si lo que afirma Carlos es cierto, que no lo dudo, 100 mil jóvenes en Santa Cruz estarían consumiendo marihuana diariamente. padres de familia, educadores, religiosos, policías tienen que ponerse de pie, "despertar cambas" y exigir por todos los medios la drástica reducción de cocales y otras medidas. un teóretico "control mecanizado" es insuficiente. ciertamente que las cifras provocan alarma

Alarma. 100 mil consumen marihuana en SC

Hace ya un tiempo, en mi programa radial Como somos, denuncié y advertí que las colosales unidades educativas municipales corrían el riesgo de convertirse en espacios de nadie, dando lugar a las pandillas para que se disputen el control del microtráfico de drogas y de armas, porque nunca se preocuparon de analizar las condiciones socioeconómicas de los alumnos ni la conveniencia o inconveniencia de ‘juntar’ hasta cuatro planteles educativos en uno solo, por citar las dos más importantes. Las argumentaciones fueron muchas y no veo sentido repetirlas, sobre todo porque ahora se constata que se tenía base sólida. No fui escuchado porque en el municipio tienen la costumbre de creer que toda preocupación o análisis que se hace en torno a la problemática de la ciudad es por molestar a los ‘hacedores de obras’.

Escucho decir y leo que “las obras valen más que 1.000 palabras”. Me da pena la ciudad, porque me queda cada vez más clara la idea que lo que se quiere en la Alcaldía es poner cemento en todos lados sin preocuparse por el ser humano. Cuando se cuestiona con este argumento, escucho decir que “se construye para las personas” y me pregunto si las escuelas se construyeron para facilitar el trabajo a los narcos, que ahora tienen 1.600 niños (una sola unidad educativa alberga hasta ese número de estudiantes) y jóvenes como mercado potencial, donde antes solo encontraban 400. Estoy seguro de que no era esa la intención, pero también estoy convencido de que no pensaron en esa posibilidad; más bien, no pensaron en nada y eso es lo que debería preocuparnos. Estamos dejando de lado el desarrollo integral; no nos estamos preocupando por la educación (más allá de la escuela) ni por generar o mantener valores de convivencia social.

Por otra parte, el día 15 del mes que corre, el representante de NNUU contra las Drogas y el Delito en Bolivia, César Guedes, expresó su preocupación por la “enquistada actividad ilícita de producción de droga en Yapacaní y San Germán, en el departamento de Santa Cruz”; desde Sin letra chica no nos sorprendimos, porque sabemos que no dijo nada nuevo, dado que nosotros entrevistamos a un morador de San Germán dedicado a la fabricación de cocaína, en calidad de empleado de quienes financian la fabricación del estupefaciente (se fabrica para financiadores en esa zona). De esa investigación pudimos constatar que la fabricación y el tráfico de drogas es parte de la vida de ese pueblo, vecino de Chapare, en lo que hemos denominado la ‘ruta política del narcotráfico’, porque desde las fronteras con Chile y Perú, pasando por Chapare y hasta los dominios de la Ademaf, en la frontera con Brasil, todos esos municipios responden políticamente al MAS y son, curiosamente, los municipios en los que más se nota ‘la prosperidad’ de sus habitantes.

Constatados los dos hechos: el consumo de droga entre los estudiantes capitalinos (de acuerdo al Celin, 100.000 jóvenes cruceños, entre los 13 y 24 años, fuman marihuana, por citar una de ellas); y la fabricación de droga en Santa Cruz. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que exigir al Gobierno nacional que reduzca la fabricación de cocaína y que corte el circuito de la ruta de la cocaína (claramente demostrable), y a las autoridades locales, Gobernación y Alcaldía, que trabajen en la prevención del consumo de estupefacientes entre la población joven.

No podemos seguir con las barbaridades que se están haciendo desde el municipio, cuando se decide llenar colegios y escuelas con gendarmes municipales y cuando, sin ninguna planificación y criterio científico, se decide ‘comprar’ cámaras de video para colocar en una escuela que recién se entrega; claro, “esa obra vale más que 1000 palabras”, pero la realidad es que pueden llenar de cámaras los colegios y con eso no van a solucionar absolutamente nada, porque eso es intentar ‘comprar seguridad’, cuando lo evidente es que el no consumo de drogas no se soluciona con tecnología sino que se lo trabaja desde la educación y la prevención. Las cámaras no van a hacer que los jóvenes y niños no estén expuestos; a lo mejor van a complicar un poquito la tarea a los narcos, pero ese es su trabajo y van a insistir. Mientras tanto, los niños y jóvenes van a seguir en riesgo.
Como decía Julián: ¿oí camba, estás dormido?

* Periodista carval@carlosvalverde.com

tétrico. patético el cuadro de sangre y muerte que nos muestra Carlos Mesa del accionar y de lo criminal del narcotráfico y su invocación a debatir el asunto. Ver mi previus.

Previus. Durante años fuí como muchos periodistas protestón ante la arremetida de la política internacional empezando por EEUU contra el narcotráfico. me parecía demasiada violencia, demasiado poder contra el nacotráfico que a su vez redoblaba, adquiría armas y tecnología para oponerse a la represión de tal comercio, porque de eso se trata "de un negocio sucio que mata primero el alma y luego el cuerpo", me costaba entenderlo. más tarde, por mis lecturas e investigación llegué a la conclusión que EEUU actúa de esa manera porque es un signatario de la Convención de Ginebra contra las Drogas y el Crimen, por tanto se justificaba su accionar y a la vez, por la presión si se quiere en contra de lo narco, a través de convenios con países productores de la droga en nuestro caso Colombia, Perú, Bolivia en ese orden por la cocaína, también llegué a entender que han sido, son los signatarios de los convenios con EEUU que han demandado una ayuda en las tareas de detección y de interdicción de la droga y en algunos casos de la hoja de coca, materia prima para la producción de la droga maldita, hasta que...

los muchos años de estar en Escandinavia, mis lecturas y averiguaciones me llevan a la conclusión que son, han sido los movimientos sociales, de los abstemios del alcohol y las drogas, los padres de familia, las organizaciones religiosas y humanitarias, los trabajadores, los estudiantes y los profesionales que le han ido marcando la ruta a la Unión Europea. preferimos una política dura de represión contra el narcotráfico en lugar de lamentar las muertes por sobredosis, los crímenes para conseguir la droga, las atrocidades que se generan por el sucio, mortal mercadeo del polvo blanco.

Lo que quiero decir Don Carlos Mesa es que los primeros que se oponen a la liberalización de la droga, de su despenalización, son los movimientos sociales. Le invito a documentarse a través de los documentos políticos sociales que se han producido sin ir lejos en Escandinavia, particularmente en Suecia donde sin muertes, sin grandes penas, el Estado mantiene a raya a los traficantes que causan la presencia de la droga, la reparten entre la juventud y entre los trabajadores, entre los artistas y profesionales. con penas de prisión severas y mano dura en el momento de la incautación de las drogas, se los mantiene a raya, por ello Suecia si se puede decir de esta manera "tiene la suerte de observar una criminalidad baja en relación al narcotráfico" si comparamos con otros estados. Estos conceptos, bien pueden servir para una introducción al debate. Mauricio Aira, editor.

Carlos Mesa. Un rostro sonriente, un dedo pulgar levantado. Si la imagen no mostrara a un par de soldados a diestra y siniestra del personaje, se podría confundir con una foto casual tomada por un teléfono celular a un hombre más bien joven sin ningún rasgo especialmente revelador, su nombre no interesa, es uno de los capos de uno de los cárteles mexicanos de la droga. Ni él mismo recuerda a cuántas personas mató personalmente y a cuántas mandó matar.

El Ejército mexicano abate al líder de Los Zetas, una de las organizaciones más poderosas del crimen organizado mexicano. A las pocas horas un “comando armado” secuestra su cadáver. Aún muerto es un símbolo. Lo han matado, pero los secuestradores del cuerpo quieren dejar esa muerte en entredicho, o cuando menos demostrar que su poder no ha mermado.

Cabezas cortadas, asesinatos masivos, torturas y vejaciones de cuerpos, la guerra contra el narcotráfico aumenta la violencia y genera una sensación cada día más terrible de inermidad.

Pregunta en un pueblo cualquiera de México a un par de niños de 12 ó 13 años: “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”. Uno de ellos responde, sin duda: “Sicario”.

Si alguna vez creímos que las películas de violencia cuentan historias inverosímiles sobre acciones de un sadismo y una brutalidad irreal, hoy sabemos que lo que ese cine muestra empalidece ante la violencia descarnada, ciega, inconmensurable en el horror de la realidad.

Digo México como hace unos años podría decir Colombia y como dentro de unos años espero no tener que decir Bolivia.

Este carrusel demencial en el que estamos inmersos los latinoamericanos, tiene sin duda en la inseguridad uno de sus principales caballitos. La rueda sigue girando y en cada vuelta trae más sangre. A medida que pasan los años, no sólo contamos más víctimas de la violencia, sino que su expresión retrata niveles de insensibilidad y encallecimiento de todos. Quienes matan han perdido cualquier atisbo de humanidad, matan sin pestañear. Muchos le han encontrado el gusto generado por sus pulsiones más hondas.

Tras las balas y los machetes que siegan vidas está una inmensa montaña de dinero, en los cárteles, en los capos de una estructura que ha tocado con su color de rojo intenso a los narcos grandes, pequeños y medianos, a traficantes de armas, a bancos, gobiernos, policías, ejércitos, organizaciones sociales, y por supuesto a consumidores que alimentan al monstruo todos los días y en todas partes. Estructuras gigantescas diseminadas por el mundo que no quieren o no pueden hacer nada para controlar de verdad esta plaga que nos ha penetrado hasta los tuétanos.

A la hora de la verdad, a la hora de las decisiones, la respuesta de las naciones más poderosas del mundo, particularmente Estados Unidos y algunas de Europa, es: la guerra debe continuar, así como está, en los mismos términos del fracaso cotidiano, con las mismas personas poniendo el pecho a las balas. En los últimos 30 años, un continente, el nuestro, ha puesto la mayor cantidad de muertos en el mundo como producto de la guerra contra el narcotráfico, ha visto incrementarse hasta el delirio sus cifras de violencia directa y derivada de esta actividad. Ciudades como Caracas, San Salvador, Tegucigalpa, Ciudad Juárez, o Río de Janeiro, para mencionar unas pocas al azar, viven tragedias repetidas por cientos y por miles, tragedias que se entierran y se olvidan, porque no se puede vivir empapado en sangre toda la vida. Bolivia comienza ya a transitar peligrosamente por esa ruta con muertos en las calles por ajustes de cuentas, mafias crecientes y comunidades enteras penetradas por el delito.

¿Por qué razón tenemos que pagar este absurdo precio y seguir dando vueltas como ciegos sin lazarillo en este camino absurdo trazado por las naciones consumidoras de antaño (ahora el consumo es ya un problema en todas partes)?

La respuesta es muy sencilla, mientras Estados Unidos no modifique su estrategia, nada se podrá hacer. Una estrategia fallida, cargada de doble moral e hipocresía, alimentada por una burocracia que vive de ello y penetrada, como todos los países, pero en la dimensión de su gigantesco tamaño, por los problemas de corrupción, cárteles de la droga (cuyos capos nunca aparecen), traficantes de armas, bancos lavadores y el largo etcétera de este poder apocalíptico.

No debemos descansar hasta lograr una modificación de esta política internacional que afecta de un modo tan directo a América Latina. Es tiempo de que uno de los temas centrales de la comunidad de naciones de la región sea exigir con vehemencia un cambio radical en la dirección absurda de la lucha contra el narcotráfico.  

Sí, de lo que estamos hablando es de comenzar el debate de la descriminalización, despenalización o legalización. Tres niveles distintos, tres respuestas distintas, debatibles y polémicas sin duda. Lo que no es debatible es continuar como estamos. La sangre amenaza con ahogarnos. 

El autor fue Presidente de la República 

http://carlosdmesa.com/  

Twitter: @carlosdmesag 

Mario Rueda Peña se ocupa de la coca y de la cocaína de los precios de una y otra de las grandes diferencias de fábrica y de comercialización y finalmente de la tendencia a despenalizarla

La cocaína es una suerte de “oro blanco” para los grandes carteles del narcotráfico que controlan el negocio de la droga a escala intercontinental. Les cuesta solamente entre 1.000 y 2.000 dólares el kilo del repudiable potingue que sus intermediarios fabrican en Colombia, Perú y Bolivia, en tanto que en Estados Unidos, España y otros países europeos, la misma cantidad la venden a precios que oscilan ¡entre los 28 mil y 40 mil euros!

Varios factores determinan que accedan a la gran ganancia que les significa tan espectacular diferencia entre costo de compra y precio de venta. Se tiene, en primer lugar, el bajísimo valor de la materia prima (coca). Luego, el efecto comprensor que genera en la oferta la penalización del tráfico de la droga y las incautaciones policiales del producto. Agrega lo suyo la distancia geográfica entre los países productores y consumidores. Todo esto hace que el precio de la droga se mantenga alto, para solaz de los grandes narcotraficantes.

En términos globales, a escala universal, la lucha antinarcóticos registra avances poco significativos. No fue de mucha ayuda cierta reducción de los cultivos de coca en Colombia, Perú y Bolivia ni el recrudecimiento de las operaciones antinarcóticos, no sólo en estos países, sino también en México, naciones centroamericanas y Estados Unidos. Con estas cercenadas sólo pierden pequeñísimos retazos de la cola esos poderosos leones que son los carteles de la droga que operan desde México, países del Caribe y Colombia.

Organismos especializados estiman que los réditos anuales de las poderosas narcobandas se aproximan a nada menos que a la cifra global de 400 mil millones de dólares, figurando entre los países de mayor consumo de droga Estados Unidos y los del continente europeo, con España a la cabeza.

Últimas evaluaciones sobre el tema hacen rebrotar el debate surgido en los años 80 entre países que producen o consumen la cocaína. Los primeros, igual que antes, le echan la culpa de todo a las naciones a cuyos mercados va a parar la droga, reprochándoles no hacer lo debido para restringir al mínimo la demanda. Los países consumidores, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, consideran que las naciones productoras del estupefaciente deben radicalizar sus tareas de interdicción y reducción de cultivos de coca, en las que se hallaría la clave para superar el mal.

Al medio, desde ciertos círculos intelectuales y políticos, los partidarios de legalizar el consumo de la cocaína. Creen que si esto se hace, el precio del estupefaciente caerá en picada y las narcobandas emprenderán la retirada del negocio, tal como lo hicieron en Estados Unidos, en la década del 20, las bandas de mafiosos, tras el levantamiento de la prohibición del alcohol. Un debate que no acaba y proseguirá en adelante.

Winston Estremadoiro luego de un pormenorizado análisis se pregunta ¿Será nomás que somos una república de la cocaína, como dice Veja?

Dice el refrán que alabanza en boca propia es vituperio. Me pregunto si es cierto en el caso del Informe del Monitoreo de Coca 2011 en Bolivia, expuesto por César Guedes, representante de la Agencia contra la Droga y el Delito de la ONU (Unodc) en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que alborotó a los cerebros del Ministerio de Gobierno. Coincidente, y convenientemente, publicaron un fascículo de cuatro planas festejando una reducción del 12 por ciento en sembradíos de coca en el Chapare y los Yungas.

¡Qué gana de ver el vaso mitad vacío y no mitad lleno!, dirá alguno. Es que importa anotar las tendencias. En 2005, por ejemplo, se dio una reducción de cocales, seguida por cinco años de sostenida alza. ¿Será la reducción de 2012 un hecho aislado?

Habría que ver en coca, no sea que cada lustro se tire un poco de maicillo para que picoteen las gallinas “come-puchi”, como llamo a las sabrosas criollas con su hilera de huevos en el buche, que es como percibo escrudiñar el trasfondo de la noticia.

Hay más detrás de lo que se ve a simple vista. Dice el Ministro de Gobierno que se ha logrado “dignidad con soberanía”, para alardear que a diferencia de Colombia y Perú, “una gran parte de la producción de la hoja sagrada en nuestro país se destina al consumo tradicional”. ¿Cuánta coca? No se sabe. El segundo estudio del uso tradicional de la coca en Bolivia se viene postergando para las calendas griegas. Puede que ya no esté William Carter, pero su mano derecha, el antropólogo Mauricio Mamani, sería garantía de que un nuevo estudio no calcule que cada cachete se hincha con dos kilos de hoja. Es enorme la presión internacional para que dicho estudio se realice pronto, dice Guedes, y luego de presiones vienen sanciones: Bolivia podría perder acceso a mercados europeos. ¿Y si a los voceros de la soberanía les importa un bledo, como el mercado Atpdea para las textileras de El Alto, que tiene a tantos comiendo dignidad?

Pareciera que el Gobierno insiste en que más bolivianos sean “akullikadores”, cual si ello indicase menos pichicata. No es así.

¿De cuánta coca estamos hablando? Dice el representante de la ONU estar atado de manos porque las cifras de rendimiento deben ser provistas por el Gobierno. Sin embargo, de acuerdo al Informe de la Unodc, sólo en el trópico de Cochabamba –las provincias Chapare, Carrasco y Tiraque- se detectaron 8.501 Ha en 2011, y 10.027 en 2010, una reducción de casi 15 por ciento. Si el “cato” al que tienen derecho los cocaleros es de 1.600 m2, entonces habrían 53.131 “catos” en 2011, y 62.669 en 2010. Esto discrepa con las 70.000 parcelas que anota la Unodc.

En 1979, Prodes efectuó pruebas de rendimiento de la coca en el Chapare. Muestrearon “catos” en zonas altas y bajas en producción, clasificadas con base en que siendo la coca un cultivo que “esquilma” la fertilidad de los suelos, mientras más viejo el cultivo, menos coca. El promedio de rendimiento fue de 110 kilos de coca por cato. Sin contar que la coca nueva se cosecha cuatro veces al año, 5.844.410 kilos en 2011; 6.893.590 kilos en 2010. La Unodc indica que el 92 por cieto de la coca del Chapare elude el control del mercado estatal y se presume va a la droga. Significaría 5.376.897 kilos de coca en 2011; 6.342.103 kilos en 2010.

“La tecnología ha sobrepasado todo”, dice Franklin Alcaráz, director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin). Más que contar las hectáreas y los kilos de coca, importa la tecnología que se usa para obtener más droga. Ejemplo es el llamado “método colombiano”, que mejoró la eficiencia de obtención de cocaína del 45 por ciento hasta un rango de 55 a 70 por ciento del peso de la hoja. Con nuevas técnicas, calcúlese la cantidad presumible de pichicata con el menor porcentaje de eficiencia obtenida: 55 por ciento. Si fueron 2.630 toneladas en 2011 y 3.102 toneladas en 2010 con procedimientos antiguos, serían más de 2.957 toneladas en 2011, más de 3.488 toneladas de cocaína en 2010 con el método colombiano. Con el 70 por ciento de eficiencia, la producción sería casi 3.764 toneladas en 2011; más de 4.439 toneladas el año 2010. Contrasten eso con las cifras de incautaciones de la Felcn, que redondeando cifras, fueron un poco más de 28 toneladas de pasta base de cocaína, y casi seis toneladas de clorhidrato de cocaína el año 2011; el año anterior fueron poco más de 25 toneladas de pasta y poco menos de tres toneladas y media de clorhidrato de cocaína el año 2010.

Si de tendencias se trata, impactantes fueron los gráficos con base en imágenes satelitales. La Unodc sólo consideraba las zonas “tradicionales” del trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz (ojalá sin La Asunta, que no es tradicional). Como el cirujano que debe extirpar no sólo el cáncer de los cocales ilegales, sino su región circundante de expansión, hay nuevas plantaciones y, seguramente, fábricas de cocaína, en las áreas protegidas de Bolivia. En el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), el Parque Nacional Carrasco, el Parque Amboró, la Reserva Forestal de Choré, el Área Natural de Manejo Integrado de Apolobamba, los Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integrado de Cotapata y Madidi. Esto, sin contar los rebalses de Yapacaní, de Caranavi, y las salpicaduras en San Borja.

Mientras más antiguo el cultivo, menos rendimiento. Tal es el quid de ampliar la frontera agrícola a costa del Tipnis y otras áreas protegidas, invadidos por arrimados al auge de la coca para la droga. ¿Será nomás que somos una república de la cocaína, como dice Veja?

El autor es antropólogo

winstonest@yahoo.com.mx

Los Tiempos editorializa sobre la importancia y coincidencia de los informes de USA y ONU en torno al narcotráfico en Bolivia (la coca)

De cara a la realidad                 

Del Cristo de la Concordia al Poseidón de Suecia. M.Asoroff

Mauricio Aira

Los Tiempos destaca que tanto Estados Unidos como las Naciones Unidas en el informe presentado ante los medios en relación con la problemática del tema narcotráfico existen coincidencias notables la primera en la positiva reducción de las plantaciones de coca. Sin embargo este primer paso resulta insuficiente ante el cúmulo de problemas que afloran de ambos documentos y reclama con toda energía ingresar al debate de cómo enfrentar el problema y obtener logros efectivos.

El delegado de la ONU Sr. Guedes ha dejado ver que en parques como el Isiboro Sécure las plantaciones superan las dos mil hectáreas, un exceso intolerable, donde el Gobierno tiene la ocasión propicia de aniquilarlas como demostración de su voluntad de hacer cumplir la Ley que considera ilegales tales sembradíos. En cuanto al tema “desertificación” bien puede el coloso del Norte, asumir el examen periódico del comportamiento de los países signatarios de la Convención de Viena y que son beneficiarios de los subsidios que en armas, tecnología, información y en recursos  les asigna bajo convenios específicos, entonces ¿porqué cuestionar que les ponga un puntaje país por país?

Los medios son críticos siempre con el narcotráfico y ello es un mérito de la Sociedad Boliviana, que tiene dos escenarios. El primero “el estímulo a las plantaciones”. Todavía está sin aclarar que el famoso “cato de coca” es una opción o una obligación. De visita al Chapare tuve ocasión de comprobar, por ej., que ciertos grupos religiosos católicos y protestantes “casi están obligados a sembrar el cato” y que muchas veces surgen observaciones de los sindicatos, de las centrales y de las federaciones, cuando comprueban que sus afiliados “no están sembrando el cato”, no resulta extraño por tanto la denuncia de “manipulación de los catos” o sea que los más avispados “les compren a los más” su derecho al cato. O sea, se está mercantilizando, un poco al estilo de “los cupos alimenticios de tiempos del MNR” el beneficio del cato. Tema para el debate, en que escasea una información confiable y concreta.

El otro escenario es la represión. Es frecuente la información de haberse descubierto factorías de cocaína aquí y allí y de habérselas destruido y decomisado tierras, casas, vehículos, etc., pero hay ausencia de noticia sobre identidad, número y circunstancia de las detenciones. Los detenidos son gente humilde, porteros, guardianes, choferes, cocineros mientras que los culpables “han huido cuando se ejecutaba la operación”, noticias que dejan sabor a poco. La ley 1008 vigente para frenar el delito autoriza la publicación de la identidad de los aprehendidos, aspecto que se ha venido ignorando los últimos tiempos. La actuación de la policía especializada se ve truncada al no acompañar ni jueces ni fiscales el carácter compulsivo de la norma que supone el pronto proceso y la condena de los encausados. Muchas veces son puestos en libertad y sólo unos pocos terminan en la cárcel “los peces gordos están libres y generalmente fuera del país”.

Queda en el tintero el caso Sanabria, un general de carabineros pillado infraganti y detenido con ayuda de Chile y EEUU, y condenado a 18 años en Florida. El oficial no actuó sólo, algunos de sus cómplices son reos sin sentencia en cárceles bolivianas. El narcotráfico se ha dado mañas para oscurecer las circunstancias y la información está restringida actualmente.

El responsable del informe que reconoció la gran ayuda de los EEUU en su elaboración y la del Reino de Dinamarca en el financiamiento de la tarea, ha reconocido falencias y culpado a la burocracia boliviana de la demora en emitir el mismo con tres meses de retraso y expresado la esperanza de que el informe próximo no tenga tantas trabas y que se complete la información faltante de parte del Gobierno boliviano.

El cronista critico desde hace 40 años en materia de narcotráfico aplaude que también el Gobierno de Evo Morales hubiese reconocido al menos dos aspectos del informe de la ONU, que el 91% de la coca del Chapare se convierte en cocaína y que más del 40% de la droga producida en Bolivia tiene como destinatarios a los brasileños que la reparten en las favelas de sus grandes ciudades.

cuando Evo en persona y todo su clan festejan el informe de la ONU, este revela: 1.que fue la gran ayuda de EEUU que lo hizo posible. 2. la burocracia del MAS que no entrega datos hasta hoy. 3. el informe está incompleto y no es favorable a la Administración. El Dia se refiere a ello

En materia de coca y cocaína –como en la mayoría de las cosas-, todo depende del cristal con que se mire, aunque no por ello debemos perder la perspectiva del problema, que es una realidad y muy grande, especialmente para Bolivia, cuyo futuro está mucho más comprometido que el de Estados Unidos o la ONU como consecuencia del auge del narcotráfico.

Está demostrado que ha perdido totalmente su incidencia en el país el informe sobre la situación del narcotráfico que anualmente elabora el Gobierno norteamericano y que por cuarto año consecutivo coloca a Bolivia en una “lista negra” de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el flagelo de las drogas. Además de provocar los refunfuños de siempre, nadie mueve un dedo en la administración gubernamental como resultado del diagnóstico.

Este año y como si estuviera todo calculado, la oficina de la ONU en Bolivia para el combate al narcotráfico (ONUDC) emitió su informe sobre los cultivos de coca, un día después de que Estados Unidos confirmara su descertificación al país. Los vítores no se dejaron esperar en el Palacio Quemado, como si lo reflejado por el organismo multilateral fuera el súmmum de la verdad sobre lo que está aconteciendo en materia de tráfico de drogas.

Hay que mencionar que el informe de la ONU, es el resultado de un sinnúmero de tropiezos, retrasos (debió estar listo para junio), falta de presupuesto y que al final fue la Embajada de Dinamarca, un país lleno de inocencia en este campo, la que salvó las papas. En realidad, así como se fue la DEA, la NAS y otras agencias relacionadas con el control de las drogas en Bolivia, de la misma manera se encuentra en retirada la ONUDC, organismo que tiene planeado instalar una megaoficina en Brasil, donde hay un genuino y creciente interés de luchar contra las mafias de la droga.

No es para menos, Brasil se ha convertido en el segundo consumidor de cocaína del mundo, tiene más de un millón de consumidores consuetudinarios de esta droga, en su mayor parte proveniente de Bolivia y desde hace años, los brasileños batallan para combatir las mafias instaladas en las favelas, donde abunda no solo la mercancía boliviana, sino también armamento que pasa por las fronteras con nuestro país.

Si hay una opinión en materia de drogas que le debe interesar y preocupar al Gobierno boliviano es precisamente la de Brasil, donde prácticamente existe el convencimiento de que en nuestro territorio los cárteles reciben un fuerte apoyo político. No solo porque lo dice una revista o lo menciona con mucha claridad un candidato a presidente, sino porque en la actualidad las fronteras están atestadas de militares brasileños tratando de frenar la invasión de cocaína.

Días antes de que Estados Unidos emita su informe y que la ONU haga brincar de felicidad a las autoridades nacionales, estuvo en La Paz el ministro de Justicia y zar antidrogas de Brasil, José Eduardo Cardozo, quien vino a acelerar la puesta en marcha del convenio antidrogas que nuestro país ha firmado con el gobierno de Dilma Rousseff. El dignatario entregó donaciones, haciendo ver que ahora es Brasil el actor principal de los esfuerzos antinarcóticos que deben realizar los bolivianos. Y por si fuera poco, ha insistido en que debe ser la Policía Federal brasileña la que supervise la erradicación de coca, algo que causa muchísimo malestar en la administración del presidente Morales.

Si hay una opinión en materia de drogas que le debe interesar y preocupar al Gobierno boliviano es precisamente la de Brasil, donde prácticamente existe el convencimiento de que en nuestro territorio los cárteles reciben un fuerte apoyo político. No solo porque lo dice una revista, sino porque en la actualidad las fronteras están atestadas de militares brasileños tratando de frenar la invasión de cocaína.

Emilio Martínez lo pone en claro. no hay nada que festejar pese a todo el esfuerzo del Gobierno en contra. hay más coca, hay más cocaína, hay más dinero, hay mayores crímenes. (Obs. al pie)

La Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) presentó hoy en la Cancillería suinforme 2011 sobre monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, indicando una reducción del 12% en los cocales del país.

Se requieren ciertas puntualizaciones para evitar la previsible manipulación de la noticia. Veamos:

1. Más coca que cuando llegó Evo

Cuando Evo Morales llegó al poder (año 2006), los cultivos de coca ascendían a 25.400 hectáreas según Naciones Unidas. A lo largo de los años siguientes, la expansión llegó a las 31.000 hectáreas en el 2010, es decir, que se dio un aumento del 22%. Finalmente, la tendencia se revierte bajando a la marca actual de 27.200 hectáreas. Como se ve, si bien la curva de los resultados parciales es positiva en el último año, los resultados netos son negativos, ya que hay 1.800 hectáreas más que antes de la llegada de Morales al gobierno.

2.La mayoría de la coca sigue dedicada al mercado de la cocaína

Contra las 12.000 hectáreas legales dedicadas a abastecer el mercado del acullico, existen 15.200 hectáreas destinadas al narcotráfico. Hablamos de al menos un 56% de los cultivos del país integrando la cadena de la cocaína. El asunto empeora si se tienen en cuenta estudios como el del CELIN, que estima que 8.000 hectáreas son suficientes para el abastecimiento del mercado tradicional. Es sugestivo que el gobierno siga dilatando la realización de un estudio oficial sobre el consumo de coca para fines tradicionales, que podría haberse incluido entre las preguntas del Censo.

3.Se produce mucha más cocaína que antes

De acuerdo al informe presentado por la UNODC, se producen en Bolivia 48.100 toneladas métricas (TM) de coca. Deducidas las 12.000 hectáreas legales, con esa cantidad se pueden producir hasta 193 TM de cocaína. Más del doble de lo que se producía en el país antes del arribo de Morales al poder (80 toneladas métricas de cocaína). El rendimiento se calcula según el “método colombiano” descrito por el viceministro de defensa social, Felipe Cáceres.

Como se verá, hay muy poco por festejar en materia de coca-cocaína en Bolivia. Que el gobierno no se apure a lanzar los petardos…

notishots@gmail.com (Según Guedes responsable de la UNODC los datos del informe han sido elaborados con ayuda de los EEUU, del Reino de Dinamarca y otros países, además de las oficinas del Gobierno de Evo Morales. Guedes entrevistado por Eduardo Pérez "el hombre invisible" de Radio Fides)