Los cocaleros de La Asunta, de los Yungas paceños, dieron plazo a la Policía, es decir, al Estado boliviano, para que salga de la zona y ponga fin a su propósito de erradicar los cocales ilegales.
En Yapacaní, entretanto, hay un polvorín a punto de estallar debido a las tensiones creadas en la Alcaldía por la proximidad de los cocales instalados en el parque nacional Choré, todos ilegales, y con presencia de narcotraficantes colombianos.
Los cocaleros del Tipnis, a su vez, azuzados por las organizaciones de Chapare, marchan hacia La Paz para exigir al Gobierno la reforma de una ley, la que prohíbe la construcción de la carretera por el parque.
La geografía de tres departamento- La Paz, Santa Cruz y Cochabamba- está sacudida y tensionada por los conflictos que crean los cocaleros ilegales.
Mientras estos hechos perturban al país, el Gobierno nacional sigue poniendo en duda su actitud ante los cocales ilegales y ha hecho que Bolivia quede al margen de la convención de 1961, lo que la pone fuera de los esfuerzos internacionales para luchar contra el narcotráfico.
Las mafias de narcotraficantes se benefician con el incremento de los cultivos de la hoja, porque de esa manera crece la oferta y el precio baja, como está ocurriendo en este momento. Y los cultivos siguen creciendo en todo el país.
La actividad del narcotráfico ha hecho que los países vecinos apliquen de hecho una especie de cuarentena sobre Bolivia, con fronteras cuidadas por el Ejército brasileño, minas antipersonas que el Gobierno chileno decidió no levantar de la frontera, la Fuerza Aérea paraguaya haciendo ejercicios para derribar aviones del narcotráfico boliviano y la Argentina creando nuevos puestos de control en la frontera.
Los ciudadanos bolivianos sufren la consecuencia de la expansión del consumo de la droga, de la abrumadora presencia del dinero del narcotráfico, y también sufren por la violencia que se ha desatado a raíz de esas actividades.
El Gobierno nacional tendría que adoptar una política clara respecto de los cocales ilegales, que son la raíz de esta pesadilla que viven los bolivianos.
Se ha visto que es inútil insistir en el propósito de lograr que la comunidad internacional acepte la despenalización de la coca y estamos comprobando que la hoja se ha convertido en un cáncer que afecta a todo el país.
La opinión pública nacional está pidiendo, como se vio en el gran recibimiento que tuvieron los marchistas del Tipnis en La Paz el 19 de octubre pasado, que quiere proteger los parques nacionales de los invasores cocaleros.
El Gobierno tendría que entender este mensaje tan claro de la ciudadanía nacional. Iniciar procesos a los que atacaron a la Policía en La Asunta, dar un tratamiento flojo al grave problema de Yapacaní, causado por los cocales de Choré, o alentar una marcha que se propone habilitar el Tipnis para los cultivos de coca, son actitudes desleales con el interés de Bolivia porque no son claras y parecen engaños.
El país está esperando que las autoridades resuelvan, con claridad y firmeza, el problema de todos los cocales ilegales.
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