Luego del “exitoso operativo” del 27 de marzo del 2009, el capitán Ormachea era candidato firme para ascender a Mayor, grado que le permitiría asumir la jefatura de operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en reemplazo de Enrique Terán.
Pero había un problema y Juan Ramón Quintana lo sabía muy bien desde el 2004, año en que realizó una consultoría académica con datos de corrupción por narcotráfico en la Policía y que el PIEB publicó en el 2005. Ormachea arrastraba un proceso judicial como integrante de una banda de falsificadores de pólizas. El asunto fue resuelto en el acto. El policía Ormachea había sido el único absuelto, entre los 12 procesados de su banda; pero la sentencia había sido apelada con un recurso de nulidad para reabrir el juicio. Según Los Tiempos en su edición de este domingo 8 de septiembre,“en 2009, la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de la víctima y confirmó la sentencia de absolución del policía”.
Con esa absolución de la Corte Suprema, dictada en el mismo año 2009, Quintana ya no tendría obstáculos para promover el ascenso a Mayor de Ormachea, influyendo sobre Evo Morales, quien ya tenía una “buena impresión” de Ormachea desde el operativo de San Antonio de Lomerío. Así la designación progresiva en puestos claves dentro los aparatos de Seguridad e Inteligencia del Estado, le allanaba el camino a Ormachea para seguir delinquiendo, organizando su banda de extorsionadores, traficando influencias y llevando electores y obsecuencias desde el seno de la policía hacia la voraz maquinaria clientelar de Quintana.
Fabricio Ormachea fue Jefe de Operaciones de la Fuerza Antidroga hasta octubre del 2010, tras participar en otro “mega-operativo” organizado por Quintana en las zonas auríferas de la Chiquitanía y el Itenez que fueron militarizadas; y en noviembre de ese año fue replegado al puesto de comandante de la Policía Comunitaria de la Zona Sur de La Paz, de donde volvió a las andadas como Jefe de la Unidad Anti-Corrupción de la Policía Boliviana, hasta que el FBI lo atrapó con las manos en la masa cobrando 30.000 dólares a cambio de desactivar el trámite de extradición iniciado contra el empresario Humberto Roca refugiado en Miami, según esclareció El Deber.
Los operativos de octubre del 2010
A principios del 2010, resistido por los movimientos sociales y fuerzas populares del Movimiento al Socialismo (MAS), Quintana renunció al Ministerio de la Presidencia y poco tiempo después se creó la Agencia para el Desarrollo de las Macro-regiones y Fronteras (Ademaf), organismo bajo su dirección con atribuciones coercitivas.
En octubre de ese año, esta vez como director de Ademaf, Quintana volvió a encontrarse en el terreno de la acción con Fabricio Ormachea Aliaga, quien ya ostenta el grado de Mayor y ejerce la jefatura operativa de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Pero esta vez el privilegiado policía deberá trabajar absolutamente subordinado al mando militar, ya que Quintana había convencido al presidente Evo Morales dictar un decreto para instaurar la militarización de varias comunidades indígenas en las zonas de la Chiquitanía (Santa Cruz) e Itenez (Beni), ante las protestas desoídas de las comunidades indígenas.
“Una operación interinstitucional, que movió a centenares de funcionarios y uniformados y que implicó, además de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Migración, el Ministerio Público, los ministerios de Minería y Defensa y la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras, además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se verificó en dos puntos focales de la Chiquitania y Amazonia, donde extranjeros usufructuaban la riqueza en la zona en desmedro de los nacionales”, explicaba la agencia informativa estatal ABI, el 7 de octubre de ese año.
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