Los ayllus Laime, Puraka, Karacha y Aymaya del norte de Potosí decidieron ayer en cuatro cabildos separados y simultáneos aceptar la devolución de los cuerpos siempre y cuando la justicia ordinaria no investigue el caso y se reconozca que la justicia comunitaria –según argumentan- fue la que actuó.
Estas determinaciones, según radio Fides, fueron entregadas por los ayllus al diputado de esa región, Luis Gallegos, elegido para dar a conocer hoy al Gobierno y recoger su respuesta.
Según reportes desde Uncía de radio Fides y la red Erbol, los cabildos se realizaron en el más extremo hermetismo, no se permitió el acceso de ningún extraño y los resultados no se dieron a conocer a los periodistas y lo que trascendió, horas después, son versiones extraoficiales.
En ese contexto, se conoció que las posiciones al interior de los ayllus están divididas entre quienes están de acuerdo y quienes no con entregar los cuerpos de los cuatro policías presuntamente linchados en la zona de Saca Saca el domingo 23 de mayo.
Entre esas posiciones, también estaría la de quienes consideran que la solución al conflicto suscitado por el linchamiento de cuatro policías pasa por el intercambio de cadáveres. Dicen que la Policía mató a siete campesinos y, si quiere recuperar los cuerpos de los uniformados, deben devolver los restos de aquellos, informó El Potosí.
Respecto a la determinación de los ayllus, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en conversación con Fides, aseguró que está claro que existen límites en lo que establece la justicia comunitaria.
“Los linchamientos son un delito y aquí es donde está la línea de demarcación, porque la justicia comunitaria es algo diferente. Sin embargo, no estarían exentos a que estos excesos se cometan a título de decir que es justicia comunitaria. Ese un aspecto que para la Defensoría es muy claro”, señaló.
Frustrados por los resultados de la reunión de los dos ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Oscar Coca, con las autoridades de los cuatro ayllus realizada el lunes pasado, los familiares de los cuatro uniformados desaparecidos se reunieron ayer con el párroco de Uncía, William Ugarte, a quien pidieron mediar y persuadir a los comunarios para que entreguen los cuerpos.
El abogado de los familiares, Johnny Castelú, en declaraciones a un canal de televisión, informó que los familiares, a fin de recuperar los cadáveres de los policías, decidieron no seguir ninguna acción judicial por lo sucedido.
Tras la reunión del lunes, declarada en cuarto intermedio, los ministros Coca y Llorentí informaron que plantearon a los representantes de los ayllus entregar los cuerpos y aceptar las investigaciones de la muerte de los cuatro policías además de los siete comunarios presuntamente asesinados por los falsos policías. El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios de Ayllus Norte de Potosí (FSUTOANP), Juvenal Pacheco, afirmó que las autoridades policiales y fiscales deben aplicar la ley e investigar en el lugar de los hechos el linchamiento de los cuatro policías.
“Nosotros pedimos que haya justicia. Nosotros respetamos a los policías”, expresó al sostener que, más bien, el Gobierno debe incrementar la presencia de las fuerzas del orden en el norte potosino.
Asimismo, el dirigente afirmó que, si existe contrabando de autos y narcotráfico, los policías de Umopar deben ingresar para frenar la ilegalidad en la zona y restablecer el orden.
Evo descarta intervención
El presidente Evo Morales aseguró ayer que no ordenará ninguna intervención militar ni policial en Uncía para recuperar los cadáveres de los cuatro policías de la Dirección de Prevención contra el Robo de Vehículos (Diprove).
El Jefe de Estado afirmó, según Anf, que el Gobierno agotará el diálogo para resolver el conflicto que ingresó en un cuarto intermedio."Tengo información de que algunos grupos no quieren devolver los cadáveres, pero no vamos a buscar ninguna intervención militar o policial. Confiamos que esos hermanos y dirigentes originarios estén dispuestos a devolver por una cuestión humanitaria", dijo en conferencia de prensa.
Morales lamentó y repudió la actitud asumida por "algunos" ayllus y responsabilizó a los contrabandistas por los luctuosos sucesos ocurridos. "Yo sé que no es toda la población, ni siquiera son todos los ayllus, es alguna gente usada por contrabandistas", dijo.
Para el Presidente, lo ocurrido en Saca Saca no sólo es de responsabilidad del Gobierno, sino también del Ministerio Público, que de oficio debe investigar y esclarecer los móviles de las muertes y la presencia de los policías de Diprove en esa zona.
POLICÍAS
• Los efectivos policiales designados a Uncía retornaron ayer después del mediodía a sus puestos de trabajo tras nueve días replegados en la localidad de Llallagua.
• El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, tras la reunión que sostuvo con los representantes de los ayllus del norte de Potosí el lunes pasado, informó que instruyó el retorno de todos los efectivos a Uncía.
•Los uniformados abandonaron sus puestos de trabajo ante la decisión de los comunarios de declarar esa región zona libre de policías y libre para la circulación de autos indocumentados después de la muerte de cuatro policías que, según los comunarios, se dedicaban a extorsionar e incluso habían asesinado a un comunario para robarle su vehículo dos días antes de que los comunarios capturaron.
