La semana pasada, la ciudad de Córdoba, la segunda en importancia en Argentina, vivió 36 horas de terror cuando la Policía provincial ingresó en huelga, se acuarteló y todo quedó a expensas de los delincuentes que se lanzaron a las calles a saquear todos los negocios que encontraron a su paso. La actitud de los uniformados se ha comenzado a repetir en varias capitales del país durante el fin de semana y obviamente, los saqueos también con una persona muerta este lunes en Concordia.
Nadie recuerda algo parecido en Córdoba, una capital famosa por sus luchas sociales, revueltas sindicales y movilizaciones en contra del centralismo bonaerense. De pronto la furia se apoderó de la gente y si bien muchos de los saqueadores eran criminales, la gran mayoría de los cerca de mil supermercados y tiendas saqueados, fueron invadidos por ciudadanos comunes, vecinos que sufrieron una transformación inmediata y espantosa de su conducta y jóvenes que luego se jactaron a través del Facebook de sus fechorías. Naturalmente, los propietarios de los comercios también se transformaron en feroces custodios de su propiedad dispuestos a matar.
Hay algunos elementos que se necesita saber para entender todo lo que está ocurriendo en Argentina. Pese a que el cambio de Gobierno se producirá en dos años, en el país la clase política está viviendo ya un periodo de transición y los dirigentes de las innumerables facciones del peronismo tratan de acomodarse como pueden al nuevo orden, que por supuesto, también es peronista. Se trata de un fenómeno muy parecido a la “dictadura perfecta”del PRI en México y que suele mantener a los políticos ocupados casi todo el tiempo en tretas, maniobras y acciones para no quedarse fuera del esquema.
Eso es precisamente lo que ocurre con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, en el cargo desde 1998, reelecto varias veces y ahora muy ocupado en convertirse en candidato a presidente. Sus enemigos del gobierno nacional se ocuparon muy bien de que el problema cordobés adquiera los ribetes catastróficos que perjudiquen la imagen del caudillo y evitaron enviar refuerzos militares para evitar los saqueos que provocaron la muerte de una persona.
Sabemos muy bien el papel que juegan las fuerzas policiales y militares, en fin, todo el aparato represivo del Estado en el funcionamiento de los gobiernos populistas de corte autoritario de la región. Ellos se han convertido en actores de la política y gozan de privilegios extraordinarios, especialmente los jefes. En Bolivia hay muchos antecedentes de las “jugadas” que pueden aplicar los policías en momentos críticos y eso no es otra cosa que un producto de la descomposición institucional que se ha venido acentuando con características escandalosas. En Córdoba, por ejemplo, los primeros saqueos se produjeron a pocas cuadras del cuartel general de los policías y se sospecha que fueron los mismos uniformados los que dieron la orden a los ladrones de iniciar las “operaciones”. Es la misma falta de escrúpulos que se puso en evidencia en La Calancha ¿recuerda?
Por último, existen fuertes indicios de que el malestar policial en Argentina no es salarial o laboral, sino que podría estar relacionado con el narcotráfico. Las mafias de las drogas han perforado completamente la institución al punto de que cientos de jefes cordobeses están bajo proceso judicial por este delito. En los últimos meses ha crecido la presión pública en contra de la pasividad del Gobierno argentino frente a los narcos y se han tomado algunas medidas más drásticas. Esta parece ser una reacción frente a esa nueva actitud estatal frente a los mafiosos. Este punto debería generar una fuerte alerta en Bolivia.
Nadie recuerda algo parecido en Córdoba, una capital famosa por sus luchas sociales, revueltas sindicales y movilizaciones en contra del centralismo bonaerense. De pronto la furia se apoderó de la gente y si bien muchos de los saqueadores eran criminales, la gran mayoría de los cerca de mil supermercados y tiendas saqueados, fueron invadidos por ciudadanos comunes, vecinos que sufrieron una transformación inmediata y espantosa de su conducta y jóvenes que luego se jactaron a través del Facebook de sus fechorías. Naturalmente, los propietarios de los comercios también se transformaron en feroces custodios de su propiedad dispuestos a matar.
Hay algunos elementos que se necesita saber para entender todo lo que está ocurriendo en Argentina. Pese a que el cambio de Gobierno se producirá en dos años, en el país la clase política está viviendo ya un periodo de transición y los dirigentes de las innumerables facciones del peronismo tratan de acomodarse como pueden al nuevo orden, que por supuesto, también es peronista. Se trata de un fenómeno muy parecido a la “dictadura perfecta”del PRI en México y que suele mantener a los políticos ocupados casi todo el tiempo en tretas, maniobras y acciones para no quedarse fuera del esquema.
Eso es precisamente lo que ocurre con el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, en el cargo desde 1998, reelecto varias veces y ahora muy ocupado en convertirse en candidato a presidente. Sus enemigos del gobierno nacional se ocuparon muy bien de que el problema cordobés adquiera los ribetes catastróficos que perjudiquen la imagen del caudillo y evitaron enviar refuerzos militares para evitar los saqueos que provocaron la muerte de una persona.
Sabemos muy bien el papel que juegan las fuerzas policiales y militares, en fin, todo el aparato represivo del Estado en el funcionamiento de los gobiernos populistas de corte autoritario de la región. Ellos se han convertido en actores de la política y gozan de privilegios extraordinarios, especialmente los jefes. En Bolivia hay muchos antecedentes de las “jugadas” que pueden aplicar los policías en momentos críticos y eso no es otra cosa que un producto de la descomposición institucional que se ha venido acentuando con características escandalosas. En Córdoba, por ejemplo, los primeros saqueos se produjeron a pocas cuadras del cuartel general de los policías y se sospecha que fueron los mismos uniformados los que dieron la orden a los ladrones de iniciar las “operaciones”. Es la misma falta de escrúpulos que se puso en evidencia en La Calancha ¿recuerda?
Por último, existen fuertes indicios de que el malestar policial en Argentina no es salarial o laboral, sino que podría estar relacionado con el narcotráfico. Las mafias de las drogas han perforado completamente la institución al punto de que cientos de jefes cordobeses están bajo proceso judicial por este delito. En los últimos meses ha crecido la presión pública en contra de la pasividad del Gobierno argentino frente a los narcos y se han tomado algunas medidas más drásticas. Esta parece ser una reacción frente a esa nueva actitud estatal frente a los mafiosos. Este punto debería generar una fuerte alerta en Bolivia.
Por último, existen fuertes indicios de que el malestar policial en Argentina no es salarial o laboral, sino que podría estar relacionado con el narcotráfico. Las mafias de las drogas han perforado completamente la institución al punto de que cientos de jefes cordobeses están bajo proceso judicial por este delito.
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