Tal como viene ocurriendo desde hace ya varios años, lo que permite descartar la pura casualidad, de manera casi simultánea se han hecho públicas dos evaluaciones sobre la manera como Bolivia está afrontando el problema de la coca y el narcotráfico. Por una parte, se ha difundido la parte correspondiente a Bolivia del informe que presenta el Gobierno estadounidense sobre el estado actual de la lucha contra las drogas, con fuertes críticas a la misma. Y por otra, aunque no bajo la forma de una réplica a ese informe, se ha conocido la apreciación del jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, quien aseguró que la lucha antidrogas en Bolivia fue exitosa.
Tan dispares opiniones sobre un mismo tema no son nuevas. De manera invariable, el Gobierno estadounidense incluye a Bolivia entre los países que “han fallado de manera manifiesta en sus acuerdos antinarcóticos internacionales durante el último año”. Y con la misma persistencia, otros países u organismos internacionales, como la Unión Europea o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, salen al paso de tan severas palabras para expresar su reconocimiento por los esfuerzos que hace el Gobierno boliviano para afrontar el problema.
Paradójicamente, si se analiza el asunto con cierto detalle, se pueden hallar más coincidencias que discrepancias entre ambas maneras de ver el asunto. En efecto, unos y otros coinciden en reconocer que el actual Gobierno ha tenido más éxito que sus antecesores a la hora de mantener bajo control la expansión de los cultivos excedentarios de coca y también en que ha habido mejoras en las tareas de interdicción. Sin embargo, están también de acuerdo en que esos esfuerzos no son suficientes y que los éxitos en unos campos son neutralizados por ostensibles fracasos en otros.
Más allá de detalles técnicos y precisiones cuantitativas, lo que deja en evidencia tan diferentes maneras de abordar un mismo asunto es que en Bolivia está cada vez más difuso el límite entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que merece calificarse como un éxito y lo que no, entre lo que conviene y lo que no conviene hacer y, principalmente, sobre si vale o no vale la pena pagar el enorme costo en términos económicos, políticos y sociales que trae consigo cualquier decisión que se tome.
En ese contexto, y más allá de las peculiaridades del caso boliviano, tiene pleno sentido que ya ni en los sectores más conservadores del escenario político estadounidense resulten convincentes los parámetros que durante décadas anteriores guiaron la “guerra contra las drogas”. Ya nadie toma en serio su contabilización anual de insignificantes victorias –si las hay– frente a las enormes derrotas que se sufren a diario a lo largo y ancho del mundo, por lo que es lógico que la Unión Europea, directamente o a través de su capacidad de influir en organismos internacionales, tenga una mirada más amplia y comprensiva sobre el problema de las drogas.
En lo que a nosotros corresponde, las diferentes miradas externas deben servir como un motivo más, como si los propios no fueran suficientes, para insistir en la necesidad de abrir un debate sensato y sereno sobre el tema más allá y por encima de los circunstanciales apasionamientos electorales.
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