844.410 kilos en 2011; 6.893.590 kilos en 2010. La Unodc indica que el 92 por cieto de la coca del Chapare elude el control del mercado estatal y se presume va a la droga. Significaría 5.376.897 kilos de coca en 2011; 6.342.103 kilos en 2010.

“La tecnología ha sobrepasado todo”, dice Franklin Alcaráz, director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin). Más que contar las hectáreas y los kilos de coca, importa la tecnología que se usa para obtener más droga. Ejemplo es el llamado “método colombiano”, que mejoró la eficiencia de obtención de cocaína del 45 por ciento hasta un rango de 55 a 70 por ciento del peso de la hoja. Con nuevas técnicas, calcúlese la cantidad presumible de pichicata con el menor porcentaje de eficiencia obtenida: 55 por ciento. Si fueron 2.630 toneladas en 2011 y 3.102 toneladas en 2010 con procedimientos antiguos, serían más de 2.957 toneladas en 2011, más de 3.488 toneladas de cocaína en 2010 con el método colombiano. Con el 70 por ciento de eficiencia, la producción sería casi 3.764 toneladas en 2011; más de 4.439 toneladas el año 2010. Contrasten eso con las cifras de incautaciones de la Felcn, que redondeando cifras, fueron un poco más de 28 toneladas de pasta base de cocaína, y casi seis toneladas de clorhidrato de cocaína el año 2011; el año anterior fueron poco más de 25 toneladas de pasta y poco menos de tres toneladas y media de clorhidrato de cocaína el año 2010.

Si de tendencias se trata, impactantes fueron los gráficos con base en imágenes satelitales. La Unodc sólo consideraba las zonas “tradicionales” del trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz (ojalá sin La Asunta, que no es tradicional). Como el cirujano que debe extirpar no sólo el cáncer de los cocales ilegales, sino su región circundante de expansión, hay nuevas plantaciones y, seguramente, fábricas de cocaína, en las áreas protegidas de Bolivia. En el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), el Parque Nacional Carrasco, el Parque Amboró, la Reserva Forestal de Choré, el Área Natural de Manejo Integrado de Apolobamba, los Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integrado de Cotapata y Madidi. Esto, sin contar los rebalses de Yapacaní, de Caranavi, y las salpicaduras en San Borja.

Mientras más antiguo el cultivo, menos rendimiento. Tal es el quid de ampliar la frontera agrícola a costa del Tipnis y otras áreas protegidas, invadidos por arrimados al auge de la coca para la droga. ¿Será nomás que somos una república de la cocaína, como dice Veja?

El autor es antropólogo

winstonest@yahoo.com.mx

Los Tiempos editorializa sobre la importancia y coincidencia de los informes de USA y ONU en torno al narcotráfico en Bolivia (la coca)

De cara a la realidad                 

Del Cristo de la Concordia al Poseidón de Suecia. M.Asoroff

Mauricio Aira

Los Tiempos destaca que tanto Estados Unidos como las Naciones Unidas en el informe presentado ante los medios en relación con la problemática del tema narcotráfico existen coincidencias notables la primera en la positiva reducción de las plantaciones de coca. Sin embargo este primer paso resulta insuficiente ante el cúmulo de problemas que afloran de ambos documentos y reclama con toda energía ingresar al debate de cómo enfrentar el problema y obtener logros efectivos.

El delegado de la ONU Sr. Guedes ha dejado ver que en parques como el Isiboro Sécure las plantaciones superan las dos mil hectáreas, un exceso intolerable, donde el Gobierno tiene la ocasión propicia de aniquilarlas como demostración de su voluntad de hacer cumplir la Ley que considera ilegales tales sembradíos. En cuanto al tema “desertificación” bien puede el coloso del Norte, asumir el examen periódico del comportamiento de los países signatarios de la Convención de Viena y que son beneficiarios de los subsidios que en armas, tecnología, información y en recursos  les asigna bajo convenios específicos, entonces ¿porqué cuestionar que les ponga un puntaje país por país?

Los medios son críticos siempre con el narcotráfico y ello es un mérito de la Sociedad Boliviana, que tiene dos escenarios. El primero “el estímulo a las plantaciones”. Todavía está sin aclarar que el famoso “cato de coca” es una opción o una obligación. De visita al Chapare tuve ocasión de comprobar, por ej., que ciertos grupos religiosos católicos y protestantes “casi están obligados a sembrar el cato” y que muchas veces surgen observaciones de los sindicatos, de las centrales y de las federaciones, cuando comprueban que sus afiliados “no están sembrando el cato”, no resulta extraño por tanto la denuncia de “manipulación de los catos” o sea que los más avispados “les compren a los más” su derecho al cato. O sea, se está mercantilizando, un poco al estilo de “los cupos alimenticios de tiempos del MNR” el beneficio del cato. Tema para el debate, en que escasea una información confiable y concreta.

El otro escenario es la represión. Es frecuente la información de haberse descubierto factorías de cocaína aquí y allí y de habérselas destruido y decomisado tierras, casas, vehículos, etc., pero hay ausencia de noticia sobre identidad, número y circunstancia de las detenciones. Los detenidos son gente humilde, porteros, guardianes, choferes, cocineros mientras que los culpables “han huido cuando se ejecutaba la operación”, noticias que dejan sabor a poco. La ley 1008 vigente para frenar el delito autoriza la publicación de la identidad de los aprehendidos, aspecto que se ha venido ignorando los últimos tiempos. La actuación de la policía especializada se ve truncada al no acompañar ni jueces ni fiscales el carácter compulsivo de la norma que supone el pronto proceso y la condena de los encausados. Muchas veces son puestos en libertad y sólo unos pocos terminan en la cárcel “los peces gordos están libres y generalmente fuera del país”.

Queda en el tintero el caso Sanabria, un general de carabineros pillado infraganti y detenido con ayuda de Chile y EEUU, y condenado a 18 años en Florida. El oficial no actuó sólo, algunos de sus cómplices son reos sin sentencia en cárceles bolivianas. El narcotráfico se ha dado mañas para oscurecer las circunstancias y la información está restringida actualmente.

El responsable del informe que reconoció la gran ayuda de los EEUU en su elaboración y la del Reino de Dinamarca en el financiamiento de la tarea, ha reconocido falencias y culpado a la burocracia boliviana de la demora en emitir el mismo con tres meses de retraso y expresado la esperanza de que el informe próximo no tenga tantas trabas y que se complete la información faltante de parte del Gobierno boliviano.

El cronista critico desde hace 40 años en materia de narcotráfico aplaude que también el Gobierno de Evo Morales hubiese reconocido al menos dos aspectos del informe de la ONU, que el 91% de la coca del Chapare se convierte en cocaína y que más del 40% de la droga producida en Bolivia tiene como destinatarios a los brasileños que la reparten en las favelas de sus grandes ciudades.

cuando Evo en persona y todo su clan festejan el informe de la ONU, este revela: 1.que fue la gran ayuda de EEUU que lo hizo posible. 2. la burocracia del MAS que no entrega datos hasta hoy. 3. el informe está incompleto y no es favorable a la Administración. El Dia se refiere a ello

En materia de coca y cocaína –como en la mayoría de las cosas-, todo depende del cristal con que se mire, aunque no por ello debemos perder la perspectiva del problema, que es una realidad y muy grande, especialmente para Bolivia, cuyo futuro está mucho más comprometido que el de Estados Unidos o la ONU como consecuencia del auge del narcotráfico.

Está demostrado que ha perdido totalmente su incidencia en el país el informe sobre la situación del narcotráfico que anualmente elabora el Gobierno norteamericano y que por cuarto año consecutivo coloca a Bolivia en una “lista negra” de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el flagelo de las drogas. Además de provocar los refunfuños de siempre, nadie mueve un dedo en la administración gubernamental como resultado del diagnóstico.

Este año y como si estuviera todo calculado, la oficina de la ONU en Bolivia para el combate al narcotráfico (ONUDC) emitió su informe sobre los cultivos de coca, un día después de que Estados Unidos confirmara su descertificación al país. Los vítores no se dejaron esperar en el Palacio Quemado, como si lo reflejado por el organismo multilateral fuera el súmmum de la verdad sobre lo que está aconteciendo en materia de tráfico de drogas.

Hay que mencionar que el informe de la ONU, es el resultado de un sinnúmero de tropiezos, retrasos (debió estar listo para junio), falta de presupuesto y que al final fue la Embajada de Dinamarca, un país lleno de inocencia en este campo, la que salvó las papas. En realidad, así como se fue la DEA, la NAS y otras agencias relacionadas con el control de las drogas en Bolivia, de la misma manera se encuentra en retirada la ONUDC, organismo que tiene planeado instalar una megaoficina en Brasil, donde hay un genuino y creciente interés de luchar contra las mafias de la droga.

No es para menos, Brasil se ha convertido en el segundo consumidor de cocaína del mundo, tiene más de un millón de consumidores consuetudinarios de esta droga, en su mayor parte proveniente de Bolivia y desde hace años, los brasileños batallan para combatir las mafias instaladas en las favelas, donde abunda no solo la mercancía boliviana, sino también armamento que pasa por las fronteras con nuestro país.

Si hay una opinión en materia de drogas que le debe interesar y preocupar al Gobierno boliviano es precisamente la de Brasil, donde prácticamente existe el convencimiento de que en nuestro territorio los cárteles reciben un fuerte apoyo político. No solo porque lo dice una revista o lo menciona con mucha claridad un candidato a presidente, sino porque en la actualidad las fronteras están atestadas de militares brasileños tratando de frenar la invasión de cocaína.

Días antes de que Estados Unidos emita su informe y que la ONU haga brincar de felicidad a las autoridades nacionales, estuvo en La Paz el ministro de Justicia y zar antidrogas de Brasil, José Eduardo Cardozo, quien vino a acelerar la puesta en marcha del convenio antidrogas que nuestro país ha firmado con el gobierno de Dilma Rousseff. El dignatario entregó donaciones, haciendo ver que ahora es Brasil el actor principal de los esfuerzos antinarcóticos que deben realizar los bolivianos. Y por si fuera poco, ha insistido en que debe ser la Policía Federal brasileña la que supervise la erradicación de coca, algo que causa muchísimo malestar en la administración del presidente Morales.

Si hay una opinión en materia de drogas que le debe interesar y preocupar al Gobierno boliviano es precisamente la de Brasil, donde prácticamente existe el convencimiento de que en nuestro territorio los cárteles reciben un fuerte apoyo político. No solo porque lo dice una revista, sino porque en la actualidad las fronteras están atestadas de militares brasileños tratando de frenar la invasión de cocaína.

Emilio Martínez lo pone en claro. no hay nada que festejar pese a todo el esfuerzo del Gobierno en contra. hay más coca, hay más cocaína, hay más dinero, hay mayores crímenes. (Obs. al pie)

La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) presentó hoy en la Cancillería suinforme 2011 sobre monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, indicando una reducción del 12% en los cocales del país.

Se requieren ciertas puntualizaciones para evitar la previsible manipulación de la noticia. Veamos:

1. Más coca que cuando llegó Evo

Cuando Evo Morales llegó al poder (año 2006), los cultivos de coca ascendían a 25.400 hectáreas según Naciones Unidas. A lo largo de los años siguientes, la expansión llegó a las 31.000 hectáreas en el 2010, es decir, que se dio un aumento del 22%. Finalmente, la tendencia se revierte bajando a la marca actual de 27.200 hectáreas. Como se ve, si bien la curva de los resultados parciales es positiva en el último año, los resultados netos son negativos, ya que hay 1.800 hectáreas más que antes de la llegada de Morales al gobierno.

2.La mayoría de la coca sigue dedicada al mercado de la cocaína

Contra las 12.000 hectáreas legales dedicadas a abastecer el mercado del acullico, existen 15.200 hectáreas destinadas al narcotráfico. Hablamos de al menos un 56% de los cultivos del país integrando la cadena de la cocaína. El asunto empeora si se tienen en cuenta estudios como el del CELIN, que estima que 8.000 hectáreas son suficientes para el abastecimiento del mercado tradicional. Es sugestivo que el gobierno siga dilatando la realización de un estudio oficial sobre el consumo de coca para fines tradicionales, que podría haberse incluido entre las preguntas del Censo.

3.Se produce mucha más cocaína que antes

De acuerdo al informe presentado por la UNODC, se producen en Bolivia 48.100 toneladas métricas (TM) de coca. Deducidas las 12.000 hectáreas legales, con esa cantidad se pueden producir hasta 193 TM de cocaína. Más del doble de lo que se producía en el país antes del arribo de Morales al poder (80 toneladas métricas de cocaína). El rendimiento se calcula según el “método colombiano” descrito por el viceministro de defensa social, Felipe Cáceres.

Como se verá, hay muy poco por festejar en materia de coca-cocaína en Bolivia. Que el gobierno no se apure a lanzar los petardos…

notishots@gmail.com (Según Guedes responsable de la UNODC los datos del informe han sido elaborados con ayuda de los EEUU, del Reino de Dinamarca y otros países, además de las oficinas del Gobierno de Evo Morales. Guedes entrevistado por Eduardo Pérez "el hombre invisible" de Radio Fides)

Ernesto Justiniano que hace un seguimiento puntual al tema de la producción de cocaína muestra los resultados. la droga aumentó en un 300% con Evo. no podemos minimizar la descertificación de USA por cuarta vez

Ernesto Justiniano, ex zar antidroga considera que no se debe restar importancia a la decisión de EE.UU. de descertificar a Bolivia por cuarto año consecutivo y pidió a las autoridades tomar en cuenta los efectos que puede tener ser incluido permanentemente en la “lista negra” de los países que están fallando en su lucha contra las drogas.

Justiniano aseguró que el memorándum firmado por el presidente de los Estados Unidos “nos está dejando ante el mundo como un Estado que no está haciendo los esfuerzos necesarios y que eso nos trae consecuencias no sólo en el ámbito político”, dijo.

Para la ex autoridad los efectos de esta decisión de los Estados Unidos también son comerciales “porque nos limita los negocios y las inversiones hacia el país”.

El ex viceministro explicó que lo que se fijo el Gobierno de EE.UU. para tomar una decisión de estas características tiene que ver con el incremento de la producción de droga en el país.

“Cuando el Gobierno de Evo Morales empieza a gobernar (2005) se tenían alrededor de 80 toneladas de producción de cocaína al año, en este momento Estados Unidos interpreta que existen aproximadamente 265 toneladas métricas de cocaína (de producción anual), es decir un incremento de más del 300%”, señala.

Sobre el informe que la ONU presentará el lunes sobre la producción de droga en Bolivia y que el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres aseguró será la “respuesta” al memorándum de la Casa Blanca, Justiniano aseguró que si bien puede que exista una cifra de disminución de plantaciones de coca esto no afecta a la producción de droga.

“Si en algo se ha industrializado nuestro país ha sido en los factores de industrialización de la cocaína con los procesos (colombianos) tal cual aseguró el viceministro Cáceres en junio del presente año“, señaló Justiniano.

El dato

Según Ernesto Justiniano, ex zar antidroga de Bolivia si en 2005 con 23.000 hectáreas de coca se producían alrededor de 80 toneladas de cocaína al año, en 2012 con unas 30.000 (hectáreas de) plantaciones (de coca) se producen unas 240 toneladas de cocaína.

Fuente: Fides

Transcripción de la entrevista en Radio Fides – Programa: “La Hora 19”

Entrevista a Ernesto Justiniano, exZar antidroga

“Hay un incremento de 300% en la producción de cocaína en Bolivia”

Además, el aumento del 30% en la producción de coca se ha dado precisamente en la zona más productiva del país, que es el Chapare

Santa Cruz.- El presidente de Estados Unidos presentó su memorándum 2011 sobre la lucha contra las drogas en todo el mundo, el documento acusa a Bolivia, Venezuela y Birmania de fracasar en la lucha contra el narcotráfico. Éste es el cuarto año consecutivo que el país es descertificado en esta materia. Ernesto Justiniano, ex titular del Viceministerio de Defensa Social, manifestó su punto de vista sobre la situación.

“Definitivamente por cuarto año consecutivo Estados Unidos reconfirma que Bolivia no está cumpliendo con sus tareas a nivel mundial en la lucha contra el narcotráfico. Esta situación nos está poniendo directamente en una lista negra y nos está dejando ante los ojos del mundo como un país, como un Estado que no está haciendo los esfuerzos necesarios en esta materia, y eso conlleva muchas consecuencias no solamente en el ámbito político, como se ve en el país desde el ámbito gubernamental, sino desde el punto de vista comercial porque conlleva limitaciones en la relación comercial, de negocios  e inversiones en el país”.

P.- ¿Cuál será el motivo para que Estados Unidos nos vaya descertificando constantemente, el viceministro Cáceres calificó el informe de político, en qué se basa el gobierno norteamericano para emitir esta descertificación a Bolivia?

“Desde el punto de vista técnico, cuando el gobierno de Evo Morales empieza la gestión el año  2006 se tenía alrededor de 80 toneladas de producción de cocaína al año. En este momento Estados Unidos interpreta que existen alrededor de 265 toneladas métricas de producción de cocaína en Bolivia, es decir que tenemos un incremento de alrededor de 300 por ciento en la producción de cocaína desde que Evo Morales llega al gobierno. Ese aspecto considero que es el más contundente en cuanto a poner a un país en una lista negra desde el punto de vista de las tareas que se tienen que ejecutar en contra del tráfico ilícito de sustancias controladas, en este caso de la cocaína.

El gobierno, me imagino yo, sin querer ha confirmado las  cifras que ha expuesto Estados Unidos. Revisando las declaraciones del mismo viceministro Cáceres que en junio de este año   señaló que antes se necesitaban 350 kilos de coca para producir un kilo de cocaína, pero en la actualidad gracias a los métodos colombianos  se produce el doble de cocaína con la misma cantidad de coca, es decir que con 350 kilos de coca se producen dos kilos de cocaína.

En un cálculo rápido, teniendo en cuenta que en Bolivia se producen 55.000 toneladas métrica de coca al año y de esa cantidad aproximadamente 18.000 toneladas van al mercado autorizado y el resto va al narcotráfico, en base a los datos señalados por el viceministro Cáceres y los datos de Naciones Unidas  de producción de coca anual en Bolivia, más o menos se producen unas 245 toneladas métricas de cocaína al año, entonces se habla de una diferencia de alrededor de 20 toneladas. En ambos casos, ya sean 245 o 265 toneladas, estamos hablando sí o sí de un incremento de 300 por ciento en la producción de cocaína.

El día lunes cuando se presente el informe de Naciones Unidas sobre el monitoreo de cultivos de coca probablemente no haya mucha variación respecto a la producción de coca anual en Bolivia, o probablemente hasta puede haber una disminución, sin embargo no afectará a los datos de producción porque si en algo se ha industrializado nuestro país en los últimos años en el gobierno de Evo Morales ha sido en los factores de industrialización de cocaína, como aseveró el señor Cáceres en junio pasado.

Si el 2005 se tenían 23.000 hectáreas de coca y se producían alrededor de 80 toneladas métricas de cocaína, y si probablemente este año se mostrará que estamos en una cantidad de 30.000 hectáreas de coca sembrada  vamos a tener unas 240 toneladas métricas de producción de cocaína.

El incremento de la producción de cocaína en un 300% se debe a la industrialización de la producción de la cocaína, además  que el aumento del 30 por ciento en la producción de coca se ha dado precisamente en la zona más productiva del país que es el Chapare, y se sabe que del Chapare el 95% de la coca va justamente a la producción de cocaína”.

OPINION se luce 6 crónicas referidas al tema de las cárceles, especialmente de las ubicadas en "la llajta". su texto es lacerante, doloroso y esperamos que pueda conmover al punto de organizar un Comité con la participación comunitaria que estudie soluciones. (Previus)

Previus. Comienzo recomendando leer "El informe especial" de OPINON dedicado al tema carcelario convertido en una bomba de tiempo donde seres humanos, en deuda con la sociedad, conviven en las peores condiciones, y lucha, trabajan, para tener sustento, ellos los reos son el sustento familiar, para esposas e hijos que también viven dentro de la cárcel. Sólo quién ha visto de cerca, por dentro el drama inenarrable de San Santonio, de San Sebastían, de El Abra, puede concebir toda la crueldad de ese infierno que si no arde todavía, es porque muchos de los internos son personas de gran cordura, pacifistas, conciliadores, mientras los hay otros violentos, intemperantes, agresivos.

Tras la lectura del material que nos ofrece OPINION correspondería asumir soluciones. La primera conformar un comité urgente con presencia de autoridades, de la Iglesia, de la prensa, de las FFAA, de la policía, de las entidades de servicio humanitario Rotary, Leones, CJ, Cruz Roja, no muy ampuloso, más bien de pocos miembros con carácter y fuerza de decisión. sugerencias:

Una. continuar la construcción en El Abra, cuyo fundador monseñor Walter Rosales previó un desarrollo tres veces superior al actual. Ojo. No pedimos una mega prisión, sino tres distintos recintos, autónomos salvo en lo administrativo y seguridad, para evitar duplicar funciones o sea gastos. Allí hay espacio, inclusive ya existe amurallamiento y servicios básicos, agua, desagues, comunicación, de modo que sólo hace falta construir.

Pedir asesoramiento internacional. Existen países dispuestos a cooperar primero con una batería de conocimientos útiles, prácticos, de cómo en sus propios países están resolviendo los temas de hacinamiento, autogestión alimentaria, seguridad y rehabilitación. Muchas veces un falso orgullo, no permite acometer soluciones, "nosotros no necesitamos ayuda. nosotros nos arreglamos sólos. qué nos pueden enseñar los de afuera, acaso saben más que nosotros?" y respuestas parecidas impiden la llegada de ayuda, que no debe ser siempre material, que buena falta hace, sino de conocimiento, de compartir experiencias, de soluciones práticas.

En fin. Rosales ocupó gran parte de su tiempo, de los recursos de la Iglesia, de los que agenció de fuentes nacionales y locales, hasta reunir lo necesario para construir. Le llevó varios años hasta que finalmente se logró hacer realidad la "construcción de un recinto moderno de alta seguridad". Sigamos pués su buen ejemplo y pongamos las manos en la obra. M.Aira, editor.

OPINION. Indulto, es un tema que desde hace unos meses se habla en los penales cochabambinos y con el que centenares de reos esperan recuperar su libertad una vez que el Gobierno y la Asamblea Legislativa aprueben el proyecto.

Entre los detenidos, algunos extranjeros, también esperan beneficiarse, así como ocurrió con más de 400 bolivianos que fueron indultados por el Gobierno chileno.

Sin embargo, el proyecto, que aún es analizado por las autoridades de Gobierno entre ellas los ministros de Justicia y Gobierno, solo prevé que el beneficio alcance a aquellos reclusos que tienen sentencia menor a cinco años, comenta el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

De ser así, los detenidos por tráfico de drogas, entre ellos la mayoría de los extranjeros, no podrán beneficiarse, advierte Llanos al comentar que los presos por la 1008 tienen sentencias, por lo general, por encima de los siete años.

De acuerdo al mismo Gobierno, más del 50 por ciento de los reclusos del país están en las cárceles por violar la Ley 1008, entre ellos los extranjeros.

Llanos explica que solo podrían beneficiarse aquellos que, por ejemplo, han sido encontrados cultivando plantas ilícitas, que de acuerdo a la 1008 son sancionados con una pena de uno a dos años de prisión.

Sin embargo, en las cárceles la mayoría de los detenidos por la 1008 es por tráfico, vale decir que transportaban droga de un lugar a otro.

El artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aprobada en 1988, afirma que “el que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores...” 

Asimismo, el artículo 55 de la mencionada norma señala: “el que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte”.

Sin embargo, dice Llanos, el proyecto todavía está siendo estudiado y podría tener algunas modificaciones, aunque cree que éstas serán mínimas.

EXPULSIÓN

Augusto, nombre ficticio, es un reo colombiano que hace un mes fue capturado por llevar tres kilos de drogas. Su detención se produjo en el retén de Locotal, en la carretera a Santa Cruz.

Aunque cree que a él no le llegará el indulto por estar poco tiempo en prisión, pide que lo expulsen del país.

“Por necesidad acepté llevar droga en una maleta. Nadie entiende la situación que uno vive, pero no quiero quedarme prefiero que me expulsen”, agrega Augusto, un hombre de un poco más de 40 años, de contextura delgada y piel pálida, quien para sobrevivir en el penal aprende a costurar monederos y billeteras, además ya se inscribió al CEA Simón Rodríguez para aprender y realizar trabajos en metal mecánica.

 Sin embargo, otros reos foráneos dicen que prefieren cumplir su condenada en el país. Aunque aseguran que no tienen cuentas pendientes en su patria, presumen que al ser expulsados deberán cumplir condena por el delito que cometieron en Bolivia y eso significaría “empezar de cero”.

PREVENTIVOS

Consultado Llanos sobre el futuro de los reos que tienen detención preventiva, dice que varios casos tendrán que ser analizados, aunque por el momento el proyecto de indulto solo contempla a los que tienen sentencia ejecutoriada. Eso significaría que menos del 2 por ciento (200 reos) de la población carcelaria, que alcanza a más de 13 mil en el país, se beneficiaría.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA

Cardenal apoya el indulto de reos

“hay MUCHA GENTE que tiene la justicia retardada, hay mucho amontonamiento en nuestras cárceles, una forma inhumana de vivir, ¿por qué no pensar en el indulto?”, dijo hace una semana el cardenal Julio Terrazas, quien pidió imitar la acción que asumió el gobierno chileno al indultar a presos extranjeros, entre ellos más de 420 bolivianos.

La gente “peligrosa” seguirá en prisión

PARA EL DIRECTOR nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, entre los extranjeros hay personas muy peligrosas, que cometieron graves delitos en el país. Afirma que esa gente debe seguir en prisión porque vino a Bolivia a delinquir. Reconoce que muchos de ellos están recluidos sin sentencia y afectados por la retardación de justicia.

cuadro triste, doloroso los niños de la calle en Cochabamba en Santa Cruz. abandonados "de la mano de Dios" sobreviven de limosnas y "se drogan a vista y paciencia de todos", son como muertos en vida. Qué hacer?

“No es nuevo, que una gran parte de niños y jóvenes en situación de calle consume -a vista de todos- algún tipo de sustancia psicoactiva. Lo que pocos saben, es que se trata de drogas legales como la cola de zapato, gasolina y aerosoles que se adquieren legal y fácilmente en tiendas o ferreterías, y que se distribuyen sin control alguno a niños y jóvenes, quienes utilizan estos productos como inhalantes dañando gravemente su motricidad, razonamiento y percepción del espacio”. La denuncia se deprende de la exposición presentada por la Directora de SON de VIDA, Graciela Asperilla, en el taller “Desafío contra las drogas: enfoques para la prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación”, realizado en el marco de las Jornadas Empresariales, Tecnológicas y Sociales “JET´S”, organizadas por la UTEPSA

COLA DE ZAPATO: ACCESO TOTALPara la Directora de SON de VIDA, la droga legal más consumida por los niños y jóvenes en situación de calle, es el pagamento de zapato que, conocido como clefa o vuelo, se ha convertido en una práctica grupal que suma cada vez más participantes; incluso, “son los mismos niños y jóvenes quienes compran una lata de pegamento en 20 Bs, para luego revender fracciones al grupo de hasta dos bolivianos” señaló.   
La venta de drogas legales en el mundo es un tema en discusión. Un comunicado de prensa del periódico El País, de España, señala que en 2004, de acuerdo con un estudio de Neurociencia del uso y abuso de las sustancias psicoactivas, un 12% de los fallecimientos que suceden cada año se deben a las drogas autorizadas, frente a un 0,4% debido a las sustancias ilegales. Según Prensa Latina, en el 2007, el negocio del pegamento de zapato como inhalante reportaba 100.000 euros al día tan solo en India.
 
Las drogas legales como la cola de zapato y aerosoles se caracterizan por ser gases o líquidos volátiles, que contienen compuestos químicos dañinos para la salud como Tolueno y Ciclohexano. Lamentablemente, se expenden lícitamente en cualquier ferretería o tienda de Santa Cruz, “a sabiendas de algunos vendedores del ilícito fin que puede tener” asintió la Directora de SON de Vida.

CAUSAS DEL CONSUMO Las causas del consumo radican en la “carencia de un buen clima emocional en los niños y jóvenes en situación de calle, descontentos de la situación que les toca vivir; la falta de una familia estable y unida; además, hay que sumar la indiferencia de algunos estratos sociales que desconocen ésta realidad” ,refirió Graciela Asperilla  y explicó que,  en las calles los niños y niñas tienen que permanecer en constante “alerta” por la violencia que reina en el ambiente, “desarrollando roles sociales particulares que, si bien permiten su estadía en las vías públicas, les impide engranar satisfactoriamente en los espacios sociales propios de la niñez y adolescencia”.  
 
BÚSQUEDA DE ESCAPES
Agregó que “los escasos recursos con los que disponen para enfrentar su madurez, generan un desgaste psicológico mayor en su supervivencia, los hacen vulnerables a la búsqueda de escapes que alivien tensiones gravosas, evadiendo tales situaciones mediante el consumo de drogas que, siendo fáciles de adquirir, se enmarcan en la legalidad”, y subrayó “que su integridad física está en riesgo ya que se han desvinculado totalmente, o en parte, de la matriz de identidad familiar, donde los roles familiares juegan un papel clave en el desarrollo y la maduración del Yo”. 
 
RIESGOS DEL CONSUMO
Durante la exposición, Asperilla, explicó que las consecuencias en el consumo de las mencionadas drogas legales, “son muy serias”, e incluyen uno o varios de los siguientes efectos: Pérdida de la memoria a corto plazo; coordinación deficiente; dificultades de juicio; distorsiones en la percepción; cuadros severos de dependencia; pérdida de la audición, espasmos en la extremidades; pérdida de lucidez; daño cerebral; daño de la médula espinal; daño en el hígado y riñones; complicaciones por intoxicaciones agudas;  posibles efectos en el feto, similares al síndrome alcohólico fetal; asfixia y; finalmente, la muerte.

NIÑOS Y NIÑAS A LA DERIVA
La psicóloga, especializada en temas relacionados con “Niños en situación de calle”, sostiene que la problemática del consumo y tráfico de drogas en los niños y jóvenes, obligados por las circunstancias a vivir en las vías de la ciudad, debería ser abordada por un diagnostico de la realidad para  consecuentes acciones a tomar, que podrían girar en torno a: Identificación de drogas legales e ilegales que consumen; grados de consumo y prácticas grupales del mismo; identificación de micro-traficantes y traficantes, que se sabe son protegidos por los niños y jóvenes en situación de calle.  
 
UNA EXPERIENCIA DE 4 AÑOS “En SON de Vida consideramos que para ayudar a los niños, primero hace falta un buen abordaje que comienza con la amistad y la complicidad, para que los sujetos puedan abrir sus sentimientos y revelar lo que les molesta y necesitan, esto se logra con el acompañamiento diario que, lamentablemente, muy pocas instituciones realizan, y que para SON de Vida significó un trabajo voluntario de más de cuatro años”, enfatizó Graciela Asperilla, al final de su ponencia.

texto completo del último art. de VEJA con menciones a Bolivia y que trata del narcotráfico, las FARC, la participación de Venezuela y funcionarios del MAS en el negocio de la cocaína.

El consultor de seguridad americano dice que el Brasil es uno de los mayores perjudicados por la alianza que los países de América latina establecieron con traficantes. Douglas Farah dirige informes de seguridad para empresas privadas y órganos del gobierno americano, como el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Defenza. Miembro del Centro de Evaluación Estratégica Internacional (CSIS), de Washington, el consultor americano es especialista en identificar las áreas de influencias de carteles mexicanos, pandillas salvadoreñas y grupos terroristas en América latina. También revela las armas, centros de lavado de dinero y los contratos en el gobierno y en la justicia usados por esos criminales. Autor del libro " Merchant of death" (mercaderes de la muerte), sobre el traficante de armas ruso Viktor Boutique, Farah fue criado en Bolivia, donde sus padres, misioneros Americanos, trabajaban.

 ¿Cómo se puede explicar el avance del crimen organizado en América Latina? 
Después del atentado del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, los gobiernos de los Estados Unidos y países de Europa concentraron su atención en el Islamismo radical y el terrorismo. Desde entonces, el combate al crimen organizado quedo fuera de la lista de prioridades y diferentes grupos con actividades ilícitas pudieron actuar con una libertad sin precedentes. Ellos hicieron contactos entre si y asumieron el control de partes vitales de la economía de muchos países. En América Latina, hubo un fenómeno todavía más preocupante. Los criminales fueron invitados por los gobernantes de países llamados " bolivarianos" , líderizado por el presidente venezolano Hugo Chávez, para compartir el poder político. Así, conquistaron una fuerza inédita en la región.

¿Cómo es el acuerdo entre los gobiernos y los criminales? 
Narcoestado es el nombre que se atribuye a un país en que la cúpula gubernamental da protección a las actividades de los traficantes o mantiene alguna participación directa en el negocio clandestino. En esos lugares, los criminales son utilizados como instrumento de política interna y externa y apoyan el poder central. En cambio, cometen sus crímenes con total seguridad. La existencia de ese tipo de acuerdo explica el espectacular crecimiento del papel de Venezuela como local de paso de cocaína para otros países. Lo mismo ocurre con el Ecuador y Bolivia. En esos países, cuando funcionarios de primer nivel son descubiertos en operaciones ilegales, jamás son investigados o sancionados. Al contrario, son ascendidos. Quien es castigado en los narco estados son los periodistas o los políticos de la oposición con coraje para denunciar las relaciones entre el poder político y el crimen organizado. Fue lo que sucedió con el senador boliviano Roger Pinto, que entregó denuncias al presidente Evo Morales y, por eso, pasó a ser perseguido por el gobierno. El político acabó refugiándose en la Embajada del Brasil para escapar de la persecución. 

¿Cuáles son las principales autoridades comprometidas con narcotraficantes? 

Son muchas. El ministro de Defensa de Venezuela, Henry Rangel Silva, dio apoyo material para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) transportaran droga, según el Departamento del Tesoro americano. El juez Eladio Aponte, que trabajó siete años en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y se encuentra exiliado en los Estados Unidos también afirmó tener las pruebas del envolvimiento de altos miembros del gobierno de Hugo Chávez con narcotraficantes. Hasta que huyó a Miami, el era fiel al presidente. En Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia, y Sacha Llorenti, ex-ministro de gobierno, son sospechosos de mantener relaciones directas con el crimen organizado. Llorenti acaba de ser nombrado embajador de Bolivia en la ONU. En el Ecuador, dos aliados del presidente Rafael Correa, Gustavo Larrea, ex-ministro de seguridad interna y externa, y José Ignacio Chauvín, ex-subsecretario de Gobierno, mantenían vínculos directos con traficantes de las FARC. 

¿El crimen organizado siempre intentó infiltrarse en el poder oficial, no es así?
 Sí, así es, más la naturaleza de esos lazos cambió. Tradicionalmente, los carteles de la droga buscaban instalarse en sectores estratégicos del estado para abrir brechas en las aduanas y en los puestos de inmigración, y para controlar algunos tribunales de justicia. No se preocupaban en dominar la cúpula nacional. En México todavía es así. Ya en los países bolivarianos el crimen organizado se expandió de arriba hacia abajo en la estructura de poder. En el modelo antiguo, siempre había un sector del estado que no había sido contaminado y podía reprimir a los criminales con la policía y las Fuerzas Armadas. En los narcoestados, esas capacidades de reacción prácticamente deja de existir. ¿Cómo se construyó la alianza de esos gobiernos con los narcotraficantes? Cuando comenzaron sus mandatos, ellos no tenían esa ambición. El problema es que el modelo económico que adoptaron no funcionó. En las empresas nacionalizadas hubo una caída en la producción. Los inversores, internos y externos, desaparecieron. La corrupción se esparció y los profesionales más talentosos se fueron hacia otros países. Con la economía cayéndose, esos gobernantes buscaron alternativas. Ahí encontraron al crimen organizado. 

¿Cómo la sociedad brasileña es afectada por los narcoestados del vecindario?
 El Brasil es el segundo mayor mercado consumidor de la cocaína del mundo, y conquistó ese puesto porque hubo un cambio en la forma de pago de la droga entre los traficantes. Hasta los años 80, cuando todavía dominaban el tráfico de cocaína, los colombianos recompensaban a sus intermediarios en dinero. Con eso, la mayor parte de la droga apenas hacia escala en el Brasil, de donde era enviada para otros países. En los años 90, los mexicanos cambiaron las reglas y pasaron a pagar de 20 % a 50% del valor en mercadería. Eso obligó a sus socios en varios países a buscar maneras de vender cocaína. Así crecieron los mercados domésticos para la droga y sus variaciones, como el crack, con el impacto conocido en la criminalidad. 
Cuando un vicioso se queda sin dinero, roba o comete otros crímenes. Los puntos de ventas pasan a ser disputados y los bandos comienzan a armarse con fusiles AK-47 y lanzadores de Granada. Cuando ellos entran en combate con policías armados apenas con pistolas, el desequilibrio de fuerzas es tremendo. No hay un único caso en el mundo en que el crecimiento del consumo de drogas ilícitas no haya sido acompañado de aumento de la criminalidad. 

¿De qué manera la complicidad del estado con el tráfico perjudica a  venezolanos, bolivianos y ecuatorianos? 
Donde hay narcotráfico, hay lavado de dinero, tráfico de seres humanos y prostitución. El avance de las actividades ilícitas siempre es acompañado por el aumento de riquezas sorprendentes, que no pueden ser explicadas por la economía formal. En Panamá, están siendo construidos rascacielos que después quedan totalmente vacíos. Se trata de lavado de dinero pura y simplemente. Como los dueños de las constructoras que levantan esos edificios pueden trabajar a pérdida, acaban compitiendo deslealmente con las constructoras honestas. Las actividades económicas legítimas, por tanto, son perjudicadas. Esa distorsión ocurrió en Colombia en los años 80 y ahora es la regla en los países bolivarianos. Será muy difícil revertir esa situación y recuperar la parte legítima de la economía, volviéndola apta para competir en el mercado global. ¿Por qué? Porque los criminales y sus aliados en el poder crean lazos, hacen negocios e intercambian experiencias con otros bandos y con el gobierno de otras naciones. Se crea así una red internacional de protección mutua. 
Si Evo Morales tambalea en el poder, Chávez aterriza en La Paz con un cheque o aparece la presidente argentina Cristina Kirchner ofreciendo nuevos proyectos. Esos gobiernos ya resistieron a varios momentos de aguda crisis interna por causa de esa red de apoyo, cuya fachada es la afinidad ideológica. A finales del 2010 cuando Chávez se quedó sin dinero (la economía estaba en recesión por segundo año consecutivo), los chinos le dieron 20 mil millones de dólares. En cambio, garantizaron el abastecimiento de petróleo venezolano por muchos años. 

Los narcoestados latinoamericanos también construyen una alianza poderosa con Irán. Ella es hecha de acuerdos que, aunque no traigan beneficios económicos notables, tienen un sentido estratégico. Irán tiene petróleo y muy lejos de aquí. ¿Cuál es su interés en América Latina? Uno de los objetivos claros de Irán es eludir las sanciones internacionales. En Venezuela, se crearon instituciones financieras de mentira, como el Banco Internacional de Desarrollo, que Chávez siempre dijo que no era iraní. Yo tuve acceso a los papeles de su fundación, con todo, y verifiqué que todos los diecisietes directores eran iraníes, tenían pasaporte y nombres persas. El banco era usado para mover el dinero de las transacciones internacionales de Irán, especialmente las relacionadas a su programa nuclear. Después que ese esquema fue descubierto, Irán y Venezuela inventaron otros. Uno de esos consiste en crear un fondo binacional, o sea, una cuenta conjunta, supuestamente para promover la agricultura, en la cual cada país deposita algunos billones de dólares. 
Después ese fondo simplemente desaparece y el dinero también. Es una manera de hacer con que el capital iraní pueda circular con un rótulo diferente, con otra denominación de origen. En el Ecuador, los iraníes utilizan bancos nacionales que no funcionan más, pero todavía existen en los papeles. Más difícil es saber lo que ellos quieren en Bolivia. Hay 140 diplomáticos iraníes que oficialmente actúan como asesores comerciales en el país, más el comercio bilateral no pasa de algunos pocos millones de dólares.
 No hay justificativos para tantos funcionarios ligados a la embajada. ¿Ud. arriesga una explicación? Temo que irán quiera usar América Latina para amenazar o chantajear a los Estados Unidos. Los generales venezolanos cargan en los bolsillos un pequeño libro con las doctrinas del Hezbollah, un grupo fundamentalista chiíta apoyado por Irán. El texto contiene la meta de tumbar el imperio americano con armas de destrucción masiva. El intercambio con los países bolivarianos serviría, entones, para mostrar un peligroso arsenal, tal vez químico o biológico, en el patio de los americanos. 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo estar dispuesto a iniciar negociaciones con las FARC. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto tenga éxito? Cualquier negociación seria, tendrá que conseguir que las FARC abandonen el narcotráfico, lo que es imposible. Mucha gente depende de esa red que se arrastra por todo el planeta. La cuestión del narcotráfico es muy probable quedara fuera en una negociación de paz. Los líderes de la FARC nunca demostraron disposición para abrir mano de esa que se transformo en su principal actividad. 
El plan Colombia, firmado en los Estados Unidos en 1999 con el objetivo de reducir la producción y tráfico de cocaína, ¿tuvo éxito? Cualquiera que lea las metas que fueron escritas en el tratado en 1999 podrá concluir que se trato de un fracaso espectacular. Los dos países preveían bajar la exportación de cocaína por la mitad y hablaban de muchos otros objetivos que al final no se concretizaron. 
Fuera del papel, el plan hizo historia. En los Estados Unidos, el consumo de cocaína cayó más de 20% en diez años. En Colombia, el peligro del estado corroerse no existe más. Las FARC están debilitadas y no hay mas grandes carteles con libertad para hacer sus negocios. Con el apoyo americano, los colombianos se pusieron a trabajar para cerrar las heridas de las décadas de enfrentamiento con la guerrilla. Los Estados Unidos financiaron menos del 10% del plan Colombia. La mayor parte de los recursos vino de los colombianos, que aumentaron los impuestos pagados por el propio pueblo para asumir los gastos de la guerra interna. Ellos redujeron la violencia sin hacer ningún pacto con los narcotraficantes. Demostraron con eso una capacidad que todavía les falta a los mexicanos. Infelizmente, otros países de la región escogieron seguir el rumbo opuesto. Veja – Brasil.

Fuente: eju.tv - Entrevista completa de Veja a Douglas Farah
http://eju.tv/?p=230274

otra vez la revista VEJA pubica un artículo sobre Bolivia y la Cocaína y los funcionarios que son premiados por sus contactos con los cárteles.

En su edición impresa de ayer viernes, la revista brasileña Veja entrevista al afamado periodista norteamericano Douglas Farah, experto en temas de narcotráfico y seguridad, quien menciona a Juan Ramón Quintana y Sacha Llorenti como sospechosos de tener relaciones con el crimen organizado. “Los criminales fueron invitados por los gobernantes de los países denominados ´bolivarianos`, liderados por el presidente venezolano Hugo Chávez, a compartir el poder político. Así, conquistaron una fuerza inédita en la región”, dice el entrevistado. Farah indica que “Narco-Estado es el nombre que se atribuye a un país en el que la cúpula gubernamental da protección a las actividades de los traficantes o mantiene alguna participación directa en el negocio clandestino.

 En esos lugares, los criminales son utilizados como instrumento de política interna y externa y apoyan al poder central. A cambio, cometen sus crímenes en total seguridad”. “La existencia de ese tipo de acuerdo explica el espectacular crecimiento del papel de Venezuela como lugar de paso de la cocaína de otros países. Lo mismo ocurre con Ecuador y Bolivia. En esos países, cuando funcionarios de primera línea son encontrados en operaciones ilegales, jamás son investigados ni sancionados. Al contrario, son promovidos”, señala.

 El investigador dice que “Quien es castigado en los narco-Estados son los periodistas y los políticos de oposición con coraje para divulgar las relaciones entre el poder político y el crimen organizado. Fue lo que aconteció con el senador boliviano Roger Pinto, que entregó denuncias al presidente Evo Morales, por eso pasó a ser perseguido por el gobierno. El político acabó refugiado en la embajada de Brasil para escapar a las represalias”. “En Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia, y Sacha Llorenti, ex ministro de gobierno, son sospechosos de mantener relaciones con el crimen organizado. Llorenti acaba de ser nombrado embajador de Bolivia en la ONU”, agrega..

Fuente: eju.tv - Veja: “El peligro de los narco-vecinos”
http://eju.tv/?p=230128