La semana pasada, desde este espacio editorial festejamos —tal vez de manera prematura— la suscripción del acuerdo trilateral entre Brasil, Estados Unidos y Bolivia que tenía como objetivo la ejecución del Proyecto Piloto de Sistema de Control de la Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca. Desde nuestra perspectiva, la firma de este documento, además de reconducir nuestras relaciones con el país del norte y otorgar cierta credibilidad respecto a las políticas públicas antidrogas, constituía el entendimiento entre estas naciones sobre la importancia que merece la lucha contra el narcotráfico, toda vez que según datos y estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en los últimos años en las zonas del trópico ha incrementado sustancialmente el número de hectáreas de cultivos de la hoja de coca con destino a los estupefacientes. De igual manera, de un tiempo a esta parte, Bolivia se ha se ha convertido en un espacio de tránsito de cocaína hacia otros países latinoamericanos. Datos que son alarmantes y no pueden dejar de ser considerados por las autoridades de turno.
Aparentemente, las negociaciones estaban totalmente dadas para sellar la alianza, misma que estaba prevista para el 17 de noviembre del año en curso. Las mesas, los manteles, las carpetas y los bolígrafos habían sido preparados para el evento. Sorpresivamente, el acto se postergó un día debido —según fue dado a entender— a aspectos de forma que debían solucionarse con carácter previo. Sin embargo, la firma del acuerdo nunca se dio, y ahora se ha suspendido de manera indefinida su formalización. Según fuentes oficiales, una posible afectación a la soberanía nacional habría detenido la continuidad de la suscripción del convenio trilateral. ¿Será que la participación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es un óbice en el tratamiento de este complejo asunto? ¿Será que el ego del Movimiento al Socialismo (MAS) es más grande que la necesidad de activar una efectiva lucha contra el narcotráfico? Se sabe que el Gobierno rechaza cualquier tipo de participación de la DEA (Drug Enforcement Agency) en territorio nacional. En más de un discurso, las principales autoridades del Estado han dejado sentado que esta institución yanqui no volverá a trabajar en Bolivia. Compleja situación, toda vez que la República Federativa del Brasil debe exigir algún tipo de participación de la DEA, ya sea directa o indirectamente. Probablemente, éste es el escollo del asunto.
Mientras se le da vueltas al tema, el tráfico de drogas desde o a través del Estado Plurinacional continúa. Los carteles y otras agrupaciones criminales que radican en el país deben estar viviendo una fiesta. Mientras se da cabida a los discursos, a los dogmas, a los paradigmas que radican en las más altas esferas del MAS, el comercio ilegal de estupefacientes prolifera.
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