La falta de claridad gubernamental para encarar el problema de las drogas ya preocupa más a nuestros vecinos que a las grandes potencias
Dos hechos noticiosos, muy ligados entre sí, han coincidido durante los últimos días en nuestro país atrayendo la atención de los gobiernos e instituciones que ven con preocupación el lugar que ocupa Bolivia en la cadena de la producción, comercialización y consumo de drogas en la región sudamericana y, por extensión, en el resto del mundo.
La tan anunciada firma del acuerdo trinacional de lucha contra las drogas entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, acto que a última hora fue postergado el pasado viernes por quinta vez, es uno de los hechos a los que nos referimos. La culminación, el mismo día, de la primera reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unión de Naciones Suramericanas (Cspmd-Unasur), que tuvo lugar en La Paz con el propósito de adoptar políticas comunes para hacer frente al narcotráfico, es el otro.
Como es fácil constatar, la relación entre ambos hechos es directa y por eso no parece casual que la frustrada firma del convenio trilateral y la suscripción del acta del Cspmd-Unasur hayan coincidido en el mismo día, el viernes, y la misma ciudad, La Paz, ni que hayan tenido, de la parte boliviana, los mismos protagonistas.
Muy ligada a todo lo anterior, y haciendo las veces de telón de fondo de un complejo escenario, está la profusa difusión que en días previos se dio a un análisis realizado por el representante para el país de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), sobre el uso que actualmente se da a gran parte de la hoja de coca cosechada en Bolivia y el destino que tiene una parte también muy significativa de la cocaína que se elabora en el territorio nacional.
Según el estudio de la Onudc, del total de producción de hoja de coca en Bolivia —31 mil hectáreas durante 2010— dos tercios (más de 20 mil hectáreas) estuvieron y están siendo destinados a la fabricación de cocaína. Y la cocaína así producida habría dejado de tener a Estados Unidos y Europa como sus principales destinos, para ser vendida en países de la región, principalmente Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.
Siendo tanto y tan explícito el interés de los países miembros de la Unasur para comprometer al Gobierno boliviano en un decidido y firme plan de acción que encare a los diferentes elementos del problema del narcotráfico regional, ha sorprendido a propios y extraños la falta de claridad y coherencia de los representantes oficiales de nuestro país.
Para nadie han resultado satisfactorias, por ejemplo, las contradictorias explicaciones dadas sobre los motivos de la nueva postergación por octavo mes consecutivo de la suscripción del convenio trilateral, más aún si se considera que ya es mucho el tiempo que se ha destinado a buscar una fórmula que satisfaga a las partes involucradas.
Ante la falta de información, agravada por explicaciones insostenibles, resulta comprensible que en los organismos internacionales, en los gobiernos de los países vecinos y en la opinión pública nacional crezca la preocupación por la aparente existencia de conflictos internos que obstaculizan que el Gobierno pueda mostrar una decidida voluntad para participar en la lucha contra las drogas como parte de la solución y no del problema.
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