Cuando los comunarios de aquellos ayllus de Uncía se declararon protectores del contrabando y lincharon a esos cuatro policías a principios del 2010, el Gobierno debió darse cuenta del tipo de problemas que se estaba ganando al fomentar la tribalización del país con fines netamente electoralistas. Advertencias no faltaron, incluso mucho antes de que suceda lo de Uncía. Muy pocos estaban de acuerdo con algunas figuras de la Constitución que precisamente hoy se vuelven en contra del Gobierno de Evo Morales. Pero eso no es lo peor. Hay una amenaza mucho mayor que se yergue sobre el conjunto del país. Los cocaleros están decididos a declarar a la zona de los Yungas, tierra libre de policías y de militares, que en otras palabras significa, “libre de Estado”, más o menos como las áreas de exclusión que hay en Perú y Colombia. No hace mucho, en La Asunta hicieron huir a los erradicadores de coca que hacían su trabajo en la zona. Otro incidente similar se ha dado en las comunidades de Floriati y Barbarito, donde los productores de “la hoja sagrada”, agarraron a chicotazos a cuatro uniformados, aduciendo “justicia comunitaria” en castigo por no pedirles permiso para rondar por el lugar.
Este episodio se produce apenas una semana después de lo ocurrido en Anzaldo, departamento de Cochabamba, donde los pobladores salieron en defensa de cuatro contrabandistas de autos que acababa de arrestar la Policía. Luego de algunos esfuerzos, los uniformados cumplieron con su deber y consiguieron llevar a los “chuteros” a la cárcel, situación que duró muy poco, pues una autoridad superior ordenó liberarlos y “por estrategia”, la Aduana decidió no levantar cargos. Los vehículos incautados han quedado en custodia oficial y los contrabandistas ya iniciaron los trámites para recuperarlos.
Cerca de allí, en el Chapare, dos narcotraficantes fueron liberados gracias a la acción de cocaleros de Ivirgarzama que atacaron a los efectivos de Umopar que hacían la labor de custodia. Hay que recordar que los productores de coca han sido delegados por el Estado Plurinacional para efectuar el trabajo de “control social” de las plantaciones de coca y evitar los excesos.
El rey Salomón decía que no había que adular a nadie, porque el adulo termina en vergüenza. El propio Evo Morales se ha manifestado varias veces quejándose de su gremio. También lo hizo el zar antidrogas y productor de coca, Felipe Cáceres, quien acusó a sus compañeros de perjudicar la gestión del MAS, cuando la ONU puso el grito al cielo por el crecimiento de los cultivos ilegales, luego de la detención del general Sanabria, el evento más bochornoso que ha tenido que sufrir el “proceso de cambio”, obligado ahora a tener que aceptar el retorno de los odiados gringos (sumados a los brasileños) para retomar la lucha contra el narcotráfico.
El adulo a los cocaleros ha llevado al Gobierno a enroscarse con un tema, que más que vergüenza podría llevarlo a la ruina. Después de lo de Yucumo y aquella inmensa manifestación que se produjo espontáneamente en La Paz, con la llegada de los indígenas del Tipnis, el Gobierno pudo salir del atolladero con la declaratoria de “intangibilidad” del parque Isiboro Sécure. Pero los mimados no aceptan de ningún modo y hoy obligan al régimen a volver a pisar la cornisa. Las advertencias ya fueron lanzadas.
Este episodio se produce apenas una semana después de lo ocurrido en Anzaldo, departamento de Cochabamba, donde los pobladores salieron en defensa de cuatro contrabandistas de autos que acababa de arrestar la Policía. Luego de algunos esfuerzos, los uniformados cumplieron con su deber y consiguieron llevar a los “chuteros” a la cárcel, situación que duró muy poco, pues una autoridad superior ordenó liberarlos y “por estrategia”, la Aduana decidió no levantar cargos. Los vehículos incautados han quedado en custodia oficial y los contrabandistas ya iniciaron los trámites para recuperarlos.
Cerca de allí, en el Chapare, dos narcotraficantes fueron liberados gracias a la acción de cocaleros de Ivirgarzama que atacaron a los efectivos de Umopar que hacían la labor de custodia. Hay que recordar que los productores de coca han sido delegados por el Estado Plurinacional para efectuar el trabajo de “control social” de las plantaciones de coca y evitar los excesos.
El rey Salomón decía que no había que adular a nadie, porque el adulo termina en vergüenza. El propio Evo Morales se ha manifestado varias veces quejándose de su gremio. También lo hizo el zar antidrogas y productor de coca, Felipe Cáceres, quien acusó a sus compañeros de perjudicar la gestión del MAS, cuando la ONU puso el grito al cielo por el crecimiento de los cultivos ilegales, luego de la detención del general Sanabria, el evento más bochornoso que ha tenido que sufrir el “proceso de cambio”, obligado ahora a tener que aceptar el retorno de los odiados gringos (sumados a los brasileños) para retomar la lucha contra el narcotráfico.
El adulo a los cocaleros ha llevado al Gobierno a enroscarse con un tema, que más que vergüenza podría llevarlo a la ruina. Después de lo de Yucumo y aquella inmensa manifestación que se produjo espontáneamente en La Paz, con la llegada de los indígenas del Tipnis, el Gobierno pudo salir del atolladero con la declaratoria de “intangibilidad” del parque Isiboro Sécure. Pero los mimados no aceptan de ningún modo y hoy obligan al régimen a volver a pisar la cornisa. Las advertencias ya fueron lanzadas.
El adulo a los cocaleros ha llevado al Gobierno a enroscarse con un tema, que más que vergüenza podría llevarlo a la ruina. Después de lo de Yucumo y aquella inmensa manifestación que se produjo espontáneamente en La Paz, con la llegada de los indígenas del Tipnis, el Gobierno pudo salir del atolladero con la declaratoria de “intangibilidad” del parque Isiboro Sécure.
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