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sábado, 18 de febrero de 2012

dos hechos. la acusación de la ONU por la enorme cantidad de coca sin control que en los hechos alimenta la cocaína, y el reconocimiento del Gobiierno de superar un 60% los crímenes que origina el narcotráfico en Bolivia (OPINION editorializa)

Reconocimiento.

El gran debate sobre el narcotráfico, su desarrollo y los efectos se tiene que dar a partir del reconocimiento del fenómeno y de su gran incidencia en el conjunto del delito.

Una reciente declaración del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, desde el trópico de Cochabamba señala que un 60 por ciento de los crímenes en el país, especialmente en el eje nacional está relacionado a la actividad ilícita del narcotráfico. Se trata de una reafirmación sobre la realidad que se presenta en el país y que tiene que ver con un incremento que motiva preocupación de autoridades y del colectivo social.

La producción de droga, que hasta hace algunos años estaba en manos de determinados grupos delictivos con cabezas más o menos visibles, hoy parece que se ha extendido o diseminado a otras zonas fuera de las tradicionales de producción de coca, aunque las mismas no han dejado de seguir produciendo la droga en mayor escala como se ha evidenciado, precisamente, durante un operativo reciente en el sector de El Palmar, en Puerto Mollercondo, departamento de Cochabamba, donde una patrulla de la Policía antidroga fue emboscada por narcotraficantes que hirieron a un policía, resultando herido un civil y capturados seis individuos.

El cálculo porcentual sobre la incidencia del narcotráfico en el global de los hechos delictivos que se registran en el país, tiene relación también con el número de personas que llenan las cárceles del país, en las cuales guardan detención y cumplen sentencia por delitos de narcotráfico de diferente gradación. 

En la mayoría de los países que combaten al narcotráfico las políticas oficiales no están dando resultados que se esperaban pese a los esfuerzos de las policías especializadas y de los recursos económicos que se destinan para la lucha, por lo que en círculos políticos y académicos el debate sobre la legalización no deja de ser un tema recurrente. Pero más allá de estas digresiones, la realidad nacional sobre el narcotráfico debe obligar a desarrollar políticas nacionales de prevención y de interdicción eficientes que estén respaldadas por las acciones tradicionales, pero al mismo tiempo, por otras sociales que ingresan al plano alternativo que tienen que ver según señalan algunos estudios a crear condiciones para modificar o prevenir la aparición del problema o que los índices sobre la producción y el tráfico encuentran un ambiente de mayor gravedad.

En la lucha contra las drogas son importantes los recursos económicos, la cooperación internacional y la información adecuada entre los organismos policiales y los niveles institucionales que directa o indirectamente tienen que ver con la problemática, además del cruce de información internacional. Es importante también como ha dicho el viceministro Cáceres el apoyo económico, por lo que ha planteado incluso fortalecer económicamente la labor de la Policía.

Sin embargo en muchos países también se observa la necesidad que siendo el tráfico de drogas un asunto social de enormes características delictivas, las soluciones tienen que pasar por otros mecanismos de participación ciudadana que realicen labores directamente en el seno de la sociedad induciendo a las personas a que rechacen este delito a partir de labores de educación y de concienciación sobre los daños que originan a una sociedad y a un país. 

El gran debate sobre el narcotráfico, su desarrollo y los efectos en un país que de ser productor pasa a ser incluso consumidor, se tiene que dar a partir del reconocimiento del fenómeno y desde luego sobre su gran incidencia en el conjunto del delito que socava cada vez con mayor fuerza la seguridad de las personas.

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