El tema está puesto en la mesa de las discusiones. Y al ser Bolivia uno de los países del orbe más interesados, es de esperar que aquí también se abra el debate
Confirmando que el proceso que fue inaugurado hace cinco años por tres expresidentes latinoamericanos que lanzaron al mundo un manifiesto invitando a considerar la posibilidad de revisar las políticas de lucha contra las drogas aplicadas durante las últimas décadas ha alcanzado ya un vigor que lo hace irreversible, el tema central de la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Antigua, Guatemala, ha sido el relativo a la necesidad de buscar nuevos caminos que pongan menos énfasis en la penalización y represión.
El solo hecho de que tan espinoso asunto haya sido puesto en la mesa de discusiones es ya un hito que ha sido calificado como histórico. Es que no sólo que la ocasión ha servido para romper definitivamente el tabú que pesaba sobre el tema, sino que se lo ha discutido intensamente. Y si bien no se ha alcanzado un pleno acuerdo, se ha dado un paso muy importante que consiste en mantener abierto el debate y promoverlo en los más diversos escenarios.
La importancia que eso tiene se hace aún más notable si se considera que hasta hace no mucho tiempo era como si el tema a nadie le importara. Y si alguien se atrevía a plantear siquiera la posibilidad de poner en duda las políticas vigentes, se hacía merecedor de las más severas críticas.
Un factor decisivo para que el camino que conduce a sustituir la “guerra contra las drogas” por una política menos dirigida a la represión y más a la prevención, ha sido la buena predisposición del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresada muy francamente en Guatemala por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien con su presencia y sus discursos dio el último impulso para que el tema pase a formar parte central de la agenda internacional y local en cada uno de los países miembros de la OEA.
Por ahora, y como punto de partida de lo que sin duda será durante los próximos meses y tal vez años materia de controversias internas y externas, las opiniones están divididas en dos grandes bloques. A un extremo, quienes de manera franca y abierta plantean la necesidad de explorar vías hacia la despenalización de las drogas. Colombia, Guatemala y Uruguay son, por ahora, los abanderados de esa causa.
En el otro extremo se ubican quienes se oponen terminantemente a esa posibilidad. Los países miembros de la ALBA, entre ellos Bolivia, son los que se atrincheran tras esa posición. Y al medio, con posiciones más cautelosas pero en ningún caso opuestas al debate, con diferentes grados de amplitud, todos los demás.
Como es fácil suponer, tras cualquiera de esas tres corrientes se irán alineando durante los próximos tiempos las opiniones ya no sólo de gobernantes, sino de estudiosos del tema, instituciones y ciudadanía en general. Es decir, el debate inaugurado tendrá que ir expandiéndose y, siendo un asunto de tan enorme interés colectivo, nadie deberá excusarse de participar en él.
En ese contexto, y siendo el nuestro uno de los países del orbe más directamente involucrados en el problema, es de esperar que el asunto sea incorporado con todo el vigor que corresponde a la agenda pública nacional.
