angustiosa.califica El Deber la situación en Yapacaní a merced de narcos de Brasil y Colombia. será posible que el Estado, con miles de policías y miles de soldados no tenga cabida en la región? tanto poder tienen los narcos que asistan a Gobernantes y uniformados?

E l 3 de abril pasado, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó de que Yapacaní ha sido tomado por sicarios de mafias de narcotraficantes de Brasil y Colombia, que han infiltrado organizaciones cívicas. Unos días antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había dicho que toda la región de Ichilo se ha convertido en “el epicentro” del narcotráfico en Bolivia. El columnista Gary Rodríguez acaba de recordar en las páginas de EL DEBER que, como reflejo de esta dramática situación, se ha dado el caso del ajusticiamiento de una familia completa en El Torno: madre, padre y dos niños.

La ciudadanía está alarmada por esta situación, pero sobre todo está ansiosa por saber qué está haciendo el Estado boliviano ante una realidad tan desesperante. Si, como dicen las autoridades del propio Gobierno, hay regiones del país que han sido tomadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lo que corresponde es una acción del tamaño de ese peligro. En 1967, cuando un grupo armado se instaló en el sureste del país, en la zona de Ñancahuazu, el Estado boliviano dispuso que el Ejército, con toda su fuerza, acabara con los insurgentes que osaban ocupar un pedazo del territorio nacional.

El riesgo actual es parecido, pues se trata de gente armada que se propone quitar del control del Estado boliviano una parte del territorio nacional. La denuncia del viceministro Cáceres tenía que ver con la negativa de algunos habitantes de Yapacaní a aceptar que se instale un cuartel de Umopar en la zona para combatir el narcotráfico. El secretario de un colegio de Santa Cruz que denunció la presencia de vendedores de droga en la puerta del establecimiento fue amenazado por los interesados, y debió dejar el trabajo. ¿Así vamos a vivir en Bolivia?

Es probable que alguien aprecie el ‘auge’ que producen las actividades económicas ilegales y criminales, pero los ciudadanos del país no están dispuestos a aceptar que la bonanza tenga semejante precio. Siempre hay espacio para pelear por la moral ciudadana, y por la seguridad. Y hay momentos extremos en que ese reto no puede hacerse a un lado.

Habrá que llamar a las cosas por su nombre. Los cocales ilegales, todos ellos, deberán ser erradicados. Mientras no se lo haga, el narcotráfico seguirá creciendo alrededor de los cultivos. La economía del país está demostrando que puede prescindir de la oprobiosa subvención o ‘blindaje’ del narcotráfico.

Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero

Uruguay que permite la venta libre de "la marihuana"ahora prohibe totalmente la propaganda del tabaco, Argentina que pretendió prescindir de la DEA, ahora suscribe convenio ante el insólito aumento de cocaína elaborada en su suelo, Brasil mantiene miles de soldados en la frontera con Bolivia para impedir el ingreso de la droga...o sea hay un desandar, lo advierte El Dia.

El impulso que recobró el nacionalismo en América Latina en forma de gobiernos de izquierda y regímenes populistas, trajo consigo un rebrote del sentimiento antinorteamericano que, por supuesto, se estrelló en contra de la lucha antidrogas que llevaba adelante Estados Unidos en la región.

Varios gobiernos decidieron encarar solos la guerra contra las drogas y en el caso de Bolivia y Venezuela, esta decisión vino acompañada de una actitud muy drástica y altamente simbólica, como la expulsión del embajador estadounidense y la suspensión de todas las actividades de la DEA, que luego se transformaría en la eliminación absoluta de la ayuda que brindaba Washington a las tareas de erradicación de cocales ilegales y la interdicción.

Otro que ha ido muy lejos en su manera de encarar las drogas ha sido Uruguay, donde ha comenzado a regir una norma que permite el consumo y la venta de marihuana bajo un régimen muy estricto que, según expertos, está condenado al fracaso.

En Argentina, el país con mayor ímpetu “antiyanqui” del continente, idearon sistemas muy modernos y aparentemente bien organizados para frenar la invasión de drogas proveniente de Bolivia y en lugar de atenuar, el problema no solo ha empeorado, sino que ahora el país de Borges y San Martín figura en la lista de productores de cocaína, algo que nadie hubiera imaginado antes del ascenso del kirchnerismo al poder. El avance del narcotráfico ha elevado los niveles de violencia y mantiene a la ciudadanía en estado de conmoción constante, lo que ha obligado al gobierno de Cristina Fernández a ir por la ayuda de la DEA, según lo atestigua un reciente convenio firmado con la organización estadounidense y que termina con un periodo de altibajos que incluyó la suspensión de actividades en el 2011.

Y si hablamos de avalancha de drogas, no podemos dejar de mencionar a Brasil, donde han tenido que recurrir a la militarización de las fronteras con Bolivia y Perú para evitar el ingreso de toneladas de cocaína y armamento destinado a las mafias que controlan el comercio de drogas en las principales capitales. Aquí también se tuvo que apelar a la ayuda de la DEA en el marco de un convenio que nos incluye a los bolivianos y que prevé tareas de erradicación, patrullaje aéreo y el derribe de aviones sospechosos. De hecho, la Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de aprobar una ley para estos casos, luego de que el propio presidente se burló alguna vez diciendo que se trataba de mosquitos las numerosas naves que salen del Chapare y de otros centros de producción de cocaína.

Mientras esto ocurre, en países que se mantuvieron en la línea de acción multilateral como México y Colombia, los resultados han sido distintos sobre todo en este último, donde ha bajado la producción de cocaína, han disminuido las plantaciones de coca y la violencia ha caído notoriamente. En el caso mexicano todo indica que se conducirá por la misma ruta.
Esto lleva a afirmar que ya sea por error involuntario o no, los países que confundieron las cosas bajo el manto de la ideología y con ello impulsaron el comercio de las drogas, están camino al fracaso y ponen en peligro la estabilidad de gobiernos y procesos democráticos. A lo mejor Argentina está marcado el camino de retorno.

El avance del narcotráfico ha elevado los niveles de violencia y mantiene a la ciudadanía en estado de conmoción constante, lo que ha obligado al gobierno de Cristina Fernández a ir por la ayuda de la DEA, según lo atestigua un reciente convenio firmado con la organización estadounidense y que termina con un periodo de altibajos que incluyó la suspensión de actividades en el 2011.

Yapacaní está en manos del narcotráfico? al parecer Evo perdió la batalla y no habrá UMOPAR en Yapacaní. Vacaflor cuyas predicciones suelen ser acertadísimas,estima que los narcos de Colombia y Brasil mandan en Yapacaní y que el Gobierno está acorralado. de ser cierto, es grave.muy grave.

Los vecinos se opusieron al proyecto y el gobierno denunció que las protestas de los vecinos eran promovidas por mafias brasileñas y colombianas. Lo dijo el viceministro Felipe Cáceres el 3 de abril.

Romero llegó a sostener que el tema no era negociable y que el gobierno iba a cumplir su propósito de todos modos.

El duelo era para alquilar balcones: el Estado boliviano enfrentado a los grupos manejados por el narcotráfico. No corrían apuestas, por lo menos a la vista, pero la situación era tensa.

Fue cuando los grupos de presión de Yapacaní mostraron que ellos saben jugar al ajedrez político.

Respondieron al gobierno con un mensaje que equivale a una bofetada. Como Don Corleone, hicieron una contraoferta demoledora: dijeron que en lugar de instalar más cuarteles de Umopar, el Estado tendría que aplicar la política de “coca cero” en el Chapare.

El disparo dio en la yugular de la política del presidente Evo Morales. Él ha llegado hasta donde se encuentra ahora con la fórmula de postular el rechazo a la propuesta de “coca cero” en el Chapare.

El golpe fue demoledor. Entonces, el gobierno de Morales dispuso la retirada Yapacaní en la guerra contra el narcotráfico.

El Estado boliviano renuncia a ejercer soberanía sobre un territorio comprendido entre Cochabamba y Santa Cruz.

Quizá se pueda decir que hace rato que el Estado boliviano ha perdido control de amplios puntos del territorio en esa zona, comenzando por el Chapare, un centro de actividades ilegales que llevó a su líder a la presidencia del país.

Si los grupos de presión controlados por mafias brasileñas y colombianas son capaces de hacer retroceder al Estado boliviano, ¿cuál es la diferencia de esta situación con la que se da en Colombia y las zonas controladas por las FARC?

¿Cuánto territorio más querrá ceder el gobierno en esta guerra?

4 preguntas a Susana Seleme acerca del conflicto con los sargentos. se refiere también a "la invulnerabilidad del Vice García" protegido por los judiciales, que no se atreven a levantarle un dedo. son "los intocables del poder" EJU:TV

1. ¿Qué análisis hace del conflicto con los militares de baja graduación?

La inédita insubordinación de suboficiales y sargentos de las FFAA, con marchas masivas en la capital, y otras menores en Santa Cruz de la Sierra parece agudizar la “mala hora” por la que atraviesa el régimen. Su jefe, Evo Morales, secundado por sus conmilitones, fue el primero en violar la institucionalidad castrense al haber impuesto un ajeno “Patria o Muerte” y la wiphala. La degradó como un instrumento más de sus movimientos sociales. Amén de haber violado toda la institucionalidad democrática del país y provocar una ausencia de Estado que se traduce en esta insubordinación militar de suboficiales y sargentos, como en otras instancias socioeconómicas: los cocaleros y los cooperativistas mineros, por ejemplo. Todo el gobierno está encharcado de corrupción, falta de transparencia y subordinación de la justicia al poder Ejecutivo, que apuntan a la descomposición sociopolítica más grave de la historia democrática.

2. ¿Ud cree adecuada la respuesta represiva del Ejecutivo, dando de baja a 715 suboficiales y sargentos, hasta ahora, amenazando y chantajeando a sus esposas en huelga de hambre?

Ante todo, creo que sus demandas son justas, ya que nunca antes fueron escuchadas en los conductos regulares, cuando en realidad son demandas elementales como mejorar sus condiciones de vivienda y permitir oportunidades para acceder a estudios superiores en las tres ramas de las FFAA. ¿En qué afectan esos estudios a la jerarquía y a la superioridad de los mandos superiores? En nada.

Si el conflicto lleva ya más de una semana, demuestra que el Alto Mando ha perdido autoridad, que es el sector privilegiado del régimen con prebendas y canonjías, autoridad que también ha perdido el Ministro Rubén Saavedra, quien firmó los primeros memorandos de despido. Seguir despidiéndolos, y pueden llegar a 1000, siendo ellos quienes están en directo contacto con la tropa, es un acto desesperado que una vez más desnuda la naturaleza represiva del régimen. Es su marca: a quienes no acatan sus órdenes los desprestigia con mentiras y chantajes, los acusa de delincuentes, traición a la patria, neoliberales, y en este caso, hasta han hurgado y dado a conocer a la prensa la vida privada de algunos de ellos. ¡Qué felonía! Y luego los reprime amparado en su poder, que abarca todo el aparato estatal, sumado al de sus movimientos sociales, las FFAA incluidas que tienen el poder militar y de ahí el monopolio del uso de la fuerza.

3. Los sargentos y suboficiales piden hablar con el presidente Morales, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el conflicto. ¿Qué opina?

Como de costumbre, Morales esperará que el conflicto se agudice más, o que se pudra, recuerde Huanuni, Uncía, Caranavi, por citarle algunas, todos con muertes, heridos y contusos. Mi opinión es que cuando se digne escuchar a los sargentos y suboficiales, si los escucha, la tensión habrá subido y no creo que ellos salgan ganando, pero Morales aparecerá como siempre, más allá del bien y del mal. ¿Los restituirá a sus cargos, que es ahora una exigencia más, sobre todo de los Ponchos Rojos afines a Morales, milicia armada aymara más violenta que pacífica, de la provincia andina de Omasuyos, en La Paz? Muchos de sus hijos están entre los dados de baja. No se puede anticipar un desenlace, pero Morales ya cuestionó a los marchistas y huelguistas y pidió “disciplina absoluta” en las FFAA. Mal augurio para ellos.

4. En otro orden, ¿por qué ninguna repartición del Estado acepta iniciar una investigación por las denuncias que involucran al vicepresidente? Algunas personas creen que ellas responden a luchas internas dentro del MAS.

Todo apunta a que el Vice está protegido por una administración de justicia venal, subordinada al poder político, del cual él es una pieza fundamental. Lo mismo que la ministra anticorrupción, el contralor general, los altos mando de las FFAA y la Policía, todo el legislativo y el gobierno en pleno. De ahí la descomposición sociopolítica que atenta contra la cohesión social, la gobernanza, la institucionalidad democrática, en suma, atenta contra el Estado de Derecho. Por eso no prosperará ninguna acción contra García Linera, que se da el lujo de irse a pasear por Europa -‘dizque’ a dar charlas- pero se fue para salir de escenario político y mediático. Para eso sirve la plata del Estado, que la utilizan como su fuera propia. Así tampoco prosperará el anuncio de que Sacha Llorenti pueda ser incluido en el caso Chaparina por la represión a los indígenas a indígenas del Oriente. “Entre bueyes no hay cornadas”, dice el refrán, lo cual no excluye pugnas internas por el poder.

gesto valiente de Katsumi Bany alcalde de San Juan,SC acusado por el MAS llegó a estar encarcelado, ahora descolla por brindar "un terreno" para un centro de rehabilitación...

Katsumi Bany es un cruceño de origen japonés que desde hace más de una década se desempeña como alcalde de San Juan, un municipio considerado ‘modelo’ de gestión y desarrollo. A Bany se le atribuye la implementación de un tipo productivo que consiguió unir iniciativas públicas y privadas en beneficio de su comunidad. San Juan produce, además, el 30% de los huevos de gallina y el 20% del arroz que demanda el mercado nacional.

En 2007, esta casa periodística lo reconoció como uno de los ‘personajes del año’, pero en 2012 el alcalde Bany pareció caer en desgracia: lo acusaron de ‘conducta antieconómica’ y fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. Sus ‘delitos’ fueron la presunta adquisición de áridos para facilitar el tránsito de camiones que acarrean cítricos en la zona y de un microbús de medio uso para el traslado de estudiantes y deportistas de comunidades cercanas que utilizaban un volquete ocupado en la recolección de basura. Siendo alcalde de línea opositora, la arremetida contra Bany fue atribuida a la estrategia del régimen gobernante de acumular poder territorial, con énfasis particular en el oriente del país.

El alcalde norteño ha vuelto a hacer noticia al ofrecer un terreno para el Centro de Acciones Antinarcóticos, proyectado inicialmente en Yapacaní, pero cuyas autoridades rechazaron por considerar que frenaría el crecimiento económico de ese municipio, que el propio Gobierno declaró ‘zona roja’ del narcotráfico. Incluso se desató la violencia cuando fue colocada allí la piedra fundamental de la obra que tiene un financiamiento de Bs 7,2 millones cubiertos, en su mayor parte, por la Unión Europea. Luego de enumerar las ventajas del predio ofertado por Bany, el ministro de Gobierno ha calificado la propuesta como “una gran posibilidad que no podemos desperdiciar”.

Katsumi Bany ha argumentado su determinación –que recibió el respaldo del Concejo Municipal de San Juan– ante la creciente presencia de narcotraficantes en aquella parte de la norteña provincia de Ichilo. “No podemos seguir tolerando que la zona, particularmente San Juan, siga como tierra de nadie y que esté dominada por el narcotráfico”, expresó, a tiempo de revelar que ha recibido amenazas en sentido de que ‘se cuide’ y de que no lo van a dejar gobernar.

El alcalde Bany no busca protagonismo. No lo necesita. Pero es de destacar el gesto valiente que ha asumido en defensa de su comunidad ante el acecho tenebroso del narcotráfico. Autoridades como él hacen mucha falta

Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero

escandaloso. más de mil detenidos

jóvenes en Cocha concurren a fiesta con drogas

Más de mil adolescentes, entre los 14 y 18 años, fueron sorprendidos el Día del Niño en una fiesta en la que se encontró paquetes de marihuana, pipas, psicotrópicos y bebidas con hasta 68 grados alcohólicos.

La alerta comenzó a partir de una invitación que se difundía a través del Facebook y el WhatsApp. “La fiesta será de seis de la tarde a seis de la mañana”, decía el anuncio, informó el jefe del operativo, Nelson Miranda. 

Los jóvenes, principalmente de colegios privados, eran citados a lugares como el Cine Center y El Prado -para aprovechar el WiFi- donde adquirían los pases a la fiesta, unas manillas de papel, a 40 bolivianos cada una.

“No tienen un lugar fijo, son fiestas itinerantes y se comunican por el Facebook. Un día contratan un restaurante, después alquilan una casa y así los padres piensan que sus hijos están entrando en una casa de familia o un cumpleaños”, informó Miranda.

Los vendedores -algunos menores de edad- eran los encargados de cerciorarse que los clientes no sean mayores. 

Al promediar las 23:00 horas los jóvenes empezaron a subir fotos de jovencitas fumando de una pipa -aparentemente marihuana- en pleno baile. 

Cuando el consumo de bebidas alcohólicas y marihuana empezó a generalizarse, se dio la luz verde para proceder con el operativo. Más de 200 policías en 20 vehículos -entre camionetas, buses, ambulancias y un carro bombero- llegaron hasta el lugar, un restaurante en la avenida Simón López. 

Los policías separaron a los menores de edad de los mayores de 18 años. Solo alrededor de 100 a 200 jóvenes tenían más de 18 años. “Se pasan los policías, si se dijo que es una fiesta de colegio, obvio que van a haber menores”, reprochaba una adolescente de 15 años. 

Policías de la fuerza antidrogas rastrillaron los jardines donde encontraron cuatro sobres y una lata de marihuana, pastillas de diazepam, botellas de licor seco, cerveza, vodka y otros como Four Loko, que podrían causar en los jóvenes paros respiratorios, arritmias cardíacas, un coma etílico e intoxicación. 

Es por esto que 10 personas, el propietario del restaurante, organizadores y meseros fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de corrupción de menores y atentado a la salud pública. 

Mientras tanto, desesperados padres de familia llegaban al lugar, algunos saliendo de la cama y otros de festejos nocturnos. Acreditando su vínculo familiar, los adolescentes eran entregados a sus progenitores. “¿Qué ha pasado hijito? “Ya mi amor, vámonos”. “Qué susto, que bueno que estés bien”. “Pero los que tienen la culpa son los organizadores. ¿Cómo les van a vender alcohol y drogas si son menores”, eran los comentarios de padres.

Tampoco faltó el padre que indignado, sacó su cinturón y golpeó a su hija como reprimenda.

En algunos casos llegaron padres en estado de ebriedad, hermanos o tíos, por lo que 62 adolescentes fueron trasladados hasta la FELCC. Segmento uno de crónica de OPINION

fuente del Gobierno. por tanto se puede o no creer lo que dice. narcos de Colombia y Brasil en Yapacaní están en instituciones públicas (?) son empleados del Gobierno? culpa a la Alcaldia de oponerse al cuartel policial.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó ayer que narcotraficantes colombianos y brasileños operan en Yapacaní. “Son emisarios que manejan plata para acopiar droga y llevarla a laboratorios”, dijo.

La autoridad alertó sobre el poder económico del narcotráfico en ese municipio cruceño que incluso controla grupos civiles y autoridades. “Están parapetados en instituciones públicas”, reveló Cáceres a Los Tiempos, luego de evaluar las tareas de erradicación de coca ilegal en Paractito.

El viceministro Cáceres señaló a autoridades ediles y a supuestos “emisarios” extranjeros como artífices de los conflictos suscitados la anterior semana en torno a la construcción de un cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el municipio de Yapacaní.

“Tenemos información que hay colombianos y brasileños que estarían operando en la ciudad de Yapacaní, son emisarios que manejan plata, que recolectan droga para llevar a algún laboratorio”, dijo Cáceres que ayer se desplazó al Chapare para participar de una jornada de erradicación.

Cáceres sugirió que detrás del pedido de autoridades municipales de que el cuartel de Umopar se construya fuera de la mancha urbana, existiría una complicidad de por medio.

“El Alcalde ahora dice que esa área ya es urbana, rápidamente por motivo del conflicto la Alcaldía ha ampliado muy rápidamente”, dijo Cáceres.

Acusó a los miembros  del Comité de Defensa de Yapacaní, de desinformar a la población “están parapetados en algunas instituciones públicas y civiles”.

Cáceres dijo que entre el 50 y 60 por ciento de la actividad del narcotráfico que se genera en el país se concentra en Yapacaní, y esa es una razón suficiente para  la construcción del cuartel.

“Sí o sí, vamos a construir. En Yapacaní lastimosamente hemos encontrado laboratorios de droga”, dijo.

Cuartel Umopar

La semana pasada el Gobierno inauguró la construcción del nuevo cuartel de Umopar, hecho que generó violentas protestas de los pobladores de Yapacaní.

El proyecto que será construido en una superficie de 32 hectáreas, cuesta un millón de euros y es financiado por la Unión Europea (UE) a través de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).

Convenio con Perú y Brasil

Cáceres dijo que la inaccesibilidad a las plantaciones de coca en las fronteras de Perú, Brasil y Bolivia por falta de caminos hace que los convenios de lucha contra el narcotráfico acordados entre los tres países no puedan cumplirse a cabalidad.

“La falta de infraestrutura es uno los mayores obstáculos para el éxito de las tareas de erradicación”, dijo.

 “No hay caminos, no hay puentes. Del lado boliviano es peor la situación, porque nuestros soldados para llegar ahí tienen que caminar tres o cuatro días, tienen que dormir en el monte”, según el Viceministro.

De acuerdo al último reporte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, en la zona de Apolo (norte paceño) se habría terminado de erradicar la totalidad de coca ilegal.

Dijo que con la llegada a territorio nacional de los dos helicópteros Súper Puma, aprobado por autoridades del Conaltid se “observarán mejores resultados en las tareas de erradicación”, dijo.

En el campo del espacio aéreo el Gobierno compró seis aeronaves K8 que según Cáceres están siendo equipados con radares.

Jornada de erradicación

A las 4:30 de ayer en la localidad de Paractito un grupo de medios de comunicación de Cochabamba acompañó a los erradicadores de coca en una de sus jornadas. Caminatas largas, cruce de ríos y una fuerte custodia policial es lo que se ve mientras la columna de soldados se dirige por estrechos senderos al área de erradicación.

Cuando se llegó al área, los soldados comenzaron a sacar la coca, esta vez armados de picotas. En la oportunidad el Gobierno entregó “Emblemas de Oro”, al personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que participó en los conflictos de Apolo (La Paz), donde efectivos policiales y militares fueron emboscados por cocaleros.

Este año el Gobierno nacional se fijó como techo cortar más de 10 mil hectáreas de coca, según los ocho estudios sobre el consumo legal de coca realizado con financiamiento de la Unión Europea. Bolivia necesita sólo 15 mil hectáreas para el consumo, pero esta cifra se aleja de la realidad pues según el monitoreo que realizó el Gobierno, en el país hay 25.300 hectáreas.