no se entiende la doble cara. insultan y rechazan la ayuda por un lado por otro piden ayuda de los EEUU para combatir el narcotráfico

Las recientes declaraciones del vicepresidente García Linera acerca de la anunciada posible “reducción global” de la ayuda antidroga que ofrece la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) al país, no han podido ser más desafortunadas e inoportunas. Por una parte, porque este organismo de cooperación bilateral ha sido expulsado del Chapare, a la sazón zona clave de la producción de coca como materia prima para la producción de cocaína, y dada la situación, bien puede el gobierno estadounidense disponer de sus fondos de ayuda como mejor le parezca. Por ello, el anuncio del director general de Usaid, Wayne Nilsestuen, parece coherente.

Por otra parte, el Gobierno boliviano ha declarado, a través de sus voceros, que la lucha antidroga podía asumirla sin mayores problemas sin la participación de la DEA estadounidense, a la que también expulsó casi al mismo tiempo que al ex embajador Goldberg. En los hechos esto ha significado nada más y nada menos, que una drástica reducción de recursos humanos, logísticos y financieros que más temprano que tarde se ha tenido que poner en evidencia. Llegado el momento, resulta lógico que sobren las lamentaciones, obviamente. En el caso de Usaid, existe un paralelo que no se puede pasar por alto. Estamos hablando de un terreno de relaciones bilaterales deterioradas.

En este momento no existe confianza mutua entre Estados Unidos y Bolivia. Si bien de alguna manera se están realizando esfuerzos para recomponer un escenario de cooperación sin barreras, y ambos gobiernos han manifestado sus mejores intenciones, salta a la vista que son más las dificultades que las coincidencias. Siendo un terreno ríspido, no resulta entonces de buen gusto exigir a un país que la cooperación económica se mantenga, echándoselo en la cara además que es una obligación como país consumidor. Con esta postura, el Vicepresidente ha dado la impresión que la recepción de recursos económicos puede ser más relevante que la lucha contra la droga.

Existe una disyuntiva que debe aclararse: Al Gobierno le interesa sólo el dinero o realmente pretende luchar de frente contra el narcotráfico. Quizás le pueden servir de ejemplo las acciones emprendidas por Lula en Río de Janeiro contra los narcotraficantes que se han creído dueños de la Ciudad Maravillosa. En Bolivia no se conocen acciones en contra de los narcotraficantes que hacen de las suyas en el Chapare, donde los nuevos ricos han brotado como hongos, preocupando incluso a los niveles más altos del Gobierno, incluyendo al presidente Morales, que también es dirigente de los cocaleros.

La lucha contra el narcotráfico exige más y mejores recursos, que resultan inaccesibles para un solo país. De ahí que la cooperación internacional, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales se perfile como una necesidad imperiosa para la mayoría de los países del continente. Desde esta perspectiva, resulta contraproducente y de mal gusto atacar verbalmente al gobierno o a instituciones de un gobierno cooperante y enseguida exigir que mantenga su apoyo económico. Conviene recordar que dar la bienvenida al apoyo externo exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Conviene recordar que dar la bienvenida al apoyo externo exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

demanda preocupación de todos el diario cooperativo OPINION en su editorial del dia

A raíz de un impasse surgido por las declaraciones del arzobispo Tito Solari y el Gobierno respecto a las afirmaciones del primero en sentido de que en el Chapare existen familias y niños comprometidos con la venta de droga, se registró una ardua polémica que en términos generales ha dejado la conclusión que la lucha contra el narcotráfico es una tarea de todos, es decir de Gobierno, instituciones y ciudadanos.
Una reunión, la noche del lunes, entre el arzobispo Solari, alcaldes del trópico, el Viceministro de Defensa Social y campesinos cultivadores de coca, sirvió para poner punto final a la polémica, cuando previamente la autoridad eclesiástica se disculpaba si álguien se sintió injustamente aludido.
Lo positivo de este lío, que parecía profundizar las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia católica, es que una vez más se evidencia que el diálogo sincero puede llevar a solucionar problemas y abrir puertas para que los problemas nacionales que aquejan al país y a la gente, como por ejemplo el narcotráfico, sean analizados desde una perspectiva del bien común, es decir, más allá de posiciones encontradas, que cuando se presentan, lo único que hacen es interferir ideas y acciones que en un clima de distensión pueden ser útiles para llevar adelante iniciativas conjuntas.
En el asunto del narcotráfico, hemos señalado en muchas ocasiones, que siendo un problema de dimensiones internacionales, cada país y cada pueblo en la proporcionalidad que le corresponde debe asumir su responsabilidad. Los centros donde se concentra el mayor consumo de cocaína tienen la obligación de desarrollar luchas contra el flagelo que demuestren resultados efectivos, controlando sus fronteras, disminuyendo los índices de criminalidad en torno al negocio del narcotráfico, estableciendo controles en su sistema financiero para evitar lo que se denomina el “lavado” de dinero y demostrar ante la comunidad internacional los planes y campañas que realizan para disminuir la dependencia de miles de consumidores de la droga.
Los países productores, como Bolivia, tienen a su vez la misión de controlar el cultivo de la hoja de coca que excedentaria va a la fabricación de la droga y de realizar los esfuerzos suficientes para acabar con las bandas del narcotráfico que se han expandido en diversos puntos del territorio nacional, según han señalado los informes de las autoridades policiales, con ramificaciones de pequeños clanes familiares.
El Gobierno, instituciones y todos el país deben realizar los máximos esfuerzos para combatir la producción de droga y al narcotráfico, y en esta misión, que ahora se ha impuesto el Gobierno desarrollarla mediante acciones internas propias y a través del control social en las zonas productoras de la hoja de coca, es importante la participación de las instituciones y de los ciudadanos. Lo peor que puede pasar a un país es caer en manos del narcotráfico, los efectos y secuelas sociales, económicas y hasta políticas se pueden observar cuando las bandas delictivas se organizan y se hacen fuertes al punto de constituirse en una especie de súper estados.
La lucha contra el narcotráfico es un tema policial y de interdicción, pero también es de inteligencia y solidaridad de toda la sociedad. Se enfrenta el narcotráfico con grupos policiales bien entrenados, bien pagados, con información adecuada para llegar o anticiparse donde están los narcotraficantes, pero es importante la acción de coordinación y ayuda con todas las instituciones.

asuntos ya sabidos pero sin detalles ni confirmaciones tan contundentes como las que ofrece Wikileaks sobre la cocaína y Ortega

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, habría financiado su campaña electoral en 2007 con dinero procedente del narcotráfico así como con "maletines llenos de dinero" llegados de Venezuela, según se desprende de los cables de la Embajada estadounidense en Managua dados a conocer por Wikileaks.

Además, según estos documentos, cuyo contenido adelanta este martes 'El País', Ortega ha instaurado en el país centroamericano un clima de terror entre los funcionarios, hasta el punto de que un informante, al que no se identifica, asegura que está "completamente loco" y que "se ha convertido en una amenaza para el país" porque "hasta cree que las monjas viejas están rezando para que lo asesinen".

El diario cita en concreto cuatro documentos firmados por el embajador estadounidense, Paul Trivelli, entre 2006 y 2008. En ellos se pone de manifiesto que Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvieron dinero del narcotráfico internacional "a cambio de que los jueces sandinistas pusieran en libertad a traficantes capturados por la Policía y los militares".

Asimismo, la Embajada señala en un documento que funcionarios nicaragüenses reciben "maletas llenas de dinero" en sus viajes a Caracas. "Múltiples contactos nos han dicho que Ortega utiliza dinero del petróleo venezolano para financiar los Consejos del Poder Ciudadano y las campañas de las elecciones municipales del FSLN. Varios informes no confirmados indican que Ortega tendrá 500 millones de dólares a su disposición en el transcurso de 2008", indica el cable.

En otro de ellos se señala que "Daniel Ortega y los sandinistas reciben dinero regularmente para financiar las campañas electorales del FSLN de parte de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitan salir en libertad a los traficantes capturados por los policías y los militares".

Entre los narcotraficantes que habrían financiado las actividades de Ortega, la Embajada estadounidense cita el caso del colombiano Pablo Escobar, a quien el presidente nicaragüense dio refugio durante unos meses en el país centroamericano en 1984.

Asimismo, los aviones de Escobar utilizaron Nicaragua para cargar cocaína con destino a Estados Unidos y a cambio de ello "Ortega y el FSLN recibieron grandes pagos en efectivo de Escobar". En la ayuda al narcotraficante colombiano, según la Embajada norteamericana, también participó el entonces ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge.

En otro cable fechado a mediados de 2006, el embajador relata cómo Ortega y su partido habían chantajeado en 2004 a un boxeador, acusado de violar a una joven en Managua, acordando protegerle en los tribunales "a cambio de una parte de las ganancias de sus combates y de hacer publicidad para Daniel". El boxeador, Ricardo Mayorga, accedió al trato y fue exculpado del delito que se le acusaba.

otra trampa del MAS. mete bala a "sus cocaleros" éstos causan 40 heridos en Palos Blancos. El Dia se ocupa de La Violencia Previsible

Los lamentables sucesos que han tenido lugar en el Municipio de Palos Blancos, sector Marimono, en el norte del Departamento de La Paz, eran de esperarse dentro del doble escenario que significa la polémica defensa de la hoja de coca y la ineludible lucha contra el narcotráfico. Por una parte, la tácita permisividad para sembrar coca no sólo está pasando una sensible factura al Gobierno, porque a menudo surgirán oportunidades para cruzar la línea de la legalidad y acercarse a la tenebrosa red del tráfico de cocaína, sino que esta situación ambivalente está generando una violencia a todas luces previsible y peligrosamente creciente. Los recientes enfrentamientos son una prueba.

Resulta saludable conocer que el Gobierno prosigue con sus esfuerzos, así éstos sean todavía insuficientes, por erradicar los cultivos de coca que se consideran ilegales. Una muestra es la tarea que está desarrollando en el Chapare y en el propio Norte paceño, con fuerzas militares y policiales, pero está visto que tendrá que luchar contra sus mismos adeptos que se las buscan para desmarcarse de las instructivas generales. En esta perspectiva, cada vez le resultará más difícil distinguir la paja del trigo, con todas las consecuencias que esta suerte de confusión acarrea. La extrema violencia desatada en Palos Blancos demuestra que aumentará la resistencia interna a la erradicación.

Si se considera que los excedentes de la coca cultivada están expresamente dirigidos a engrosar los insumos básicos que alimentan la red del tráfico de estupefacientes, también la disminución de la extensión del área legal de cultivos se convierte en un enorme e inexcusable desafío gubernamental de cara a la desigual lucha contra el narcotráfico en la que está empeñado el país. Por tal fundamental razón resulta ineludible no sólo demostrar que la disminución de las áreas de cultivo de coca se está expresando en cifras alentadoras, sino que el sector de los cocaleros debe manifestar con hechos que asume su cuota parte en la lucha nacional contra el tráfico de drogas.

Los enfrentamientos en Palos Blancos merecen una lectura desapasionada y profundamente reflexiva. Por una parte, porque conviene resaltar el hecho que algunos sectores de productores de hoja de coca han creído que tienen carta blanca e indefinida para el cultivo de coca ilegal. Siendo esto inadmisible, incluso para un Gobierno que defiende la hoja de coca como símbolo de la cultura originaria andina, lo más lógico es que se produzcan encontrones de diverso grado entre las fuerzas de tarea disuasiva y los cocaleros. Por otra parte, está por verse si el Gobierno es capaz de superar sin mayores trámites la escalada de un conflicto interno cada vez más complejo y peligroso.

Admitir la posibilidad de autorizar a los cocaleros la siembra de un cato de coca ilegal y excedentaria -como pretenden en Palos Blancos- a sabiendas que el producto se dirige a la fabricación de droga, vendría a corroborar la actitud cómplice de un Gobierno de doble moral. Por el contrario, dar pruebas concretas y responsables de que la erradicación de coca excedentaria se cumple de modo decidido y a pesar de las dificultades, en Palos Blancos y en cualquier otro punto del país, alentaría esperanzas de una lucha antidroga boliviana de mejores perspectivas, especialmente si se cuenta con la cooperación internacional adecuada. Ello evitaría la previsible escalada de la violencia.

Con pruebas de que la erradicación de coca se cumple a pesar de las dificultades, se alentaría esperanzas de una lucha antidroga de mejores perspectivas.

se pretende evitar nuevos enfrentamientos por causa de la coca. apuesta La Razón, sin tocar el fondo: más coca, más cocaína y ahí está la cuestión

Desde el 2009, en Bolivia la hoja de coca está protegida por la Constitución Política del Estado, que en su artículo 384 la declara "patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social" y especifica que su "revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley". El dilema está en si se debe reemplazar la Ley 1008 de Sustancias Controladas, todavía vigente, por una ley de la Coca, o si se debe conservar la primera, además de la prescrita por la Constitución.

La decisión es especialmente crítica considerando, por una parte, que pese al éxito de las tareas de erradicación, los cultivos ilegales, o excedentarios, de hoja de coca se multiplican en el país, y que el parámetro está señalado en la Ley 1008, muchas veces denunciada por inconstitucional. Por otra parte, que dichas tareas de erradicación son la principal fuente de conflicto y violencia entre campesinos y fuerzas del Estado, que no debe repetir errores del pasado.

Ayer fue en el Chapare, que se convirtió en símbolo del abuso estatal y la injerencia extranjera; con la nueva correlación de fuerzas, además de la expulsión de la DEA y otras agencias internacionales, allí se ha impuesto un sistema de autorregulación que se desea eficaz para evitar que la coca producida en esa región se desvíe al narcotráfico, pero que por las características de este ilícito negocio muestra también algunas debilidades.

Es en el norte paceño, donde, en los últimos años las fértiles tierras han dejado de producir fruta para ser convertidas al cultivo de la hoja de coca.

Si ayer la coca excedentaria se encontraba en el Chapare, hoy también está en la región vecina a los Yungas; y si ayer la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) era resistida por los cocaleros chapareños, hoy lo es por los campesinos de Palos Blancos. En ambos casos, el Estado boliviano se está mostrando drástico en la interdicción y los campesinos feroces en la resistencia.

No se desea ver nuevamente las dramáticas escenas de enfrentamientos causados por la hoja de coca, y por eso la solución a este tema es, como siempre que la seguridad y hasta la vida de las personas está en juego, una urgencia.

Filemón Escóbar le previene a Evo "el narcotráfico es como una gillotina que puede cortarle el cuello" aparece en Fides

El narcotrafico es como una guillotina que amenza el cuello del Presidente segun Filemon Escobar

En su visita a la villa Imperial el controvertido líder Filemón Escobar atacó duramente al partido gobernante manifestando queel presidente Morales tiene una guillotina en el cuello y que es el narcotráfico.

Hace tiempo ya había imaginado a Morales como presidente cuando este era aun joven, pero me imagine que él no permitirá en su gestión ni una sola planta de de tratamiento de la hoja de coca dijo Escobar.

Hizo un llamado tanto al presidente así como a los Cocaleros a erradicar la coca excedentaria voluntariamente en 15 días si quieren salvar la gestión de Evo Morales, no existiendo otra alternativa según el líder.

De otro lado dijo que el presidente se rodea de gente que nada tiene que hacer en el MAS refiriéndose a García Linera, Fidel surco, y Patana son ellos quienes propician acciones para

Acabar con los líderes de oposición como Joaquino Barrón y a otros que no son del régimen actual.

Estamos viviendo en un modelo Estalinista propio de perseguir a los opositores para luego con procesos dejarlos inhabilitados para nunca más tener oportunidad de volver a candidatear finalizo.

27 carabineros heridos uno de gravedad. 15 cocaleros detenidos en Palos Blancos resisten erradicar la coca. una hora duró el combate con balas, y...

Un enfrentamiento entre cocaleros de la Central Marimonos de Palos Blancos y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) dejó el saldo de 27 erradicadores heridos, uno de gravedad, y 15 campesinos que anoche fueron imputados de los delitos de asociación delictiva y lesiones graves.

La Federación Regional de Comunidades Campesinas (Fercoca) de Palos Blancos asegura que sus afiliados fueron brutalmente reprimidos por los integrantes de la FTC y denunció que 15 productores de la hoja fueron arrestados y conducidos a La Paz, en tanto que un joven no identificado está internado en el hospital de Palos Blancos.

La FTC está compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas, que reciben protección de la Policía Nacional para destruir cocales ilegales.

El enfrentamiento de ayer ocurrió alrededor de las 06.30 y duró una hora aproximadamente, cuando los grupos Tricolor III y Tricolor IV de la FTC se aprestaban a eliminar los cocales ilegales plantados en el sector de La Cumbre, en Marimonos, punto distante a unos nueve kilómetros de Palos Blancos.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que 150 personas bloquearon el acceso a los cultivos ilegales y repelieron la acción de los uniformados con piedras, dinamita, disparos de escopeta y bombas molotov.

Como consecuencia de ello, el sargento Marcelo Lecoña Choque sufrió un trauma encéfalo craneal, al recibir en la frente una pedrada lanzada con una honda. El efectivo fue evacuado ayer a La Paz con diagnóstico reservado.

Otros 26 efectivos de la FTC se encuentran bajo observación y con reposo debido a las lesiones que sufrieron.

Cáceres denunció que en la zona se encontró una poza de maceración destruida uno o dos días antes y que se decomisó una escopeta y una motocicleta que emplearon los cocaleros para hacer frente a las fuerzas del orden.

Valerio Chajpi, secretario general de Fercoca, negó ese extremo y aseguró: “El Gobierno hará cualquier montaje para desacreditarnos. La coca es nuestra forma de vida y sólo defendimos nuestros cultivos. Para nosotros no hay justicia”.

Sin embargo, Wilder Monroy, periodista de Radio Progreso, de Palos Blancos, refirió que eventualmente las autoridades antidrogas encuentran pozas de maceración en la zona. “Lo que nosotros hacemos es recomendar que no se haga esas cosas, pero es lo único que está al alcance de nuestras posibilidades”.

A su turno, Chajpi admitió que la ley no considera a la región de Palos Blancos dentro del llamado cordón tradicional, por lo que no tienen amparo de la justicia y lamentó que las gestiones efectuadas para que se autorice a cada familia a tener un cato fueran desestimadas.

“Hicimos gestiones, pero no nos atendieron, pero la coca es vida para nosotros. Por eso salimos a defender nuestras plantaciones, pero después de lo que pasó, los erradicadores eliminaron casi todas nuestras plantaciones”.

Los arrestados llegaron anoche a La Paz para prestar declaraciones ante autoridades de la fuerza anticrimen. Se enfrentan con la posibilidad de que se les imputen los cargos de tenencia de explosivos y lesiones graves.

Cáceres reconoció que la producción de los cultivos ilegales se destina a la fabricación de cocaína, por lo que “el Gobierno no va a permitir la coca ilegal” en zonas no autorizadas por la ley. Dijo que en el municipio de Palos Blancos se acordó la erradicación del 85 por ciento de los cocales, por lo que se eliminaron alrededor de 302 hectáreas de las aproximadamente 380 existentes en la región. La FTC seguirá su trabajo, “porque la ley no se negocia, se interpreta y se aplica”.

La autoridad identificó al presidente del Concejo Municipal de Palos Blancos, Joseín Cruz, como uno de los instigadores del enfrentamiento, a quien La Prensa no pudo ubicar ayer.

Una historia de tensión y problemas

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingresó en la cuarta sección municipal de la provincia Sud Yungas, Palos Blancos, el 21 de julio en la comunidad de San Miguel de Huachi, distante a unas 15 horas en vehículo de la ciudad de La Paz, en un acto que contó con la presencia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

La FTC está integrada por 445 efectivos de la Policía Ecológica, la Armada Boliviana, los regimientos Tumusla (Oruro), Ustáriz (Tolata), Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE) y las brigadas aéreas de Santa Cruz y Cochabamba. Instaló tres campamentos en Santa Ana de Huachi (base del Centro Agropecuario de la Fuerza Aérea), Palos Blancos y San Miguel de Huachi.

El 26 de julio ocurrieron las primeras escaramuzas. Los cocaleros denunciaron que Rosa Rosas Mayta estaba encinta y que perdió a su hijo en medio de los desórdenes causados por la represión de los erradicadores.

El miércoles 27 de octubre, 20 productores de coca emboscaron a efectivos de la FTC y dejaron a dos policías heridos en la Central Villa Coroico de ese municipio.

El de ayer fue el tercer incidente de gravedad en ese municipio, que se saldó con un uniformado herido de gravedad.

Cáceres revela carta de Solari

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, reveló ayer que recibió una nota del Arzobispo de Cochabamba en la que le explica los alcances de sus declaraciones relativas a la presencia de niños traficantes de cocaína en la región del Chapare.

El viernes 19, el prelado hizo tales afirmaciones que despertaron la ira de los cocaleros del trópico cochabambino, que lo declararon persona no grata y preparan una demanda penal en su contra ante la Fiscalía de Villa Tunari.

La autoridad informó que le envió una carta al prelado para que precise quiénes y dónde se dedican a esa ilegal actividad para actuar de inmediato.

“He recibido una respuesta del arzobispo Solari en la que dice que tal vez utilizó palabras inadecuadas, o sea, no se dejó entender, y reconoció que no era el momento adecuado. Yo comprendo, todos podemos equivocarnos y lo digno es reconocer que se ha cometido un error”.

El Viceministro justificó la decisión de los cocaleros al decir que sintieron indignación, porque Solari no debió generalizar a todos los niños y adolescentes del Chapare, y ratificó que el extremo anotado por el sacerdote no es evidente, lo que verificó en compañía del teniente coronel Pastor Antezana, principal autoridad de la fuerza antidrogas en esa zona.

Para destacar

Hasta el 28 de noviembre, la FTC erradicó 7.716 hectáreas de cultivos ilegales en el Chapare, los Yungas y Yapacaní.

En el Chapare, las fuerzas gubernamentales eliminaron 6.201 hectáreas. Es la zona de mayor erradicación de cultivos.

En los Yungas, 1.149 hectáreas fueron arrasadas por policías y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

En Yapacaní, norte del departamento de Santa Cruz, el Gobierno anuló 366 hectáreas plantadas con hoja de coca.

En 13.258 operativos, la fuerza antidrogas se incautó de 26,8 toneladas de cocaína, de las que 2,8 son de droga cristalizada.

En ese periodo, 3.497 personas fueron aprehendidas. De ellas, 3.142 tienen nacionalidad boliviana.

Entre los arrestados hay 120 colombianos, 83 peruanos, 57 brasileños, 17 argentinos, 12 chilenos y 66 de otros países.