El Gobierno ha vuelto a los corcovos de siempre en el asunto de la coca y el narcotráfico. El reciente acuerdo con Estados Unidos, que obviamente tiene que ver con la lucha contra las drogas (¿sobre qué más podría ser?), ya sea con la DEA fuera o dentro del país, que para el caso viene a ser lo mismo, ha provocado fuertes reacciones entre las figuras cercanas al presidente Morales que siempre han estado boicoteando las relaciones con Washington, vaya uno a saber por qué motivo.
Resulta obvio el interés de cierto sector gubernamental de mantener las cosas tal como se han venido manejando desde que la DEA fue expulsada del país, pese a las quejas de los países vecinos, que reiteradamente afirman que Bolivia los está inundando de cocaína. El presidente Morales también se lamenta del poder que han adquirido los narcos y él mismo denuncia que los cárteles colombianos y mexicanos han invadido el país, pero todo indica que esas son posturas pasajeras, pues la política real del MAS parece encaminada hacia la máxima tolerancia a los cultivos de coca, cuya incidencia inmediata es una mayor producción de cocaína.
En medio de este ir y venir de poses patrioteras que esconden intereses que nada tienen que ver con la dignidad y la soberanía, ha surgido la ONU a través de su oficina encargada de la lucha contra las drogas, para advertirle al Gobierno que su postura lo está conduciendo hacia un callejón sin salida, si no es que ya está.
César Guedes, de la ONUDC, ha dicho que ha sido un fracaso total el sistema de control social que inventó el Gobierno para que los cocaleros se controlen entre ellos. Con esa herramienta, los sembradíos de coca no han hecho más que crecer en los últimos años, hasta superar las 31 mil hectáreas, cuando lo permitido es 12 mil. Más de dos tercios de esa coca; es decir, unas 35.000 toneladas, no pasan por los controles legales y obviamente terminan en las factorías de cocaína, cuya producción ha crecido en las mismas proporciones.
Semejante libertinaje ha convertido a Bolivia en el principal abastecedor de cocaína del creciente mercado de América del Sur, mientras que apenas el uno por ciento de su producción tiene a Estados Unidos como destino. En ese sentido, las autoridades que tanto se preocupan por la supuesta ingerencia norteamericana en el país, deberían prever las acciones que ya están tomando en este caso los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile. Por recientes antecedentes, todos sabemos muy bien que los tres países están trabajando en estrecha relación con la DEA y no siempre de frente al régimen boliviano, al que han comenzado a mirar con desconfianza por motivos sobradamente fundamentados.
Es natural que un Gobierno que dice ser antiimperialista, pero que paradójicamente está dejando que impere el reino de la droga en el país, adopte esta posición tan rebelde, aún en una situación tal complicada como la que determinó la detención del general René Sanabria. Conviene entonces, que las autoridades, incluso las más cerriles, pongan atención a las recomendaciones que hace la ONU. Este organismo siempre ha usado guante de seda en sus relaciones con la administración de Evo Morales. Pero cuando se observa la insistencia con la que reclama alguna respuesta concreta, habría que tomar nota. Puede tratarse de una fraternal advertencia.
Resulta obvio el interés de cierto sector gubernamental de mantener las cosas tal como se han venido manejando desde que la DEA fue expulsada del país, pese a las quejas de los países vecinos, que reiteradamente afirman que Bolivia los está inundando de cocaína. El presidente Morales también se lamenta del poder que han adquirido los narcos y él mismo denuncia que los cárteles colombianos y mexicanos han invadido el país, pero todo indica que esas son posturas pasajeras, pues la política real del MAS parece encaminada hacia la máxima tolerancia a los cultivos de coca, cuya incidencia inmediata es una mayor producción de cocaína.
En medio de este ir y venir de poses patrioteras que esconden intereses que nada tienen que ver con la dignidad y la soberanía, ha surgido la ONU a través de su oficina encargada de la lucha contra las drogas, para advertirle al Gobierno que su postura lo está conduciendo hacia un callejón sin salida, si no es que ya está.
César Guedes, de la ONUDC, ha dicho que ha sido un fracaso total el sistema de control social que inventó el Gobierno para que los cocaleros se controlen entre ellos. Con esa herramienta, los sembradíos de coca no han hecho más que crecer en los últimos años, hasta superar las 31 mil hectáreas, cuando lo permitido es 12 mil. Más de dos tercios de esa coca; es decir, unas 35.000 toneladas, no pasan por los controles legales y obviamente terminan en las factorías de cocaína, cuya producción ha crecido en las mismas proporciones.
Semejante libertinaje ha convertido a Bolivia en el principal abastecedor de cocaína del creciente mercado de América del Sur, mientras que apenas el uno por ciento de su producción tiene a Estados Unidos como destino. En ese sentido, las autoridades que tanto se preocupan por la supuesta ingerencia norteamericana en el país, deberían prever las acciones que ya están tomando en este caso los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile. Por recientes antecedentes, todos sabemos muy bien que los tres países están trabajando en estrecha relación con la DEA y no siempre de frente al régimen boliviano, al que han comenzado a mirar con desconfianza por motivos sobradamente fundamentados.
Es natural que un Gobierno que dice ser antiimperialista, pero que paradójicamente está dejando que impere el reino de la droga en el país, adopte esta posición tan rebelde, aún en una situación tal complicada como la que determinó la detención del general René Sanabria. Conviene entonces, que las autoridades, incluso las más cerriles, pongan atención a las recomendaciones que hace la ONU. Este organismo siempre ha usado guante de seda en sus relaciones con la administración de Evo Morales. Pero cuando se observa la insistencia con la que reclama alguna respuesta concreta, habría que tomar nota. Puede tratarse de una fraternal advertencia.
César Guedes, de la ONUDC, ha dicho que ha sido un fracaso total el sistema de control social que inventó el Gobierno para que los cocaleros se controlen entre ellos.
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