en su afán de decir algo Evo vuelve a acusar a EEUU por pagar a jueces y fiscales de proteger al narcotráfico. como siempre sus acusaciones sin base

El presidente, Evo Morales, convocó ayer a las Fuerzas Armadas (FFAA) a preparar una estrategia de lucha contra el narcotráfico para nacionalizar el combate a este delito.
Durante los actos por el 181 aniversario del Comando en Jefe de las FFAA, Morales manifestó que los militares deben participar en esas tareas y “preparar una estrategia de lucha contra el narcotráfico para velar por la soberanía nacional contra intereses extranjeros, principalmente de Estados Unidos”, afirmó.

Morales dijo que las muertes ocurridas en la localidad de San Ramón, donde grupos de narcos protagonizaron un enfrentamiento, muestran que es necesario que el país adopte acciones para erradicar este delito.

Recordó que uno de los implicados en dicha matanza, William Rosales, que fue secuestrado por otro grupo de narcotraficantes, arrastraba procesos por este delito desde hace varios años, pero que éstos no progresaron debido a que jueces y fiscales lo liberaron tras fijarle el pago de fianzas. “Lo sorprendente es que esos fiscales y jueces recibían pagos de Estados Unidos, lo que muestra que ese país, lejos de contribuir a luchar y sancionar a este delito, al parecer busca fomentarlo y protegerlo”, anotó.

En su discurso de ayer Morales dijo también que está convencido de que el origen de la producción de droga es el mercado y la demanda existente en naciones, por lo que las llamó a asumir su responsabilidad y bajar el consumo. Asimismo, recordó que en 1952 Estados Unidos y Colombia suscribieron un convenio para luchar contra el narcotráfico, pero que Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína.
Según él, en 2009 Estados Unidos invirtió en Colombia $us 469 millones en la lucha antidrogas, mientras que en Bolivia sólo desembolsó $us 24 millones. Indicó que los mayores golpes asestados al narcotráfico se han dado después de la salida de la DEA de Bolivia, en 2008. “Todo hace sospechar que EEUU, lejos de cooperar en la lucha contra el narcotráfico, incentiva y protege este delito como un mecanismo de control hacia países afectados por la producción de drogas”, indicó.

La declaración del presidente se produjo un día antes de que el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, realice una primera visita oficial a La Paz enmarcada en gestiones para recomponer las deterioradas relaciones bilaterales.
Ayer, Morales dijo también que estaba sorprendido por el gran tamaño del narcotráfico en Bolivia. “No creía que era tan grande, no pensaba que tenía tal poder económico (...), siento que infiltra a los poderes, a las estructuras de Estados, no sólo en Bolivia sino en todo el mundo”, confesó.
Roque Leaños, que fue apuntado por Morales de ser uno de los jueces que recibe sueldo de Estados Unidos, dijo que el presidente está mal informado y que debe presentar pruebas de lo dicho.

Hablan algunos actores de la justicia

Presidente de la Corte
Sueldos del tesoro judicial
“No tengo conocimiento de que los magistrados del Poder Judicial reciban sueldos extras, pero sí lo hacemos del Tesoro Judicial. Por otra parte, tampoco existen jueces antidrogas o de sustancias controladas, esa figura se eliminó en 2001, cuando se puso en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Ahora los jueces de sentencia atienden todo tipo de casos, ya sea de narcotráfico o delitos comunes. Al parecer, el Presidente está mal informado”, dijo Adhemar Fernández.

Fiscalía antidroga
La NAS pagaba un bono
Un fiscal de Sustancias Controladas, que pidió guardar su identidad, informó de que efectivamente recibían un bono de incentivo a su labor de Bs 3.790 de parte de la División de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS por sus siglas en inglés), pero que hace unos cinco meses ya no les llega. El pago de dicho monto es realizado mediante la firma de un convenio de cooperación entre la agencia estadounidense y la Fiscalía General de la nación.

Fiscal de la UVE
La NAS apoya con material
“Nosotras las fiscales de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) no recibimos el bono que la NAS da a los fiscales de Sustancias Controladas, pero dicha agencia estadounidense coopera a nuestra institución con material logístico, como computadoras, papelería, tinta y combustible para movilizarnos con el fin de investigar los múltiples casos de violación y trata de seres humanos contra menores”, señaló Francisca Rivero, coordinadora de la Fiscalía de la UVE.(copiado de El Deber de S.C.)

digan los lectores si no será grave, muy grave lo que pasa en Bolivia, mientras Evo vuela. alzamiento armado y prepotencia. todos les temen policías..

Policía, 27 May (Erbol).- El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Orlando Ávila, advirtió que los cuatro efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) Oruro fueron linchados por un grupo de comunarios de Uncía en venganza por los recientes descubrimientos de fábricas de cocaína en la región del macabro crimen.

“El municipio de Uncía ahora se constituye en una zona sin ley, entonces allá seguramente se hará todo lo ilícito, esto que pasó fue en venganza porque en el lugar se incineraron varias fábricas de cocaína”, manifestó Ávila, en declaraciones a la radio Aclo de la Red Erbol.

Argumentó que Uncía quedó como una zona sin ley debido a que por razones de seguridad ya replegaron todos los efectivos policiales destinados a ese municipio del norte potosino, donde aún se encuentran los cuerpos de los cuatro efectivos linchados el pasado domingo.

“Ayer, en el cabildo abierto de los cinco ayllus de Uncía, han decidido que no van a permitir el ingreso de ninguna autoridad sea delMinisterio Público o de la Policía (al lugar del crimen) a hacer la investigación correspondiente y si los policías fueran los van a linchar (como a los otros cuatro efectivos) en el acto de indagaciones aplicando la justicia comunitaria”, aseveró el jefe policial.

Confirmó que los ayllus también determinaron que no devolverán los cuerpos de los policías linchados.

“Han indicado que no devolverán los cuerpos de los asesinados, ellos tienen pues un juramento de voto silencio, entonces nadie quiere hablar absolutamente nada al respeto y no sabemos con exactitud dónde están los cadáveres”, afirmó.

Aseguró que la comunidad (Saca Saca), donde habrían sido ejecutados los efectivos, y todas las zonas aledañas del municipio están resguardadas por una gran cantidad de comunarios armados.

“Toda la zona, donde sabemos que los policías han sido emboscados, agarrados, torturados y linchados, está protegida por mucha gente que tienen pues armamento bélico, como máuser y otro tipo de armas”, puntualizó.

según la crónica que sigue poco hizo la Policía para dar con el denunciado oficial. habría sido la familia de William Rosales que dió con su paradero

Berthy Vaca Justiniano

Con talante carialegre se lo vio bajar ayer de una avioneta al ex capitán Orlando Araujo Becerra, en el aeropuerto El Trompillo, luego de llegar de Puerto Suárez tras su captura el sábado en la frontera con Brasil, de donde fue trasladado a la ciudad capital en medio de estrictas medidas de seguridad para garantizar su integridad física, puesto que es considerado la ‘pieza clave’ para aclarar el secuestro del presunto narcotraficante Willam Rosales Suárez y de la muerte de seis de sus guardaespaldas, el 14 de este mes en inmediaciones de San Ramón, a manos de una banda de sicarios supuestamente liderada por él .

La noticia sobre el arresto del ex oficial movilizó a la Policía a escala nacional, pues su Alto Mando coordinó con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para desplazar una nave hasta Puerto Suárez exclusivamente para traerlo de manera segura, puesto que por tierra se temía una posible operación de rescate en el largo trayecto, de 642 kilómetros, entre la localidad fronteriza y la capital oriental. En horas de la tarde, en el aeropuerto porteño se montó un fuerte dispositivo de control hasta que partió la aeronave, que se posó en El Trompillo a las 17:00, y se detuvo en el hangar de los Diablos Rojos, donde lo esperaba una cuadrilla de agentes especiales que lo subió a un automóvil con vidrios oscuros y lo trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), escoltado por tres motorizados que ingresaron raudamente a la unidad policial, sin dar opción de hacer imágenes a los medios de comunicación.

Se especuló con varias hipótesis sobre la aprehensión del ex agente de Inteligencia. Una versión indica que policías de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umpar) lo detuvieron en un control en la localidad fronteriza de Arroyo Concepción, a 17 kilómetros de Puerto Suárez, mientras que otra fuente afirma que la Policía brasileña lo atrapó en Corumbá, aproximadamente a las 23:00, y lo entregó a Umopar.

El comandante departamental de la Policía, Humberto Echalar, no despejó las dudas, pues en una improvisada conferencia de prensa, en la Felcc, se limitó a decir: “El ex capitán Araujo ha sido detenido en Puerto Suárez. Para nosotros es un sospechoso más del caso. Acaba de llegar y se inician las investigaciones. No hay más detalles”.

En cambio, Félix Molina, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue más contundente y afirmó que Araujo era un mercenario y cabecilla de una banda de volteadores y sicarios formada por policías y civiles, que cerca del mediodía del viernes 14 emboscó a Rosales y a sus esbirros en inmediaciones del río Quíser, donde maniató y acribilló a balazos a los serbios Pedrag Sertfko, Sasa Turcinovic y Bojan Bakula, además de los bolivianos Mauricio Méndez Santistevan, Rafael Douglas Cuéllar Loras y a Diego Guardia Vía (policía).

“Es confirmado que el ex capitán es un mercenario que ha actuado para bandas de narcotraficantes. El abogado de la familia Rosales, que antes defendió al ex capitán en otro caso cuya relación desconozco, me confirmó que este ex oficial andaba en cosas ilegales. Por otra parte, los sobrevivientes lo han reconocido plenamente”, manifestó Molina, en un contacto telefónico con EL DEBER.
Sobre el teniente Dagner Paz, recluido en Palmasola por orden judicial, acusado de ser miembro de la banda presuntamente comandada por Araujo, el máximo jefe de la fuerza antidrogas indicó que tenía conocimiento de que estaba en malandanzas, pero no sabía sobre su implicación en el presente caso. “Él niega la acusación, pero yo no le creo. Es más, no dudo que haya estado implicado. Además, los sobrevivientes lo han sindicado”, subrayó la autoridad.

La captura de Araujo causó beneplácito en la familia del desaparecido Rosales. La esposa se encontraba ayer en la Felcc cuando recibió la noticia de parte de su abogado, Denver Pedraza. “Gracias a Dios lo agarraron al desgraciado ese, que secuestró a mi marido”, dijo la mujer, natural de Brasil.

Pedraza, por su parte, manifestó que tratará de conversar de manera amistosa con Araujo, que alguna vez fue su cliente, con el fin de saber del paradero de Rosales. “Nosotros teníamos información hace tres días de que Araujo se encontraba en Corumbá, en aprestos para irse a Paraguay, y alertamos a la Policía Federal”, declaró Pedraza.
Willam tiene el antecedente de haber sido sentenciado a 10 años de prisión en Cochabamba por tráfico de drogas, en 1996, condena que no cumplió. Asimismo, en 2008 se le confiscó bienes valorados en varios millones de dólares.

irrefutable la denuncia de El Mercurio sobre un delincuente belga condenado a prisión que ahora asesora a Evo. inaudito!

El diario chileno, El Mercurio, en su edición del día jueves 20 de mayo de 2010 menciona al ciudadano belga Guillermo Roelants, quien fue sentenciado a prisión en 2003, acusado de tráfico de químicos y que hoy tiene un ‘cargo honorífico’ en el Gobierno de Evo Morales.
El operativo en Chile, descrito por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como “de grandes proporciones en el ámbito de las investigaciones asociadas al narcotráfico del Cono Sur”, no logró consolidar su meta de desbaratar la planta de ácido bórico boliviana que, según autoridades de ambos países, fue una “pantalla” que de 1995 a 1999 desvió 3.244 toneladas de ácido sulfúrico a producir cocaína en el Chapare.
El ácido sulfúrico es un insumo necesario para convertir el mineral de ulexita en ácido bórico, pero también es un elemento indispensable para elaborar clorhidrato de cocaína.
La planta construida por la empresa Tierra S.A. en la localidad de Apacheta, a pocos metros de la frontera chilena, ya no está intervenida por la justicia boliviana y se encuentra en plena operación.
Su propiedad y la administración volvieron a manos del físico nuclear belga Guillermo Roelants du Vivier, el mismo que el 28 de julio de 2003 fuera condenado a 12 años de cárcel por el Juzgado 1ro de Sustancias Controladas de Bolivia por tráfico de químicos, cohecho activo y asociación delictuosa, en un fallo que en Chile el CDE lo calificó como “histórico”.
Hoy, Roelants du Vivier está lejos de ser perseguido por la justicia de su país. El gobierno del presidente Evo Morales lo designó como uno de los cerebros que le ayudarán a definir la mejor estrategia para explotar el litio y otros recursos mineros cristalizados en los salares del altiplano.
“No soy funcionario público ni recibo sueldo, pero por mi trayectoria y mi aporte técnico y científico fui solicitado para este cargo, que es honorífico”, explicó Roelants a “El Mercurio”.
Ese cargo es el de secretario general del Comité Científico de Investigación para industrializar los Recursos Evaporíticos, según confirmó el Ministerio de Minería de Bolivia.
El CDE, que sigue definiéndolo en su página web como “el principal inculpado de una organización criminal binacional”, declinó comentar la nueva figuración de Roelants como personalidad científica.
El abogado Juan Ramón Zúñiga, que defiende en Chile al socio argentino del belga, Abel Alberto, asegura que el CDE intentó sin éxito someterlo a proceso en la contraparte chilena del caso, que hasta hoy sustancia sin arribar a ningún fallo el 17mo Juzgado de Santiago.
La operación “Frontera 2000” terminó con un total de doce detenidos. La Felcn nunca incautó ni un kilo de ácido sulfúrico en tránsito hacia las regiones productoras de cocaína, pero la acusación se fundaba en los “excedentes” de este producto químico que Roelants importaba desde Chile en relación a la capacidad de su planta de ácido.
Su defensora, Audalia Zurita, dijo que pericias en terreno efectuadas ante los jueces ratificaron que la proporción de ácido sulfúrico necesaria era la que la empresa del belga siempre declaró. Pero la fiscal acusadora María Luisa Torres dijo que antes que terminara el proceso ella fue sacada del caso y su equipo investigador fue desarticulado. /MAURICIO SILVA, EL MERCURIO, chileEl fallo dictado en Bolivia salvó a RoelantsLa clave de lo ocurrido en Bolivia está en un fallo que dictó el 26 de agosto de 2003 el Tribunal Constitucional de ese país, señalando que el proceso contra Roelants le había vulnerado un derecho fundamental, el “non bis íbidem”: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Ello ocurrió porque mientras el tribunal de La Paz lo condenaba por desvío, un juez de Potosí lo castigaba por contrabando y tráfico de influencias, ya que parte del ácido sulfúrico ingresaba irregularmente hacia territorio boliviano.
La suerte hasta entonces adversa de Roelants comenzó a cambiar debido al contexto en que ocurrió el fallo de la alta corte de Bolivia, que ordenó aunar los dos procesos en ese país en una sola causa que se retrotrajo a la etapa de pruebas.
Tal como Chile, Bolivia experimentaba la modernización de su sistema judicial y la ley que creaba el nuevo sistema penal daba tres años de plazo para resolver los casos pendientes del sistema antiguo.
La causa contra Roelants legalmente se extinguió antes de que pudiera volverse a examinar el mérito de los antecedentes, y con ello toda su eventual responsabilidad penal sobre el caso que pendía en su persona.el ácido bóricoTemor • El paso fronterizo de Apacheta, vecino a la planta, que había caído a una actividad cero tras el operativo, vuelve a registrar un intenso envío de ácido bórico y otros derivados del boro a Antofagasta, coincidente con la creciente exportación de ácido sulfúrico desde este puerto chileno, según cifras oficiales de ambos países, pese a los resquemores del CDE y de la Felcn, que aseguraban que en el pasado ello posibilitó el “enorme desvío” de químicos al narcotráfico.

en forma directa La Razón se refiere al lacerante problema del narcotráfico hoy. ojalá sea leído el mensaje que contiene. qué hacen las FFAA?

William Rosales Suárez lleva una semana secuestrado, aparentemente, por una banda de narcotraficantes de Colombia que lo tendría en Paraguay. Su oscura historia da la vuelta al mundo y Bolivia aparece involucrada porque el rapto de éste que sería un ‘pez gordo’ del narcotráfico se produjo en San Ramón, departamento de Santa Cruz. ¿Qué pasa en San Ramón? Lo mismo que en muchas poblaciones fronterizas: se ha convertido en refugio de delincuentes.

El Estado, a través de escuálidas instituciones, somete a los habitantes de estos lugares a una lacerante orfandad; así, la ley brilla por su ausencia y el libertinaje se multiplica. Y cuando la droga ocupa un territorio —como San Ramón— difícilmente lo deja.

Las investigaciones del caso Rosales apuntan a la existencia de mafias que pugnan por el control territorial del narcotráfico. ¿Esto sorprende a alguien?, ¿el Gobierno no lo sabía? ¿Y sus antecesores? En los 80, durante la dictadura de Luis García Meza, no sólo lo sabían sino que lo socapaban, y hasta participaban del negocio. ¿A ese punto queremos llegar? Que efectivos policiales estarían involucrados… tampoco es novedad.

Si el problema ha vuelto a la palestra, sirve como recordatorio: el narcotráfico nunca estuvo controlado; simplemente, operaba en silencio, movía billetes grandes y, con una parte de éstos, compraba conciencias. Así actuó siempre, así actúa hasta hoy. ¿Cuántos ‘peces gordos’ cayeron en los últimos años?

La violencia es, por otro lado, parte indisoluble del narcotráfico. Seis muertos se ha cobrado la matanza de San Ramón, un ajuste de cuentas. Y, por los reportajes periodísticos del pasado lustro, cuántos más habrán dejado sus vidas en los montes sin que nadie se enterara.

El narcotráfico campea y no sólo en las fronteras. Lo de San Ramón es una muestra de la atomización de esta actividad ilícita en el país.

Una fuente relacionada con el caso Rosales confió hace poco a La Razón que lo ocurrido era sólo “la punta del ovillo”. Con urgencia, el Gobierno debe replantear ya su política de lucha contra el narcotráfico. Está visto que el actual enfoque de control de la producción de coca (siendo juez y parte) e industrialización (que nunca termina de despegar), es insuficiente. Hace falta más compromiso, fortalecimiento institucional y mejor coordinación para el combate de la droga y sus nexos nacionales e internacionales.

la crónica de La Prensa, con relación al sangriento crimen de tres serbios y tres bolivianos y la implicación narcotraficantes es Valiente. Es ùnica.

L os “peces gordos” del narcotráfico gozan de cobertura policial, como se demostró en el enfrentamiento entre integrantes de dos organizaciones rivales en San Ramón el viernes anterior, mientras el presidente en funciones, Álvaro García Linera, anuncia que se reforzará la presencia militar en la interdicción a esta actividad ilícita.

En San Ramón, presuntos policías interceptaron a William Rosales Suárez, uno de los principales “narcos” que operan en el país y actualmente desaparecido, cuya escolta estaba compuesta por tres guardaespaldas profesionales serbios y Diego Guardia Vía, cabo de la Policía, quienes fueron asesinados.

En el otro bando, el teniente Dagner Paz, oficial activo de la institución, fue identificado como uno de los agresores y fue imputado de asesinato.

Entre los 70 y principios de los 90, en el país operaron “peces gordos” del narcotráfico, como Roberto Suárez Gómez; Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”; Luis Amado Pacheco, alias “Barbaschocas”, e Isaac Chavarría, alias “Oso”.

La familia Rosales se querelló ayer por los delitos de asesinato y privación de libertad contra Paz, el ex capitán Orlando Araujo y al menos otros dos policías no identificados plenamente.

El abogado de los Rosales, Denver Pedraza, informó ayer que esa demanda se amplió contra otros oficiales en servicio activo, entre quienes mencionó a un capitán Rioja y a un efectivo de inteligencia conocido como “Masaco”.

La Fiscalía cruceña imputó ayer a Dagner Paz del supuesto delito de asesinato, después de que fuera identificado como uno de los agresores del grupo en el que Rosales Suárez se trasladaba hacia Ascensión de Guarayos el viernes. El presunto jefe narcotraficante se dirigía a esa región para saber si era cierta una información en torno a que un clan rival ofreció un millón de dólares para quien lo atrape.

Paz fue sometido a la prueba del guantelete, que determinó que disparó recientemente con la mano izquierda, en tanto que los peritajes, a decir de Pedraza, demostraron que fueron hechos por una persona zurda. Hoy se cumplirá la audiencia cautelar.

Participación militar

Por la tarde, en la clausura de la reunión de comandantes de grandes y pequeñas unidades de la Armada Boliviana, García Linera recibió el pedido de esa fuerza sobre fortalecer los puestos adelantados, crear nuevas unidades navales y de mayor apoyo logístico.

Según la agencia gubernamental ABI, el Jefe del Estado en funciones saludó “esa mirada estratégica, lúcida”, pues la amazonia boliviana es un territorio “feudalizado por los terratenientes, por familias, y amparado con la presencia del narcotráfico, el contrabando, tala de árboles, deforestación, la explotación ilegal de piedras, minerales, depredación de la fauna”, males contra los que las Fuerzas Armadas deben intervenir.

“La locomotora de la Constitución y las leyes son las Fuerzas Armadas, para la mayor presencia territorial y acabar con microejércitos de narcotraficantes y mercenarios que hubo y que están comenzando a reforzarse”.

Según la mencionada agencia, “la existencia de feudales, de redes pequeñas o medianas del narcotráfico y de sicarios en territorio ponen en riesgo la integridad territorial y la unidad patria, hechos que no deben ser permitidos, por ello tenemos que desplazar la presencia militar, que es la vanguardia de la presencia estatal”.

Un despacho de la agencia española Efe da cuenta de que los serbios asesinados el viernes en San Ramón eran guardaespaldas contratados por Rosales Suárez por recomendación de un narcotraficante de esa nacionalidad.

Ese reporte cita una publicación del diario Novosti, de Belgrado, Serbia, que confirma la identidad de los vigilantes privados como Bojan Bakula (28), Sasa Turcinovic (49), ambos de la ciudad noroccidental serbia de Ruma, donde tenían una agencia para protección de personas e instalaciones, y Predrag Cankovic (37), un serbio de Bosnia.

Cankovic participó en la guerra bosnia (1992-1995) y en la de Kosovo (1998-1999), y Turcinovic también estuvo en el conflicto kosovar como miembro de una unidad especial de la Policía.

Novosti informa que los ex combatientes de las guerras de los Balcanes son “los más buscados en el mundo” para trabajos de protección de personas.

A su turno, el diario Press, de esa nación centroeuropea, da cuenta de que cada sicario puede cobrar entre 10.000 y 30.000 dólares mensuales por realizar esa actividad de vigilancia.

El clan Rosales

Pedraza informó a La Prensa que William Rosales Suárez tenía unos 15 años en 1993, cuando fue detenido por delitos previstos por la Ley 1008.

Tres años más tarde, fue condenado a 10 años de reclusión, que debió cumplir en el penal de El Abra, en Cochabamba, pero el condenado se benefició con la fianza juratoria, fugó y prescribió la sentencia.

El 13 de junio de 2008, los hermanos Ruan, Johnny y Ronny Rosales Ágreda, sus esposas y la hija de uno de ellos fueron aprehendidos en Santa Cruz.

La FELCN se incautó de 12 viviendas, 12 vehículos, dos avionetas, armas de fuego y sistemas de comunicación satelital y teléfonos celulares, valuados en unos siete millones de dólares.

Un mes después, Rosales Suárez fue sorprendido por el grupo Delta en la intersección de la avenida Paurito y el segundo anillo cuando conducía una vagoneta Toyota Land Cruiser de nuevo modelo, valuada en 95.000 dólares.

Los uniformados encontraron en el interior del vehículo una ametralladora y una pistola de calibre nueve milímetros.

Fue condenado nuevamente a 10 años, pero, según Pedraza, una serie de argumentos legales impidieron la ejecución de la sentencia.

En diciembre de 2008, el juez cruceño Roque Leaños dispuso la liberación de los hermanos Rosales Ágreda y sus esposas, además de la devolución de los costosos bienes incautados.

Leaños fue el juez que ordenó la reclusión preventiva de las seis personas en el penal de Palmasola, pero después consideró que esa causa prescribió.

Para destacar

Desde el viernes anterior, el jefe narcotraficante William Rosales Suárez permanece desaparecido.

Por quinto día consecutivo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) guardó silencio sobre el tema.

La organización rival del clan Rosales está compuesta por paraguayos y, presumiblemente, brasileños.

William Rosales Suárez opera, aparentemente, en coordinación con traficantes de droga colombianos.

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La Razón ofrece un sumario profesional y completo sobre el tema del último suceso entre grupos de narcotraficantes. capítulo inconcluso del drama

El secuestrado William Rosales Suárez formaba parte del clan “Rosales”, que fue vinculado al narcotráfico desde hace más de 16 años. La hermana del plagiado demandó ayer la libertad de la víctima y amenazó con revelar los secretos del clan.Una fuente vinculada a la investigación recordó que el clan “Rosales” estuvo relacionado con la actividad ilícita del narcotráfico desde hace más de una década y que, incluso, algunos de sus líderes estuvieron en la cárcel.Los hermanos Robin, Ruan y Johnny Rosales Ágreda fueron acusados por el delito de narcotráfico en 1994. El 2008, un operativo antidroga logró su detención, pero el juez Roque Leaño los liberó porque el delito por el que se los acusaba había prescrito.En ese entonces se los buscaba por lavado de dinero. Una indagación de la fuerza antidroga mostró que tenían entre bienes inmuebles y vehículos más de cinco millones de dólares producto del narcotráfico. Se secuestró sus bienes, pero poco después la justicia se los devolvió porque se arguyó que los adquirieron tras el proceso por narcotráfico.

William Rosales también tiene antecedentes penales. Tiene en Cochabamba una sentencia de 10 años de cárcel por narcotráfico y, pese a ser detenido en Santa Cruz, no purgó su condena porque fue puesto en libertad por motivos aún desconocidos.“Este es un clan familiar que opera desde hace más de 10 años. El secuestrado es uno de los menores del clan. Por lo que se ve hasta ahora, tenía mucho poder”, informó una fuente policial.Un operativo delictivo ejecutado por colombianos el viernes en San Ramón acabó con el secuestro de Rosales Suárez y la muerte de seis de sus guardaespaldas, entre bolivianos y serbios; estos últimos contratados unos días antes.Hasta el momento no se conoce el paradero de la víctima, que se presume lideraba una banda de narcotraficantes paraguayos que habría revelado a la Policía la ubicación de un megalaboratorio de cocaína que estaba por operar en San Ignacio de Velasco, bajo órdenes de colombianos.Los narcos colombianos habrían ofrecido un millón de dólares en Paraguay por la captura y entrega de Rosales Suárez. Aunque tampoco se descartó que gente del mismo clan haya armado el operativo de secuestro y posible asesinato del secuestrado, según otra fuente de la indagación.Sonia, hermana del narco plagiado, estuvo ayer en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz para exigir que se dé con el paradero de su hermano. En la mañana advirtió que si no se liberaba a su familiar, revelaría datos sobre los vinculados al narcotráfico.

“Yo voy a desenmascarar todo a su debido tiempo. Yo quiero que mi hermano aparezca vivo o muerto, porque yo sé todas las cosas; mi hermano a mí me contó de la gente de su alrededor”, sostuvo, mientras que en la tarde se limitó a señalar que “estaba confundida” cuando se le pidió mayores detalles de su amenaza.Otra fuente de la pesquisa sostuvo que los grupos que operaron el viernes son “organizaciones criminales que se juegan intereses como el control de espacios de poder en esta actividad”.

“Nosotros no vamos a renunciar a la investigación, llegaremos hasta el fondo, toque a quien toque la investigación.Lo ocurrido hasta ahora sólo es la punta del ovillo”, anticipó la fuente que participa en la indagación.Otra fuente policial indicó que se activó contactos con Paraguay y Colombia para tratar de establecer nexos del clan de narcotraficantes que opera en el país.

El testigo clave es bolivianoJuan Carlos Maraz, quien sobrevivió a tres impactos de bala, es boliviano y no colombiano, como se informó inicialmente. Este ciudadano estuvo en la balacera del viernes y llevó el cuerpo de sus seis compañeros muertos hasta un retén policial. Se encuentra internado en el Hospital Japonés y se constituye en el “testigo clave” de la Fiscalía en la investigación.

Bienes por más de $us 5 millonesEn junio del 2008, el operativo “Diamante Blanco” detuvo a los hermanos Rosales con un patrimonio en bienes y vehículos superior a los cinco millones de dólares. El operativo fue el resultado de una investigación de más de cinco meses. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró 12 viviendas de lujo, 12 vehículos, entre ellos dos camiones, nueve armas de fuego de diferente calibre, equipos de comunicación satelital, celulares y equipos de comunicación interdepartamental.Además, se confiscó dos avionetas monomotor. El conjunto de bienes llegó a superar los cinco millones de dólares, que fueron devueltos a sus dueños por el juez Roque Leaños bajo el argumento de que fueron adquiridos después de una investigación y acusación por narcotráfico que prescribió contra los hermanos Robin, Ruan y Johnny Rosales.William Rosales, hoy secuestrado, fue detenido el 2008 con un vehículo valuado en más de 95 mil dólares.

Temen por la vida del ex capitán AraujoLa vida del ex capitán de policía Orlando Araujo corre peligro, porque fue uno de los identificados en el operativo criminal y secuestro de William Rosales. De ser detenido, podría constituirse en un testigo clave para esclarecer este caso, afirmó el abogado de la familia Rosales, Denver Pedraza.“Si ha sido contratado por alguien para cometer ese hecho de sangre, seguro que no quieren que hable y, si no aparece, tememos que vayan a matarlo para que no diga nada”, advirtió el abogado.El colombiano Jahir Repizo Rengifo identificó a Araujo como a uno de los miembros del grupo que interceptó, mató a seis personas y secuestró a Rosales. Incluso reveló que el plagiado lo reconoció antes de ejecutarse el operativo.“Araujo corre serio peligro, por la misma gente que lo contrató, o sea pueden intentar acabar con la vida del capitán”, insistió el abogado.La Policía busca, precisamente, al ex capitán y a otros uniformados involucrados en este caso.

Pedraza sostiene que no existe una causal de ajuste de cuentas en el secuestro de Rosales, pero considera que existen otros móviles.“No creo que hayan mandado a matarlo por ajuste de cuentas. Lo que pasa es que muchas personas, entre ellos colombianos, que estaban tras de él, le tenían miedo, le tenían mucho respeto a William Rosales”, sostiene.Pedraza, no obstante, reconoce que existió intención de acabar con la vida de Rosales Suárez. No se conoce la situación del secuestrado, aunque el viernes los plagiadores se habrían comunicado con la familia para advertirle que no reclamen por el narcotraficante.Narcos colombianos habrían ofrecido un millón de dólares por la captura y entrega de Rosales.