Beatriz Avalos de El Deber nos ofrece una síntesis del artículo extenso sobre cocaína boliviana en Brasil de la revista Veja de gran tiraje global.

Un reportaje publicado el 15 de este mes por la revista brasileña Veja muestra cómo los narcotraficantes transportan droga desde Bolivia hacia Brasil utilizando los ríos de la Amazonia, como el Mamoré, y también a través de avionetas, que, en pleno vuelo, arrojan la mercancía por la ventana, en paquetes envueltos en colchas. Asimismo, muestra las facilidades que encuentran los narcotraficantes del vecino país que se instalan en el territorio boliviano para ejercer esta actividad.
Según Veja, los grandes narcotraficantes, que suelen transportar más de 100 kilos de droga, son los que más utilizan las avionetas para sacar droga de Bolivia y arrojarlas en haciendas o carreteras brasileñas aisladas, puntos acordados para la entrega de la mercancía. Este método por lo general se da en la zona norte y oeste brasileño, aprovechando la extensa área fronteriza con Bolivia.
Un delegado policial entrevistado por Veja asegura que un tercio de la droga boliviana ingresa al vecino país por Rondonia. Luego, ésta es transportada hasta Mato Grosso, donde es distribuida hacia dos polos: Brasilia y San Pablo, y de aquí se va también por carretera hasta Río de Janeiro.
De acuerdo con datos de la Policía Federal, la mayor parte de la cocaína comercializada en el estado carioca es boliviana y peruana. En total, el 80% de la cocaína consumida en Brasil es boliviana.
En el reportaje, Veja también se refiere a la tarea que viene realizando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del país, que el mes pasado, en Guayaramerín (Beni), pese a tener pocos agentes, detuvo al narcotraficante brasileño Roque Cardoso, acusado de comandar, desde Bolivia, la entrega de armas y drogas para el grupo Amigos de los Amigos, que controla el crimen en la favela Rocinha, en Río de Janeiro.
La Policía Federal dijo que Cardoso enviaba todos los meses más de 100 kilos de cocaína a Brasil. Su casa en Guayaramerín está valuada en $us 150.000. Cardoso fue entregado a la Policía brasileña y recluido en la Penitenciaría Federal de Rondonia, de máxima seguridad.
Desde 2007, año en que asesinó a un hombre, Roque Cardoso estaba prófugo de la Policía brasileña y había decidido fijar su morada en Guayaramerín. Allí consiguió un documento de identidad falso con el nombre de Juan Carlos Quintanilla Pérez. En el mercado negro una de estas cédulas de identidad cuesta 850 reales, que equivale a $us 500.
En el reportaje, Veja incluso muestra una fotografía de dos policías bolivianos posando junto al brasileño Édgar Lobato Salas, acusado de narcotráfico. También entrevistó a otro traficante de Rondonia llamado Ronaldo Dorado, que está en la cárcel y que dice haber vivido un año y medio en Guayaramerín, donde pese a ser extranjero no tuvo problemas para radicar en este país, para lo cual pagó sobornos. Dorado contó que compraba cocaína de bolivianos a $us 2.353 el kilo y que luego él se encargaba de enviarla a Brasil a través de ‘mulas’, a quienes pagaba $us 294 por kilo transportado. Una vez en Brasil, cada kilo era revendido a $us 9.412.
EL DEBER intentó conocer la versión de las autoridades de la fuerza antidrogas, pero no fue posible. Una autoridad del Ministerio de Gobierno también fue consultada sobre el tema, pero ésta dijo no haber leído el reportaje. Este año la Felcn se incautó de 28 toneladas de droga. El presidente Evo Morales aseguró que el 50% de la droga decomisada es peruana.

PARA SABER

Decomisos. Este año la fuerza antidrogas se incautó de 28 toneladas de cocaína y destruyó 8.200 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca.

Comparación. La cantidad de cocaína decomisada este año supera las 25,3 toneladas confiscadas el año pasado, pero iguala los resultados de 2008.

Peruana. Según el Gobierno, el 50% de la cocaína incautada procede de Perú y admite que parte de la producción de hoja de coca se desvía al narcotráfico.

Argentina muestra consumo alarmante de drogas. la denuncia es de los obispos aunque allí nadie se enoja por ello a diferencia de lo ocurrido enBolivia

Una reciente asamblea plenaria del Episcopado volvió a poner ante la mirada de la sociedad el rostro cruel de una realidad que afecta severamente no sólo a las generaciones juveniles, sino también a niños de sectores más vulnerables que, a partir de los ocho años en muchos casos, muerden el perverso anzuelo del paco, que origina precoz adicción y consecuente deterioro mental.

Esta información, sustentada en estadísticas actuales, confirma una vez más el incesante avance del narcotráfico y su capacidad de ir ocupando mayores "espacios de poder", como se señaló en la citada asamblea. Ese poder se aplica en nuestro país tanto para producir estupefacientes, como para distribuirlos, comercializarlos y atraer a consumidores más débiles. Y se une a otro mal semejante: la ingestión de bebidas alcohólicas por los adolescentes.

En un clima así denso, las voces que apoyan la despenalización de las drogas ilegales agregan confusión y resienten certidumbres en una lucha que reclama mantener firmeza de objetivos y acciones en el curso de una política integral, hasta ahora ausente, que también contemple "la creación de centros asistenciales en todo el país", según se dijo en la asamblea plenaria.

Los datos estadísticos, basados en el Informe Mundial sobre Drogas 2010, dado a conocer por la ONU, son elocuentes. En el curso de una década, el consumo de algún tipo de estupefaciente en nuestra población, entre los 15 y los 64 años, aumentó diez veces. Se estima, también, que el 15 por ciento de los alumnos del nivel medio consume marihuana, si se considera un promedio de todo el país; en el Gran Buenos Aires, esa cifra se eleva al 30 por ciento.

Asimismo, ha crecido el hábito de beber alcohol en nuestros adolescentes y, además, se calcula que la influencia de las drogas ha obrado en el 60 por ciento de los delitos cometidos por menores.

En cuanto al paco, su consumo se ha expandido y ha llegado a poblaciones pequeñas del interior, como se ha observado en Salta y en Jujuy. En suma, la penetración de los estupefacientes en los últimos años ha logrado aumentar y extender el consumo y las adicciones, es causa motivadora de delitos y violencia, y ha contribuido a la corrupción pública y privada.

Es notorio que las noticias sobre el avance de la drogadicción y el alcoholismo nos vienen abrumando desde hace años. Lamentablemente es limitado lo que se hace aun ante cuestiones flagrantes. Así, por ejemplo, muchos saben dónde se expende droga a los chicos, cerca de colegios o en lugares de veraneo. Sin embargo, pocos son los que actúan y siguen el ejemplo de "las madres del paco". También, es verdad que hay comerciantes que venden alcohol a los menores y dejan de cumplir con las ordenanzas que lo prohíben.

Es evidente, entonces, que se omiten muchas conductas que deberían manifestarse. Autoridades y público tienen que obrar sin claudicaciones, pues se trata de preservar la salud de la minoridad y de los jóvenes; es decir, el futuro de las familias y del país. Si no lo hacemos, el narcotráfico proseguirá ganando esta guerra.

Evo es cosa seria. Nada se le puede decir que de inmediato lo pone en público. Está desequilibrado. No distingue la broma de la verdad. Muy peligroso

La Razón

Salud. Evo dijo que Lacognata usa coca contra la diabetes, éste habla de “broma”

El canciller de Paraguay, Héctor Lacognata, desmintió ayer al presidente Evo Morales sobre el empleo que daría a la hoja de coca en su tratamiento contra la diabetes y la internación de este producto a su país en maleta diplomática.

El presidente Morales comentó en la mañana de ayer, en Chimoré, en un acto de clausura de la tarea de erradicación de coca, que en esta última reunión del Mercosur el canciller de Paraguay, Héctor Lacognata, le dijo que trata su enfermedad de diabetes con coca. “Y le pregunto cómo lleva su hoja de coca, porque es ilegal la exportación, y me dice: ‘en las maletas diplomáticas’”, afirmó. Luego aseguró que estaba sorprendido y que no era “ninguna mentira”.

Horas después, en tarde, en declaraciones al diario Última Hora, Lacognata negó que él haya consumido coca. “El canciller (de Bolivia David) Choquehuanca me había hecho llegar una bolsita a través de un amigo común y la tengo todavía acá, hasta ahora no se me ocurrió consumir”, aseveró.

“Comentó que la cuestión surgió este viernes en el almuerzo del bloque Urupabol, como una broma con los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica”, señala la nota de Última Hora en su edición digital. “Yo les dije: lo único que falta es que ahora digan ‘Lacognata estaba tomando coca y le enviamos por valija diplomática’, y que ahí sí que ya me darían una tapa en los periódicos, ¡pero eso fue en broma!", relató.

Morales dice que el canciller paraguayo "importa" coca en valija diplomática

no se entiende la doble cara. insultan y rechazan la ayuda por un lado por otro piden ayuda de los EEUU para combatir el narcotráfico

Las recientes declaraciones del vicepresidente García Linera acerca de la anunciada posible “reducción global” de la ayuda antidroga que ofrece la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) al país, no han podido ser más desafortunadas e inoportunas. Por una parte, porque este organismo de cooperación bilateral ha sido expulsado del Chapare, a la sazón zona clave de la producción de coca como materia prima para la producción de cocaína, y dada la situación, bien puede el gobierno estadounidense disponer de sus fondos de ayuda como mejor le parezca. Por ello, el anuncio del director general de Usaid, Wayne Nilsestuen, parece coherente.

Por otra parte, el Gobierno boliviano ha declarado, a través de sus voceros, que la lucha antidroga podía asumirla sin mayores problemas sin la participación de la DEA estadounidense, a la que también expulsó casi al mismo tiempo que al ex embajador Goldberg. En los hechos esto ha significado nada más y nada menos, que una drástica reducción de recursos humanos, logísticos y financieros que más temprano que tarde se ha tenido que poner en evidencia. Llegado el momento, resulta lógico que sobren las lamentaciones, obviamente. En el caso de Usaid, existe un paralelo que no se puede pasar por alto. Estamos hablando de un terreno de relaciones bilaterales deterioradas.

En este momento no existe confianza mutua entre Estados Unidos y Bolivia. Si bien de alguna manera se están realizando esfuerzos para recomponer un escenario de cooperación sin barreras, y ambos gobiernos han manifestado sus mejores intenciones, salta a la vista que son más las dificultades que las coincidencias. Siendo un terreno ríspido, no resulta entonces de buen gusto exigir a un país que la cooperación económica se mantenga, echándoselo en la cara además que es una obligación como país consumidor. Con esta postura, el Vicepresidente ha dado la impresión que la recepción de recursos económicos puede ser más relevante que la lucha contra la droga.

Existe una disyuntiva que debe aclararse: Al Gobierno le interesa sólo el dinero o realmente pretende luchar de frente contra el narcotráfico. Quizás le pueden servir de ejemplo las acciones emprendidas por Lula en Río de Janeiro contra los narcotraficantes que se han creído dueños de la Ciudad Maravillosa. En Bolivia no se conocen acciones en contra de los narcotraficantes que hacen de las suyas en el Chapare, donde los nuevos ricos han brotado como hongos, preocupando incluso a los niveles más altos del Gobierno, incluyendo al presidente Morales, que también es dirigente de los cocaleros.

La lucha contra el narcotráfico exige más y mejores recursos, que resultan inaccesibles para un solo país. De ahí que la cooperación internacional, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales se perfile como una necesidad imperiosa para la mayoría de los países del continente. Desde esta perspectiva, resulta contraproducente y de mal gusto atacar verbalmente al gobierno o a instituciones de un gobierno cooperante y enseguida exigir que mantenga su apoyo económico. Conviene recordar que dar la bienvenida al apoyo externo exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Conviene recordar que dar la bienvenida al apoyo externo exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

demanda preocupación de todos el diario cooperativo OPINION en su editorial del dia

A raíz de un impasse surgido por las declaraciones del arzobispo Tito Solari y el Gobierno respecto a las afirmaciones del primero en sentido de que en el Chapare existen familias y niños comprometidos con la venta de droga, se registró una ardua polémica que en términos generales ha dejado la conclusión que la lucha contra el narcotráfico es una tarea de todos, es decir de Gobierno, instituciones y ciudadanos.
Una reunión, la noche del lunes, entre el arzobispo Solari, alcaldes del trópico, el Viceministro de Defensa Social y campesinos cultivadores de coca, sirvió para poner punto final a la polémica, cuando previamente la autoridad eclesiástica se disculpaba si álguien se sintió injustamente aludido.
Lo positivo de este lío, que parecía profundizar las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia católica, es que una vez más se evidencia que el diálogo sincero puede llevar a solucionar problemas y abrir puertas para que los problemas nacionales que aquejan al país y a la gente, como por ejemplo el narcotráfico, sean analizados desde una perspectiva del bien común, es decir, más allá de posiciones encontradas, que cuando se presentan, lo único que hacen es interferir ideas y acciones que en un clima de distensión pueden ser útiles para llevar adelante iniciativas conjuntas.
En el asunto del narcotráfico, hemos señalado en muchas ocasiones, que siendo un problema de dimensiones internacionales, cada país y cada pueblo en la proporcionalidad que le corresponde debe asumir su responsabilidad. Los centros donde se concentra el mayor consumo de cocaína tienen la obligación de desarrollar luchas contra el flagelo que demuestren resultados efectivos, controlando sus fronteras, disminuyendo los índices de criminalidad en torno al negocio del narcotráfico, estableciendo controles en su sistema financiero para evitar lo que se denomina el “lavado” de dinero y demostrar ante la comunidad internacional los planes y campañas que realizan para disminuir la dependencia de miles de consumidores de la droga.
Los países productores, como Bolivia, tienen a su vez la misión de controlar el cultivo de la hoja de coca que excedentaria va a la fabricación de la droga y de realizar los esfuerzos suficientes para acabar con las bandas del narcotráfico que se han expandido en diversos puntos del territorio nacional, según han señalado los informes de las autoridades policiales, con ramificaciones de pequeños clanes familiares.
El Gobierno, instituciones y todos el país deben realizar los máximos esfuerzos para combatir la producción de droga y al narcotráfico, y en esta misión, que ahora se ha impuesto el Gobierno desarrollarla mediante acciones internas propias y a través del control social en las zonas productoras de la hoja de coca, es importante la participación de las instituciones y de los ciudadanos. Lo peor que puede pasar a un país es caer en manos del narcotráfico, los efectos y secuelas sociales, económicas y hasta políticas se pueden observar cuando las bandas delictivas se organizan y se hacen fuertes al punto de constituirse en una especie de súper estados.
La lucha contra el narcotráfico es un tema policial y de interdicción, pero también es de inteligencia y solidaridad de toda la sociedad. Se enfrenta el narcotráfico con grupos policiales bien entrenados, bien pagados, con información adecuada para llegar o anticiparse donde están los narcotraficantes, pero es importante la acción de coordinación y ayuda con todas las instituciones.

asuntos ya sabidos pero sin detalles ni confirmaciones tan contundentes como las que ofrece Wikileaks sobre la cocaína y Ortega

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, habría financiado su campaña electoral en 2007 con dinero procedente del narcotráfico así como con "maletines llenos de dinero" llegados de Venezuela, según se desprende de los cables de la Embajada estadounidense en Managua dados a conocer por Wikileaks.

Además, según estos documentos, cuyo contenido adelanta este martes 'El País', Ortega ha instaurado en el país centroamericano un clima de terror entre los funcionarios, hasta el punto de que un informante, al que no se identifica, asegura que está "completamente loco" y que "se ha convertido en una amenaza para el país" porque "hasta cree que las monjas viejas están rezando para que lo asesinen".

El diario cita en concreto cuatro documentos firmados por el embajador estadounidense, Paul Trivelli, entre 2006 y 2008. En ellos se pone de manifiesto que Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvieron dinero del narcotráfico internacional "a cambio de que los jueces sandinistas pusieran en libertad a traficantes capturados por la Policía y los militares".

Asimismo, la Embajada señala en un documento que funcionarios nicaragüenses reciben "maletas llenas de dinero" en sus viajes a Caracas. "Múltiples contactos nos han dicho que Ortega utiliza dinero del petróleo venezolano para financiar los Consejos del Poder Ciudadano y las campañas de las elecciones municipales del FSLN. Varios informes no confirmados indican que Ortega tendrá 500 millones de dólares a su disposición en el transcurso de 2008", indica el cable.

En otro de ellos se señala que "Daniel Ortega y los sandinistas reciben dinero regularmente para financiar las campañas electorales del FSLN de parte de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitan salir en libertad a los traficantes capturados por los policías y los militares".

Entre los narcotraficantes que habrían financiado las actividades de Ortega, la Embajada estadounidense cita el caso del colombiano Pablo Escobar, a quien el presidente nicaragüense dio refugio durante unos meses en el país centroamericano en 1984.

Asimismo, los aviones de Escobar utilizaron Nicaragua para cargar cocaína con destino a Estados Unidos y a cambio de ello "Ortega y el FSLN recibieron grandes pagos en efectivo de Escobar". En la ayuda al narcotraficante colombiano, según la Embajada norteamericana, también participó el entonces ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge.

En otro cable fechado a mediados de 2006, el embajador relata cómo Ortega y su partido habían chantajeado en 2004 a un boxeador, acusado de violar a una joven en Managua, acordando protegerle en los tribunales "a cambio de una parte de las ganancias de sus combates y de hacer publicidad para Daniel". El boxeador, Ricardo Mayorga, accedió al trato y fue exculpado del delito que se le acusaba.

otra trampa del MAS. mete bala a "sus cocaleros" éstos causan 40 heridos en Palos Blancos. El Dia se ocupa de La Violencia Previsible

Los lamentables sucesos que han tenido lugar en el Municipio de Palos Blancos, sector Marimono, en el norte del Departamento de La Paz, eran de esperarse dentro del doble escenario que significa la polémica defensa de la hoja de coca y la ineludible lucha contra el narcotráfico. Por una parte, la tácita permisividad para sembrar coca no sólo está pasando una sensible factura al Gobierno, porque a menudo surgirán oportunidades para cruzar la línea de la legalidad y acercarse a la tenebrosa red del tráfico de cocaína, sino que esta situación ambivalente está generando una violencia a todas luces previsible y peligrosamente creciente. Los recientes enfrentamientos son una prueba.

Resulta saludable conocer que el Gobierno prosigue con sus esfuerzos, así éstos sean todavía insuficientes, por erradicar los cultivos de coca que se consideran ilegales. Una muestra es la tarea que está desarrollando en el Chapare y en el propio Norte paceño, con fuerzas militares y policiales, pero está visto que tendrá que luchar contra sus mismos adeptos que se las buscan para desmarcarse de las instructivas generales. En esta perspectiva, cada vez le resultará más difícil distinguir la paja del trigo, con todas las consecuencias que esta suerte de confusión acarrea. La extrema violencia desatada en Palos Blancos demuestra que aumentará la resistencia interna a la erradicación.

Si se considera que los excedentes de la coca cultivada están expresamente dirigidos a engrosar los insumos básicos que alimentan la red del tráfico de estupefacientes, también la disminución de la extensión del área legal de cultivos se convierte en un enorme e inexcusable desafío gubernamental de cara a la desigual lucha contra el narcotráfico en la que está empeñado el país. Por tal fundamental razón resulta ineludible no sólo demostrar que la disminución de las áreas de cultivo de coca se está expresando en cifras alentadoras, sino que el sector de los cocaleros debe manifestar con hechos que asume su cuota parte en la lucha nacional contra el tráfico de drogas.

Los enfrentamientos en Palos Blancos merecen una lectura desapasionada y profundamente reflexiva. Por una parte, porque conviene resaltar el hecho que algunos sectores de productores de hoja de coca han creído que tienen carta blanca e indefinida para el cultivo de coca ilegal. Siendo esto inadmisible, incluso para un Gobierno que defiende la hoja de coca como símbolo de la cultura originaria andina, lo más lógico es que se produzcan encontrones de diverso grado entre las fuerzas de tarea disuasiva y los cocaleros. Por otra parte, está por verse si el Gobierno es capaz de superar sin mayores trámites la escalada de un conflicto interno cada vez más complejo y peligroso.

Admitir la posibilidad de autorizar a los cocaleros la siembra de un cato de coca ilegal y excedentaria -como pretenden en Palos Blancos- a sabiendas que el producto se dirige a la fabricación de droga, vendría a corroborar la actitud cómplice de un Gobierno de doble moral. Por el contrario, dar pruebas concretas y responsables de que la erradicación de coca excedentaria se cumple de modo decidido y a pesar de las dificultades, en Palos Blancos y en cualquier otro punto del país, alentaría esperanzas de una lucha antidroga boliviana de mejores perspectivas, especialmente si se cuenta con la cooperación internacional adecuada. Ello evitaría la previsible escalada de la violencia.

Con pruebas de que la erradicación de coca se cumple a pesar de las dificultades, se alentaría esperanzas de una lucha antidroga de mejores perspectivas.