Hace años que se viene denunciando el desborde del narcotráfico en Bolivia. Organismos internacionales como la ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Iglesia Católica, gobiernos de países vecinos y hasta la Policía Boliviana, en algunos arranques de desesperación, tal vez, han lanzado gritos de alerta sobre el incremento de la producción de cocaína, el acelerado crecimiento de los cultivos de coca y la presencia de cárteles internacionales de México, Colombia y también de Brasil.
El Gobierno boliviano ha ensayado varias estrategias para tratar de disimular el problema, hasta que el candidato a presidente de Brasil, José Serra, no tuvo más remedio que llamar “complicidad” al intento de minimizar lo que para los brasileños significa 6,5 toneladas de cocaína por año, para hablar sólo de la droga que cae en manos de la Policía Federal, que calcula que casi el 60 por ciento de la cocaína que llega a Brasil es producida en Bolivia.
Desde hace algunas semanas el Presidente viene hablando del tema con cierta candidez: “No sabía que los narcotraficantes eran tan poderosos”, “son más fuertes que la Policía” y lo más contundente lo dijo el pasado 6 de agosto cuando reconoció que la lucha contra el narcotráfico ha sido una de las principales debilidades del Gobierno.
Reconocer un error es un buen avance, pero lamentablemente se ha perdido tiempo valioso y se han cometido demasiadas equivocaciones que han hecho pensar en ciertas actitudes conniventes del actual régimen con los narcotraficantes. Echar del país a la DEA sin tener una estrategia alternativa para combatir a una fuerza que dispone de recursos ilimitados, fue sin duda alguna, el mejor impulso para la producción y el tráfico de cocaína. Los cocaleros, un ejército cercano a los 100 mil productores, se vieron empoderados por el Gobierno y eso ha significado no sólo un aumento exponencial de cultivos de coca, sino también la propagación de las áreas de siembra en numerosas regiones apartadas de las áreas tradicionales del Chapare y los Yungas. ¿Podrá el presidente Morales contener el avance de su propio sindicato? Lo que se sabe es que los dirigentes del trópico cochabambino quieren más y no están dispuestos a ceder.
Durante años también, se pretendió negar la presencia de los principales cárteles de la droga de México y Colombia en el país. Balaceras, avionetas que caen aquí y allá, grandes factorías, toneladas de cocaína, matones serbios, policías implicados. Todos esos son elementos que ofrecen un panorama sombrío sobre el tamaño del negocio que se ha montado en Bolivia. Lo peor de todo es que el narcotráfico parece haber logrado reposicionarse en la sociedad boliviana, tal como lo había conseguido en los años ‘80, aunque esta vez, y de acuerdo al contexto político imperante, las mafias son bien acogidas en el ámbito comunitario. Los ayllus, las narcocomunidades cochabambinas, El Alto, el amauta Mejillones, etc. ¿Se enfrentará el Estado Plurinacional a ese entramado social donde se arriesga a sufrir un alto costo político?
En primer lugar habrá que evaluar si existe la voluntad de encarar una guerra. También hay que ver los medios para ese duro combate. Y sobre todo hay que evitar más errores. Meter a las FFAA en la lucha antidrogas es algo que se debe meditar con cuidado. La Policía ya está corrompida y lo mismo podría pasar con los militares.
El Gobierno no ofrece seguridad sobre sus intenciones en la lucha contra el narcotráfico. Perdió mucho tiempo y cometió errores.
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