Pocas veces se ha visto en el departamento de Santa Cruz un crimen como el cometido hace unos días en la localidad de San Julián, donde un hombre fue sometido a una suerte de “cabildo justiciero” y luego asesinado con saña frente a la multitud que aclamaba el macabro espectáculo. El hombre estuvo colgado durante una hora mientras agonizaba y luego fue quemado frente a todos, en castigo por ser el supuesto autor del asesinato de un estudiante en abril pasado.
Pese a que detrás del ajusticiamiento hubo una movilización ciudadana que manifestó su indignación frente a la muerte del joven Wilson Gutiérrez, las autoridades policiales creen que lo de San Julián fue un acto de agitación pública encabezada por narcotraficantes que buscaban impedir el esclarecimiento de delitos relacionados con el comercio de cocaína. El comandante departamental cree que el hombre asesinado y otro individuo que recibió golpes en medio del tumulto, tienen antecedentes relacionados con las drogas y el verdadero móvil de todo es el ajuste de cuentas entre familias de narcos que se pelean por controlar esta región que se ha convertido en “zona roja”, de acuerdo a consideraciones de las fuerzas antinarcóticos.
La situación se agrava por la denuncia de los familiares del hombre asesinado, Yonny Pizarro, de 38 años, quienes han anunciado que se mudarán de San Julián debido a las amenazas de sujetos que tratan de ocultar los entretelones del linchamiento. En este caso, la Policía no sólo tiene que atrapar a los autores materiales, que aparecen en fotos y videos que se han difundido ampliamente, sino también a los instigadores, los narcos que al igual que en diferentes zonas del país y especialmente del norte cruceño, utilizan redes de motociclistas para el transporte y comercio de droga.
El linchamiento se ha vuelto una típica forma que usan los narcotraficantes para deshacerse de sus adversarios o de sujetos que les estorban y eso se puede comprobar en el Chapare, donde más casos de ajusticiamiento se producen en el país. La capacidad de movilización de los narcos y la alianza con autoridades locales y con movimientos sociales les permite agitar a las masas y apelar al ajusticiamiento, que suele ser confundido con la justicia comunitaria, con cierto halo de legitimidad. El problema es que estamos frente a una forma que reemplaza a las bandas de sicarios que operan en otros países al servicio de los carteles y en este caso, ante el peligro de que se propague el “narcoterrorismo”.
El grave problema de los linchamientos del Chapare, el mayor centro de producción de droga, es que el grado de investigación y de esclarecimiento es casi nulo, no sólo por la complicidad de las “narcocomunidades” que viven del circuito coca-cocaína, sino por la indiferencia de las autoridades nacionales y de la justicia que hacen poco y nada para remediar esta situación de consecuencias peligrosas.
Estamos frente a una forma que reemplaza a las bandas de sicarios que operan en otros países al servicio de los carteles y en este caso, ante el peligro de que se propague el “narcoterrorismo”.
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