Por razones obvias, Bolivia no debe excusarse de participar en el debate internacional sobre el tema. Debe ser, más bien, un protagonista principal
La decisión del Gobierno de Uruguay de legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana y crear un ente estatal regulador de la distribución de la droga, ha puesto a ese pequeño país sudamericano en un muy destacado lugar de vanguardia en un proceso que, según una opinión de expertos en la materia, ya es irreversible y tiende a ganar apoyos en la comunidad internacional.
La ley, como se sabe, fue impulsada por el presidente José Mujica quien desde el inicio de su gestión se dio personalmente a la tarea de allanar el camino hacia la adopción de esta fórmula alternativa a las tradicionales y fallidas estrategias de “guerra contra las drogas”.
Fueron muchas las resistencias que tuvo que vencer antes de alcanzar su objetivo y él mismo, en más de una ocasión, reconoció que no estaba libre de dudas y temores ante la posibilidad de que los resultados que se obtengan no sean los esperados.
Fue tan intensa la polémica que la propuesta de Mujica desencadenó, no sólo en su país sino a escala internacional, que nadie podrá alegar que la decisión adoptada no fue suficientemente meditada. Todas las opiniones a favor y en contra de la iniciativa fueron serenamente sopesadas y para enriquecer los análisis y reflexiones se prestó especial atención a los argumentos de expertos en las diferentes disciplinas desde las que el problema del consumo de drogas suele ser afrontado.
Para que finalmente la balanza haya terminado inclinándose a favor de la despenalización de la marihuana, fue decisivo el peso de la opinión de muy destacadas personalidades que ante el fracaso de la estrategia en contra del tráfico ilegal de drogas que se aplica desde la década de los 80, buscan nuevas formas de encarar este problema que afecta a toda la humanidad corroyendo sistemas judiciales y Gobiernos.
Las fuerzas que trataron de hacer sentir su peso para detener el proyecto no fueron nada desdeñables. La posición oficial del Gobierno de Brasil o de Naciones Unidas, por ejemplo, son adversas a la idea por temor a una influencia negativa en la región.
A pesar de los argumentos a favor y en contra, lo cierto es que la decisión uruguaya, con todo lo pionera que es a escala latinoamericana, si se la ve en el contexto mundial es sólo un paso más en una dirección hacia la que se dirige una corriente que tiende a imponerse en muchas latitudes. Por eso, más que en su originalidad, su importancia radica en que se constituye en un primer experimento que, dependiendo de los resultados que alcance, podrá dar lugar a que en otros países de la región se considere o descarte su emulación.
La decisión uruguaya ha dado un nuevo impulso a un debate que sin duda será uno de los más importantes de los próximos años. Y no sólo en relación a la marihuana sino también para otras sustancias cuya producción, comercialización y consumo está por ahora inútilmente prohibido y perseguido.
Se trata, como es evidente, de un asunto ante el que por razones obvias nuestro país no puede ser indiferente. Todo lo contrario, Bolivia puede y debe ser protagonista principal de los debates y reflexiones sobre el tema. Para ello, es urgente no sólo seguir muy de cerca la experiencia uruguaya, sino abrir con audacia y valentía un amplio debate nacional.
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