Rafael Sagarnaga López,
Corresponsal de EL NACIONAL en La Paz
Entre 2001 y 2006, José María Bakovic presidió el desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC) institucionalizado, hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). A cinco semanas de iniciado el Gobierno de Evo Morales, Bakovic fue objeto de una de las más duras ofensivas legales del actual régimen. En ese contexto, pese a diversos reclamos de organizaciones jurídicas y humanitarias, incluso se le detuvo en dos oportunidades y durante varias semanas. El ex ejecutivo en esta entrevista puntualiza los riesgos que conlleva la actual administración. Bakovic también reconoce la validez de la investigación de EL NACIONAL sobre el caso e-mails y denuncia más hechos de corrupción en la ABC.
EL NACIONAL (EN).- ¿En general en qué áreas usted advierte las mayores flaquezas y errores de la ABC? ¿Qué políticas dentro de la actual Administradora prevé que podrían generar en el futuro serios problemas para el país en este sector?
José María Bakovic (JMB).- La mayor flaqueza de ABC, y error del gobierno, ha sido la desinstitucionalización de esta entidad del Estado, la mayor inversora del sector público en la gestión anterior. La desinstitucionalización viene acompañada de la injerencia política, mal que se había erradicado y que ahora ha vuelto con mayor impulso. Esta injerencia trae la corrupción que se había eliminado, tornando nuevamente a la entidad caminera en un botín político, igual o peor que durante los gobiernos tradicionales. El costo para el país será mayúsculo, pues las carreteras costarán más y se construirán menos kilómetros. Con la honestidad se llegaba más lejos.
EN.- En diversas administraciones se denunció a un entorno político alrededor de la entidad administradora de las carreteras. Congresales, ministros y hasta empresarios tendían particulares redes para influir en el ex SNC, ¿Cree que un fenómeno similar se produce ahora? De ser así, ¿qué características tiene ese nuevo entorno?
JMB.- Ha vuelto la política partidaria y se dejó de lado la política de Estado en carreteras. Al haberse nuevamente tornado botín político, Caminos está otra vez en manos de los agentes de la corrupción a quienes habíamos impedido actuar durante el período institucionalizado del 2001 al 2005. Los e-mails de la corrupción muestran que los mismos agentes de los partidos tradicionales han vuelto a actuar con este gobierno. Se han subido al tren del MAS, como lo dije en mi renuncia/denuncia al Presidente de la República. Las mafias se han repartido la torta nuevamente. Estos agentes de la corrupción son tan hábiles y tan flexibles que se han adaptado a la nueva realidad. Han creado una alianza con los nuevos líderes del entorno presidencial. Para justificar su actuar, son ahora la principal fuente de financiamiento partidario, tal como en el pasado.
EN.- ¿Qué dimensión cree que alcanzan los problemas que deja entrever el caso e-mails? ¿Hasta dónde llegó la promesa gubernamental de lucha contra la corrupción?
JMB.- El caso de los e-mails muestra la fuerza de esta mafia controladora de Caminos. Su poder político y económico es tan grande que durante un año han logrado tapar este escándalo mayúsculo, hasta que usted tuvo el coraje de hacer su reportaje publicado en EL NACIONAL de Tarija. Aún ahora están tratando de acallarlo. ¿Cómo se explica que habiendo parlamentarios que conocían esta red de corrupción mayor no hayan hecho nada? Mi deducción es simple: en Caminos son socios oficialistas y opositores. Confirman una vez más lo que revelan los e-mails, esto es, que los agentes de los partidos tradicionales están trabajando activamente en esta entidad del Estado. La promesa del Gobierno de erradicar la corrupción ha sido simple cortina de humo para tapar sus negociados y combatir a sus rivales. En mi caso, aunque no pertenezco a ningún partido político, cada vez que me han detenido en prisión se estaba cubriendo un gran negociado: en marzo del 2006 se adjudicaba directamente Potosí – Uyuni, con un sobreprecio de 46 millones de dólares, y en agosto del 2007 se rescindía precipitadamente el contrato Potosí – Tarija. Buscaban traspasar esa obra a OAS. Se dice que esta empresa financió la campaña del MAS el año 2005 y que, en pago, se le prometió todas las obras carreteras del país. Ese arreglo le hubiera costado al país al menos 100 millones de dólares adicionales. Espero que la adjudicación de Villa Tunari-San Ignacio no signifique una nueva detención para mi persona, para crear una cortina de humo que tape este negociado.
EN.- En el caso e-mails se advierten tratos extraños con las empresas que trabajan las obras Tiquina-Copacabana, San Isidro-Epizana, Aguaíces–Piraí, Potosí – Uyuni, Turco- Ancaravi y Puente Arce- Puente Sacramento. Al margen de las relaciones y hechos extraños que se advierten en la investigación de prensa, ¿usted advierte algo en particular sobre estos casos?
JMB.- Los contratos de mantenimiento periódico de Tiquina–Copacabana y de San Isidro – Epizana fueron firmados en mi gestión con la empresa ICA. Lo que revelan los e-mails de la corrupción es que se estaba cobrando una 'coimisión' al propietario, señor Gutiérrez, por el ajuste del cemento asfáltico. Este es el delito que se encubre. Imagínese usted cuánto se cobrará ahora por los ajustes que el Gobierno está aprobando para los insumos de construcción. Estos son proyectos financiados por el Banco Mundial que, supongo, tomará alguna acción al respecto. En el proyecto Puente Sacramento – Puente Arce, la actual ABC debía haber resuelto el contrato en diciembre del 2006, pues ya se había acumulado el 20 por ciento de multas. Sin embargo recién lo hace en octubre del 2007, diez meses después y después de nuestra denuncia. El proceso que por este proyecto se lleva adelante en Sucre, ha sido 'volteado' por el Gobierno: de una denuncia por incumplimiento de contrato al consorcio contratista el Fiscal lo tornó de contrato lesivo al Estado contra mi persona, una más de las insensateces en la persecución judicial de la que soy objeto. Lo notable es que este trato preferencial para la contratista Alfa – Sudamericana coincide con el pago de un millón de dólares que los e-mails muestran que hizo Sudamericana para el proyecto Aguaíces – Colonia Piraí. El negociado de Potosí – Uyuní lo denuncié desde mi prisión en San Pedro. Por ello Patricia Ballivián tuvo que asumir el 'error', cuando no hubo otra salida que derogar el decreto de adjudicación. En el tema Ancaravi – Turco, lo único que conozco es lo revelado por los e-mails, pues no corresponde a mi gestión.
EN.- En las aclaraciones que ha realizado, Patricia Ballivián deriva los problemas de varios casos polémicos a acuerdos o gestiones de la administración Bakovic. Ella cita, por ejemplo, el tema Potosí –Uyuni y los contratos con ICA ¿Qué de cierto o tendencioso hay en ello?
JMB.- La preparación de proyecto Potosí – Uyuni, incluyendo su estudio, hecha durante mi gestión, no puede confundirse con la adjudicación directa, efectuada en la gestión Ballivián. Ésta fue realizada por el Gobierno mediante decreto, y anunciada en internet a los dos días de la asunción al mando de Morales. En el caso ICA no se debe confundir la firma de los contratos, hecha en mi gestión, con la coima cobrada en la gestión de Ballivián por el ajuste en el precio del asfalto.
EN.- En ese lado polémico, ABC y sus ejecutivas enfrentan también problemas como el túnel de Alarache o el retorno de la Queiroz al proyecto Potosí – Tarija. ¿Qué opinión le merecen dichos procesos? ¿Cuánto afectan a la que fue su administración?
JMB.- Después de dos años y medio de persecución judicial contra mi persona por mis sucesoras, doña Patricia Ballivián y doña Marleny Téllez, el agua ya busca su curso. También se va decantando de la turbulencia del inicio. Ahora ambas ya se hallan incriminadas en el Túnel Alarache y pronto lo estarán en la carretera Potosí – Tarija, por una simple razón: los problemas son de su gestión. El Túnel de Alarache colapsó por falta de mantenimiento. Esto porque no se tomó ninguna acción después de la primera llamada de atención, en marzo del 2006, hasta que colapsó, en enero 2007. Todo aquello sucedió dentro de la gestión Ballivián. En cuanto a Potosí–Tarija, nuestra gestión dejó el proyecto con un avance de 35 por ciento, contra un programado de 25 por ciento (40 por ciento por encima), sin ningún problema en la ejecución. Al contrario, el Ministerio de Hacienda nos pedía no acelerar tanto pues le causábamos problemas presupuestarios. Los problemas se presentaron en la gestión de ABC, por permitir mala ejecución en 93 kilómetros de carretera y por resolver el contrato liberando a la empresa de sus obligaciones contractuales. El decreto para la reconducción del contrato original es la mejor prueba que el contrato original fue bueno. Con ese acuerdo logramos mejor calidad (pavimento rígido en vez de flexible), 80 kilómetros adicionales (hasta Cotagaita) y menor precio por kilómetro (470 dólares frente 533). Además, la obra ya era por precio fijo o llave en mano, según estableció la cláusula tercera del contrato.
EN.- ABC presenta en spots y separatas los resultados de la actual gestión como casos récord, avances superiores a los realizados en 40 años, etc. ¿Qué tan reales considera que son esas evaluaciones?
JMB.- Debo agradecer que se reconozca que el tal récord es por los últimos cinco años, es decir, dos de ABC y tres del SNC Institucionalizado. Lo que muestran esos spots y separatas es la gran gestión que se hizo durante la institucionalización y que lo bueno que todavía hace ABC son saldos de los proyectos en ejecución que le dejamos. Debe notarse las pocas obras que han iniciado y el bajo nivel de inversión y ejecución presupuestaria. ABC se encuentra cosechando lo sembrado por el SNC Institucionalizado, la pena es que no está sembrando para el futuro.
EN.- También, y especialmente, la actual administración hace gala del certificado ISO, ¿no es acaso un importante aval respaldado internacionalmente?
JMB.- Es otro fruto cosechado por ABC del SNC Institucionalizado. Nosotros dejamos casi concluido el proceso para la certificación ISO, que sí es un mérito a reconocer. Lo que vemos es que dicha certificación no evita el alto grado de corrupción nuevamente entronizado en Caminos.
EN.- Ballivián y Téllez arguyen, para casos tan polémicos como Sudamericana e ICA, que mientras una empresa tenga la solvencia fiscal, aunque cargue graves antecedentes, puede seguir ganando licitaciones. ¿Es eso real y tan irremediable?
JMB.- Es real pero remediable. Sensiblemente, según la normas bolivianas, mientras una empresa presente certificados de impuestos y de la Contraloría, y no tenga sentencia ejecutoriada, no se puede impedir su participación en licitaciones. Es remediable en sentido de las acciones que se pueden tomar contra ellas; por ejemplo, tanto en los casos de Sudamericana como de ICA se debe enjuiciarlas por los montos pagados como coimas que muestran los e-mails de la corrupción, así como a los receptores de dichos pagos.
EN.- En otras gestiones normalmente se ha identificado a empresas o consorcios especialmente favorecidos, ¿cree que hay algún caso en especial ahora, por ejemplo con OAS?
JMB.- El favoritismo hacia OAS por parte de este Gobierno es evidente, está a vista de los ojos, no hay que ser adivino para ello. Se le adjudicó el proyecto Potosí – Uyuni que, a propósito, anda sumamente atrasado en su ejecución. Acaba de adjudicarse a OAS el proyecto Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, con un sobrecosto de por lo menos 100 por ciento en relación al presupuesto elevado que se tenía. Ha hecho una oferta para la doble vía La Paz – Oruro también 100 por ciento por encima del precio de referencia. Se dice que se le adjudicará hasta 1.000 millones de dólares por obras en el futuro cercano. Todo ello aparentemente en pago por el financiamiento de la campaña del 2005, que denunció Siglo XXI, pero seguro que hay para varias campañas con semejantes sobrecostos.
Este esquema de favoritismo del MAS con OAS recuerda a la relación de Andrade Gutiérrez con el MNR y de Queiroz Galvao con el MIR. También hubo un viaje de Patricia Ballivián al Brasil en marzo del presente año. Esa visita recuerda los viajes que realizaban los ministros de los partidos nombrados a dicho país. Luego de esas negociaciones traían el 'paquete cerrado' para luego ser aprobado por el Legislativo y el Ejecutivo. El apoyo regional venía de yapa, pues nadie quiere oponerse a proyectos deseados por todos y por toda la vida. El problema es el sobrecosto que paga el país. En la lucha contra estas empresas que me tocó realizar en mi gestión, enfrenté los 'paquetes cerrados', con rebaja de los montos en exceso y cierre de contrato 'llave en mano' para así evitar incrementos futuros de precio y plazo. Les decía a las empresas brasileñas que queríamos 'empreiteros' y no 'bandeirantes'. Les explicaba que no es justo que nos cobren caro por las carreteras y paguen barato por el gas. Así se lograron los contratos de Potosí-Tarija, Puente Gumucio, Roboré–El Carmen y El Carmen–Arroyo Concepción, que son muestras de eficacia contractual.
EN.- A principios de este Gobierno, usted fue señalado, acusado y hasta detenido y luego se le plantearon decenas de procesos, ¿en qué ha quedado esa ofensiva? ¿Qué tan justificada y formal ha sido?
JMB.- La ofensiva sigue y es cada vez más sañuda. Ya no saben de qué acusarme. El Ministerio de la Presidencia y mis sucesoras de ABC, directamente o a través del SNC en Liquidación, han tenido injerencia descarada en el Ministerio Público para mis detenciones en La Paz y en Tarija. También actuaron para promover procesos sin sentido. Todo con el afán de mostrarme como emblema de su supuesta lucha contra la corrupción, pero solo fue cortina de humo para tapar sus grandes negociados. Mi gestión en el SNC Institucionalizado les molesta pues fue eficiente y con un grado de transparencia jamás visto. 'No hay peor obstáculo para la corrupción que un hombre honesto y honrado'.
También molesta mi gestión porque se desarrolló en cuatro gobiernos tradicionales, durante años de gran convulsión social y política. Además, soy desechable: no tengo partido político, logia, ni gremio que me apoyen.
EN.- Ballivián, Téllez y Arauz fueron parte del SNC que usted administró, ¿cómo era su relación con ellos? ¿A qué atribuye la guerra legal que luego le plantearon?
JMB.- Los colegas que me han honrado con su compañía durante toda mi carrera profesional siempre se han considerado con orgullo parte del 'equipo Bakovic'. Ello desde San Simón, San Francisco Javier, ENDE, Banco Mundial y hasta en el SNC Institucionalizado. No sucedió así con Ballivián, Téllez y Arauz que nunca se identificaron con el 'equipo' de gerentes, funcionarios y obreros de Caminos. Nunca esperé, sin embargo, que esa relación fría les llevara al grado de deslealtad al que llegaron. La única explicación que tiene la guerra legal y la consecuente persecución judicial a la que me someten es la ambición de asumir los cargos que lograron. Ballivián sólo tenía un año de graduada cuando asumió la cabeza de la empresa estatal con mayor inversión en el país. Téllez fue admitida en el equipo de abogados cuando no encontraba otro lugar de empleo, y es con esa persecución judicial que me paga. Dudo que ninguna otra entidad la considere para Gerente Jurídica. De Arauz puedo decir poco pues fue siempre protegido de Ballivián. En sus artículos usted ha señalado la relaciones de los tres con partidos políticos tradicionales y su reacomodo con los partidos emergentes, muestra clara de una ambición desmedida de alcanzar el poder.
EN.- ¿Qué cosas positivas halla en la actual ABC?
JMB.- Que si para lograr sus cargos mis sucesoras entregaron mi cabeza, en bandeja de oro, ambas ahora gozan de un fuerte apoyo. Un apoyo que han logrado por su estrecha vinculación con el Presidente y el ministro Héctor Arce, encargado de todos mis procesos. Por supuesto que esta es una relación que no la tuve con ninguno de los gobernantes con los que me tocó servir. Más de uno de ellos me puso de Ministro de área a un contratista con claro conflicto de intereses y con el que tenía que enfrentarme continuamente. También hallo positiva la gran campaña mediática para mostrar una imagen positiva de ABC, para lo cual se necesitan grandes recursos financieros de los cuales yo nunca pude disponer. Y si los hubiera tenido, los hubiera utilizado para mantener carreteras, pues no tenía ningún objetivo político-partidista. Estas cosas positivas, sin embargo, ocultan un alto grado de ineficiencia. Pues ABC ha invertido 400 millones de dólares menos que los que hubiera invertido el SNC institucionalizado. Asimismo también cuenta el alto grado de corrupción que tiene, como muestra lo relatado en los e-mails y el trato preferente a OAS, entre otras evidencias, como la adjudicación directa del proyecto de rehabilitación Santa Cruz-Cochabamba por alrededor de 40 millones de dólares.
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