Bolivia falló en la lucha contra el narcotráfico y de eso pueden dar fe las mismas cifras que maneja el gobierno. Muestran como ejemplo de su empeño en la lucha contra el narcotráfico los grandes volúmenes de droga incautada cuando en realidad es una evidencia de la inquietante proporción en que ha crecido esta “industria” en el país.
Si bien es comprensible que las autoridades gubernamentales se rasguen las vestiduras, las evidencias de que el MAS, en los hechos, ha incentivado la actividad del narcotráfico resultan incontrastables. No podía ser de otra manera si se toma en cuenta que la base, el sustento y el origen de este partido está entre los productores de coca.
Los argumentos con los que las autoridades gubernamentales quieren eludir su responsabilidad son poco o nada convincentes y no podrán ocultar la realidad plasmada en el informe que el presidente de los Estados Unidos envió a su Congreso, descertificando por segundo año consecutivo a Bolivia. Decir que el informe es una “venganza” por la expulsión de la DEA del país es una simpleza inconsistente a la luz de los hechos.
En la actualidad, algunas ex autoridades de la FELCN estiman que los cultivos de coca llegan a las 50 mil hectáreas, pero estudios oficiales de NNUU, el gobierno y de la embajada de EEUU, casi coinciden en señalar que la superficie sembrada supera las 32 mil hectáreas, lo que significa un aumento de cultivos ilegales de más del 20 por ciento en tres años de gestión de Evo Morales.
La Ley 1008 vigente permite 12 mil hectáreas que pueden abastecer sobradamente las necesidades del consumo tradicional (acullico, industrialización). Es más, las 12 000 Has podrían resultar excesivas si se toma en cuenta que la cantidad de hojas de coca que se necesita para productos medicinales, mates, alimentos y el acullico es infinitamente menor a la requerida para la elaboración de un kilo de pasta base o cocaína.
La Asunta (La Paz) En distintas laderas de los cerros se puede observar cultivos de coca. Las plantaciones en la zona han sustituido a otros cultivos tradicionales.
Por ello, la “legalización” defacto de 20 mil hectáreas de coca con el argumento que habría aumentado la práctica del acullico es otra falacia del gobierno; lo que si ha aumentado es la producción de cocaína boliviana y por tanto la demanda de la materia prima (hojas de coca) y lamentablemente también ha crecido el consumo de droga.
La realidad es que el narcotráfico dispone de mas del 90 por ciento de la coca para transformarla en cocaína y están utilizando métodos cada vez más modernos. Las factorías de estilo colombiano instaladas en el país tienen capacidad para producir 100 kilos de droga por día, algunas son móviles y han cambiado a los llamados “pisacoca” por máquinas y tecnología. En suma es una de las pocas “industrias” florecientes en el país.
En su descargo el gobierno menciona que se están erradicando, sin derramamiento de sangre, las 5 mil hectáreas anuales establecidas en la Ley 1008, pero evita mencionar las que son sembradas en forma simultánea y que evidentemente sobrepasan esa cifra.
Por tanto lo que se ha venido a llamar la “erradicación concertada” no es más que una patraña que por un lado le permite al MAS salvar la cara ante la comunidad internacional (de Europa principalmente) mostrando una erradicación que en los hechos no existe y por el otro, preservar su caudal político y electoral entre los cocaleros del Chapare, Yungas y otras regiones del territorio.
El MAS tiene como objetivo fundamental preservar su base dura (cocaleros) y eso es muy bien aprovechado por el narcotráfico que ve garantizadas sus posibilidades de crecimiento. Además, la lógica nos indica que las fábricas que se instalan en cada vez mayor número en el país, lo hacen debido a que los controles son relajados y que, por ejemplo, en la zona del Chapare existen “zonas liberadas” a las cuales las fuerzas antidroga no pueden ingresar y si lo hacen debe ser con el permiso de los dirigentes sindicales de las federaciones de cocaleros. Por tanto, no hay motivos para el enfrentamiento ya que los uniformados están sometidos a la voluntad de los sindicatos masistas y así la “paz social” reina en la región.
Evo a contrapelo de su discurso indigenista de izquierda promueve el liberalismo económico para la coca y el narcotráfico en Bolivia. Los funcionarios gubernamentales afirman que si hay droga es porque “hay mucha demanda en el exterior” y así le echan el fardo a los países consumidores.
Además no puede pasar inadvertida la “conexión venezolana” una vez que son cada vez mayores las sospechas de que es desde este país de donde se distribuye la cocaína boliviana hacia los Estados Unidos y Europa. No es casual que los gobiernos de Bolivia y Venezuela sean los más preocupados ante la instalación de radares en Colombia, una medida que podría desbaratar toda una red trabajosamente montada al amparo de las coincidencias políticas. Seria prudente que los países de la comunidad internacional empiecen a tomar en serio el problema y se despojen del paternalismo complaciente que hasta ahora han adoptado ante el gobierno del presidente “indígena”. (del sitio web ej.org)
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