si antes fue LT, ahora es OPINION que se refiere a la legalización de las drogas. argumentos en pro y en contra se suceden sin presentar datos ciertos que fuera de duda nos iluminen en una propuesta de consenso

La posibilidad de legalizar el uso y tenencia de las drogas es un asunto que se viene discutiendo desde hace muchos años en diferentes espacios institucionales especializados como en círculos académicos de prestigio reconocido. La discusión parecería nunca terminar porque el tema es sin duda alguna complejo y encierra consideraciones y puntos de vista diversos. Por un lado están los argumentos, económicos, morales, éticos, médicos y aunque resulte llamativo consideraciones ideológicas como la expuesta a mediados de semana por un dirigente del Partido Comunista Marxista Leninista de Bolivia que aboga por la legalización de las drogas para “acabar con el negocio capitalista del narcotráfico”.

A propósito de las declaraciones del jefe del partido citado en medio de una cumbre política que fue convocada por el presidente del Estado Plurinacional, las mismas no dejaron de causar cierto estupor en medios políticos y en algunos sectores de la sociedad, como ocurre en muchos países del mundo cuando se habla sobre este delicado tópico. 

Más allá de la importancia o no del partido político al que representa el dirigente que se animó a hablar de la legalización de drogas y de la carga ideológica como explicación de la propuesta, quienes en el mundo proponen legalizar las drogas señalan como objetivos, que la legalización es necesaria porque estamos frente a que las drogas se consumen y es necesario establecer un marco legal que las regule, y que además deberían ser descriminalizadas para recaudar impuestos y evitar la corrupción política y policial que la producción y tráfico de drogas tienen como efectos.

Las propuestas van desde una legalización regulada con restricciones de acuerdo a las diferentes drogas como ocurre por ejemplo con algunas medicinas hasta una legalización completa. Los defensores de estas posturas afirman que legalizar las drogas es la única solución para acabar con el narcotráfico y la violencia en América Latina, además se les quitaría el poder a las bandas de narcotraficantes hasta debilitarlas, lo que supondría disminuir el combate o interdicción.

Existen muchos argumentos que en esta polémica deberían ser tomados en cuenta por los dirigentes políticos que se animan a formular planteamientos como el expuesto por el dirigente marxista leninista, pues más allá de supuestos argumentos ideológicos, se deben tomar en cuenta aspectos que tienen que ver, como se ha dicho, con las políticas de prohibición que incentivan la violencia y llenan las prisiones en una guerra que aparentemente está siendo perdida como han reconocido importantes líderes mundiales.

En nuestro país, donde declaraciones políticas y el ejercicio de una coyuntura política que más se ocupa de lo superficial, hay que plantear la duda sobre si estamos preparados para un debate serio, que exponga ideas, que profundice el problema del narcotráfico en sus diferentes facetas y que esta misma discusión necesariamente parta de niveles académicos y científicos reconocidos. 

Si los políticos pretenden hablar de este tema es necesario que lo hagan con estudios y planteamientos que respalden posiciones no sólo ideológicas, pues éstas en determinado momento por su inconsistencia pasan a formar parte del tradicional anecdotario político nacional, donde la gente los relega o los critica muchas veces pasando por alto que legalizar las drogas no es el uso irresponsable de las mismas.

Los Tiempos comenta propuesta de Pérez Molina para despenalizar tráfico y consumo de drogas. en Europa y EEUU la línea del control riguroso sigue plenamente vigente y está lejana otra solución

La propuesta hecha por el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, al día siguiente de ser posesionado, sobre la necesidad de debatir a nivel mundial sobre la despenalización de las drogas ilegales, es una muestra más de que la guerra en contra de su producción, tráfico y consumo, tal como hasta ahora se la ha desarrollado, ha fracasado y puesto en profunda crisis a varias naciones.

La propuesta no es nueva. Sí lo es que la haga un mandatario en funciones. Desde hace varios años una serie de personalidades se ha pronunciado no sólo sobre la necesidad de debatir el tema sino que directamente ha propuesto la despenalización. Probablemente, los más conspicuos entre ellos sean los exmandatarios de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Vicente Fox, respectivamente.

Se trata, como ha dicho el novel mandatario guatemalteco –de tendencia conservadora--, de un debate que involucra a todos los países y que lo que se decida sea apoyado por todos ellos. Puso como ejemplo a México de lo que no se debe hacer. En ese país su Mandatario declaró una guerra sin cuartel a las mafias narcotraficantes que ha costado cerca a 50.000 vidas y no hay resultados exitosos comprobables, esfuerzo que “no ha sido correspondido por el mismo Estados Unidos, que es el vecino y el mercado más grande”.

Además, se debe recordar que el Mandatario peruano, en el acto de su posesión, propuso un encuentro regional sobre el tema drogas ilegales (sin sugerir ninguna acción) que, lamentablemente, pareciera que se está retrasando demasiado, pues no se ha vuelto a tratar el asunto, al menos a nivel público.

Es que la realidad exige que las naciones, particularmente las más afectadas por este ilícito negocio, adopten decisiones que permitan encontrar soluciones eficaces al problema, dejando de lado los intereses burocráticos y el status quo que, a la final, se están imponiendo a la racionalidad. Mientras tanto, el ilícito negocio destroza instituciones y desequilibra a las sociedades tanto en la esfera económica como, fundamentalmente, en la moral.

En Bolivia debemos estar atentos a estas propuestas, pues somos una de las naciones afectadas tanto por la producción, como por la comercialización y transporte, de este tipo de drogas, particularmente cocaína. Y combatirlas cuesta demasiado tanto en vidas humanas como en recursos económicos. Además, se debe estar conscientes de que una decisión drástica que elimine esta ilegalidad provocaría una crisis de precios que redundaría de inmediato en toda la economía nacional, como muchos entendidos sostienen.

De ahí que el tema merece amplio debate comprendiendo que es muy complejo al tener aristas morales, económicas, culturales y políticas, por lo cual se debe avanzar con prudencia, pero tampoco parece ser aconsejable cerrarse tajantemente, como lo ha hecho el viceministro del ramo, a estudiar la propuesta guatemalteca, más aún si la condición básica para cualquier cambio de status es que éste sea acordado con la comunidad internacional, pues, de otra manera, se seguirían dando pasos en falso.

En todo caso, parece que se aproxima el tiempo en que ya no se podrá eludir este debate y debemos prepararnos para aportar a él.

afloran problemas vinculados al narcotráfico, la coca, el contrabando, las fluctuaciones en el precio de la coca y la danza de millones de la producción ilegal distorsionan la economía como lo demuestra Iván Arias miles en el negocio de la hoja.

Lo que muchos bolivianos temíamos lo estamos empezando a sentir. Los conflictos por el TIPNIS, los autos chutos, las muertes en Yapacaní y los aprestos de regiones como la Asunta son los prolegómenos de una guerra que empieza a emerger. De esa manera la pelea por la apropiación de la renta gasífera está perdiendo protagonismo frente a guerra por la apropiación de la renta de la coca y sus derivados. Los barones de la coca (actuales y aspirantes a ello) están decididos a dejar bien sentado su poder y sus áreas de influencia. Y dado que el negocio de la coca es uno de los más lucrativos de estos 6 años, miles quieren meterse en el.

Ateniéndonos a las conservadoras cifras del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral en la país habrían más de 42 mil cocaleros, de los cuales alrededor de 35 mil pertenecen a los Yungas paceños y unos siete mil al trópico cochabambino; teniendo cada uno de ellos un ingreso trimestral que bordea los 12 mil bolivianos por la venta de un cato de coca, actividad desarrollada cuatro veces al año y que genera una rentabilidad anual de 48 mil bolivianos por cocalero. La coca genera buenos réditos económicos sin que sea necesaria una gran inversión, ni trabajo físico.

El precio promedio de hoja de coca en los mercados autorizados (Sacaba y Villa Fátima) se incrementó entre 2009 y 2010 en un 22%, mientras que el precio promedio en el trópico de Cochabamba aumentó en un 37%. El informe de la ONUDD (2011) señala que en el trópico cochabambino se producen 27.916 toneladas métricas de la hoja de las que 1.804 pasan por el mercado legal (por valor de 10 Millones de $us) y 26.112 (93%) están fuera del mercado autorizado. La producción en el sector de Yungas es casi similar a la del trópico con 27.050 toneladas métricas, pero la diferencia es que de ellas 17.378 pasan por el mercado legal (por un valor de 106 Millones de $us) y 9.672 (35%) no.

En cuanto al movimiento en el mercado autorizado, los valores varían, tomando en cuenta que el precio del kilo de hoja de coca varía entre 6,1 dólares para la hoja de Yungas y 5,6 dólares para la del trópico cochabambino. Fuera del mercado autorizado, el kilo de la coca de Yungas cuesta 1,5 dólares más y llega a 7,6; mientras que la del trópico aumenta dos centavos de dólar, a 5,8. Si se considera la estimación para el valor de la coca que se comercializa fuera del mercado legal el trópico de Cochabamba genera 120 millones de dólares por las 26.112 toneladas métricas ilegales que se venden, frente a los 73,5 millones de las 9.672 toneladas métricas ilegales de Yungas. Si sumamos lo legal e ilegal, en el chapare se generan 130 millones de dólares por la coca y en Yungas 179 millones de dólares, haciendo un total de 309 millones que circulan en la economía sin contar la coca de zonas como Yapacaní, La Asunta, Muñecas, parques, áreas protegidas y otros.

¿Será que los bolivianos acullicamos coca hasta en la sopa? Un estudio realizado por el (CELIN) determinó que en toda Bolivia sólo un 14 por ciento de la población acostumbra practicar el aculliku (alrededor de un millón de habitantes), que está concentrada en las zonas altiplánicas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí; además de algunas regiones de Santa Cruz y Cochabamba. Los datos proporcionados por CELIN determinan que, tanto para el aculliku como para las iniciativas industriales e incluso para abastecer los mercados consumidores de otros países, como Chile y el norte de Argentina, sólo serían necesarias 8 mil hectáreas de coca y no así 20 mil como pretende defender el gobierno o las 32 mil en actual producción.

¿Y dónde se va tanta coca? Al narcotráfico. El primer secretario de la embajada brasileña, Murilo Vieira Komnisky, en enero de este año, señaló que “el grueso de la cocaína boliviana se va a Brasil. Brasil sufre “el efecto colateral” de haber sacado de la pobreza a 30 millones de personas, que se convirtieron en consumidores de clase media. A raíz del aumento del consumo en Brasil, mafias colombianas, mexicanas, peruanas y brasileñas comenzaron a establecerse en Bolivia para exportar la droga” a territorio brasileño. “Entre un 60 y 80% de la cocaína boliviana tiene como destino el mercado brasileño, estimado en unos 900 mil consumidores. Hoy día un 60% de la droga de Bolivia va a Brasil, 20% va a Argentina y 20% a Chile, son datos estimativos. Un 40% (del 60%) de la droga boliviana se queda en Brasil y el resto va a Europa. Vieira explicó que Bolivia puede fabricar 115 toneladas de droga al año, a lo que hay que sumar el estupefaciente de origen peruano que usa territorio boliviano como puente.

Espero que estos datos sirvan para los bolivianos y bolivianas empecemos a poner las barbas en remojo y dejar de hacernos los bizcos pues la guerra de la coca esta ya tocando nuestros barrios y hasta nuestros domicilios.

fuera de toda duda Yapacaní es una muestra de la guerra por la coca que se libra ahora mismo en Bolivia

Se equivocan quienes creen que lo de Yapacaní es apenas un conflicto por el sillón municipal. Hace mucho que en esa zona, colindante con el Chapare, con la reserva de El Chore y con el parque Amboró, es un área de expansión de los cocaleros que responden a órdenes del presidente Morales y que tienen como meta fundamental “cocalizar” todo el norte del departamento de Santa Cruz, donde se encuentra el mayor patrimonio productivo agropecuario (legal) del país.
 
Yapacaní es un enclave estratégico de la geopolítica de la coca, así como lo es el Tipnis, para expandir los cocales hacia el Beni. Los tres municipios de la provincia Ichilo, a la que pertenece Yapacaní, han sido tomados a la fuerza por el MAS y lo que ha sucedido en los últimos meses, no es simplemente una guerra política entre dos facciones del oficialismo, sino la pelea de dos grupos de colonizadores que buscan tomar el control del negocio de la coca y sus derivados. Recordemos que no hace mucho, muy cerca del lugar que se convirtió en un campo de batalla el miércoles, con un saldo de cuatro muertos, la policía antidrogas encontró más de cien fábricas de cocaína. Eso no es ninguna casualidad, como tampoco lo es el hecho de que el alcalde Carvajal, por quien el Gobierno se jugó por completo y mandó más de 700 policías a reprimir y meter bala, es nada menos que oriundo de Orinoca, el pueblo natal del primer mandatario.
 
Hace meses que se notaban signos de que la guerra en Yapacaní estaba a punto de estallar y algunos de los ministros de Evo Morales no han hecho más que azuzar el conflicto. De hecho, el primer disparo letal que encendió la mecha el miércoles en Yapacaní, lo habría realizado la propia comandante de la Policía de Santa Cruz, Lily Cortez, según denuncias y reportes de la prensa de personas que presenciaron los hechos. Culpar a la derecha o tratar de afirmar ahora que no había órdenes de disparar es inútil. La sangre derramada el 11 de enero ha sido producto de un acto premeditado, como lo fue la matanza de Huanuni, la toma de Cochabamba, La Calancha, la toma de Pando y muchos otros episodios en los que este régimen ha demostrado un absoluto desprecio por la vida.
 
“Es la coca estúpido”, podría decir cualquiera que observe detenidamente el trasfondo del problema y lo mismo diría del único propósito que mueve al Gobierno de Evo Morales en estos días. La coca está detrás de la dichosa carretera por el Tipnis y por la coca pelean en La Asunta, donde los cocaleros del bando opuesto al presidente Morales acaban de desalojar un cuartel militar. Es precisamente por la coca, que el Estado Plurinacional organiza una gran cumbre política que presiona por la ruta Villa Tunari-San Ignacio y que propone legalizar los cultivos ilegales del Chapare, además de aumentarlos, por supuesto. Estos conflictos están entrampando al Gobierno, de la misma manera que lo ha hecho el auge del narcotráfico a nivel internacional.
 
Todos los movimientos estratégicos que hace el Gobierno suponen confrontación entre distintos actores en juego. En Yapacaní apenas se ha encendido la chispa, porque eso puede dar para mucho si es que el régimen de Evo Morales no acepta su derrota. De la misma manera puede venirse un enfrentamiento de características lamentables si continúa insistiendo en ignorar a los indígenas del oriente boliviano. También hay amenazas en los Yungas, de la misma manera que existen riesgos en la confrontación surgida entre tarijeños y chuquisaqueños o entre potosinos y orureños.

Yapacaní es un enclave estratégico de la geopolítica de la coca, así como lo es el Tipnis, para expandir los cocales hacia el Beni. Los tres municipios de la provincia Ichilo, a la que pertenece Yapacaní, han sido tomados a la fuerza por el MAS y lo que ha sucedido en los últimos meses, no es simplemente una guerra política.

nadie pone en duda que "la coca es la pesadilla" del Estado. todos los incidentes incluyendo, muertos, heridos, detenidos, la tensión internacional, una especie de apronte de los vecinos contra el narcotráfico, es por el exceso de coca. El Deber de SC

Los cocaleros de La Asunta, de los Yungas paceños, dieron plazo a la Policía, es decir, al Estado boliviano, para que salga de la zona y ponga fin a su propósito de erradicar los cocales ilegales.
En Yapacaní, entretanto, hay un polvorín a punto de estallar debido a las tensiones creadas en la Alcaldía por la proximidad de los cocales instalados en el parque nacional Choré, todos ilegales, y con presencia de narcotraficantes colombianos.
Los cocaleros del Tipnis, a su vez, azuzados por las organizaciones de Chapare, marchan hacia La Paz para exigir al Gobierno la reforma de una ley, la que prohíbe la construcción de la carretera por el parque.
La geografía de tres departamento- La Paz, Santa Cruz y Cochabamba- está sacudida y tensionada por los conflictos que crean los cocaleros ilegales.
Mientras estos hechos perturban al país, el Gobierno nacional sigue poniendo en duda su actitud ante los cocales ilegales y ha hecho que Bolivia quede al margen de la convención de 1961, lo que la pone fuera de los esfuerzos internacionales para luchar contra el narcotráfico.
Las mafias de narcotraficantes se benefician con el incremento de los cultivos de la hoja, porque de esa manera crece la oferta y el precio baja, como está ocurriendo en este momento. Y los cultivos siguen creciendo en todo el país.
La actividad del narcotráfico ha hecho que los países vecinos apliquen de hecho una especie de cuarentena sobre Bolivia, con fronteras cuidadas por el Ejército brasileño, minas antipersonas que el Gobierno chileno decidió no levantar de la frontera, la Fuerza Aérea paraguaya haciendo ejercicios para derribar aviones del narcotráfico boliviano y la Argentina creando nuevos puestos de control en la frontera.
Los ciudadanos bolivianos sufren la consecuencia de la expansión del consumo de la droga, de la abrumadora presencia del dinero del narcotráfico, y también sufren por la violencia que se ha desatado a raíz de esas actividades.
El Gobierno nacional tendría que adoptar una política clara respecto de los cocales ilegales, que son la raíz de esta pesadilla que viven los bolivianos.
Se ha visto que es inútil insistir en el propósito de lograr que la comunidad internacional acepte la despenalización de la coca y estamos comprobando que la hoja se ha convertido en un cáncer que afecta a todo el país.
La opinión pública nacional está pidiendo, como se vio en el gran recibimiento que tuvieron los marchistas del Tipnis en La Paz el 19 de octubre pasado, que quiere proteger los parques nacionales de los invasores cocaleros.
El Gobierno tendría que entender este mensaje tan claro de la ciudadanía nacional. Iniciar procesos a los que atacaron a la Policía en La Asunta, dar un tratamiento flojo al grave problema de Yapacaní, causado por los cocales de Choré, o alentar una marcha que se propone habilitar el Tipnis para los cultivos de coca, son actitudes desleales con el interés de Bolivia porque no son claras y parecen engaños.
El país está esperando que las autoridades resuelvan, con claridad y firmeza, el problema de todos los cocales ilegales.

Marcelo Gonzáles Yasic está cavando a fondo y revelando las connotaciones del caso Narcogeneral Sanabria, que sí habló e involucró a personalidades en pleno ejercicio de Gobierno. en cualquier momento vendrá la revelación.

El vicepresidente Álvaro García, en una conferencia de prensa el jueves pasado y con un semblante muy almidonado, pidió al gobernador de  Santa Cruz, Rubén Costas, que deje “su soberbia” y pida públicamente disculpas por haberle injuriado cuando fue sindicado de recibir dinero del narcotráfico. También le pidió que se retracte de esta infamia, ya que se trata de una acusación que no corresponde con la verdad. A cambio anunció que con “mucha humildad” retiraría el juicio por desacato que inició contra el Gobernador. El viernes y sin indolencia, el funcionario cruceño ratificó su denuncia  y confirmó que no le pedirá disculpas, porque sencillamente no se arrepiente de haber dicho la verdad.

Para complicar más la acusación salió a relucir el hecho de la condena de 14 años inexorables en la cárcel que recibió el general René Sanabria, hombre fuerte del masismo en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, por haber asumido el papel de líder en la confabulación ilícita para exportar droga boliviana a EEUU y por haberse declarado culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía norteamericana, para evitar la condena máxima de prisión perpetua, previa entrega a la DEA de toda la información sobre los fabricantes, traficantes y encubridores bolivianos. Esta es la punta de un infinito iceberg de pruebas que complican al Gobierno y que Rubén Costas parece que utilizará con todo ímpetu en caso de que el masismo pretenda derrocarlo y destituirlo.

La peor nota la materializó el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, al decir que si el Gobernador cruceño no quiere disculparse públicamente, debería confirmar y probar las denuncias que hizo en contra del Vicepresidente. Este pedido de confirmación nunca debió haber salido de las esferas gubernamentales, porque ha reforzado la posición del Gobernador y se le autorizó ejercer sin límite esa facultad que le corresponde al acusado de un delito de injurias de probar la realidad del hecho que ha imputado a otra persona, lo cual le puede eximir de pena. Con la venia del Gobierno, Costas tiene vía libre para probar sus acusaciones, así como tiene el poder de decidir si lo hace ahora o cuando mejor le convenga; pero por un acto de responsabilidad con la opinión pública esto debería ocurrir lo más pronto posible.

Con el desmesurado desarrollo industrial que ha alcanzado el narcotráfico en nuestro país, el Gobierno debería sentirse "satisfecho" negando a voz en cuello la vinculación con el narcotráfico de cualquiera de sus funcionarios o los militantes del MAS; porque ha de resultarle demasiado caro si algún masista pide pruebas de los vínculos delictuales de los funcionarios del propio Gobierno con el narcotráfico, lo cual en los hechos podría conducir al partido oficialista a un suicidio masivo. Qué pena que el senador Martínez haya pedido una confirmación de las acusaciones porque será la mismísima DEA que se encargue de colgar congojas y pesadillas en el arco del triunfo del proceso de cambio. Esto demuestra que en el Gobierno se olvidaron que el general Sanabria sí hablo e involucró con voz alta a personajes bolivianos en el narcotráfico y cuyo anonimato, como resulta obvio y por el momento, es la reserva patrimonial más preciada de la DEA norteamericana; y quién sabe el clavo que le faltaba al Gobernador cruceño para asegurarse en la silla e impedir su derrocamiento.

Hemos llegado a un estado de cosas en que la palabra narcotráfico ha provocado serias variaciones en la verdad misma y de esto sí que saben los cocaleros del Chapare, convertidos en principales patrocinadores del actual Gobierno. Pero la única verdad es que la democracia boliviana está administrada por el narcotráfico; y esto debe variar por el bien de todos.

El autor es abogado tributarista
fojascero@gmail.com

el aumento de la coca ha generado problemas insalvables. mayor cocaína, multiplicación de la criminalidad, ricos incontrolables, clase cocalera emergente y Bolivia ahora fuera de la Ley frente a las NNUU

Bolivia es el primer país que decide apartarse de la Convención de Viena sobre Estupefacientes desde que este mecanismo fue creado por la ONU en 1961. En honor a la verdad, Bolivia nunca se sintió plenamente cómodo en la Convención. Desde sus inicios, los diferentes gobiernos de turno pusieron reparos, porque consideraban exagerada la intención de prohibir plenamente la práctica del acullico en el país. Pero luego de varios intentos por introducir modificaciones en este aspecto, el régimen de Hugo Banzer decidió fijar su adhesión en 1976, tras intensas presiones de Estados Unidos, que envió a nada menos que al legendario secretario de Estado, Henry Kissinger, a Santa Cruz para hablar cara a cara del asunto con presidente de facto. Justo en esa época, tal como sucede hoy, Bolivia vivía un fuerte auge del narcotráfico. 

Pese a que Bolivia no es el único país donde existe el masticado de la coca, su pelea ha sido solitaria. Ni siquiera Perú se resistió a firmar y menos Argentina, donde el acullico es tolerado como costumbre marginal en las provincias del norte. De todos los planteos que hizo Bolivia a la comunidad internacional sobre la hoja de coca, este es el menos justificado. Evo Morales ha decidido intensificar su lucha por la despenalización de la “hoja sagrada”, justo cuando el mundo entero es testigo de las consecuencias que ha traído para el país y para el continente, la puesta en marcha de una política cocalera abierta y sin restricciones. 

Bolivia se aparta de la Convención de Viena, precisamente después de que se comprueba de que algunos sectores del Gobierno y la Policía están altamente implicados con el narcotráfico; cuando el desborde de los cultivos de coca es sinónimo de la explosión de la fabricación de cocaína, producto que ha estado invadiendo como nunca el continente sudamericano, especialmente Brasil y Argentina. Defender la coca a estas alturas es casi igual que sacar pecho por los cárteles de la droga mexicanos y colombianos que han trasladado sus actividades al territorio boliviano para beneficiarse de la coca abundante y accesible.  

La actitud del Gobierno de Evo Morales suena a osadía, justo cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene al país en una suerte de cuarentena antes de tomar decisiones drásticas sobre el problema del lavado de dinero que, según los últimos informes, ha crecido de manera alarmante en Bolivia. Todos los argumentos culturales, medicinales y otros que hablan sobre la supuesta “inocencia” de la coca, quedan huecos ante la lacerante realidad de miles de ciudadanos bolivianos que han caído en las redes del consumo de drogas y de otros miles que están detenidos en las cárceles de Chile, Argentina y Brasil. 

La inseguridad ciudadana, el problema del contrabando de vehículos, el robo de autos que son cambiados por cocaína en la frontera, todos esos son fenómenos que ha parido el rebalse de la coca y la consiguiente protección que ejerce el Gobierno cocalero hacia los cultivos ilegales. Cómo pretender sobre la base de esta indiscutible realidad, que las Naciones Unidas, cuya preocupación por el narcotráfico en Bolivia es evidente, va a avalar de manera tan flagrante una actitud como la boliviana, equiparable al hipotético pedido de naciones asiáticas por despenalizar el cultivo de amapola. A nadie se le había ocurrido eso. Nadie hasta ahora, había optado por declarase voluntariamente “Estado forajido”.

Evo Morales ha decidido intensificar su lucha por la despenalización de la hoja de coca, justo cuando el mundo entero es testigo de las consecuencias que ha traído para el país y para el continente, la puesta en marcha de una política cocalera abierta y sin restricciones.