El Dia reclama ayuda internacional para combatir lo narco. olvida El Dia que EEUU ofreció durante décadas invalorable apoyo en este rubro que EMA olímpicamente despreció, expulsó a las instituciones que administraban tales recursos, por tanto parece ser incauto volver sobre lo mismo.

Resulta prudente reconocer que existe una tendencia a considerar temerario el cuestionar los esfuerzos que realiza el Gobierno contra el flagelo del narcotráfico en el país. Sin embargo, debe ponderarse el hecho que si bien existen pruebas evidentes de que el Gobierno está haciendo lo que puede y con los recursos materiales y humanos que dispone, los resultados muestran que los esfuerzos desplegados no son ni serán suficientes para controlar una actividad de suya creciente y peligrosa. Además, varios factores coadyuvantes adversos hacen que la problemática de la lucha contra el narcotráfico se torne todavía más compleja y difícil, con las previsibles consecuencias.

La sola mención de los cultivos excedentarios de coca crispa a propios y extraños. En un principio se había señalado un tope de seis mil hectáreas de superficie cultivable para la coca legal. Conforme han pasado los años se ha comprobado que ese límite se ha sobrepasado hasta cifras que ascienden a treinta y seis mil hectáreas. De todo esto se llega a la conclusión que los productores de coca están siendo seducidos por la obtención de dinero fácil, bajo la sombra de la ilegalidad. No extraña, por ello, la presión de la Unión Europea sobre un informe acerca de los cultivos de coca que se está haciendo de largo esperar. Resulta todavía más preocupante si la erradicación no avanza.
 
Los luctuosos sucesos de Apolo nos alertan de peligros mayores. Se ha mencionado desde cárteles de la droga hasta narcoterrorismo, con suposiciones y desmentidos. En el terreno de los hechos, resulta notorio que parte importante de la producción de coca se está desviando al narcotráfico. El frecuente descubrimiento de laboratorios móviles de producción de droga en diversas partes del país, especialmente en regiones de difícil acceso o colindantes con las áreas de cultivo de coca, constituyen una realidad que no se puede ignorar de manera indefinida. La creciente ola de violencia en el eje troncal del país, especialmente Santa Cruz, desvela los efectos nefastos que conlleva el narcotráfico.
 
Asimismo, resulta preocupante que se haya constatado el desvío de la coca legal desde las mismas instancias de la institución encargada de su control. Si bien no se ha dilucidado en su totalidad este problema, viene a ser sugestiva la detención y el posterior encarcelamiento del titular de esa repartición estatal que, automáticamente, ha caído en el descrédito. Frente a estos problemas puntuales, el Gobierno debe ofrecer muestras claras de reacción, puesto que las señales de peligro son clamorosas y reiterativas. De pronto, todo entra en el terreno de la sospecha. En ese contexto, tampoco ayuda el hecho que el presidente Morales sea máximo dirigente de cocaleros.
 
Sin duda, el Gobierno está en la obligación de marcar cuanto antes un punto de inflexión respecto a la reducción de los cultivos excedentarios de coca, y debe hacerlo con la mayor energía y premura, una vez que la imagen del país se ve deteriorada día a día por esta situación. Por otra parte, apremia concretar mayor apoyo internacional para efectivizar la lucha contra el narcotráfico, antes que las organizaciones delictivas conviertan a Bolivia, si no lo han hecho ya, en el centro de sus operaciones. De lo que haga o deje de hacer el Gobierno, de aquí para adelante, depende que las señales de peligro cesen o, por el contrario, den paso a las calamidades que vienen anunciando.

De lo que haga o deje de hacer el Gobierno, de aquí para adelante, depende que las señales de peligro cesen o, por el contrario, den paso a las calamidades que vienen anunciando.

todos los dias los medios están repitiendo de manera diversa los males que aquejan a Bolivia. la droga, el lavado de dólares, la corrupción, el delito, la injusticia y el abuso del poder. El Dia se ocupa del lavado de dinero que existe y no se o combate lo suficiente.

Uno de los más importantes frentes en la lucha contra el narcotráfico resulta ser el control del lavado de dinero ilícito, cuya dimensión cuantitativa gira en torno a los mil millones de dólares en todo el mundo, erigiéndose en un fuerte capital financiero que exige de gobiernos y organizaciones internacionales el máximo de los esfuerzos. La legitimación de ganancias ilícitas, que procede fundamentalmente del tráfico de drogas y armas  -actividades peligrosas e íntimamente relacionadas- adopta varias modalidades que van desde la compra de inmuebles y vehículos hasta la fuga de capitales al exterior. Sin duda, el final del proceso es la introducción del dinero sucio en el sistema financiero.
 
La preocupación sobre este problema se ha visto reflejada en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), porque un elevado porcentaje de estas ganancias ilícitas corresponde a América Latina. La Unodc ha señalado que el dinero ilegal viene a ser producto de cuatro multimillonarios negocios clandestinos: el tráfico de drogas y armas, explotación sexual, secuestros y extorsiones. Si se mira bien, cada actividad señalada aparece como independiente, cuando en realidad forma parte de un todo complejo y sofisticado que merece acciones puntuales para su combate y control por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales.
 
El asunto toca de lleno al país y lo involucra en las elevadas responsabilidades de la lucha contra el lavado de dinero ilícito. De hecho, Bolivia ha tenido avances en el terreno jurídico para evitar el “blanqueo de capitales”, aspecto que las Naciones Unidas han destacado en su justa dimensión. Sin embargo, hace pocos días, conmemorando el Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos, autoridades del Gobierno han reconocido que pese a los avances jurídico-legales en el país, todavía no se han podido cuantificar y menos identificar las sumas provenientes de las actividades clandestinas. Esto significa que todavía nos falta mucho para el control eficaz de las ganancias ilícitas.
 
La propia Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del país ha remitido casos no solo de legitimación de ganancias ilícitas, sino de lavado de dinero vinculado a la corrupción, narcotráfico y trata de personas, pero no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden los recursos que se mueven en ese terreno. Ello implica debilidades que muestran no solo la fragilidad del sistema, sino de las propias acciones en contra del lavado de dinero. Si se considera que la actividad del narcotráfico implica el blanqueo de capitales, resulta una incoherencia afirmar, como lo ha hecho el titular de Defensa, que no existe actividad organizada de tráfico de drogas –como los cárteles- en el país.
 
En cierta manera, esto significa incapacidad de captar la realidad frente a las amenazas. Si se acepta que las fronteras de los países vecinos se refuerzan para evitar el tráfico de drogas que usa al país como tránsito u origen, que la sobreproducción de la siembra de hoja de coca supuestamente legal se destina al narcotráfico y que en este terreno todavía no se han dado pasos decisivos, resulta lógico que el control de lavado de dinero también tenga sus deficiencias en el país. Por ello, se hace preciso desarrollar acciones urgentes y coherentes para evitar que estas portentosas amenazas socaven aún más la sociedad boliviana. No se debe esconder la cabeza como el avestruz frente al peligro.

Se hace preciso desarrollar acciones urgentes y coherentes para evitar que portentosas amenazas socaven más la sociedad boliviana. Si aún no se han dado pasos decisivos, resulta lógico que el control del lavado de dinero sea también, una tarea pendiente.

"los excedentes van nomás a la cocaína llegando a límites muy peligrosos" afirma LTD cuando se refiere al informe sobre la coca que no debe tardar.

La Ley 1008, de la década de los 80, dispone que los cultivos legales de coca no excedan las 12.000 hectáreas.  Por ello, desde entonces se procedió a la destrucción de los cultivos excedentarios en un escenario de conflicto y elevados grados de violencia.

La resistencia a esa disposición y a la erradicación generó dos tipos de percepciones: una, el convencimiento de que los excedentes están destinados a la producción de cocaína y sus derivados, la otra, que la erradicación responde a una estrategia imperialista para someter a los productores de coca. En ese escenario, el movimiento cocalero del país ha  trabajado con contundente éxito, pues ha logrado aumentar la extensión permitida de áreas de cultivo sin modificar la ley y ha creado un instrumento político y ha obtenido una contundente victoria electoral en 2005 bajo la dirección de su líder y actual presidente del Estado.

Pero, los excedentes de coca van nomás a la elaboración de cocaína y sus derivados, llegando a límites muy peligrosos por sus implicaciones internas y externas, por lo que el mismo gobierno considera necesario reducir cultivos y, sobre todo, controlar el destino del producto. Así, aceptó una ayuda de la Unión Europea para realizar un estudio independiente sobre consumo tradicional de coca, cuyos resultados, durante dos años, el gobierno ha eludido difundir.

Pero, ahora parece que será imposible que lo siga haciendo... y, de acuerdo a los trascendidos, el consumo tradicional sería satisfecho con la producción de áreas bastante menores incluso a la extensión permitida por la Ley 1008.

Esto implica que ha llegado la hora del sinceramiento y de elaborar una nueva estrategia con seriedad y visión de futuro.

los fiscales tienen nombres de los presuntos autores de las muertes. son dos Juan Bascopé y Miguel Piluy bolivianos. recordemos que los heridos han sido 30 y 4 muertos, y sólo identifican a dos, no puede ser, no hay lógica aquí en Apolo actuaron muchos y las afirmaciones de Evo, de Romero, del Jefe Policial de tratarse de "peruanos, colombianos" caen por el saco roto. es que nos dicen cualquier cosa. cambian la versión siempre.

La comisión de fiscales que investiga el ataque armado a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo el 19 de octubre, emitió ayer mandamientos de aprehensión para al menos seis productores de coca de esa localidad, entre ellos dos autoridades regionales, quienes se encontrarían prófugos.

“Para fines de investigación la comisión de fiscales ordenó la aprehensión de seis personas, de las cuales dos son autoridades de la región”, confirmó el fiscal Leopoldo Ramos.

Ramos ratificó que los prófugos y buscados por la Policía Boliviana fueron sindicados por otros implicados en la emboscada, quienes se encuentran con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya.

“Es posible, los que victimaron en la comunidad de Miraflores serían bolivianos entrenadas por Sendero Luminoso, porque esa gente nunca dispara en el brazo o el pecho, sino en la cabeza y ocultan su identidad, por eso usan pasamontañas”, dijo el Fiscal.

Detalló que por la forma como fueron torturados y asesinados el suboficial inicial de la Armada Boliviana, Willy Yujra Mamani y el médico que brindaba asistencia humanitaria, no sólo a la FTC sino a la comunidad, Michael Olivares Porrez, de rodillas y con disparos en la frente y el rostro, se trata de una ejecución.

“Estas personas están identificadas y se trata de los bolivianos Juan Bascopé y Miguel Piluy, quienes emplearon las armas de fuego para victimar”, precisó.

Entre las pruebas que maneja la comisión de fiscales están los audios de Radio Madidi, donde esos dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca ilegal, ‘que por supuesto está destinada a las actividades ilícitas”, dijo.

Sendero Luminoso

El canciller David Choquehuanca manifestó ayer que su despacho no tiene información oficial de su similar de Perú o de otra instancia sobre la presencia del grupo Sendero Luminoso en Apolo o inmediaciones en la provincia Franz Tamayo.

“No he escuchado al Fiscal que afirme tajantemente que ellos (integrantes de Sendero Luminoso) estarían entrenando a los colombianos (narcotraficantes). Pienso que la misma Fiscalía está en proceso de investigación, es la Fiscalía la que nos tiene que hacer llegar oficialmente un reporte, nosotros somos el conducto regular”, dijo.

Harold Olmos se refiere al famoso estudio que está siendo reclamado por la Unión Europea desde hace tres años. estudio que ojalá revele la verdad sobre la coca. cuánta es necesaria para el acullico? y el resto? tendrá que ser erradicado sin vuelta de hoja, para empezar toda la del Chapare. Esta es la madre del cordero!

Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre  la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo,  toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser sustituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o rencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable. 

El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años, que ha llevado a una alianza con Estados Unidos para evitar que el Estado sucumbiera al poder de los cárteles. Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales.

A la hora de la verdad, el Gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que supuestamente suman las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo con otros informes, y casi el doble, de acuerdo con datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína.


El Gobierno Plurinacional está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.  El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo,  donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales, pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser solo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.

la cocaína es un producto que está envenenando las relaciones de Bolivia en lo interno y en lo externo. lo de Apolo es otra muestra más del estrecho nexo entre cocaleros y narcotraficantes. Carlos Mesa en LTD

El sangriento episodio vivido en Apolo revela la verdadera naturaleza del problema de la coca en el país. La muerte de cuatro personas y las heridas de 32, casi todos servidores públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta, es parte de un drama que arrastramos desde hace casi medio siglo.

En Apolo lo que quedó claro es el estrecho nexo entre productores de coca y narcotraficantes. Relación que es imposible de romper por la simple y sencilla razón de que una parte mayoritaria de la coca producida se transforma en droga. ¿Una excepción? No, una constante que es perfectamente aplicable a las otras zonas productoras del país.

Todos sabemos, empezando por el Poder Ejecutivo, que la parte del león de la producción de la hoja se la lleva el narcotráfico para convertirla en cocaína en sus diversas formas. Hasta hoy no ha sido posible contar con un estudio objetivo, independiente y de buena fe, sobre los requerimientos reales que tiene Bolivia para el consumo tradicional y la producción industrial existente.  En el pasado los dirigentes cocaleros boicotearon los esfuerzos de varios Gobiernos por llevar adelante ese estudio. Hoy, desde el Gobierno, no han mostrado excesivo entusiasmo en que ese trabajo imprescindible se haga. Vivir en la oscuridad y la incertidumbre ha sido una receta que los cocaleros aplauden, porque de ese modo mantienen una cortina de humo sobre las cifras reales que requerimos para nuestro consumo legal.

A esto se ha sumado un discurso ya insostenible sobre el carácter ritual y sagrado de la hoja, otra coartada perfecta para que productores y traficantes vivan en el mismo mundo de intocabilidad. Pero más temprano que tarde los hechos se desnudan en su esencia. El control de áreas geográficas, la discrecionalidad de cultivos, la libre circulación de narcos en las áreas de cultivo y la casi total impunidad de los verdaderos dueños del negocio, son algunas de sus características.

El Gobierno del presidente Morales no puede sostener por más tiempo una situación que comienza a estallarle en la cara. Las autoridades han usado para el caso de Apolo exactamente los mismos argumentos de varios Gobiernos democráticos: “Tengo información de que son extranjeros que están usando a dirigentes… se comenta que hay colombianos y peruanos” ha dicho la primera autoridad del país. En 2003, el Gobierno del presidente Sánchez de Lozada dijo exactamente lo mismo cuando se detuvo en el Chapare al colombiano “Pacho” Cortez. Entonces, el hoy Presidente y su partido defendieron a Cortez a capa y espada.

¿Por qué debiéramos suponer que la situación en Yungas o Chapare es distinta de la de Apolo? ¿O es que la totalidad de la producción en ambas zonas va al consumo tradicional? ¿No es un hecho demostrado que autoridades gubernamentales permitieron o hicieron ellos mismos desvíos importantes de hoja de los mercados legales? ¿Mediante qué mecanismos y qué relaciones se entrega la producción excedentaria en estas zonas a los criminales que la convierten en cocaína? ¿Cómo llega esa hoja de coca a las fábricas de droga en –por ejemplo– ciudades como El Alto o Santa Cruz? ¿No hay una relación directa de causa y efecto entre la producción ilegal y el incremento más que preocupante de la violencia urbana en nuestras principales urbes?

La coca es mucho más que ritualidad y cosmovisión andina, es un negocio espectacular, es poder sindical, es poder político, es uno de los pilares de sustentación esenciales del actual proceso político. Más que eso, sin el movimiento político-sindical de los cocaleros en el periodo 1990-2005, era simplemente impensable que Evo Morales condujera los destinos del país. No fue el único motor, sin duda, así lo evidencian las masivas votaciones que logró en 2005 y 2009, pero sus candidaturas fueron posibles por la plataforma que le dio la coca.

Hay que insistir incansablemente en que no es verdad que la hoja se haya popularizado como afirmación de una identidad y un pasado idílico. El consumo masivo y el acullico que hoy practican millones de compatriotas fue impuesto por la colonia española. Los colonizadores descubrieron muy pronto que los indígenas que acullicaban demandaban menos alimento, resistían más tiempo en el duro trabajo minero y producían más. La coca fue usada no como camino espiritual, sino como mecanismo de opresión.

Mientras la política mundial sobre el tema no cambie, el país tiene que asumir que estamos sentados en un polvorín. Para cambiar la actitud de todos sobre el tema, hay que terminar con mentiras, medias verdades y un uso político y económico de un producto que está envenenando desde hace muchos años nuestras relaciones internas y externas. 
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/  
Twitter: @carlosdmesag

será que Evo Morales está cansado de la coca? sería algo fuera de serie. en todo caso ha reconocido que proclamar "que viva la coca" no es de actualidad, se puede vivar al palmito, a la piña, a la naranja pero no a la coca, eso ya no está de moda. (?)

FREDDY LACIO/EFE -  flacio@eldeber.com.bo

En un acto en el corazón de la región productora de coca del trópico cochabambino, el presidente Evo Morales afirmó ayer que gritar ‘causachum coca’ (viva la coca, en quechua) está “pasado de moda” porque, posiblemente, nuevos cultivos han desplazado en importancia a la considerada hoja sagrada de los incas, reportó la agencia EFE.

La posición del mandatario surgió justo cuando el embajador de la Unión Europea, Timothy Torlot, volvió a exigir al Gobierno la presentación del estudio integral de consumo de hoja de coca en el país, que la administración de Morales viene posponiendo desde hace tres años, y ahora que la ciudadanía está consternada por la muerte de cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cumplía labores de erradicación en una región paceña.

“Tal vez hay que decir causachum piña, causachum naranja o causachum palmito. Creo que estamos equivocados gritando causachum coca. Creo que ha pasado de moda eso", expresó el mandatario en un acto realizado en Lauca Ñ, municipio Shinahota del trópico cochabambino.

Poco antes, Morales, que continúa como presidente de las seis federaciones de cocaleros de la región, expresó: “A lo mejor ya no es importante la coca en Chapare”, y pidió a sus bases respetar las parcelas autorizadas para la siembra del arbusto (1.600 metros cuadrados), señalando que bajo su administración no habrá libre cultivo de la planta, según EFE.

Analistas desconfían

En opinión del politólogo Jorge Kafka, la posición del presidente se debe a la proximidad de las elecciones de 2014. “Una de las principales debilidades de Morales es su relación con el sector cocalero. El poder de este sector en Chapare es evidente en el aparato gubernamental y esa vinculación no lo favorece”, manifestó el analista, que sostiene que otro factor para el cambio de discurso es la no presentación del estudio del mercado de hoja de coca en Bolivia, que exige la UE. 

Por su lado, el constitucionalista Carlos Hugo Molina cree que la declaración de Morales es un reconocimiento de que hay una deuda del Estado boliviano con la comunidad internacional por no presentar hasta ahora el informe de consumo de coca en el país.

“Este es un mensaje duro para quienes hasta ahora han sostenido una libertad irrestricta de ciertos grupos, con la complacencia de ciertos niveles gubernamentales”, argumentó Molina.

Ayer, el embajador Timothy Torlot expresó su malestar porque la UE espera desde 2010 que el Gobierno entregue los resultados del estudio sobre consumo de coca en el país. Por su lado, el líder del MSM, Juan del Granado, afirmó que el informe establece que en el país solo son necesarias 6.000 hectáreas de coca, frente a las 20.000 que exigen los cocaleros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en 2012 informó de que el primer estudio presentó deficiencias metodológicas, por lo que se solicitaron ocho estudios complementarios. El plazo para el informe finalizaba este mes, pero el Gobierno lo pospuso sin fecha 

Analizan instalar puesto de control

 El Gobierno analiza la posibilidad de instalar un puesto militar o uno policial en la población de Apolo y en la frontera con Perú.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “se justifica un control fronterizo militar, posiblemente apoyado por otras instituciones, pero si hay narcotráfico ahí la decisión tendrá que orientarse por establecer un regimiento de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural)”. 

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, indicó que el puesto militar servirá para evitar que extranjeros ingresen a la zona para asentarse en territorio boliviano. Por su parte, el puesto de Umopar tendrá la tuición de controlar la coca ilegal y el narcotráfico. Mientras tanto, permenecen los rastrillajes con un grupo militar de élite.

   Sobre el hecho    

IGLESIA CATÓLICA SE PRONUNCIALa Conferencia Episcopal de Bolivia pidió el esclarecimiento y debidas sanciones a los implicados en los asesinatos ocurridos en la localidad de Apolo.

La ONU, PREOCUPADALa coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, calificó como “preocupante” la violencia desa-tada en Apolo.

Evo Defiende a campesinosEvo Morales dijo que quienes victimaron a los cuatro miembros de la FTC no son miembros del movimiento campesino, sino extranjeros. 

Cocaleros decidirán extensiónUna cumbre de cocaleros será la que defina la cantidad de hetáreas necesarias en Bolivia, señaló el senador oficialista Fidel Surco. 

Hay contradicciones sobre una prueba

 La semana pasada el Gobierno anticipó que algunos cocaleros de la provincia Apolo iban a defender sus cultivos con armas de fuego. La prueba era un voto resolutivo firmado por la dirigencia del lugar, que tras la muerte de los cuatro miembros de la FTC se constituyó en la principal prueba por la que se imputó a los detenidos.

Sin embargo, con nueve detenidos preventivos y 12 arrestados, contando a los que llegaron ayer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la prueba no aparece en el cuaderno de investigaciones, mientras que los fiscales que investigan el caso se contradicen sobre su existencia.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció alarmado el jueves anterior que los apoleños resistirían la erradicación. “Un grupo de productores de Apolo decidió armarse para defender sus cocales. En una resolución piden el retiro inmediato de la FTC. Esta es una amenaza grave”, dijo Cáceres.

El dirigente apoleño, Gregorio Cari, que fue imputado por inducir a la violencia con ese voto resolutivo, negó que hubiera firmado el dictamen y acusó al Gobierno de falsear su rúbrica para involucrarlo en el hecho de sangre. 

Las investigaciones aún no establecieron quiénes dispararon contra los erradicadores de la FTC. El fiscal Leopoldo Ramos dijo que mostraría la resolución “una vez que me traigan el cuaderno de investigaciones, donde existe una declaración manifiesta, escrita, que señalan que van a resistir con armas”. EL DEBER esperó, pero el cuaderno no llegó.

Fernando Villarroel, otro de los cuatro fiscales que investiga el hecho de sangre, indicó que no conoce la supuesta resolución. “La comisión desplazada en La Paz ignora este hecho. No tenemos ninguna constancia de un voto resolutivo que cursa en el cuaderno de investigaciones presentada”, aseveró.

Los otros dos fiscales de la comisión llegaron ayer a La Paz con los últimos ocho detenidos desde ese municipio. Luego de indagar en el lugar de los hechos, los fiscales traen armas desenterradas, casquillos de bala, municiones, muestras de la sangre derramada y ropa, para presentarla como pruebas de lo sucedido.

Ayer se denegó la acción de libertad de Gregorio Cari, que permanece con detención domiciliaria en La Paz.