cocaleros ganaron la pulseta. que sepa el mundo quién manda en Bolivia. los policías ya no ingresarán a la Asunta. los cocaleros se impusieron "será voluntario dice la nueva autoridad". verguenza nacional El Deber.SC

El Gobierno ha dejado en suspenso la campaña de erradicación de cocales ilegales de La Asunta, en los Yungas de La Paz, después de que los cocaleros emboscaron y dieron una paliza a los policías a cargo del trabajo.
Antes de aplicar la “justicia comunitaria” contra los policías del Estado boliviano, los cocaleros ilegales habían dado plazos perentorios a las autoridades para que suspendan el programa de erradicación.
Esa es la región donde, en mayo del año pasado, un avión que llevaba técnicos de la ONU que cooperan en el trabajo de detección de cocales ilegales cayó de manera extraña y sus ocupantes fueron encontrados muertos. Una primera noticia dijo que habían sido hallados vivos, pero luego sólo fueron expuestos sus cadáveres. Los deudos de esas víctimas todavía piden que se hagan investigaciones.
La decisión del Gobierno de interrumpir la erradicación de cocales en La Asunta es una pésima señal, pues alienta a otros cocaleros ilegales a avanzar en sus cultivos en diferentes regiones del país.
El Gobierno del presidente Evo Morales postula la legalización del consumo de la hoja de coca, por considerarla una tradición milenaria de los pueblos originarios.
Pero está comprobado que para atender la demanda generada por el consumo tradicional y medicinal sólo hacen falta 12.000 hectáreas, mientras que en el país existen actualmente cerca de 50.000, contando las de Yungas, Chapare y los parques que han sido copados por los cocaleros.
La actitud pasiva y permisiva del Gobierno frente a los cocales ilegales es, para comenzar, contradictoria y desprestigiadora de su campaña para lograr la despenalización de la hoja de coca, pues todos saben que más del 80% de la coca que se produce en el país es usada por el narcotráfico.
Una política semejante es un mensaje peligroso para todos los bolivianos, porque les está diciendo que el Estado no hace cumplir las leyes del país, y ni siquiera sus compromisos, en este caso el de la erradicación concertada con los cocaleros.
Muestra que el Gobierno no ha advertido que con el crecimiento de los cocales en todo el territorio, ha crecido, de manera proporcional, la inseguridad y la violencia.
Cada día son detenidos nueve ciudadanos bolivianos, comprometidos con el narcotráfico. En las cárceles de Chile hay 2.600 presos extranjeros, de los cuales la mitad son ciudadanos bolivianos, casi todos ellos implicados en delitos de narcotráfico.
Seguir con el criterio de que la coca es inofensiva es una actitud suicida para Bolivia, pues hasta la existencia del Estado boliviano está amenazada por la poderosa transnacional del narcotráfico.
Está haciendo falta un referéndum para que los bolivianos digan qué política será la más conveniente frente a la amenaza de la coca y la cocaína.
La actitud miedosa del Gobierno podría ser interpretada como actitud cómplice, si no fuera que existen planes para la erradicación.
Pero si los programas de erradicación quedan en suspenso, como ahora, se abre la duda acerca de cuál es la verdadera intención de las autoridades ante la peor amenaza contra Bolivia.