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viernes, 22 de febrero de 2013

Rusia en contra de la coca boliviana. aprobó una Ley Expresa en contra del acullico que entra en contradicción con la Convención sobre Droga y Crimen.


"La Convención nació en marzo de 1961 en Nueva York y es uno de los documentos básicos que regulan el régimen jurídico internacional de control de estupefacientes, psicotrópicos y sus precursores", explicó el representante de Presidencia rusa para la lucha contra el crimen organizado internacional, Alexandr Zmeyevski.
El acuerdo fue enmendado en 1972 para permitir a los países firmantes, entre ellos Bolivia, continuar durante otros 25 años con el cultivo de la hoja de coca para su masticado.
Bolivia se acogió a esta cláusula, que también exigía la prohibición del masticado de coca expirados los 25 años en 2001, pero la incumplió una vez terminado el plazo.
La Paz denunció la Convención en 2011 aunque volvió a sumarse al tratado el pasado 10 de febrero con una excepción que le permite el masticado y el uso medicinal de la hoja de la coca, planta que también se usa para producir cocaína, que se aplica sólo en su territorio.
Rusia, no obstante, considera que esta salvedad entra en contradicción con el objetivo de la Convención, al considerar que abre las puertas al incremento del tráfico de la cocaína.
"Hay que prestar mucha atención a este problema, toda vez que también afecta a ciudadanos rusos", dijo Zmeyevski en alusión al crecimiento del turismo ruso a países de América Latina.
El masticado de la hoja de coca, también conocido como "acullico", es una arraigada costumbre de los indígenas andinos que está recogida en la Constitución de país como patrimonio cultural.
Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca y cocaína, tras Colombia y Perú, y el mayor proveedor para el Cono Sur, según la ONU.

domingo, 10 de febrero de 2013


DERECHOS TAMBIEN DEBERES. CONTROL DE 
COCA POR TANTO DE LA COCAINA
 Bolivia a partir de este 10 de febrero nuevamente ingresa a la convención de Viena, tras la aceptación de la sesión de los países miembros de las Naciones Unidas el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), César Guedes, dijo que con el reingreso de Bolivia se abren oportunidades de apoyo económico de otros países para la lucha contra el narcotráfico.
Guedes, sostuvo que  con la vuelta de Bolivia al tratado internacional de combate a las drogas de la convención de la ONU de 1961, es importantísimo para el Estado Boliviano porque vuelve a ser un socio fuerte de peso con deberes, con derechos y sobre todo pues en alianza con los otros 183 países miembros para combatir esta lacra.

sábado, 9 de febrero de 2013

alarma el alto porcentaje de jóvenes drogados entre los andinos. los porcentajes van de 5 al 17% y la droga preferida es la cocaína que abunda en la región. Bolivia está convertido en fabricante de cocaína y ésta introducida en centros de jóvenes por lo que el Estado de obliga a ser doblemente cuidadoso

Un reciente estudio del Programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad Andina revela datos abrumadores acerca de la prevalencia del consumo de sustancias controladas entre universitarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los países signatarios del Acuerdo de Cartagena.
El mayor número de jóvenes que se drogan está en Colombia: casi 17 de cada cien lo hacen, índice que cae a 10 en Ecuador, mientras que en Perú el nivel llega a seis y en Bolivia a cinco de cada 100.
Se trata de un índice muy alto si se considera que los datos de recuperación de drogadictos alcanzan al 1 por ciento, por lo que lo único que se puede hacer para contrarrestar esta dependencia es la prevención.
El documento pone de manifiesto que el 40,9 (41 de cada 100) de estudiantes bolivianos presenta síntomas de abuso o dependencia de drogas, mientras que ese índice se reduce a entre el 28 y 30 por ciento de los consumidores de drogas de Colombia, Ecuador y Perú.
El estudio revela que las sustancias ilícitas más populares, si vale el término, son la marihuana y la cocaína —tanto pasta base como la droga cristalizada—, en tanto que el alcohol es el elemento lícito de mayor consumo en la región andina.
Si se considera que el sistema universitario boliviano, compuesto tanto por las casas de estudios superiores privadas como por las públicas, tenía, en 2009, unos 400.000 matriculados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, se llegará a la conclusión de que, solamente en este grupo poblacional, en el país hay unos 18.000 jóvenes que consumen drogas ilegales, y de ellos, casi 8.000 son dependientes, de quienes —siempre según los promedios— menos de un centenar se recuperará.
Se trata de una cifra escalofriante, que no considera a otros colectivos poblacionales, que no han sido objeto de este estudio.
Por ello, es preciso que no solamente tengan éxito los operativos de interdicción al narcotráfico, pues en los últimos años, Bolivia —lo han reconocido las autoridades nacionales del área— ha dejado de ser un mero país productor para convertirse en productor de drogas o país de tránsito para convertirse en consumidor de estas sustancias, a las que no cabe otro calificativo que venenos, que matan lenta pero inexorablemente.
Es imprescindible que la prevención y los exámenes médicos sorpresivos sean constantes en escuelas, colegios, universidades, institutos de formación técnica, centros de trabajo y todo tipo de entidades que congregan a las personas.
Sólo con la prevención y la adopción de medidas inmediatas se podrá hacer una labor efectiva de prevención y combate a las drogas.
Se sabe que la interdicción y la represión sólo consiguen la incautación de la décima parte de la droga que se produce o circula por el mundo.
Ello obliga a extremar las medidas de cuidado que debe tomar el Estado para defender a su capital más importante: el humano. Todo lo demás será, simple y llanamente, retórica sin contenido.

sábado, 2 de febrero de 2013

Los Tiempos destaca que por acción de los cocaleros se ejercite control sobre las plantaciones, aunque condena que se siempre en áreas prohibidas y coca destinada a la cocaína


La estrategia gubernamental para afrontar el problema de las drogas tiene aspectos positivos. Pero no tiene sentido ocultar los negativos
Hace algunos días, de manera casi simultánea, el Gobierno nacional fue protagonista de dos actos a los que dio especial resonancia publicitaria. Por una parte, celebró sin escatimar recursos la readmisión de Bolivia en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU, con su reserva sobre la penalización del masticado de coca. Por otra, en un acto que no contó con la asistencia masiva del primero, pero que tuvo similar resonancia, se procedió a inaugurar las tareas de erradicación de coca ilegal de la gestión 2013.
En ambas oportunidades, el Presidente del Estado Plurinacional pronunció sendos discursos cuyo argumento central tenía como elemento común la valoración positiva del “modelo boliviano” de lucha antidroga, cuyas dos más meritorias características serían, según las palabras presidenciales, la relativamente alta cantidad de hectáreas de cocales erradicados, en relación a tiempos anteriores y a los resultados obtenidos por Perú y Colombia y, lo más importante, que tan buenos resultados habrían sido conseguidos sin que la violencia sea un elemento inseparable de las campañas de erradicación, como en otros tiempos.
En líneas generales, es innegable que mucho de verdad tiene la evaluación presidencial. No es menos cierto, sin embargo, y sin desmerecer los aspectos positivos de la política oficial sobre el control de los cultivos de coca, que hay también aspectos de la misma que no pueden ser pasados por alto sin incurrir en una irresponsabilidad cuyas consecuencias negativas no podrán ser a la larga eludidas.
La primera de ellas, la más importante, es la que se refiere a la otra cara de la disminución de las superficies de coca. Y es que como lo han revelado numerosos estudios especializados sobre el tema, mientras en unas zonas se reduce a un buen ritmo, en otras ocurre lo contrario. Con la agravante de que las nuevas áreas que están siendo habilitadas para la plantación de cocales están ubicadas, en gran parte de los casos, en áreas protegidas por su enorme valor ecológico y su fragilidad.
Tan cuestionable como lo anterior es que las zonas donde se concentran los esfuerzos de las brigadas erradicadoras de cocales sean, paradójicamente, las únicas verdaderamente tradicionales, como son los Yungas de La Paz y Cochabamba. Como es bien sabido, es ahí, y no en el Chapare, donde desde hace muchos siglos se produce la hoja de coca destinada al mercado tradicional legal, por ser de calidad muy superior. La coca del Chapare y de las nuevas zonas de cultivo, en cambio, es tan amarga y tan contaminada por el uso indiscriminado de agroquímicos que ni los mismos productores aceptan consumirla.
Esas facetas negativas del problema son seguramente las que explican la tenacidad con que las autoridades gubernamentales se niegan a publicar los resultados del estudio integral sobre la hoja de coca hecho con financiamiento de la Unión Europea. Sin embargo, tal compromiso no podrá ser indefinidamente eludido sin correr el riesgo de que los aspectos positivos del “modelo boliviano de lucha contras las drogas” terminen opacados por los que aparentemente se intenta negar.