cocaleros de Yungas saben lo que quieren "Evo sabe que mastican coca yungueña los mismos del Chapare, y Evo sabe que esa cosa es para cocaína" sin embargo la legalizan! qué es esto? Arias Durán pone el dedo en la llaga con la cuestión grave.

Los yungueños y la ¿ley maldita?

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Iván Arias Duran

Uno vuelve a los Yungas después de 11 años y comprueba que efectivamente creció, pero no se desarrolló. Yungas es la mejor muestra de lo que pasó en estos 11 años en todo el país. Una economía, como ocurrió en Bolivia y Yungas, puede crecer, lo que se mide por los aumentos en el PBI, pero no desarrollar; es decir, aumentar la calidad de vida y oportunidades de la población.

En ese contexto, la aprobación de la (906) Ley General de la Coca es el último sablazo a una economía en depresión como es la yungueña.

Primero, la norma es inconstitucional porque la CPE aprobada en 2009, en su artículo 384 dice que “el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia”. En la Asamblea Constituyente (2007) los chapareños querían poner que la defensa sea de la coca andina-amazónica y tradicional. Los cocaleros de Yungas se impusieron y dejaron sólo bajo protección del Estado la coca ancestral-originaria que no es la del trópico chapareño. Sin decirlo, la CPE recupera espíritu de la denostada Ley 1008 de 1988, que en sus artículos 9 y 10 establecía que las zonas de producción legal comprendían las “provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba”.

Por ello, toda coca que no estuviera bajo el paraguas ancestral-originario era ilegal y debía ser erradicado bajo programas de compensación; para ello se definía que las zonas de erradicación eran “las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de Cochabamba”.

Segundo, la Ley 906 divide a la coca en zonas autorizadas y no autorizadas y en su artículo 16, violatorio de la CPE, establece que “las zonas autorizadas comprenden las zonas de producción originaria y ancestral, las zonas de producción originaria y ancestral con registro y catastro, y las zonas con registro y catastro.” Es decir, ahora, la coca ancestral y originaria no sólo estaría en Yungas, sino también en el trópico chapareño y otras regiones de La Paz.
Para colmo, la Ley 906 amplia las “zonas autorizadas en el departamento de La Paz a las Provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del municipio de La Asunta de la provincia Sud Yungas.” En este último caso, La Asunta es sacada de Sud Yungas y reconocida sólo en parte. En el caso de Cochabamba no se habla de la coca Yungas de Vandiola y reconoce la coca en las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco, que en la 1008 eran motivo de erradicación.

Tercero, pasándose por encima sus propios informes como el del “Estudio Integral de la demanda legal de coca en Bolivia” (2014), la actual Ley 902 define que exista una extensión de 22.000 hectáreas de coca en Bolivia, dividiendo 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba. Donde la coca debía ser erradicada a cero, donde la coca no cumple el precepto constitucional de ancestral-originaria, donde se invirtieron millones de dólares por compensación y donde el 94% de la producción se va al mercado ilegal, la Ley 906 los premia legalizándoles con 7.700 hectáreas.

En cambio en Nor y Sur Yungas, donde está la coca ancestral-originaria, legal, donde no han llegado inversiones de impacto, donde la diversificación económica ha sido estrangulada, se los castiga, pues, si bien, aparte de las 12.000 hectáreas que se reconocían con la ley 1008, les aumentan ahora a 14.300, las dos mil trescientas no van a Yungas, sino a nuevas provincias como Caranavi, Larecaja y Bautista Saavedra, donde la coca era ilegal.

Con todo esto, “cómo quiere el Gobierno que apoyemos esta ley maldita?” se preguntan miles de productores yungueños. “Evo se está vengando de lo que no pudo derrotarnos en la Asamblea Constituyente”, afirma Agustín Mamani, asesor en la Constituyente. “Como nunca el Gobierno ahora viene a ofrecernos de todo y a dividirnos para que aceptemos la ley maldita”. Pero, remata un joven dirigente: “Evo, buscará dividirnos pero jamás rendirnos”.

Durante el último mes hemos sido invitados a recorrer decenas de poblaciones de los Yungas y se nota un pueblo con bronca, aturdido porque “no pueden entender, cómo nuestro hermano, al que le hemos dado todo nuestro apoyo, nos pague con esta ley maldita”. Los yungueños dicen: “Evo sabe que los chapareños no usan su coca ni siquiera para pijchar, porque usan la yungueña. Sabe que la coca del Chapare va al narco pero la legaliza, ¿qué nos está diciendo con esto?”

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Santa Cruz no termina de asombrarse por el crimen en San Julián, un linchamiento de increíble brutalidad y cometido por una turba que no quiere abrir la boca, como sucede en estos casos de crimen "espontáneo e inmediato" las autoridad de Justicia, Fiscalía, Policia y otros bien gracias. no han podido levantar una sola diligencia, por el ingrediente de estar el narcotráfico metido en medio movimientos sociales y autoridades se mezclan con los narcos para darle "un alo de legitimidad".

Pocas veces se ha visto en el departamento de Santa Cruz un crimen como el cometido hace unos días en la localidad de San Julián, donde un hombre fue sometido a una suerte de “cabildo justiciero” y luego asesinado con saña frente a la multitud que aclamaba el macabro espectáculo. El hombre estuvo colgado durante una hora mientras agonizaba y luego fue quemado frente a todos, en castigo por ser el supuesto autor del asesinato de un estudiante en abril pasado.

 

Pese a que detrás del ajusticiamiento hubo una movilización ciudadana que manifestó su indignación frente a la muerte del joven  Wilson Gutiérrez, las autoridades policiales creen que lo de San Julián fue un acto de agitación pública encabezada por narcotraficantes que buscaban impedir el esclarecimiento de delitos relacionados con el comercio de cocaína. El comandante departamental cree que el hombre asesinado y otro individuo que recibió golpes en medio del tumulto, tienen antecedentes relacionados con las drogas y el verdadero móvil de todo es el ajuste de cuentas entre familias de narcos que se pelean por controlar esta región que se ha convertido en “zona roja”, de acuerdo a consideraciones de las fuerzas antinarcóticos.

 

La situación se agrava por la denuncia de los familiares del hombre asesinado, Yonny Pizarro, de 38 años, quienes han anunciado que se mudarán de San Julián debido a las amenazas de sujetos que tratan de ocultar los entretelones del linchamiento. En este caso, la Policía no sólo tiene que atrapar a los autores materiales, que aparecen en fotos y videos que se han difundido ampliamente, sino también a los instigadores, los narcos que al igual que en diferentes zonas del país y especialmente del norte cruceño, utilizan redes de motociclistas para el transporte y comercio de droga.

 

El linchamiento se ha vuelto una típica forma que usan los narcotraficantes para deshacerse de sus adversarios o de sujetos que les estorban y eso se puede comprobar en el Chapare, donde más casos de ajusticiamiento se producen en el país. La capacidad de movilización de los narcos y la alianza con autoridades locales y con movimientos sociales les permite agitar a las masas y apelar al ajusticiamiento, que suele ser confundido con la  justicia comunitaria, con cierto halo de legitimidad. El problema es que estamos frente a una forma que reemplaza a las bandas de sicarios que operan en otros países al servicio de los carteles y en este caso, ante el peligro de que se propague el “narcoterrorismo”.

 

El grave problema de los linchamientos del Chapare, el mayor centro de producción de droga, es que el grado de investigación y de esclarecimiento es casi nulo, no sólo por la complicidad de las “narcocomunidades” que viven del circuito coca-cocaína, sino por la indiferencia de las autoridades nacionales y de la justicia que hacen poco y nada para remediar esta situación de consecuencias peligrosas.

Estamos frente a una forma que reemplaza a las bandas de sicarios que operan en otros países al servicio de los carteles y en este caso, ante el peligro de que se propague el “narcoterrorismo”.

 

Jimmy se pregunta si de verdad queremos un pais de paz. es que hay violencia en 9 de cada 10 familias UNICEF desmiente el pacifismo del que Bolivia hace gala. somos el pueblo enfermo de Arguedas...qué está pasando, el odio del populismo está dando sus frutos? son preguntas que debemos responder...Aun-Ah Kom Suh, de Unicef en Bolivia responde: la forma de relacionarse de los adultos, las instituciones, la comunidad en su contacto con ninos y ninas...tienen este mecanismo de violencia como solución de sus conflictos... solo tendremos paz, cuando aprendamos a educarlos con amor y teniendo a Dios en nuestros corazones aunque conviviendo con brujos y hechiceros.

¿Queremos ser un país de paz?

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Jimmy Ortiz Saucedo


Noticia: Unicef lamenta violencia en 9 de cada 10 familias (El Deber 11-04-17).- No son solamente los casos de violencia sexual o los casos dramáticos que se ven en los medios. La representante en Bolivia habla de los gritos e insultos que se escuchan en los hogares.

Comentario: Esta es una de las más trágicas noticias que he escuchado en los últimos tiempos. Acostumbrado a escuchar las recurrentes malas noticias plurinacionales, nada me tenía preparado para una tan desconsoladora.

¿Esta noticia es un exagero? ¿Somos el Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas? ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿El odio que derramó en Bolivia el populismo, está dando sus frutos? ¿Las autoridades nacionales no sabían esto? Son preguntas que todos nos debiéramos hacer.

Dice la publicación: “Si miramos el tema de la violencia vemos que de los datos de la encuesta de demografía y salud, nueve de cada diez familias admiten haber vivido en medio de violencia, y con niños y niñas que han crecido en medio de ella. Los entrevistados advierten que en sus hogares se ejerció violencia por diferentes razones”, expresó la representante de Unicef en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, en una entrevista con EL DEBER.

Lo que queda claro en el tema, señala la representante, es que “son cosas que reproducen violencia. La forma de relacionarse de los adultos, de las instituciones, de la comunidad con los niños y niñas debe mejorar en términos de reorientar hacia una relación más de afecto, y no de violencia, como el mecanismo más inmediato para solucionar conflictos, para disciplinar a los niños o educarlos”.

Señaló que es preocupante, pero recalcó que el tema va desde el castigo disciplinario hasta la violencia extrema.

Unicef ha impulsado la propuesta de paternidad responsable que hace énfasis en “la relación afectiva, el pasar tiempo con los niños, el dialogar con ellos, mostrar afecto. La participación de la madre y el padre en lo que tiene que ver con el cuidado en la atención y el desarrollo de los pequeños”.

¿Cómo queremos tener una nación pacífica, si criamos a nuestros niños a palos y a gritos? ¿Cómo queremos tener una sociedad fraterna, si desde la cuna los niños experimentan la violencia? ¿Cómo es posible que en los propios hogares se estropea a los niños? ¿Cómo es posible que en un país mayoritariamente cristiano, el amor no sea la norma en los hogares? ¿Cómo es posible que las autoridades nacionales, llamadas por ley, no se dieron cuenta de esta barbaridad?

Las autoridades, las instituciones, los líderes y las familias, desdiéramos prestar más atención a estas cosas, que son las más importantes de la vida. Finalmente, construyendo al niño se construye la familia y la sociedad, no es un asunto menor.

Solo tendremos un país de paz, cuando aprendamos a educar con amor a nuestros niños y jóvenes. Y lo más importante de todo. debemos tener a Dios en nuestros corazones, mismo viviendo en un país laico, con brujos y hechiceros.

La familia, sociedad y la política, necesitan más de la Biblia que de Maquiavelo.

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crónica de La Tercera sobre la cocaína y otros en Bolivia. por lo visto los c.c.chilenos están preocupados y revisan vehículo tras vehículo para encontrar la droga. la crónica al parecer es indesmentible!

Aduanas: “En la frontera con Bolivia el contrabando se concentra en drogas”

La Tercera |

Ministerio Público registró 740 causas por este ilícito durante 2016 en la Región de Tarapacá. Alcalde de Colchane dijo que “el reforzamiento que hace Bolivia no nos afecta ni nos amedrenta”.

Una de las tareas que requiere de mayor concentración de recursos, por parte de las policías y el Servicio Nacional de Aduanas, en la zona fronteriza de la Región de Tarapacá, es el combate del contrabando. Situación que, según la autoridad, ha ido en aumento y ha significado que los organismos de seguridad y control deban ir modificando sus estrategias para enfrentar este ilícito.
“En la frontera norte, desde y hacia Bolivia, el contrabando se concentra en drogas, principalmente cocaína, pasta base y marihuana, y cigarrillos”, sostuvo Javier Uribe, subdirector nacional de fiscalización de Aduanas.
En la zona norte del país, Aduanas informó que ha decomisado 78 kilos de droga en los pasos de Colchane, en Iquique; Ollagüe, en Antofagasta, y Chungará, en Arica, lo que significa un 15% de incremento en relación al mismo período de 2016.
El funcionario agregó que las modalidades más recurrentes que han detectado para el ingreso de mercancías ilegales es, “en el caso de las drogas, personas que tragan ovoides o que adosan a su cuerpo mediante fajas u otros sistemas las sustancias, traslados en equipaje, en vehículos con doble fondo o los camiones con carga lícita contaminada”.
Por esta situación, Aduana está monitoreando constantemente en línea el comportamiento de nuevos mecanismos, mercancías y puntos fronterizos con más actividad de contrabando.
El alcalde de Colchane, Javier García, acusó que la comuna está estigmatizada por estos últimos hechos y que enfrenta los mismos inconvenientes que otras localidades fronterizas.
“Tenemos un intercambio comercial muy fuerte con Bolivia, especialmente con los pobladores de Pisiga Bolívar. De hecho, ejecutamos ferias y los habitantes de uno y otro país compran mercaderías. Todo se hace legalmente. Esa realidad es muy distinta de la que pinta Evo Morales”, enfatizó.
El edil contó que en los casos de contrabando que se registran en su comuna, la mayoría de los involucrados son extranjeros que buscan evadir impuestos en el país vecino. “El reforzamiento de la frontera que hará Bolivia no nos afecta ni nos amedrenta. Hemos ejecutado una intensa educación con los pobladores para evitar que pasen por sitios donde están las tropas de ese país y tengan problemas”, añadió.
Situación que también fue analizada en el país vecino, apuntando sus dardos directamente a Chile. “El 70% de la mercadería de contrabando ingresa por Chile”, sostuvo Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), según consignó el medio altiplánico Cambio.

Pasos fronterizos

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han centrado sus esfuerzos en inhabilitar el uso de pasos fronterizos ilegales.
“Se produce ingreso y salida de mercancías de manera ilegal en la frontera. A través de nuestro trabajo estamos modificando de manera constante las estrategias para combatirlo”, sostuvo el subprefecto rural fronterizo de Carabineros, Cristián Alarcón.
Problemática que también ha generado preocupación en el gobierno. Por eso el Ministerio del Interior dispuso el año pasado que se constituyera una mesa de trabajo en la macrozona norte del país (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), para hacer frente a este problema.
En dicha instancia, en la cual participan las policías, el Ministerio Público y el gobierno, una de las medidas concretas adoptadas fue la inhabilitación de 56 pasos ilegales: 22 en Arica, 21 en Antofagasta y 13 en Iquique.
El Ministerio Público de Tarapacá, en tanto, tiene registradas un total de 740 causas por contrabando durante todo 2016, cifra que durante este año llega a los 238 hechos.
En lo que va del año, Carabineros informó que ha detenido a 21 personas por este delito. Mientras que en 2016 la cifra se elevó a 24, y en 2015 fueron 21 los aprehendidos por la policía. En cuanto a las incautaciones de productos por parte de la policía uniformada, los cigarrillos concentran el mayor número, ya que los primeros meses del 2017 la cifra se eleva por sobre las 800 mil cajetillas.

para qué seguir mintiendo? sobre reservas de la moneda, del gas, de la electricidad si hoy resulta, ciertamente fácil comprobar cuándo y hasta dónde llegan las mentiras, lo vinculado a la Argentina, hemos "caído en verguenza" como explica Humberto Vacaflor

Ahora, la vergüenza

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Humberto Vacaflor Ganam

En cuestión de reservas, el gobierno no sabe mentir, aunque lo intenta con persistencia. Las reservas internacionales del Banco Central están virtualmente agotadas, pero las autoridades insisten en decir que son el “blindaje”.

No hay empresas especializadas en entrar a las bóvedas de los bancos para medir el verdadero nivel de las reservas y de esa manera el detalle queda en la nebulosa.

En cuanto a las reservas de gas natural es más difícil mentir, porque en este caso hay empresas especializadas en medirlas. La solución que ensayó el gobierno es no llamar a esas empresas para poder fingir que las reservas son suficientes.

Pero esta ficción, que podría ser eficaz para embaucar a un electorado poco avispado, no sirve para convencer a los responsables de gobiernos foráneos que necesitan saber si van a recibir o no el gas que necesitan, sobre todo cuando el invierno está mostrando su fría nariz.

El gobierno argentino sabe que Bolivia no cuenta con el gas suficiente. Y mandó a su embajador a decir que se cansó de esperar que YPFB presente su plan de exportaciones, por lo que anuncia que comprará gas procedente de Chile para atender el déficit que deje Bolivia.

Responder con paradas de gallo viejo, diciendo que Argentina es libre de comprar el gas donde le dé la gana es no haber entendido la jugada.

El contrato entre los dos países establece que si Bolivia no puede entregar los volúmenes convenidos, tiene que pagar por lo que no pueda enviar, más una multa de 15% de ese valor.

Argentina deberá pagar por el gas que traiga de Chile casi el doble de lo que paga a Bolivia. ¿Será ese el precio que debe pagar Bolivia por el gas que no vaya a enviar? Y a ello se sumaría el 15% convenido como multa.

Estas son las cifras. El gas natural se está agotando y los compromisos de exportación se mantienen altos: 30 millones m3/d para Brasil y 20 millones para Argentina, más 12 millones para el mercado boliviano.

De la electricidad que Bolivia quería vender a Argentina sería mejor ni hablar. El embajador dice que si Bolivia no puede cumplir con la entrega del gas comprometido, ¿cómo se puede comprometer a vender energía eléctrica que debe ser producida con gas?

Las otras exportaciones, las ilegales, van muy bien. Para muchos bolivianos no es un consuelo.

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Organismo de la ONU en contra de la Tortura llegará a Bolivia para visitar cárceles, cuarteles, estaciones de policías, centros correccionales habida cuenta que Bolivia firmó el Protocolo de la Convención contra la Tortura y Malos Tratos. 10 dias durará la visita que hará un informe con observaciones y recomendaciones sobre personas privadas de libertad.

El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) llevará a cabo una segunda visita a Bolivia del 2 al 11 de mayo para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas adoptadas para protegerlas de la tortura y los malos tratos.

La cita, según explica el organismo, también servirá para analizar el avance en la aplicación de las recomendaciones presentadas al país en su visita previa en 2010.

Entre los lugares que la delegación visitará se encuentran: prisiones, estaciones de policía, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes, cuarteles, así como otras instalaciones de detención ubicadas en varias regiones del país.

"Bolivia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2006. El objetivo de nuestra segunda visita es examinar qué medidas se han adoptado e identificar medidas ulteriores que el país deberá adoptar para la prevención eficaz de la tortura y los malos tratos, y de esta manera cumplir con sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo", afirmó Emilio Ginés Santidrián, jefe de la delegación.

Una vez concluida la visita, se presentará un informe confidencial con las observaciones y recomendaciones para la prevención de la tortura y malos tratos a las personas privadas de libertad.

Entre los representantes que arribarán al país están Emilio Ginés Santidrián (jefe de la delegación), Marija Definis-Gojanovic, María Dolores Gómez y Victor Zaharia.