El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó ayer que narcotraficantes colombianos y brasileños operan en Yapacaní. “Son emisarios que manejan plata para acopiar droga y llevarla a laboratorios”, dijo.
La autoridad alertó sobre el poder económico del narcotráfico en ese municipio cruceño que incluso controla grupos civiles y autoridades. “Están parapetados en instituciones públicas”, reveló Cáceres a Los Tiempos, luego de evaluar las tareas de erradicación de coca ilegal en Paractito.
El viceministro Cáceres señaló a autoridades ediles y a supuestos “emisarios” extranjeros como artífices de los conflictos suscitados la anterior semana en torno a la construcción de un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el municipio de Yapacaní.
“Tenemos información que hay colombianos y brasileños que estarían operando en la ciudad de Yapacaní, son emisarios que manejan plata, que recolectan droga para llevar a algún laboratorio”, dijo Cáceres que ayer se desplazó al Chapare para participar de una jornada de erradicación.
Cáceres sugirió que detrás del pedido de autoridades municipales de que el cuartel de Umopar se construya fuera de la mancha urbana, existiría una complicidad de por medio.
“El Alcalde ahora dice que esa área ya es urbana, rápidamente por motivo del conflicto la Alcaldía ha ampliado muy rápidamente”, dijo Cáceres.
Acusó a los miembros del Comité de Defensa de Yapacaní, de desinformar a la población “están parapetados en algunas instituciones públicas y civiles”.
Cáceres dijo que entre el 50 y 60 por ciento de la actividad del narcotráfico que se genera en el país se concentra en Yapacaní, y esa es una razón suficiente para la construcción del cuartel.
“Sí o sí, vamos a construir. En Yapacaní lastimosamente hemos encontrado laboratorios de droga”, dijo.
Cuartel Umopar
La semana pasada el Gobierno inauguró la construcción del nuevo cuartel de Umopar, hecho que generó violentas protestas de los pobladores de Yapacaní.
El proyecto que será construido en una superficie de 32 hectáreas, cuesta un millón de euros y es financiado por la Unión Europea (UE) a través de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).
Convenio con Perú y Brasil
Cáceres dijo que la inaccesibilidad a las plantaciones de coca en las fronteras de Perú, Brasil y Bolivia por falta de caminos hace que los convenios de lucha contra el narcotráfico acordados entre los tres países no puedan cumplirse a cabalidad.
“La falta de infraestrutura es uno los mayores obstáculos para el éxito de las tareas de erradicación”, dijo.
“No hay caminos, no hay puentes. Del lado boliviano es peor la situación, porque nuestros soldados para llegar ahí tienen que caminar tres o cuatro días, tienen que dormir en el monte”, según el Viceministro.
De acuerdo al último reporte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, en la zona de Apolo (norte paceño) se habría terminado de erradicar la totalidad de coca ilegal.
Dijo que con la llegada a territorio nacional de los dos helicópteros Súper Puma, aprobado por autoridades del Conaltid se “observarán mejores resultados en las tareas de erradicación”, dijo.
En el campo del espacio aéreo el Gobierno compró seis aeronaves K8 que según Cáceres están siendo equipados con radares.
Jornada de erradicación
A las 4:30 de ayer en la localidad de Paractito un grupo de medios de comunicación de Cochabamba acompañó a los erradicadores de coca en una de sus jornadas. Caminatas largas, cruce de ríos y una fuerte custodia policial es lo que se ve mientras la columna de soldados se dirige por estrechos senderos al área de erradicación.
Cuando se llegó al área, los soldados comenzaron a sacar la coca, esta vez armados de picotas. En la oportunidad el Gobierno entregó “Emblemas de Oro”, al personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que participó en los conflictos de Apolo (La Paz), donde efectivos policiales y militares fueron emboscados por cocaleros.
Este año el Gobierno nacional se fijó como techo cortar más de 10 mil hectáreas de coca, según los ocho estudios sobre el consumo legal de coca realizado con financiamiento de la Unión Europea. Bolivia necesita sólo 15 mil hectáreas para el consumo, pero esta cifra se aleja de la realidad pues según el monitoreo que realizó el Gobierno, en el país hay 25.300 hectáreas.
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