ejemplo a imitar. bienes de narcotraficantes podrán ser usados en la lucha contra el crimen y la droga. en Bolivia altos jefes policiales se adueñan

La Policía y la Guardia podrán utilizar o vender los bienes incautados a las mafias de narcotráfico y blanqueo

El Ministerio del Interior, por medio de su Secretaría de Estado, ha aprobado una Instrucción que fija un protocolo a seguir por la Policía y la Guardia Civil a la hora de vender o hacer uso provisional de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico y delitos relacionados. Afectaría principalmente a medios de transporte (vehículos, embarcaciones, motocicletas, planeadoras...) empleados por los delincuentes en sus actividades.

Asimismo, el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba también ha fijado una normativa para la destrucción anticipada de efectos decomisados sin necesidad de esperar a una resolución judicial firme.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, esta normativa da respuesta a una cuestión ampliamente demandada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a menudo y tras operaciones de este tipo tenían que hacerse cargo todo tipo de medios utilizados por las bandas desarticuladas sin saber bien dónde almacenarlos. También otros objetos como televisiones, teléfonos, consolas, ropa de marca... El Servicio de Vigilancia Aduanera también lleva mucho tiempo sufriendo esta situación.

Fechada el pasado 10 de febrero y con firma del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la Instrucción 1/2011 "por la que se imparten normas para el control y adjudicación provisional, venta anticipada o destrucción de los bienes intervenidos en actuaciones contra él tráfico de drogas y delitos conexos" a la que ha tenido acceso Europa Press, está dirigida al director general de la Policía, los directores adjuntos operativos de la Policía y Guardia Civil y a la directora del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado(CICO).

LISTADOS ACTUALIZADOS MENSUALMENTE

En esta Instrucción se establece que será el CICO el organismo encargado de "elaborar un listado con los efectos intervenidos susceptibles de ser adjudicados, provisionalmente, a aquellas Unidades que lo soliciten, independientemente del Cuerpo al que pertenezcan", si bien especifica que tendrá preferencia la Unidad que realice la intervención. Estos listados serán actualizados cada mes y se remitirán a las Direcciones Adjuntas de la Policía y la Guardia Civil.

A partir de ahí, "las unidades interesadas en la adjudicación provisional de alguno de los medios de transporte u otros efectos intervenidos deberán dirigirse a sus Servicios Centrales, los cuales, de considerarlo adecuado, lo comunicarán al CICO y dispondrán lo conveniente para hacer efectiva su adjudicación".

Para facilitar la elaboración de ese listado, la instrucción incluye un formulario tipo con distintas categorías a rellenar tales como la "Descripción del objeto" (turismo, camión, furgoneta, embarcación), "Marca comercial", "Modelo", "Color", "Matrícula" (en el caso de medios de transporte), "Estado de conservación" (Bueno/Aceptable/Inservible), "Cuerpo o Servicio (Policía o Guardia Civil)" o "Tipo de Solicitud" (Venta/Destrucción/Adjudicación).

Para canalizar esta normativa se establecen unos mecanismos de información y comunicación según los cuales la unidad a cargo de la operación debe informar al Fiscal competente en la causa remitiéndole una copia de las solicitudes formuladas. Asimismo, esta unidad debe dar parte al CICO que a su vez trasladará los datos recibidos a la Fiscalía Especial Antidroga y a la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional para Drogas.

DESTRUCCION ANTICIPADA DE EFECTOS DECOMISADOS

Por su parte, la destrucción de efectos antes de que exista una sentencia judicial firme deberá ser solicitada a la autoridad judicial "en el momento de presentar el atestado policial o en fechas inmediatamente posteriores". Para ello será necesario especificar la identificación del bien intervenido, su poseedor y dejar constancia de que es la propia autoridad judicial la que debe comunicar su decisión a la Delegación del Gobierno.

De este modo, se podrán destruir bienes "cuando sean perecederos", "cuando su propietario haga expreso abandono de ellos", "cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del objeto", "cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, o pueda afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales" o "cuando se trate de efectos que se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo".

Esta Instrucción se comunicará también a las Consejerías de Interior del País Vasco, Cataluña y Navarra así como al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de administración Tributaria. La iniciativa parte de un protocolo suscrito el 20 de abril de 2010 entre los Ministerios de Interior, Sanidad y Política Social y la Fiscalía General del Estado después de que la Comisión Mixta Congreso-Senado aprobase una proposición de Ley para permitir la gestión de bienes decomisados el 30 de junio de 2009.

de no ponerse a derechas Evo la pasará muy mal también con Brasil que empieza a priorizar el narcotráfico y deja el gas en segundo plano (LT.CB)

Desde el segundo semestre, en la frontera con Brasil se utilizará un sofisticado avión no tripulado para controlar las actividades de narcotráfico.

Esta decisión, entre otras, ha sido acordada durante la visita que ha realizado el Viceministro de Justicia de Brasil al país para reunirse con su homólogo boliviano. La información agrega que este avión hará una demostración el próximo mes de marzo en ocasión de la visita que realizará a Bolivia el Ministro de Justicia brasilero.

Es un acuerdo útil pues vigilar una frontera como la que tenemos con Brasil es muy difícil y se sabe que a través de ella el narcotráfico –con producción nacional y peruana- hace de las suyas.

Pero, desde otro enfoque –y como ya se había advertido- pareciera que estamos pasando de unas relaciones “gasificadas” a unas “narcotizadas” con Brasil, lo que va en desmedro nuestro. Abonan a esa hipótesis que el primer viaje al exterior de la nueva Presidenta brasilera fue a Argentina y que su Canciller visitó ese país y Colombia, por citar dos. A Bolivia, en cambio, llega el segundo hombre del Ministerio de Justicia y nos visitará su titular.

Son mensajes que en sí constituyen una alerta que nuestra Cancillería debería tomar nota e impulsar de una buena vez un serio, sistemático y plural proceso de reflexión sobre cuál será el rumbo que el país adopte con relación a la emergente potencia mundial y que es el vecino con el que tenemos nuestra frontera más grande. Mantener la posición actual de aparente indiferencia es muy peligroso.

radarización del espacio aéreo plantea entre otras medidas La Nación para controlar ya el narcotráfico en frontera con Bolivia

La gravedad de los hechos que rodean al envío de casi una tonelada de cocaína a España no debe ocultar que resta aún por investigar la mayor parte de esta maniobra delictiva.

Los tres argentinos detenidos en Barcelona -aun considerando el diferente grado de responsabilidad que pueda corresponderle a cada uno- han cumplido, en rigor, el papel de "mulas", aunque sea en una escala importante. Sus historias individuales no los ubican como probables jefes o figuras principales de un cartel de la droga con capacidad para traficar esos volúmenes. Sus cuentas personales tampoco hubieran permitido mover los millones de dólares que demandó la logística de la operación sólo en el alquiler, garantías y seguros de los dos aviones utilizados. Las dificultades para rastrear esos fondos muestran, también, evidentes debilidades en los controles internacionales y locales.

Además, es obvio que, para que un volumen semejante de droga pueda haber sido cargado en un avión, tienen que haber ocurrido antes varios hechos de igual o mayor gravedad. En primer lugar, debería establecerse si la cocaína fue elaborada en un laboratorio clandestino ubicado en nuestro país; en ese caso, resulta alarmante en extremo la posibilidad de que esas instalaciones sigan funcionando sin inconvenientes y no hayan podido ser advertidas hasta la fecha por las fuerzas encargadas de tal tarea. Si, en cambio, fue elaborada en el exterior del país, la preocupación se traslada a la debilidad de nuestros controles fronterizos, sean éstos fluviales, marítimos, terrestres o aéreos, y a la incapacidad para impedir que elementos de semejante volumen puedan ser introducidos con tanta facilidad en nuestro territorio. Téngase en cuenta en tal sentido que así podrían haberse introducido armas, desechos tóxicos peligrosos o cualquier material que deba ser controlado.

En ambos casos, el traslado desde la frontera o el aeródromo clandestino implican que semejante cargamento debió ser embalado cuidadosamente para adecuarlo a su clandestino destino, y que fue trasladado vía terrestre por un tramo posiblemente muy extenso, pasando necesariamente controles policiales o de tránsito de todo tipo sin que nada haya obstaculizado su camino. Nos hallamos entonces ante un caso de posible comercialización, almacenamiento, ocultamiento y transporte de estupefacientes, que debe ser investigado sin demora, ya que las profundas huellas que esos delitos puedan haber dejado en el territorio nacional producen una preocupación equivalente, si no mayor, a la investigación del contrabando. Basta sólo con imaginar la cadena de complicidades, silencios y compra de voluntades -siempre presente, lamentablemente, en este tipo de casos- que debe involucrar este asunto, para justificar el mayor esfuerzo investigativo posible.

Por último, o más bien, al principio, debe considerarse la responsabilidad del gobierno kirchnerista en la debilidad de los controles. En mayo de 2003, la ahora llamada Policía de Seguridad Aeroportuaria integraba la Fuerza Aérea y tenía, por todo concepto, poco menos de 500 hombres. Hoy depende del Ministerio de Seguridad, tiene más de dos mil integrantes y un equipamiento bastante sofisticado.

Pero en el caso que nos ocupa, no resistió la prueba de la práctica. Cargar la droga en los aviones (el Hawker y el Bombardier) y sacarla por Ezeiza fue un paseo. También es conveniente recordar que durante décadas, el control de los aeropuertos y de los aspectos técnicos de la actividad aerocomercial fue ejercido por la Fuerza Aérea, que dedicaba a esa responsabilidad algo más de la mitad de su personal.

Carlos Menem privatizó la mayor parte de los aeropuertos que tenían interés comercial, pero mantuvo el control de la actividad aérea en la Fuerza Aérea. Después, Néstor Kirchner asignó esa competencia a la Administración Nacional Aerocomercial (ANAC). Es obvio que esos complejos controles pueden ser militares o civiles, incluso en algunos países han sido tercerizados o privatizados parcialmente. Lo que no se debería hacer es improvisar de un día para el otro, que fue lo que se hizo. Ni el primer titular de la ANAC, Rodolfo Gabrielli, ni quien actualmente ocupa ese cargo, Alejandro Granados, acreditaron tener la experiencia necesaria para desempeñar tan importante responsabilidad.

Pero, además, habiendo transcurrido más de 30 días de la incautación del avión y de la cocaína transportada por parte de las autoridades españolas, pocos han sido los avances y tenues las señales emanadas desde el gobierno nacional que muestren una decidida y firme acción contra el tráfico ilícito de estupefacientes y el crimen organizado. Los cambios anunciados en los protocolos de seguridad en las estaciones aéreas para mejorar los controles allí existentes son bienvenidos, pero, por cierto, insuficientes para detener el avance incesante del narcotráfico que se registra en nuestro país. En cambio, ninguna acción parece haberse tomado para reforzar los controles, desde un punto de vista de cantidad de efectivos y medios técnicos adecuados, de nuestras porosas fronteras, terrestres y fluviales. Y menos aún, ningún anuncio público referido a retomar el proceso de licitación del varias veces postergado plan de radarización del espacio aéreo argentino.

Como se sabe y está comprobado en otras latitudes, el negocio del narcotráfico produce efectos sobre la gobernabilidad democrática, deteriora la economía, debilita las instituciones y corroe las redes de la organización social. Resulta necesario, entonces, recuperar el terreno perdido a manos de las organizaciones criminales, proponiendo y llevando a cabo una estrategia eficaz que permita desarticular las diferentes fases que forman parte del negocio del narcotráfico. Esta debería ser una de las prioridades del Gobierno, y debería encararse sin demoras ni titubeos antes de que, como en México hoy y en Colombia hace unos años, sea demasiado tarde.

avión sin piloto de Brasil controlará a narcotraficantes de día y de noche. marzo convenio. agosto operación. Cáceres y Barreto ofrecen declaraciones

Los Gobiernos de Bolivia y Brasil decidieron emplear conjuntamente un avión no tripulado de alta tecnología en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos a través de la extensa frontera que comparten ambas naciones.

Se trata de un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) fabricado por Israel y comprado por Brasil a un precio de 4,2 millones de dólares para vigilar no sólo su frontera con Bolivia, sino también con Paraguay y Argentina.

La esponsable del manejo y funcionamiento de la nave es la Policía Federal de Brasil, primera nación en la región que emplea estos sistemas en las fuerza policiales desde 2009.

La cooperación para usar el avión fue acordada en una reunión del viceministro de Defensa Social de Bolivia, Felipe Cáceres, y su homólogo de Justicia, Luiz Paulo Barreto, celebrada entre el miércoles y viernes pasados en La Paz.

Cáceres, que difundió ayer el acta del encuentro, dijo que las fuerzas policiales de Bolivia y Brasil realizarán las operaciones con la nave que hará una demostración a fines de marzo durante la visita a La Paz del ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo.

El aparato podría comenzar a operar oficialmente en agosto o septiembre de este año.

El encuentro de Barreto y Cáceres también preparó la visita que Cardozo hará a Bolivia los próximos 28 y 29 de marzo para comprobar la marcha de los acuerdos bilaterales contra delitos transfronterizos como el narcotráfico y la trata.

Nave

De acuerdo a datos de la Policía Federal de Brasil, el VANT tiene unos 10 metros de longitud y está equipado con cámaras especiales para operar en cualquier condición. Puede alcanzar una altitud máxima de 30 mil pies o 10 kilómetros.

La máquina, diseñada y fabricada por Israel, tiene una autonomía de vuelo de más de 30 horas y es controlada en forma remota.

De acuerdo con el diario O Estado, de São Paulo, el equipo fue utilizado por Israel para inspeccionar la frontera de Gaza. El VANT está equipado con potentes cámaras y las imágenes son transmitidas de forma inmediata a un centro de control en tierra.

El acuerdo preliminar entre Brasil y Bolivia establece que el país debe oficializar una solicitud para usar la nave.

el diario cooperativo OPINION recogió declaraciones del número UNO de los policías que admite la posibilidad de estar operando un cartel colombiano...

El comandante de la Policía Boliviana, general Oscar Nina, abrió hoy la posibilidad de que el cártel del Valle, la tercera organización narcotraficante más importante de Colombia, esté operando en el país, después de que algunos medios argentinos aseguraron en los días pasados que ese grupo está en Bolivia.

“Es probable de esas informaciones (de algunos medios) establezcan eso, pero no es real que el cartel (del Valle) se haya instalado en nuestro país, eso no es cierto, lo que es posible es que esté haciendo algunas operaciones en nuestro país, haciendo algunos trabajados de coordinación con el fin de quedarse aquí”, afirmó Nina.

Sin embargo, el jefe policial aseguró que la institución del orden boliviana está atenta ante esas informaciones difundidas y “obviamente impedirá” bajo cualquier circunstancia su posible establecimiento de esa organización de narcotraficantes colombianos en el territorio nacional.

El cártel del Valle supuestamente está operando en Santa Cruz, donde tiene fábricas de cristalización de cocaína y pistas de aterrizaje, según medios argentinos.

De acuerdo a la publicación de el diario boliviano Página Siete, un escándalo de tráfico de narcóticos que involucra a los hijos de un ex comandante de la Fuerza Aérea de Argentina provocó que los medios y la justicia de aquel país vuelquen sus ojos a las actividades que aquel cártel realiza en Bolivia.

Los hermanos Julia, hijos de un alto jefe militar durante la época del ex presidente argentino Carlos Menem, están detenidos en Barcelona después de ser encontrados con 944 kilos de cocaína. Ambos, de acuerdo con las pesquisas, estuvieron en Santa Cruz en 2010 para coordinar los envíos de sustancias controladas con la gente del cártel del Valle.

opinion.com.bo

el famoso "narcojet" que estuvo en Santa Cruz está dando luces sobre un Cartel de la droga colombiano que opera ya en Bolivia

Una modelo de conocida trayectoria en Santa Cruz, su novio (colombiano) y su hermana habrían tenido vínculos amistosos con los supuestos implicados de la banda transnacional que envió un cargamento de 944 kilogramos de cocaína a España en el avión de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos en el país ibérico, según diarios argentinos. Según declaraciones recogidas en las investigaciones, el 18 de abril del año pasado, el avión de los Juliá -en el que se encontró la droga en Barcelona- llegó a Santa Cruz, donde se reunieron con el colombiano J.W.D.V. (posible proveedor de la cocaína) que tiene relación con la modelo argentina Angie Sanclemente (implicada en un anterior caso de narcotráfico). En ese encuentro se habría definido el envío de los 944 kilos de droga a España. En el jet viajaron las bolivianas. En ese vuelo además habrían viajado la modelo boliviana (E.C.L.)y su hermana (N.C.L.). Los rotativos argentinos también mencionan de acuerdo a la investigación, que la droga cargada en Argentina salió de Colombia hacia Bolivia y luego Argentina. El grupo colombiano conocido como Cártel del Valle sería el que transportaba pasta base de cocaína a Santa Cruz, donde es procesada en laboratorios y es introducida a Argentina mediante aviones. Uno de esos cargamentos habría sido el trasladado a España por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret. Los Juliá en Santa Cruz. Una importante fuente de la investigación aseguró a La Nación de Argentina que el ciudadano colombiano que viajó con los hermanos Juliá a Santa Cruz en abril del año pasado sería uno de los jefes de la organización de narcotraficantes que contrató a los Juliá para llevar la droga a España. Este elemento probaría que no habría sido casual el encuentro entre los hermanos Juliá y J.W.D.V. En el entorno del ciudadano colombiano, dueño de una empresa agrícola en Bolivia, aseguraron que el hombre de negocios contrató y les pagó 4.500 dólares a los Juliá para impresionar a su novia, la modelo boliviana E.C.L., y llevarla en un vuelo privado, de regreso a Santa Cruz. En uno de estos viajes a la capital oriental, los involucrados habrían celebrado un festín en el hotel Los Tajibos donde participaron también la modelo y su hermana, según los rotativos. Acordaron el envío. Los investigadores sospechan que en ese viaje y en una reunión realizada en la capital cruceña, los Juliá y el ciudadano colombiano habrían acordado comenzar a enviar cargamentos de droga a Europa, en vuelos privados desde el aeropuerto de San Fernando, en la Argentina, que está en la mira de las pesquisas. Mientras esto sucedía en Bolivia, en España, la policía local había puesto en marcha la operación Volare, con el objeto de desbaratar una red de tráfico de drogas que operaba en ese país. La investigación incluyó la búsqueda del proveedor de la banda europea. Esa pista llevó a los policías españoles hasta el cártel del Valle, una organización colombiana de narcotraficantes que instaló laboratorios de cocaína en Santa Cruz de donde se enviaba la droga a la Argentina y que luego iba hacia España. El Gobierno conoce del caso. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, reconoció que el Gobierno, a través de las instancias correspondientes, solicitó al Gobierno de España datos e información sobre la captura el 2 de enero pasado en el aeropuerto de Barcelona de un avión, “narcojet”, con 944 kilos de cocaína procedente de Argentina y la detención de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes estuvieron en Santa Cruz el pasado año. Cáceres manifestó que ante estas informaciones se solicitó al Gobierno español las declaraciones prestadas por los hermanos Juliá en ese país para iniciar una investigación en Bolivia sobre la presencia de estas personas en Santa Cruz, el objetivo de su viaje y con quiénes se reunieron. “Es una declaración preliminar que han hecho en España. Con certeza no sabemos cuándo nos darán esa información pero se hará la investigación”, aseveró Cáceres en declaraciones pasadas. Las contradicciones. En Santa Cruz el coordinador de Sustancias Controladas, Santa Cruz Mercado, negó haber recibido alguna instructiva sobre el caso Narcojet. "No nos han enviado", se limitó a informar ayer en el Palacio de Justicia al ser consultado. Sin embargo, una hora más tarde el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, teniente coronel Fernando Amurrio, contradijo al fiscal coordinador reconociendo que el caso se está manejando en los niveles que corresponde haciendo las gestiones necesarias. "A partir que la FELCN tiene conocimiento de una incautación que de por medio se ve involucrado el departamento o el país, nosotros de inmediato hacemos las indagaciones correspondientes", aseguró.

944 kilos de droga incautó la policía española en Barcelona que llegó desde argentina hasta ese país.

3.000 dólares por cada kilo de droga habrían pagado los narcotraficantes a los hermanos Juliá por su traslado.

Alertan sobre la presencia de cártel

Los diarios aseguran que los hermanos Juliá fueron contratados por uno de los jefes del Cártel del Valle, integrada por colombianos que opera en santa cruz.

ayuda estadounidense a Bolivia por la lucha contra la droga se reduce a su mínima expresión. de más 90 Evo la ve disminuída en 10 millones por año

El Departamento de Estado de EEUU anunció la reducción de su ayuda antidrogas para Bolivia, de $us 20 millones a $us 10 millones, el 2012. Washington sostiene que su asistencia internacional se concentrará en regiones con mayores necesidades.

“En la lucha contra el narcotráfico la región verá disminuidos los fondos desde EEUU de 701 millones a $us 565 millones de dólares. Colombia verá reducida su financiación hasta los $us 160 millones, 80 millones menos que el 2011. México recibirá $us 248 millones, 40 millones de dólares menos; y Bolivia la mitad de lo percibido, es decir, 10 millones de dólares”, señala el comunicado de Washington que replica la agencia EFE.

De manera general, de acuerdo con la misma información, desde EEUU se hizo conocer que en el presupuesto marcado por la austeridad, presentado ayer por el presidente norteamericano Barack Obama, Estados Unidos va a destinar de 701 millones a 565 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico en el presupuesto de la gestión 2012 a toda la región latinoamericana.

Desde el 2006, EEUU vino disminuyendo su cooperación a Bolivia. En el primer año de gobierno del presidente Evo Morales, su ayuda oscilaba los $us 80 millones, de los que unos $us 42 millones iban para la lucha antidrogas específicamente, según la información de medios. Ayer se intentó entrevistar a autoridades del Gobierno, pero no se tuvo éxito. Relación. En noviembre del 2008, dos meses después de la expulsión del embajador norteamericano Phillip Goldberg, el presidente Evo Morales echó del país a la Agencia Antinarcóticos de EEUU (DEA), acusándola de conspirar contra su gobierno.

Ya el 2009, la cooperación antinarcóticos descendió a $us 26 millones, luego pasó a $us 22 millones para el siguiente año y para el 2011 llegó a $us 20 millones. Pese a que no hay relaciones entre ambos países, Morales le ha reclamado a EEUU tener responsabilidad compartida en materia de lucha contra las drogas.

“Debe haber una responsabilidad compartida, (por eso) saludamos el apoyo y la participación de algunos países de Europa, pero seguramente algunos representantes de EEUU no quieren que haya buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia”, dijo el mandatario en su informe de gestión a la Asamblea Legislativa, el 22 de enero pasado.

Afirmó también que, en los últimos años, el Gobierno boliviano ha empezado a nacionalizar la lucha contra el narcotráfico. El año pasado, se destinó del Tesoro General de la Nación $us 20 millones para tareas antidrogas. Entre tanto, Bolivia espera recibir cooperación de Estados europeos para los próximos años, a través del Programa País.

Este plan fue elaborado por el Gobierno, con el apoyo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODD), para fortalecer la capacidad nacional contra el narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, la corrupción y otros delitos económicos, según la información que proporcionó a este diario, a finales del año pasado, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.