cinco millones de dólares recibiría Sanabria de haber concretado el "negocio" de la cocaína en República Dominicana. Se conocen otros detalles

Marcelo Foronda Azero, presunto narcotraficante detenido junto al general en retiro René Sanabria en Panamá el pasado 24 de febrero, no sólo fue quien contactó a los agentes encubiertos chilenos con el exjefe antidrogas, sino que también sirvió de anzuelo para su captura, según nuevas revelaciones sobre el caso publicadas ayer por los diarios chilenos La Tercera y El Mercurio.

Según las notas, en un bien acondicionado hotel de República Dominicana, el exjefe antidrogas iba a finiquitar un nuevo negocio: el envío de 2,5 toneladas de cocaína desde el puerto de Arica hacia Miami. Trato por el que pretendían cobrar cerca de 2 mil dólares por cada kilo de la droga puesto en Miami.

Pero Sanabria no llegó a la cita prevista para el pasado 26 de febrero debido a que dos días antes fue detenido en Panamá y deportado a Estados Unidos, donde ahora está preso por narcotráfico.

El envío de las dos toneladas de droga era la segunda fase de la operación que inició la DEA contra el exjefe policial para comprobar su participación en el narcotráfico y que contó con el apoyo del OS-7 de Carabineros de Chile.

El despacho del cargamento fue acordado en Arica entre Sanabria y los agentes de Carabineros que se hicieron pasar por compradores de droga colombianos.

Según La Tercera, los agentes encubiertos del OS-7 contactaron a Sanabria gracias a los oficios del narcotraficante boliviano.
Los efectivos policiales se vincularon primero con el presunto vendedor de drogas Marcelo Foronda Azero, quien les ofreció realizar el embarque a Miami.

En Arica sostuvieron una reunión con el sospechoso, quien relató a los oficiales que tenía contacto con el actual jefe del centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno (Cigein) y que no había problemas para efectuar el embarque.

Los oficiales le pidieron más datos a Foronda. Días después le señalaron que querían conocer a Sanabria para cerrar el trato con miras a nuevos negocios como el envío de las 2,5 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Así, el narcotraficante convenció a Sanabria para que concurriera a la cita con los falsos compradores de droga.

Según fuentes policiales, de esta forma se comprobaría que Sanabria prestaba protección al menos al grupo de traficantes liderado por Marcelo Foronda, quien aseguraba haber sacado más droga desde el puerto de Arica.

El trato

El encuentro se realizó el pasado 20 de agosto. Ese día, Sanabria ingresó a Chile por tierra junto al jefe policial Milton Sánchez. Ambos tomaron un colectivo y se trasladaron a un hotel de Arica.

Allí fueron recibidos por los agentes policiales. Cenaron y fueron a recorrer la ciudad. Los policías habían hecho las reservas y cancelaron los gastos de los bolivianos.

Al día siguiente se conversaron los detalles del acuerdo. La reunión se efectuó en una suite del hotel especialmente acondicionada por la Policía con un sistema de grabación de audio e imagen.

Según fuentes de la investigación, el encuentro duró una hora y media. Sanabria señaló que controlaba y supervisaba el ingreso y salida de todos los productos de Bolivia en su calidad de jefe del centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno (Cigein). La escena fue registrada por cámaras de alta definición.

Explicó que solamente había que buscar una fachada y documentación para sacar el contenedor con droga desde Bolivia. Ahí surgió la idea de que fuera una exportación de mineral, preferentemente piedras de zinc. En la reunión se le planteó a Sanabria el envío de 2,5 toneladas de cocaína, pero se le pidió que antes se debía probar la ruta con un alijo menor: 144 kilos.

El exgeneral abandonó Chile la noche del sábado 21 de agosto. Tomó un bus con destino a Bolivia con un maletín con 75 mil dólares para los gastos del primer embarque.

Fue felicitado por el envío

El general (r) René Sanabria cumplió el acuerdo. El cargamento con 144 kilos de cocaína fue despachado desde el puerto de Arica y llegó en noviembre a Miami sin demora. Toda la operación estuvo monitoreada por la DEA.

En diciembre, los agentes de Carabineros, haciéndose pasar por narcotraficantes, volvieron a contactarse con Sanabria: lo felicitaron por la entrega y le señalaron que en febrero debía ir a República Dominicana. Allí lo iban a esperar otros representantes del grupo (falsos narcos colombianos) con los cuales había cerrado el trato en Chile. Le pidieron que hiciera una escala en Panamá.

“EL JUSTICIERO”

• El mejor alumno, el que servía como ejemplo, el hombre de los récords, el más destacado en la lucha contra el narcotráfico, conocido como “El Justiciero”, ahora debe responder a la justicia. René Sanabria Oropeza, general de Policía y uno de los hombres más destacados de dicha institución, fue arrestado el 24 de febrero en Panamá acusado de tratar de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

• Hasta ese momento era director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cegein) del Ministerio de Gobierno y ahora deberá enfrentar un juicio en Miami por el que puede ser condenado a cadena perpetua. Él se declara inocente.

• Fue uno de los más destacados de la promoción de 1977 de la academia policial, y desde ese momento no paró de ascender hasta llegar a general.

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EL CORONEL MILTON SÁNCHEZ

Milton Sánchez Pantoja, coronel, jefe del cuartel policial de la zona sur de La Paz y experto antinarcóticos, en un rol de escolta y asistente acompañó a Arica al general (r) René Sanabria Oropeza para finiquitar la transacción de un contenedor con 144 kilos de cocaína con una pareja de supuestos narcos, quienes resultaron ser agentes encubiertos del OS-7 de Carabineros.

Según trascendió, Sánchez tenía conocimiento cabal sobre bandas mafiosas y circuitos de tráfico de drogas en la región.

Sanabria y Sánchez viajaron a Arica y según los pasajes también debían ir juntos a Panamá, aunque Sánchez negó tal situación en sus declaraciones.

CONTROVERSIA

Opositores apuntan al Gobierno

Los legisladores de la oposición insisten en que el Gobierno de Evo Morales no puede deslindar su responsabilidad con la actividad y la vinculación del exjefe antidrogas René Sanabria, actualmente recluido por narcotráfico en Estados Unidos (EEUU), alegando que se trata de un funcionario de tercer nivel y que es un “montaje” contra el Gobierno.

De acuerdo a los argumentos del Gobierno, según el diputado de la oposición Adrián Oliva, da la impresión de que los captores de Sanabria son los responsables hoy de que el narcotráfico haya penetrado al Gobierno de Evo Morales, pero dijo que habrá que preguntar al Gobierno quién dirige el Ministerio de Gobierno: Sacha Llorenti o la DEA, y con quién trabajaba Sanabria.

El diputado manifestó que está claro que Sanabria trabajaba con el Ministerio de Gobierno y su acusación por narcotráfico en Estados Unidos está desnudando que el narcotráfico ha penetrado al  Gobierno, y sin DEA en el país, pues ya no se está hablando de “narcoamautas”, sino del Gobierno.

Responsabilidad

Oliva coincidió con el también diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yasik durante el debate sobre el tema en el programa Diálogo en Panamericana, del que también participó el senador masista René Martínez, en que el Gobierno no puede soslayar su responsabilidad en el caso y minimizar lo sucedido con Sanabria.

Asimismo, coincidieron, en contraposición a Martínez, en que el informe presentado el viernes pasado en el Legislativo por Llorenti fue insuficiente.

El diputado Fabián Yasik manifestó que el informe de Llorenti fue sólo un discurso antiimperialista que no aclaró nada, no explicó quién es ese “hijo de la DEA (Sanabria)”, según alega el Gobierno, antecedentes que seguro conocían cuando fue designado como director antidrogas y de Inteligencia. (Crónica de LT edición domingo 6.3.11)

Los Tiempos le pide la palabra al Gobierno destacando que el victimismo no ayuda sino propuestas de lucha para evitar que la delincuencia provoque más estragos

En los últimos días, las noticias sobre la lucha contra el narcotráfico han sacudido, una vez más, al país. A los tradicionales informes anuales emitidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha sumado el arresto (previo seguimiento de sus ilícitas actividades en Chile por la Policía de esa nación y, según el vicepresidente del Estado, probablemente a pedido de Estados Unidos) de una banda de policías aparentemente dirigida por un general responsable, a su vez, del aparato de Inteligencia de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Gobierno.

Es decir, se ha presentado un escenario altamente complicado para el Gobierno, que ha reaccionado como lo han hecho, en general, todas las administraciones anteriores en este delicado problema y ante situaciones semejantes: reivindicar superlativamente lo que se hace en contra del narcotráfico, y calificar los informes de la JIFE y el Departamento de Estado de errados e interesados. La novedad, en esta oportunidad, es achacar a la DEA (la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico) de actuar en venganza por su expulsión del país.

Es decir, más de lo mismo con la agravante de lanzar un discurso innecesariamente agresivo y de despecho infantilmente ideologizado. De esa manera, el Gobierno está perdiendo una nueva oportunidad para plantear sin complejos algo que es evidente: la lucha contra el narcotráfico en el planeta está perdida, y mantener insensatamente los criterios que han prevalecido en los últimos 20 años sólo beneficia a las bandas de delincuentes y perjudica a las naciones.

Se debe anotar que ahora sí es posible hacer este planteamiento. Son muchas las voces –plurales políticamente– de reconocidas personalidades en el planeta que han denunciado el rotundo fracaso de la forma en la que hasta ahora, bajo la batuta de Estados Unidos, se ha combatido al tráfico de drogas. Es más, se mantienen situaciones de violencia extrema como las que se han presentado y se presentan en la región, en Colombia y México –probablemente los casos más extremos–, y en Brasil, en nuestro país e incluso en Argentina, que se creía ajena a estos problemas. Nada ha podido paralizar a quienes están detrás de este negocio y cada vez que se logra desarticular una banda, de inmediato aparecen otras. Además, van adquiriendo tal poder que se animan a enfrentar al Estado casi en igualdad de condiciones.

En este contexto, ni los informes burocráticos de la JIFE ni los del Departamento de Estado aportan nada a esta tarea. A lo más que llegan es a tratar de justificar una burocracia cada vez más grande e inoperante que se va justificando a sí misma con este tema mientras el problema persiste y se esfuman miles de millones de dólares.

De ahí que, dejando un discurso justificativo, victimista e innecesariamente agresivo, están abiertas las puertas para proponer al mundo, de la mano de las personalidades que se han pronunciado claramente sobre el tema, una nueva forma de encarar esta lucha si queremos evitar que la delincuencia proveniente del narcotráfico siga haciendo estragos a nuestras sociedades.

El Gobierno tiene la palabra...

Los Tiempos se refiere a los informes de NNUU y de los EEUU sobre la droga en Bolivia y el fracaso que acusa en la última gestión

Como si el sofocón que al Gobierno de Evo Morales le dio la noticia sobre la detención en Panamá de quien hasta hace no mucho tiempo participaba en la lucha contra las drogas no fuera suficiente, durante las últimas horas se han sumado, casi simultáneamente, dos motivos más para la preocupación de quienes temen que el asunto del narcotráfico se convierta en el problema más complicado para el oficialismo durante los próximos tiempos.

Nos referimos a la más reciente versión del informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que fue presentado en Viena, por una parte, y al Reporte sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2011 del Departamento de Estado, por otra. Ambos documentos, como ocurre todos los años, hacen una evaluación del estado de la lucha contra las drogas en cada uno de los países miembros de la comunidad internacional y coinciden al señalar a Bolivia entre los que más pobres resultados obtuvieron.

En el caso del informe de la JIFE, la crítica más severa se refiere a que durante los últimos cuatro años se habría mantenido una tendencia creciente a la expansión de los cultivos de hoja de coca. Indica también que “en los últimos años ha aumentado la capacidad de los traficantes del_Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú para fabricar cocaína”. Lamenta, por otra parte, que Bolivia no cumpla plenamente con los tratados internacionales al permitir el masticado de la hoja de coca.

El Reporte sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2011 del Departamento de Estado, por su parte, es igual o más severo aún. Señala a Bolivia, con Birmania y Venezuela, entre los países que encabezan la lista de los que han “fallado ostensiblemente” en sus obligaciones internacionales para la lucha antinarcóticos.

Como se puede apreciar, no hay nada nuevo en ambos informes pues no hacen más que repetir verdades por demás conocidas y reconocidas desde hace muchas décadas. Que Bolivia es, con Perú y Colombia, uno de los principales productores de hoja de coca, y que ocupa un lugar importante en la cadena de la producción y comercialización de la droga no implica ninguna novedad.

Tampoco se puede afirmar –como que ninguno de los documentos lo hace– que la situación haya variado sustancialmente en ninguno de los países evaluados ni en lo referido a las extensiones de plantaciones de coca ni en lo referido a la producción y comercialización de cocaína. Si hay variaciones en uno u otro sentido en relación a años anteriores, éstas se pueden explicar por factores ajenos a las políticas aplicadas en cada país más que a su relativo éxito o fracaso.

Hacer esas puntualizaciones es siempre importante pero mucho más cuando, como ocurre ahora, la tentación de mezclar el tema del narcotráfico con asuntos de política interna de los países involucrados es demasiado grande.

Bueno sería, por eso, que los previsibles análisis que sin duda proliferarán a raíz de los documentos que comentamos no pierdan de vista el contexto en el que ambos se publican, que no es otro que el fracaso de la lucha contra las drogas no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero, como vienen sosteniendo reconocidas personalidades de la región sin que hasta ahora sean debidamente escuchadas y se siga remando en contra de la corriente por prejuicios e intereses burocráticos.

la imagen de Evo con una guirnalda de hojas de coca en forma de collar lo pinta como jefe emérito de los cocaleros bolivianos y otros

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de la ONU encargado de la lucha antidroga, ha hecho público hoy un informe que confirma la expansión de los cultivos de coca ilegales en Bolivia, que ya alcanzan las 30.900 hectáreas, totalizando un crecimiento del 22% desde la llegada al poder de Evo Morales. La JIFE señala que la cosecha potencial de hoja de coca se elevó hasta las 40.200 toneladas, la cantidad más alta producida en el país desde 1998. Al mismo tiempo, el organismo internacional aplaza la política oficial antidroga del gobierno boliviano, la denominada “Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010”, por considerar que no cumple con los tratados internacionales. “El mecanismo actual de fiscalización y vigilancia de sustancias sometidas a fiscalización internacional no funciona de forma adecuada en Bolivia”, dice el informe, agregando que “La Junta observa con pesar que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia no ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones formuladas”. La JIFE exhorta a la administración de Evo Morales a que se “adopten políticas eficaces y redoble sus esfuerzos por eliminar el cultivo ilícito de arbusto de coca en su territorio y a que haga frente de manera decisiva a la fabricación y al tráfico ilícitos de cocaína”. En otro acápite, el organismo se refiere a Venezuela citando a la Organización Mundial de Aduanas y afirma que es uno de los principales puntos de partida de la cocaína hacia Europa. Este “jalón de orejas internacional” a los países del ALBA llega en el momento en que el régimen evista afronta una grave crisis por la detención del capo de la inteligencia antidrogas, general René Sanabria, por implicación en un caso de narcotráfico. Lo cierto es que en los últimos cinco años Bolivia ha hecho de la expansión de los cultivos de coca una suerte de política de Estado, bajo la coartada del “patrimonio cultural”, lo que sin duda ha tenido repercusiones en cuanto a la ampliación de la producción de cocaína. Pero el mundo comienza advertir que lo que se intentó vender como un “gobierno indígena” había sido en realidad un Estado Cocalero…

notishots@gmail.com

narcovínculos I fue el corto gobierno de Luis García Meza que cayó como un naipe justamente por ello. reconforta la reacción de los medios antinarcos

¿Narcovínculos II?

El Presidente ha amenazado con iniciar una política de mano dura contra las plantaciones de coca ilegales y el Ministro de Comunicaciones ha dicho que al Gobierno no le temblará la mano para destruir las mafias del narcotráfico. Ambas reacciones llegaron después de la detención en Panamá del general René Sanabria Oropeza, ex director de la FELCN designado por Evo Morales y quien estaba ejerciendo un alto cargo en los servicios de inteligencia del Ministerio de Gobierno. El funcionario fue hallado en poder de 60 kilos de cocaína.

Durante dos días la Cancillería boliviana estuvo haciendo grandes esfuerzos para repatriar al detenido y sólo después de que éste se encontraba a buen recaudo en Miami, Estados Unidos, a requerimiento de la justicia de aquel país, el ministro Sacha Llorentty informó al país sobre este escandaloso hecho, calificado por un senador oficialista como una “mala suerte” y como una actitud revanchista de la DEA, nada menos que por el zar antidrogas de Bolivia, Felipe Cáceres.

Sanabria se había convertido en un peso pesado del narcotráfico y ya había hecho varios envíos de droga al exterior. La DEA, expulsada del país el mismo año en el que él estuvo al mando de la FELCN estuvo siguiéndolo por varios meses y junto a él han caído otros miembros de la Policía Nacional e integrantes de un clan de traficantes con conexiones internacionales.

El Gobierno se molesta por ciertas alusiones que hacen pensar en un Estado Plurinacional totalmente perforado por el narcotráfico, pero es demasiado pretencioso esperar que la comunidad internacional piense algo distinto cuando las vinculaciones con las drogas tocan esferas tan altas del poder. Si el caso fuera negligencia o excesiva tolerancia y no complicidad, como lo apuntó aquella vez el candidato a presidente de Brasil, José Serra, el Gobierno ha tenido suficientes indicios sobre un evidente desbordamiento del narcotráfico en el país y todo el tiempo para actuar y ponerle freno. La misma DEA, cuando estaba por despedirse de Bolivia, entregó a las autoridades judiciales a los miembros del clan Terán, cuyos nexos con lo más alto del Palacio Quemado son por demás conocidos. Al poco tiempo y de forma misteriosa, estas personas quedaron en libertad. Luego vendrían otros escándalos como el “narcoamauta”, el “narcoalcalde”, las “narcocomunidades” y numerosos otros hechos que la vez pasada llevaron al presidente a exclamar sobre el inmenso poder que han cobrado los narcotraficantes.

Él mismo fue el hizo ciertos comentarios incriminatorios sobre sus compañeros cocaleros, cuando habló de los lujosos autos en los que acudían a las asambleas sindicales en el Chapare.

Hoy, el narcotráfico parece habérsele salido de las manos al Gobierno. Todos los días se producen tiroteos y ajustes de cuentas, los cargamentos de droga procedentes de Bolivia menudean en todos los continentes, la presencia de cárteles internacionales en el país es innegable al punto que un prestigioso diario argentino no duda en comparar a Santa Cruz con las ciudades colombianas donde las mafias
sembraron terror hace una década. El régimen de Evo Morales tiene muy poco margen para actuar y demostrar que es un verdadero enemigo del narcotráfico. El general Sanabria ha sido llevado a Estados Unidos, donde podría estar escribiéndose un nuevo capítulo de aquella tenebrosa historia boliviana llamada “narcovínculos”.El Gobierno ha tenido suficientes indicios sobre un evidente desbordamiento del narcotráfico en el país y todo el tiempo para actuar y ponerle freno.

además de Los Tiempos también OPINION demanda en el mismo día una profunda investigación en torno a "los narcopolicías" por la dignidad de Bolivia!

Preocupa que bandas internacionales de narcotraficantes sean dirigidas por ex policías bolivianos antidroga.

El caso demanda profunda investigación.

El descubrimiento de una organización criminal de narcotráfico liderada por el ex jefe antidroga y ex empleado del Ministerio de Gobierno, general René Sanabria Oropeza, ha dejado en claro que la capacidad de penetración de las mafias de narcotraficantes ha ido demasiado lejos incluso en estructuras de poder. La organización de Sanabria Oropeza, de acuerdo a la información difundida desde Panamá, país en el que fue apresado para ser enviado a Miami, Estados Unidos, actuaba desde la Policía y una instancia de Gobierno, en el Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) del Ministerio de Gobierno. En noviembre del pasado año hicieron su primer embarco de 144 kilos de droga, cargamento que fue detectado y se inició un seguimiento en Panamá. Este caso es muy grave en la historia del narcotráfico boliviano, primero porque revela que la organización criminal, tiene nexos internacionales, que deben ser investigados para conocer de qué grupos se trata y para quiénes efectivamente trabajaba nada menos que el ex jefe de la policía antidroga de Bolivia. Un segundo aspecto es conocer las ramificaciones que tiene el grupo que dirigía el general René Sanabria Oropeza, porque las primeras investigaciones en el país dieron como resultado la detención del mayor Edwin Raúl Oña Moncada y del capitán Franz Fernando Siles Ríos, ambos parte del Cigein y del coronel Milton Sánchez Pantoja, ex jefe antidrogas en Chachabamba y últimamente autoridad del Regimiento policial 4 de la zona sur de La Paz. En esta red de narcotraficantes que enviaban droga a Estados Unidos, se tiene la presencia nada menos de ex jefes policiales y policías que tenían a su cargo precisamente la lucha contra el narcotráfico en el país, es decir las tareas de interdicción y represión contra el narcotráfico. Con el descubrimiento de la red internacional se ha puesto nuevamente en duda a la Policía en relación al cumplimiento de su labor de represión al delito, pero lo más grave es que el narcotráfico, como se ha dicho muchas veces, con todo su poder económico y de organización, ha penetrado incluso una oficina gubernamental, el Centro de Inteligencia y Generación de Información. Ante esta situación, desde luego, que las autoridades han anunciado investigación para dar con cada uno de los componentes de la mafia internacional y como se ha evidenciado, estaría conformada por policías incluso en ejercicio de sus funciones. Cabe ahora preguntarse, hasta dónde una investigación a partir de los hechos del escándalo que ha originado este caso, en medios oficiales y ciudadanos, puede ser concluyente en cortar de raíz el mal que estaría afectando cuadros de la Policía Nacional. No se puede soslayar tampoco a partir de la actuación de ex altas autoridades de la lucha contra el narcotráfico, la posibilidad de una reorganización total de esta fuerza y finalmente plantear también la interrogante si la penetración del narcotráfico internacional en segmentos de la Policía no se origina en la falta de presencia de la DEA norteamericana. Lo cierto es que el Gobierno nacional, a través de sus autoridades y niveles correspondientes, deben explicaciones y soluciones para detener lo que podría tener consecuencias insospechadas en al estructura nacional a partir del avance de bandas internacionales de narcotraficantes, que lamentablemente, logran participación en niveles policiales y sectores donde la información para la lucha contra este mal es decisiva.

vulnerable Bolivia ante el poder de las mafias. insoslayable problema que afrontar. L.T. refiriéndose a cárteles colombianos

El arresto en Panamá, el pasado jueves, de un general de la Policía boliviana que hasta hace no mucho era el máximo responsable de la lucha contras las drogas ha vuelto a poner en evidencia cuán vulnerable es nuestro país, como todos los del mundo actual, al poder de las mafias ligadas al negocio de las drogas y cuán equivocada resulta la tentación de soslayar el problema y sobreestimar las propias fuerzas para hacerle frente.

El caso ha adquirido ribetes de escándalo internacional por el lugar que el involucrado ocupaba en la institución encargada de luchar contra el narcotráfico en nuestro país, pero ese detalle no lo hace novedoso. Lejos de ello, durante los últimos tiempos han sido abundantes los indicios que permitían sospechar que nuestro país y sus instituciones son mucho más vulnerables al poder corruptor del narcotráfico de lo que se quiere creer.

Cabe recordar al respecto que hace algunos meses el presidente Evo Morales, ante la sucesión de casos escandalosos que salían a luz, se declaró asombrado y alarmado por la debilidad de su propio Gobierno y del Estado en general ante el poder del narcotráfico. Reconoció que su Gobierno fue “perforado” por las mafias del narcotráfico y que éstas tenían más influencia que dicho Gobierno sobre importantes instituciones estatales, entre las que mencionó la Policía, la Fiscalía y otras instancias judiciales.

Lamentablemente, tal reconocimiento, hecho ya hace casi un año, no llegó acompañado de un plan de acción proporcional a la magnitud del desafío. Por el contrario, lo que se impuso fue la tendencia a minimizar el problema aferrándose a una pésima combinación entre un discurso antiestadounidense, una supuesta eficiencia autóctona en la lucha contra las drogas y una franca e indisimulada condescendencia con miembros del entorno oficialista sorprendidos en actividades delictivas.

En nada contribuyó a evitar el constante agravamiento del problema la decisión de expulsar de nuestro país a la DEA (Drug Enforcement Administration) por su supuesta injerencia en asuntos de política interna, pues, a pesar del justificado descrédito que pesa sobre esa institución estadounidense, al prescindir de ella sin contar con una opción alternativa lo único que se logró fue poner a nuestro país en una situación más vulnerable que en la que siempre estuvo.

No se puede dejar de tomar en cuenta, además, que la principal base de sustento social, económico y político del Movimiento Al Socialismo y todo el proyecto político que encarna ha sido desde su origen, y sigue siendo, precisamente el que le dan las principales organizaciones de los productores de coca de nuestro país. Un vínculo que no es inocuo pues resulta muy difícil distinguir dónde empieza y dónde termina uno y otro eslabón de la cadena productiva que va de la producción de la hoja de coca a su transformación en cocaína.

Con esos antecedentes, no será nada fácil para el Gobierno, pero sobre todo para el Ministro del Interior, enfrentar esta embarazosa situación en la que, por acción u omisión, se ha puesto a sí mismo y ha puesto al país.