La Prensa insiste en su patriótica denuncia. en Bolivia están operando cárteles de México y el gobierno pretende ignorarlo. el silencio oficial infunde sospechas, todos los signos coinciden.

Lo venimos enunciando a través de esta página editorial, los carteles internacionales de la droga han visto a Bolivia como un centro estratégico para el tráfico ilegal de estupefacientes. El Gobierno, por su parte, ha hecho grandes esfuerzos para minimizar la existencia de los mismos en territorio nacional. Después del informe presentado por la Drug Enforcement Agency (DEA) al Senado de Estados Unidos de Norteamérica, donde se determina, en función de las investigaciones que realiza esta agencia antidrogas, que en el país radican carteles de la mafia mexicana —cuyo objetivo es traficar cocaína peruana y boliviana hacia el Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y posiblemente otros Estados—, seríamos irresponsables en no considerar este hecho.
Lo que nos preguntamos es si era realmente necesario un documento de esta naturaleza para iniciar una seria y objetiva investigación sobre la existencia de carteles en el Estado Plurinacional. ¿Por qué se viene negando una realidad que estuvo siempre frente a nuestras narices?
La proliferación de los cultivos de la hoja de coca en diversos puntos del país, inclusive en el Parque Nacional Isiboro Sécure —que goza de protección jurídica por su condición de reserva natural—, es una primera advertencia respecto del incremento de la producción de cocaína en Bolivia. La propagación de la violencia armada en las calles de las principales ciudades del país, definitivamente, es una alarma. Los asesinatos a plena luz del día. La ola de balaceras que han terminando con muchas vidas. Los múltiples, repetitivos y sistemáticos ajustes de cuentas, han sido un mensaje claro de que algo turbio se gesta en nuestro territorio. La presencia de extranjeros, de delincuentes de alto vuelo de variadas nacionalidades, constituye otro indicador de que grupos peligrosos rondan las urbes. ¿La cantidad de automóviles último modelo de las más variadas marcas, así como el aumento de prostitutas internacionales (de alto vuelo), no son acaso sinónimos del modus vivendi de estos criminales? ¿Por qué se pretende tapar el sol con un dedo? ¿Cuál el afán de rechazar la tesis de que los narcotraficantes radican ahora en Bolivia?
El silencio de las autoridades de turno ya no genera incertidumbre. Al contrario, lo que se calla termina por confirmar la presencia de estos carteles. El silencio, en este caso, no es la mejor respuesta. Más que una explicación, que una justificación o una apología, lo que la ciudadanía merece es la ejecución de una serie de políticas públicas destinadas a combatir, con rigurosidad, a estos carteles. La presencia del Gobierno en la solución de este complejo problema es de vital importancia y, hoy por hoy, las principales autoridades brillan por su ausencia.

la DEA afirmó que los carteles de México se están moviendo hacia Bolivia y Perú. el gobierno lo niega. el hecho es que se dan señales muy graves de esta criminal presencia (El Deber. SC)

Poco a poco, conforme aumenta la inseguridad en nuestras ciudades, llegan las noticias sobre la presencia de mafias de narcotraficantes que han elegido Bolivia como su centro de operaciones.
Las informaciones comenzaron dando cuenta de que 3.000 narcotraficantes colombianos se trasladaron a Bolivia en los últimos años, lo que se confirmó con la detención de algunos de ellos por la Felcn.
También surgieron noticias sobre la presencia de agentes de la organización criminal brasileña Comando Vermelho, igualmente confirmadas por la detención de algunos de ellos. Lo mismo ocurrió con las informaciones sobre la llegada de narcotraficantes mexicanos, representantes del Grupo Zeta y de grupos de peruanos pertenecientes a Sendero Luminoso.
Lo último se ha dado en días pasados. Tres ciudadanos rusos fueron capturados en el país, donde operan desde hace pocos años vinculados a actividades relacionadas con juegos de azar.
Todas estas informaciones, una por una, fueron motivo de desmentidos de parte del Gobierno, que descarta toda posibilidad de que los cárteles internacionales hayan ingresado a Bolivia.
Lo curioso es que mientras se desmienten estas informaciones, la inseguridad ciudadana se dispara en todas las ciudades del país, sobre todo en aquellas que están en la ruta de la salida de la droga hacia los principales mercados de consumo, como Brasil.
Santa Cruz de la Sierra es la ciudad donde más casos de violencia se han dado en las últimas semanas, como demostración fehaciente de que las mafias internacionales, todas ellas muy violentas, han llegado al país.
La captura de los rusos fue, precisamente, resultado de una investigación policial para dar con los responsables del asesinato, en forma de ajuste de cuentas, de un ciudadano que algún nexo tenía con ellos.
Pero no solamente se da la violencia en las actividades de exportación de droga, sino también en el tráfico interno, dentro de las ciudades del país, donde las organizaciones que trafican con cocaína se disputan los mercados de consumo.
También hay casos de violencia entre los productores de la materia prima de la droga, es decir de los cocaleros, que protagonizan enfrentamientos con los pueblos originarios que desean preservar sus tierras libres de la hoja de coca.
Los cocaleros de Yungas exigen que el Gobierno haga respetar la ley por la cual la única región de Bolivia autorizada a producir coca es la de ellos, pero los cocaleros de Chapare insisten en que no van a renunciar a cultivar la hoja.
Los cocaleros de Chapare protagonizaron hechos de violencia contra las fuerzas de erradicación. Uno de los casos más sonados fue el asesinato de los esposos Andrade en 2000, además de cuatro oficiales de la Policía, en un hecho que todavía no se ha investigado de manera suficiente. Hay testimonios sobre ese hecho que no fueron tomados en cuenta para hacer justicia a la fuerzas policiales del país.
Pero lo que hoy sacude a los bolivianos es la presencia de las mafias internacionales que han traído sus costumbres violentas ahora que están convencidas de que Bolivia se ha convertido en el país donde la actividad vinculada a las drogas tiene muchas posibilidades de realizarse.

Manfredo Kemp compara "la doctrina de Seguridad Nacional" y el narcotráfico que está provocando los más graves problemas de inseguridad al demorar la suscripción de convenios con Brasil, UE, USA. peligro!

La doctrina de la Seguridad Nacional aplicada por los gobiernos militares en las décadas de los '70 y '80, ya ha sido suficientemente rebatida, revisada y sancionada por quienes fueron víctimas de una política que, innegablemente, impulsaba Estados Unidos. Por entonces el enemigo en la mayoría de las naciones del continente era el comunismo, la izquierda radical. Ardía la Guerra Fría y los militares al sur del Río Grande sabían que había que enfrentar al enemigo común – los pro soviéticos, cubanos o  chinos – o tenían que desmontar de sus cabalgaduras, colgar sus sables, e irse a sus casas. El Tío Sam no se andaba con vueltas para castigar a los desobedientes.

Ahora que la Guerra Fría ya se ha superado – aunque las guerras calientes proliferan  – la doctrina de Seguridad Nacional está archivada, reducida a polvorientos expedientes de subversivos, guardados en algún cuartel. Ya no preocupa para nada la izquierda, ni Rusia, Cuba o China. Muchos murieron inútilmente convencidos de una causa que fracasó. La posibilidad de guerrillas o terrorismo urbano no cuenta, salvo en la sufrida y heroica Colombia, que, como algunos diabéticos, ha aprendido a convivir con la enfermedad, sufriendo lo menos posible.

Una política de Seguridad Nacional  es la que debe aplicarse ahora contra el narcotráfico. Mucho más grande que el pavor rojo de hace unas décadas, es hoy el pavor blanco de la cocaína. La diferencia entre ambas cosas es abismal, porque una cosa era para el Estado combatir contra grupos de idealistas que podían estar extraviados en su búsqueda del “hombre nuevo”, y otra muy distinta enfrentar a negociantes del crimen, a aquellos que hacen fortunas inmensas a costa de envenenar a todos, dispuestos a matar sin ningún miramiento. Muchos más muertos ha habido en Bolivia por mano de narcotraficantes en sus ganstériles ajustes de cuentas, que lo hecho por los “subversivos” que luchaban errados por crear aquellos míticos cien Viet Nam en Latinoamérica.

Ahora sí que, con la producción de droga, Bolivia está amenazada de verdad. Con la diferencia de que no existen unas Fuerzas Armadas que defiendan al Estado. Es más, con unas FFAA acobardadas, con mandos escépticos, sumisos, sin norte, prescindentes de lo que acontece en el país. En esas condiciones, frente a una Policía escasa en medios y desacreditada, los narcotraficantes han encontrado su Paraíso. A tal extremo se imponen los cárteles narcotraficantes en nuestro país que ya causan una inmensa alarma en el vecindario. Una alarma muy peligrosa para Bolivia porque nos ubica a un paso de la interdicción mundial. Ojo que es mejor que nos comparen con Haití por pobres, que con Somalia por pillos.

Eso de que naciones vecinas como Brasil, Paraguay y Argentina desplacen efectivos militares a nuestra frontera o se preparen para derribar aviones sospechosos que salgan de Bolivia es el colmo; que Chile, sin avisar a S.E. por razones más que obvias, capture a un alto jefe policial narcotraficante y que, entre sus prioridades, esté vigilar su frontera con nuestro país para detener el veneno blanco, raya en el bochorno; que las mafias peruanas de la cocaína tengan a Bolivia como puente de paso hacia otras naciones, sonroja. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Es que la hoja sagrada nos va a mandar al infierno? Alguien tuvo el talento de definir al Estado Plurinacional en dos palabras: “Estado forajido”.

¡Qué error el que cometió el presidente Lula cuando vino al Chapare! Brasil todavía dependía del gas boliviano y por eso, seguramente, Lula llegó al extremo de aceptar hasta floripondios de coca en el pescuezo, cuando él sabía que en las favelas cariocas se asesinaba decenas de personas diariamente por disputarse la cocaína boliviana. Eso ya no lo haría de ninguna manera la señora Rouseff. Ni lo hubiera hecho tampoco José Serra, quien dijo que la carretera del Chapare al Beni sería la “rodovía de la cocaína”. Ahora miles de soldados brasileños observan la frontera boliviana, pero con una particularidad: con mira telescópica.

Este país está frito. Al paso que vamos nos espera el infierno.  S.E. no quiere firmar el acuerdo con EEUU y Brasil para combatir el narcotráfico. Siempre encuentra pelos en la leche. En el fondo, S.E. teme disgustar a los cocaleros. ¿Qué irá a tratar la “cumbre borrascosa” que promueve el gobierno en Cochabamba? ¿Les preocupará intentar una política de Seguridad Nacional contra los narcos? ¿O el propósito será seguir expandiendo los cultivos de coca hasta engullirse el TIPNIS? Porque en Santa Cruz, por ejemplo, ya nos han copado todo Yapacaní y la reserva forestal del Choré. Es una plaga bíblica la que existe. Y algo que es inquietante, además: el gobierno restringe la exportación del granulado blanco, limpio y dulce que es el azúcar, pero no hace nada por restringir el  polvito blanco y amargo que es la cocaína. Así sobrevivimos.

tal cual lo anunciara J. Gramunt, El Deber se hace eco y cree ver "una señal preventiva" que manda Brasil a Bolivia en tema narcotráfico cuando miles de soldados, aviones y transporte se despliegan para ver todo tráfico irregular

No es de modo alguno casual que el gobierno de Brasil enviara nada menos que 6.500 efectivos militares a proteger sus fronteras con Bolivia.  En  tiempos pasados, en América Latina, aquello era el preludio de una emergencia bélica, contingencia que hoy ya no se produce en el continente, ajustado a las normas del derecho internacional en lo que respecta a diferendos en el ámbito de las relaciones bilaterales.
Hay circunstancias específicas que obligan a  Brasil a tan aparatoso despliegue militar.   Algunas son de vieja y otras de reciente data.  Entre las primeras cabe mencionar el drástico incremento del tráfico de drogas  a través de sus  fronteras con Bolivia.  Se trata de cocaína elaborada en Colombia o Perú que, pasando por Bolivia, ingresa al mercado  brasileño, al norteamericano o al de los países europeos, tras un largo y tortuoso recorrido por el Atlántico y el Caribe.  Poderosas mafias o carteles del narcotráfico digitan a distancia este infame trasiego. 
Un oprobioso negociado de alcance intercontinental plantea la necesidad de combatirlo en la misma escala, dentro de rigurosas normas de cooperación. Por eso, Brasil se asoció a Estados Unidos en el combate contra las drogas. Tiene con la potencia del norte un tratado para una acción común contra el mal, tanto en lo que respecta a información como planificación de operativos.
La incorporación de Bolivia a tal cooperación bilateral, en el marco de un acuerdo tripartito, era una cuestión clave para Brasil, puesto que seguimos siendo uno de los países de mayor suministro de materia prima para los fabricantes de la droga. Chapare se ha convertido en  un enclave de poder social y político, al cual el Gobierno central halaga con ampliaciones de los cultivos de coca.  Los fabricantes de droga se instalan inclusive en parques naturales y en diversas regiones del país.
Resultado: el narcotráfico golpea al Brasil con más fuerza que nunca, obligándole a endurecer las fórmulas dirigidas a contenerlo o, por lo menos,  restringirlo a proporciones que no revistan peligro. Una de esas recetas era la acción trilateral de Brasil, Estados Unidos y Bolivia contra la nociva actividad. Inicialmente, el Gobierno boliviano se mostró dispuesto a suscribir el respectivo  acuerdo tripartito, lo cual debía ocurrir el 17 de noviembre, pero después optó por dejar en suspenso el asunto, alegando razones poco atendibles, como la alusiva a su obligación de “velar por la soberanía y dignidad nacionales”, como si una acción trinacional contra las mafias del narcotráfico tuviera semejante efecto.
Por el contrario, la inserción boliviana en la lucha internacional contra el narcotráfico no hace sino fortalecer su imagen y prestigio en el exterior, que ahora son ostensiblemente ensombrecidas por la magnitud sin precedentes que el mal alcanza hoy entre nosotros.
El desplazamiento  militar de Brasil a sus fronteras con Bolivia es una fuerte señal de alerta que el Gobierno debiera tomar muy en cuenta.  Es absolutamente necesario tener con el poderoso país vecino muy buenas relaciones, signadas de cooperación sostenida en cuanto tenga que ver con problemas comunes. Uno de ellos, acaso el más sensible, es el narcotráfico.

intenta replicar al Cardenal un funcionario de segunda. que "no ha tomado en cuenta el mercado de las drogas como EEUU, y que no es problema sólo de Bolivia" cuando el prelado se refirió al tema

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Cesar Navarro, cuestionó este lunes al Cardenal Julio Terrazas, al considerar que éste desconoce sobre el crecimiento del narcotráfico en Bolivia, por lo que no puede hacer declaraciones sin conocer la realidad.

"Lo que sucede es que muchos desconocen las realidades complejas y múltiples que se da en Bolivia y América Latina. No creo que sea justo y legitimo que una autoridad eclesial reduzca muchas realidades a tres o cuatro palabras que hacen una frase. Es completamente equivocado", sostuvo Navarro en una improvisada conferencia de prensa en inmediaciones de plaza Murillo.

Cardenal Julio Terrazas, en su homilía del domingo recién pasado, dijo que "¿Cómo se puede hablar de Navidad y decir que todo lo bonito se asoma? Cuando se habla que Bolivia está sembrada totalmente de droga y casi en manos de los narcotraficantes".

Para Navarro, este tema no es exclusivo de Bolivia, pues depende también de quienes consumen la droga, que en este caso vendría a ser los "Estados Unidos" a cuyas autoridades pidió refuerce sus políticas para reducir sus niveles de consumo en ese país.

"Lo que nosotros hemos propuesto -incluso con el convenio de Estados Unidos— es que exista una responsabilidad compartida y, parte de la producción, depende de la demanda, por lo tanto los países consumidores tienen que comenzar a regular los niveles de demanda de sus sociedades", señaló el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.

La oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (UNODC) informó el pasado 14 de noviembre que Bolivia estaba a punto de convertirse en uno de los mayores abastecedores de cocaína en el mercado regional sudamericano, situación que ha puesto en alerta a los organismos estatales de prevención y lucha contra el narcotráfico, y que motivó las reflexiones del prelado cruceño.

El consumo de drogas en Estados Unidos bajó "notablemente" en los últimos años, pero creció en Europa y Suramérica, que ahora consumen el 30 y 20 por ciento, respectivamente, de la producción mundial de narcóticos. Se considera que Bolivia ocupa el lugar de tercer productor mundial de cocaína, tras Colombia y Perú. Sin embargo, el 50 por ciento de la cocaína que se decomisa en Bolivia proviene de Perú, lo que lo ha convertido en un país de paso de droga con destino a terceros mercados.

La Prensa se lamenta que el borrador del convenio trinacional deambule de oficina en oficina sin que Bolivia decida su firma para el control de los sembradíos de coca verdadero origen del problema del azote del narcotráfico

La semana pasada, desde este espacio editorial festejamos —tal vez de manera prematura— la suscripción del acuerdo trilateral entre Brasil, Estados Unidos y Bolivia que tenía como objetivo la ejecución del Proyecto Piloto de Sistema de Control de la Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca. Desde nuestra perspectiva, la firma de este documento, además de reconducir nuestras relaciones con el país del norte y otorgar cierta credibilidad respecto a las políticas públicas antidrogas, constituía el entendimiento entre estas naciones sobre la importancia que merece la lucha contra el narcotráfico, toda vez que según datos y estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en los últimos años en las zonas del trópico ha incrementado sustancialmente el número de hectáreas de cultivos de la hoja de coca con destino a los estupefacientes. De igual manera, de un tiempo a esta parte, Bolivia se ha se ha convertido en un espacio de tránsito de cocaína hacia otros países latinoamericanos. Datos que son alarmantes y no pueden dejar de ser considerados por las autoridades de turno.
Aparentemente, las negociaciones estaban totalmente dadas para sellar la alianza, misma que estaba prevista para el 17 de noviembre del año en curso. Las mesas, los manteles, las carpetas y los bolígrafos habían sido preparados para el evento. Sorpresivamente, el acto se postergó un día debido —según fue dado a entender— a aspectos de forma que debían solucionarse con carácter previo. Sin embargo, la firma del acuerdo nunca se dio, y ahora se ha suspendido de manera indefinida su formalización. Según fuentes oficiales, una posible afectación a la soberanía nacional habría detenido la continuidad de la suscripción del convenio trilateral. ¿Será que la participación del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es un óbice en el tratamiento de este complejo asunto? ¿Será que el ego del Movimiento al Socialismo (MAS) es más grande que la necesidad de activar una efectiva lucha contra el narcotráfico? Se sabe que el Gobierno rechaza cualquier tipo de participación de la DEA (Drug Enforcement Agency) en territorio nacional. En más de un discurso, las principales autoridades del Estado han dejado sentado que esta institución yanqui no volverá a trabajar en Bolivia. Compleja situación, toda vez que la República Federativa del Brasil debe exigir algún tipo de participación de la DEA, ya sea directa o indirectamente. Probablemente, éste es el escollo del asunto.
Mientras se le da vueltas al tema, el tráfico de drogas desde o a través del Estado Plurinacional continúa. Los carteles y otras agrupaciones criminales que radican en el país deben estar viviendo una fiesta. Mientras se da cabida a los discursos, a los dogmas, a los paradigmas que radican en las más altas esferas del MAS, el comercio ilegal de estupefacientes prolifera.

Los Tiempos se hace eco de dos acontecimientos vinculados al tema de la cocaína celebrados en Bolivia sin claridad alguna de parte del oficialismo. preocupa a nuestros vecinos

La falta de claridad gubernamental para encarar el problema de las drogas ya preocupa más a nuestros vecinos que a las grandes potencias

Dos hechos noticiosos, muy ligados entre sí, han coincidido durante los últimos días en nuestro país atrayendo la atención de los gobiernos e instituciones que ven con preocupación el lugar que ocupa Bolivia en la cadena de la producción, comercialización y consumo de drogas en la región sudamericana y, por extensión, en el resto del mundo.

La tan anunciada firma del acuerdo trinacional de lucha contra las drogas entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, acto que a última hora fue postergado el pasado viernes por quinta vez, es uno de los hechos a los que nos referimos. La culminación, el mismo día, de la primera reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unión de Naciones Suramericanas (Cspmd-Unasur), que tuvo lugar en La Paz con el propósito de adoptar políticas comunes para hacer frente al narcotráfico, es el otro.

Como es fácil constatar, la relación entre ambos hechos es directa y por eso no parece casual que la frustrada firma del convenio trilateral y la suscripción del acta del Cspmd-Unasur hayan coincidido en el mismo día, el viernes, y la misma ciudad, La Paz, ni que hayan tenido, de la parte boliviana, los mismos protagonistas.

Muy ligada a todo lo anterior, y haciendo las veces de telón de fondo de un complejo escenario, está la profusa difusión que en días previos se dio a un análisis realizado por el representante para el país de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), sobre el uso que actualmente se da a gran parte de la hoja de coca cosechada en Bolivia y el destino que tiene una parte también muy significativa de la cocaína que se elabora en el territorio nacional.

Según el estudio de la Onudc, del total de producción de hoja de coca en Bolivia —31 mil hectáreas durante 2010— dos tercios (más de 20 mil hectáreas) estuvieron y están siendo destinados a la fabricación de cocaína. Y la cocaína así producida habría dejado de tener a Estados Unidos y Europa como sus principales destinos, para ser vendida en países de la región, principalmente Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Siendo tanto y tan explícito el interés de los países miembros de la Unasur para comprometer al Gobierno boliviano en un decidido y firme plan de acción que encare a los diferentes elementos del problema del narcotráfico regional, ha sorprendido a propios y extraños la falta de claridad y coherencia de los representantes oficiales de nuestro país.

Para nadie han resultado satisfactorias, por ejemplo, las contradictorias explicaciones dadas sobre los motivos de la nueva postergación por octavo mes consecutivo de la suscripción del convenio trilateral, más aún si se considera que ya es mucho el tiempo que se ha destinado a buscar una fórmula que satisfaga a las partes involucradas.

Ante la falta de información, agravada por explicaciones insostenibles, resulta comprensible que en los organismos internacionales, en los gobiernos de los países vecinos y en la opinión pública nacional crezca la preocupación por la aparente existencia de conflictos internos que obstaculizan que el Gobierno pueda mostrar una decidida voluntad para participar en la lucha contra las drogas como parte de la solución y no del problema.