José Luis Exeni desde La Razón profundiza el tema de VEJA y llega a la conclusión que la publicación tiene además de la fuente "de inteligencia de la Policía la de narcotraficantes de Colombia que están "muy bien informados".

propagandistas del acullicu. coca yungeña, la otra para la cocaína

En la República de Veja, “ningún reportaje es realizado con base en una sola fuente de información”. Así lo garantiza su Código de Ética Periodística. Ello explica que en su más reciente nota (hay varias) sobre Bolivia: “La República de la cocaína”, tenga no una, sino dos fuentes: el agente encubierto “Carlos” y el policía “apodado Confucio”. Con esa doble palabra Veja afirma categóricamente que hay “evidencias de la complicidad del Gobierno boliviano con el narcotráfico”. El “reportaje” no incluye, por supuesto, la versión de ninguna autoridad de dicho Gobierno.

Ahora bien. Un requisito ineludible para que una información sea tomada en serio, “a pesar de la estatura moral del informante” (sic), es que sea “verdadera y verificable”, dice el citado Código. Por ello la revista toma con mucha seriedad los informes de “una unidad de Inteligencia de la Policía boliviana” a los que tuvo acceso. ¿Cómo verificó la autenticidad, si acaso, de tales “documentos”? Mediante el testimonio de “agentes que simpatizan con la administración Morales”. ¿Agentes leales al presidente Evo? Claro, en particular… ¡el agente Confucio y sigue. En la República de Veja “todas las informaciones son comprobadas, contextualizadas y comparadas (…) con rigurosos mecanismos de filtro”. No de otra forma se entiende que la revista brasileña “revele” la existencia de una “conexión directa” entre “el segundo hombre más poderoso de la República”, Juan Ramón Quintana, y el narcotraficante Max (Maximiliano Dorado Munhoz Filho). ¿De qué modo comprobó, rigurosamente, tan estrecha conexión? Con “documentos filtrados” en los que figura como prueba el relato... ¡del agente Carlos!

Veamos tal relato. El 18 de noviembre de 2010, los policías que vigilaban el inmueble del narcotraficante brasileño en un barrio de Santa Cruz presenciaron una “escena extravagante”: Quintana, entonces director de Ademaf, y “la famosa” Jéssica Jordan “entraron en la casa de Max con la manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines”. Los filtros de la revista no detectaron algo más extravagante: ese día la aludida Jordan —según informa El Deber de la fecha— estaba en los actos del 168 aniversario del Beni. No se ha podido encontrar al agente Carlos para esclarecer el hecho. Veja tendrá que cambiar la fecha.

Pero hay otros “develamientos” por cuenta de Veja. El primero es que fábricas de cocaína, “que hasta el momento no existían en Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares”. El otro es que hoy operan en Bolivia cárteles colombianos, mexicanos y el brasileño PCC (Primer Comando de la Capital). Y el tercero es que el padre del vicepresidente García Linera recibió un departamento en Santa Cruz “a cambio de protección para que despeguen determinados aviones” (sic). Qué tal. ¿Cuál es la fuente de tan colosal “información”? La evidencia, en honor a la confiabilidad de la República de Veja, proviene esta vez de “algunos narcotraficantes colombianos”... ¡citados por Carlos y Confucio!

Ahora bien. Hay que reconocer que Veja es audaz en el ejercicio del oficio “periodístico” y, fiel a su conocida tradición e intereses, sabe cuándo y con qué intenciones publicar cosas. Según la propia revista, los “informes de Inteligencia” que sustentan su nota sobre Bolivia ya habían sido filtrados por un político del MAS, “a la prensa boliviana y norteamericana”. Por algún motivo (quizás porque no tienen el Código Ético de Veja), ninguno de esos medios decidió publicarlos ni, menos, utilizarlos como fuente para declarar que Bolivia es una “República de la cocaína”.

Lo que sí hicieron algunos medios “independientes” del país es difundir como cierta e irrefutable la “revelación” de la “prestigiosa” Veja. No faltó algún verde que, al amparo de la “contundente investigación periodística” (sic) (o sea Carlos y Confucio glorificados), dio el siguiente paso: “Secretos del Narco-Estado”. Ahora falta que el buen Cala de CNN entreviste al “analista” Sánchez Berzaín para comprobar que “los “gobiernos bolivarianos están ligados al narcotráfico”. Algo huele mal en la República de Veja.

Centro de Investigación Científica confirma el aumento intolerable de consumo de cocaína en Bolivia con su venta al raleo entre estudiantes y festejantes. sin excusas debe enfrentarse el problema reclama El Deber

Informes recientes del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) han revelado que el consumo de drogas lícitas e ilícitas en Bolivia se ha disparado en los últimos años. Y que el país tiene todos los eslabones de la droga: producción, tráfico, tránsito y consumo. Según el Celin, de cada 150 toneladas de droga producidas en Bolivia, seis se quedan para el consumo interno y el resto se distribuye en los países vecinos de la región, Estados Unidos y Europa.
El mismo organismo alerta que a mayor disponibilidad de droga, se incrementa el consumo entre estudiantes. Se descuenta, además, que en Bolivia están dadas las condiciones para que organizaciones criminales del narcotráfico se instalen en el país.
Franklin Alcaraz, director del Celin Bolivia, dice que si se está dando tanta actividad de narcotráfico es porque existen las condiciones para que este se desarrolle y, por lo tanto, deben haber también condiciones para que los cárteles pongan sus ojos en Bolivia.
Tal vez en este espinoso asunto de las drogas y su consumo entre los viciosos infelices de nuestro país todavía no existe -a pesar de lo implacable del flagelo- una forma efectiva de combatir tal degradación humana que, si no es mortífera, deteriora radicalmente la calidad física, mental y racional del infeliz adicto.
La producción y el consumo de drogas ilícitas, en particular cocaína, ya está dicho, es un quehacer que está por llegar a los niveles del auge. No obstante ser de conocimiento universal el daño espiritual y físico que causa la droga ‘perversa’, su consumo no solo es firme y va en aumento, sino que salta las barreras más estrictas, amén de  que a la par redobla regularmente el caudal de víctimas que le rinden, sin más, embrutecidas devociones, a veces incluso añadido el tributo de vidas humanas.
El consumo de la cocaína debe estar entre los vicios que más adictos ha sumado en muy breve tiempo, sin duda alguna. Se trata de un vicio inicialmente de muy alto costo, pero que en la actualidad tiene bastante abaratados los accesos con la venta del polvillo al raleo o en forma de pitillos.
Dados los efectos dañinos, letales más bien, que produce el consumo de la droga en cuestión, la sociedad recurre a los servicios de instituciones diversas para encarar el flagelo y ponerse a cubierto de su malignidad. Y no obstante todas las previsiones que pudieran materializarse para no caer en los círculos viciosos que van en aumento contra viento y marea, el riesgo de la drogadicción subsiste y hasta adquiere terroríficos ribetes.
Para enfrentar semejante amenaza, no debe darse excusa alguna. Generaciones humanas están amenazadas de muerte con estigmas  añadidos. Como ciudadanos juguemos un papel activo contra el consumo de las drogas desde ahora mismo. Mañana puede ser extremadamente tarde.

aumento en el consumo de drogas en Bolivia. se vende en las escuelas a granel. denuncia

Se incrementa el consumo de cocaína en el País

 El ex diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Antonio Sánchez Carranza informó que de un tiempo a esta parte se multiplican los casos de consumo de cocaína entre otras drogas. De la misma manera expresó que la comercialización se realiza de manera indiscriminada,  incluso en cercanías de los colegios.

 “Hace algunos años atrás, se hablaba de producción y de tráfico en el país, pero no de consumo. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte  los tentáculos de la adicción ya están llegando a la juventud y niñez (…)”

 De la misma manera informó que las denuncias de comercialización de droga se multiplican.  “Han habido denuncias de que inclusive en las escuelas se está ya comercializando la cocaína por gente inescrupulosa (…)”

 El ex Diputado, expresó que este suceso debe ser un llamado de atención para la población en su conjunto  “este mal sería el acabose para nuestra sociedad”.  De la misma manera se instó al gobierno a tomar cartas en el asunto.

 Por otro lado, La Fuerza especial de Lucha Contra el narcotráfico  (FELCN) hizo conocer que  en septiembre del año pasado el consumo de estupefacientes en la ciudad de La Paz incrementó de un 23 por ciento a 27 por ciento en relación a la gestión 2010.

Por Mabel Pericon con material de Edwin Conde/Grupo FIDES

reclama El Deber una investigación serie de la denuncia de VEJA de cuyo prestigio no tiene duda, habida cuenta que el 94% de la coca (Chapare) va a parar al narcotráfico. no basta negar lo que VEJA afirma, hay que probar que no es verdad.

La prestigiosa revista brasileña Veja acaba de hacer una muy grave acusación a las principales figuras del Gobierno boliviano, acusación que afecta la imagen internacional de Bolivia, que ha sido definida como ‘La república de la cocaína’  por esa publicación.
Pocas horas después, el diario Folha de Sao Paulo reprodujo un artículo en el  que se sostenía que creer en las disculpas del Gobierno boliviano respecto del narcotráfico “es estupidez”.
Estas denuncias y estas definiciones se produjeron en Brasil, casualmente, cuando el presidente Evo Morales era reelegido por novena vez como presidente de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba.
Por esas mismas horas, caía en Antofagasta un nuevo cargamento de cocaína procedente del Chapare boliviano, como todas las cargas que en ese país se capturan cada 24 horas, mostrando un alarmante incremento de la corriente exportadora de droga.
El Gobierno nacional, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, hizo saber que se propone iniciar un juicio por infamia a la revista brasileña, porque considera que las acusaciones son infundadas, porque serían producto de las ‘conspiraciones’ de quienes apoyan al senador Róger Pinto.
Por el prestigio del nombre del país sería conveniente que el Gobierno nacional ordenara una investigación independiente sobre las denuncias que ha hecho la mencionada revista, porque aluden al propio presidente Morales, al ministro Juan Ramón Quintana y a la operadora del Gobierno en el Beni y excandidata a gobernadora Jessica Jordan, entre otros.
Lo que dice la revista es que el presidente Morales apoya los cultivos de coca por razones culturales, pero que ahora “han surgido indicios de que es cómplice de las actividades del narcotráfico”.
Se refiere a los nexos que existirían entre los aludidos miembros del Gobierno con organizaciones de narcotraficantes brasileños, específicamente con el mafioso Maximiliano Dorado, que opera en la ciudad fronteriza de Guajaramerín.
El ministro Quintana ha reaccionado ante estas acusaciones diciendo que la Felcn no tiene conocimiento de las conexiones a las que alude la mencionada revista. Por lo tanto, si la Felcn boliviana no lo sabe, la conexión no existe, es el mensaje de esta declaración de Quintana.
A su vez, el presidente Morales dijo a los cocaleros de Chapare que para no ser acusados de narcotraficantes deberían limitar sus cultivos a los “catos” asignados. Son los cocales que, según los datos de la ONU, destinan el 94% de su producción al mercado ilegal, es decir al narcotráfico.
Por lo tanto, está haciendo falta una investigación seria e independiente de las denuncias de la revista Veja para cuidar la imagen internacional del país. 
Pero hay una urgencia mayor del Gobierno nacional: hacer las cuentas claras sobre la producción excedentaria de coca y explicar al país qué relación tiene esa producción con la presencia de mafias, con la violencia que sacude a todas las ciudades del país y con la inseguridad que agobia a los bolivianos.
Los bolivianos esperan que la revista Veja no tenga razón en sus denuncias, pero lo que más le preocupa es la pesadilla que ha traído al país la sobreproducción de coca.

ribetes de escándalo cuando Veja, la más influyente publicación brasileña, citando a Policías Bolivianos afirma que Quintana y Jessica recibieron 2 maletas de dólares del mafioso Maximiliano Muñoz hoy preso en una cárcel. se descuenta que Quintana no responderá la denuncia

“El presidente de Bolivia, Evo Morales se enorgullece de incentivar las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas sirven para producir té y medicinas tradicionales. 

Sin embargo, y según lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo un tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares. 

ERBOL ofreció una traducción de la publicación carioca leída por millones en la fecha

Recientemente han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros o plantadores de coca. 

(La revista brasileña) Veja tuvo acceso a los informes producidos por una Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, que revela entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná. 

Uno de los documentos, titulado Aprensión de fugitivo internacional y firmado con el nombre encubierto “Carlos”, describe como los agentes bolivianos identificaron la casa del brasilero Maximiliano Dorado Munhoz Filho en el 2010. Max, como también se le conoce, y su banda poseían haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos. 

Mensualmente, la banda de Max recibía unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de Santa Cruz de la Sierra. 

El día 18 de noviembre de 2010 a las 2 de la tarde, los policías que vigilaban el inmueble presenciaron una cena extravagante. Quintana, hoy el segundo hombre más poderoso de la república, aparecía en compañía de Jéssica Jordan de 28 años, famosa en su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes. Ambos tenían por aquel entonces, puesto de confianza en organismos estatales. Quintana era el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas. 

Dos meses antes, Jéssica fue nombrada por el vicepresidente Álvaro García Linera como directora Regional de Desarrollo del Estado del Beni, departamento que comparte fronteras con Rondonia y por donde ingresa al Brasil buena parte de la droga boliviana. Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. 

El contenido de los mismos es desconocido. Dos meses después del encuentro con los integrantes del gobierno de Morales, Max fue detenido en una operación conjunta de la policía federal brasilera y un grupo de miembros escogidos a dedo del servicio de inteligencia boliviana llevado al Brasil. Por otro lado, Quintana fue nombrado por Evo Morales al año siguiente como ministro de la presidencia, el equivalente a la casa civil brasilera, puesto que él ya había ocupado del 2006 al 2009. 

El relato del agente Carlos acerca del encuentro entre los miembros del gobierno y el narcotraficante brasilero forman parte de una serie de documentos filtrados a la prensa boliviana y norteamericana por un político del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales. Para el autor de dicha entrega de información, el gobierno no ha cumplido con su promesa de mejorar la vida ni de los pobres, ni de los indígenas de Bolivia. Evo Morales triunfó en dos elecciones presidenciales promocionándose como un candidato defensor de los indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos están insatisfechos. Desde que Morales tomó posesión de la presidencia hubo un aumento del 22% de la superficie dedicada al cultivo de coca en el país. 

A diferencia de Colombia, que en los años 80s cultivaba y refinaba el 90% de la cocaína consumida en el mundo y ahora combate a los carteles y reduce su producción; Bolivia y Perú han aumentado su participación en ese mercado y hoy proveen la mitad de las drogas derivadas de las hojas de coca. Fabricas de cocaína que hasta el momento no existían en Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares, y hoy operan en el país carteles colombianos, mexicanos y el PCC brasilero. Al ver el crecimiento del crimen organizado y las puertas de la política cerradas para sus representantes, los indígenas y los sindicalistas han pasado a criticar abiertamente a Morales. 

El mes pasado, la policía se declaró en huelga exigiendo mejores salarios. Hace dos semanas, una nueva marcha indígena llegó a La Paz para impedir la construcción de una carretera en el parque ecológico indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). 

El proyecto que según los bolivianos, une a “dos poblaciones sin habitantes”, tiene como objetivo abrir nuevas fronteras para la plantación de coca, dado que la productividad de la región vecina del Chapare, principal reducto de Morales donde el 90% de las hojas se destinan a la producción de drogas ilegales, está en franco declive. 

Quintana no se cansa de atacar a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, al mismo tiempo que sale a defender a los cocaleros. Quintana fue militar, araponga entrenado por los norteamericanos y asesor del ministro de defensa del presidente Hugo Banzer (1997 – 2001). Además, es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales. A él se le atribuye la sugerencia, acatada por Morales, de expulsar del país a los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), órgano americano que financiaba la gasolina y parte del salario de los policías bolivianos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. 

No es de extrañar que dicha medida haya salido de la cabeza del hombre que comparte con el vicepresidente Álvaro García Linera la responsabilidad de administrar las relaciones del gobierno boliviano con el presidente venezolano Hugo Chávez. Los informes que revelan los lazos comprometedores del gobierno boliviano con narcotraficantes fueron realizados por agentes que simpatizan con la administración de Morales, sorprendidos ante la incapacidad del presidente de percibir la podredumbre de su entorno. 

‘Los esfuerzos que hace nuestro amigo y hermano Evo para erradicar la corrupción caen en saco roto y eso puede ser utilizado por la oposición para manchar su honra’ explica un policía encubierto, apodado Confucio. Uno de los referidos documentos revela que Raúl García, padre del vicepresidente Linera y adicto a la cocaína, habría influido en el nombramiento del Director de Aduanas del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, por donde sale buena parte de las drogas con destino a Brasil. ‘Algunos narcotraficantes colombianos que aseguran haberle dado un apartamento en Santa Cruz al padre del vicepresidente a cambio de protección para que despeguen determinados aviones, dicen tener pruebas de esto’ relata uno de los informes confidenciales. Cabe destacar que Raúl García murió de un infarto el año pasado. 

‘La creciente actuación de los narcotraficantes brasileros en Bolivia resulta facilitada por un sinnúmero de factores, entre los cuales se encuentra la posibilidad de negociar con miembros del gobierno’ afirma Douglas Farah, especialista norteamericano en el estudio del flujo ilegal de armas y drogas, que ha analizado todos los documentos confidenciales entregados por el político del MAS. Hasta el momento no hay datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha corrompido aisladamente o si él tendría participación directa en los negocios de su gobierno con el narcotráfico. 

Hasta el momento el Presidente no ha reconocido que nada esté funcionando de manera inapropiada o ilegal. Desde que la oposición hizo entrega de dichos documentos comprometedores hasta el momento, ninguna investigación ha sido abierta por las autoridades. En lugar de eso, se intentó castigar a los mensajeros. 

El senador Roger Pinto, por ejemplo, que en marzo del 2011 tuvo la osadía de llevar al Palacio Quemado una copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, fue acusado de corrupción por Morales y acabo recibiendo asilo político en la embajada de Brasil en La Paz. Hasta el viernes pasado, aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil”, dice el artículo “Bolivia, República de la cocaína” publicado por la prestigiosa revista brasileña, Veja.

Brasil, 8 julio 2012 

la coca. otra vez la coca. El País de Madrid se ocupa de la coca que sigue siendo la manzana de la discordia.

La coca sigue siendo la manzana de la discordia entre los Gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. La discrepancia sobre los usos tradicionales de la mítica planta en el país andino no es nueva, pero con el presidente Evo Morales el desacuerdo es de mayor calado. 

Dentro de tres meses concluirá la presencia en Bolivia de la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID) en programas de cultivos alternativos a la coca.

foto de nuestro archivo.ne.

Desde su llegada al Gobierno en 2006, Morales ha expulsado del país al embajador y a la DEA (agencia antidroga de EE UU), ha cerrado la base militar de Chimoré y acaba de anunciar su retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Como contrapunto, el presidente boliviano firmó la semana pasada en La Paz un acuerdo con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadinejad, en materia de lucha antidroga.

“La hoja de coca en su estado natural es un producto con muchas cualidades nutritivas y medicinales. El productor de coca no es narcotraficante, ni el consumidor de hoja de coca es narcodependiente”, insistía el primer presidente indígena de Bolivia en una entrevista reciente a EL PAÍS. 

La forma más antigua de consumir hojas de coca es masticándolas (akullico), aunque tiene otros usos medicinales, rituales y sociales. Al consumo tradicional hay que añadir otras fuentes de demanda legal como la industria de infusiones, la exportación para uso farmacéutico y la producción de extracto para la Coca Cola.

Es una obviedad que la coca no es cocaína, pese a ser ingrediente esencial para la elaboración de la droga. Pero Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial de consumidores de cocaína, rehúye esta distinción y mantiene una firme posición contra los cultivos del arbusto milenario.

USAID ha invertido 150 millones de dólares desde 2005 en el Programa de Desarrollo Alternativo Integral en Los Yungas (al norte de La Paz) y Chapare (Bolivia central), las dos regiones de producción de hoja de coca.

Los patrocinadores del programa exhiben orgullosos los resultados: los territorios de Palos Blancos y Alto Beni (en Los Yungas) se han convertido en zonas libres de hoja de coca, donde ahora se produce cacao, café, plátano y palmito, entre otros cultivos, destinados esencialmente a la exportación.

El programa de desarrollo alternativo ha mejorado las infraestructuras, como la red escolar y la canalización de agua potable. En 2005, la pobreza rondaba el 70 por ciento, según el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de la CEPAL. Hoy es del 52 por ciento. Aparentemente, se ha cumplido con creces el objetivo del 60 por ciento de reducir la pobreza. Por lo tanto, el programa llegará a su fin el 30 de septiembre próximo, por decisión del Congreso de Estados Unidos, explica un antiguo funcionario boliviano.

Hasta aquí la versión oficial, de la que nadie en las oficinas de USAID en La Paz ni en la Embajada estadounidense quiere hacer algún comentario. La realidad es más compleja. Según estimaciones oficiales, para abastecer las necesidades de consumo local y legal de hoja de coca se precisan unas 12.000 hectáreas de cultivo. La agencia antidroga de la ONU calcula que en Bolivia hay actualmente unas 31.000 hectáreas de cocales, que suponen el 20 por ciento del total en América Latina, detrás de Colombia y Perú.

El excedente de casi 20.000 hectáreas se produce sobretodo en el Chapare, ya que la mayor parte de la coca que se consume legalmente en Bolivia procede de Los Yungas. En este escenario no es descabellado deducir que la coca del Chapare y una parte de Yungas acaba en manos del narcotráfico para la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios ilegales.

Falta información precisa y actualizada de cuánta coca es necesaria para satisfacer la demanda del mercado interno, y de cuánta se desvía para la producción de cocaína. 

Las dudas desaparecerán cuando el Gobierno difunda el Estudio Integral de la Hoja de Coca, que puso en marcha en 2008, con financiación de la Unión Europea (un millón de euros), y que todavía no ha visto la luz.

Según el viceministro de Exteriores, Hugo Fernández, dicho estudio “contribuirá efectivamente a la reelaboración de las políticas públicas, dirigidas tanto a la revalorización de la hoja de coca, como a la lucha contra el narcotráfico”. El trabajo incluye una encuesta nacional sobre uso y consumo de hoja de coca.

La Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aprobada en 1988 bajo el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sigue siendo la herramienta principal de la lucha antidroga. Las penas van desde un año de prisión por cultivo ilegal hasta 30 años, si se encuentra a una persona culpable de haber vendido drogas a alguien que se intoxica hasta la muerte. 

Más antigua es la Convención de 1961 de Naciones Unidas sobre estupefacientes, que incluye la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias prohibidas. 

El Gobierno de Evo Morales presentó una propuesta para enmendar el artículo 49, en lo referente a la masticación de la hoja de coca. La propuesta fue rechazada y Bolivia tomó la decisión, sin precedentes, de denunciar dicha Convención y adherirse a la misma con una reserva.

Sobre el terreno la lucha contra los narcos sigue sin cuartel. El año pasado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELC) destruyó “más de 5.000 fábricas de cocaína, 6.500 pozas de maceración y 25 laboratorios de cristalización”, según el informe del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

En su época de líder de los campesinos cocaleros, Evo Morales ya irritaba al embajador de Estados Unidos. Uno de ellos, Manuel Rocha, no tuvo empacho en declarar que una hipotética victoria electoral de Morales —“un agitador de la coca ilegal”—, tendría consecuencias desastrosas para las relaciones entre Washington y La Paz. 

Hace un siglo, el jefe de la diplomacia estadounidense en el país andino no tuvo mejor ocurrencia que proponer goma de mascar para todos los bolivianos, en vez de hoja de coca. (Tomado de El País) (Este texto contiene algunas afirmaciones en favor del régimen masista contrariamente a lo que establece la verdad de los hechos. es texto distorsionador e interesado, influenciado por criterios claramente contradictorios. qué pena. propagandístico de Evo Morales)

Raúl Prada cuestiona bien fundamentado las alegaciones del ministro Romero al margen de la Constitución y la manipulación que ejecuta contra el TIPNIS

El ministro del gobierno ha llegado al colmo de la desfachatez, desconoce lo que se expresa la Constitución, prefiere manipular una interpretación insostenible. Por ejemplo decir que la Constitución en el artículo 30 no establece la consulta previa. Para el que ha leído la Constitución esto queda claro, pues está impresa la condición de previa de la consulta a los pueblos indígenas. Pero el ministro, como heredero de las prácticas leguleyas, prefiere hacer interpretaciones antojadizas, separando el texto del contexto, el artículo de la Constitución y, en la lectura del artículo, prefiere separar la consulta de la condición previa. ¿Por qué se hace eso? Se confunde al país con un escenario de juzgado ordinario. Se cree que se puede manipular, jugar con las interpretaciones, para conseguir un veredicto apropiado. Nada más alejado de la objetividad, de la interpretación integral, de una hermenéutica adecuada. Volvamos a la Constitución. El numeral 15 del artículo 30 dice expresamente que, uno de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios es:

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

¿Proyectar una carretera, aceptar su diseño, llegar a compromisos con una empresa trasnacional constructora, con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil, llegar a convenios con el gobierno brasilero, avanzar dos trazos de una única carretera, por el lado norte y el lado sud, dejando el centro pendiente, presionar para que esta construcción del último tramo se efectúe, impulsar un cuestionario impuesto, no forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios? Decir que no, que no es una medida administrativa, que el artículo se refiere a los recursos naturales, es querer buscar cinco pies al gato. Confundir la cola con el pie. En palabras claras es pretender confundir a la opinión pública boliviana, suponiendo que es manipulable, que no está informada; por lo tanto, este supuesto no hace otra cosa que mostrar el poco respeto que tienen los gobernantes al pueblo boliviano. No hay donde perderse, la consulta debe ser previa. La construcción de una carretera forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿qué es pues la construcción de una carretera que pasa por un parque y territorio indígena? El Estado es un monopolio administrativo, además de monopolio de la violencia simbólica y física, monopolio de las legalidades institucionales y de la homogeneización de la lengua, de la normalización de los sujetos, por lo tanto es un dispositivo supremo de la colonización y la civilización moderna. El Estado es el cartógrafo y el ingeniero de carreteras. Además de enarbolar desgastadamente el ilusorio discurso del progreso.

Ahora bien, que se pueda realizar una consulta previa, una vez detectado el error o la violencia estatal, depende del consentimiento de los pueblos indígenas. Consentimiento que no se ha dado. Este consentimiento es todo un proceso de consulta para efectuar la misma consulta. Lo que muestra también que nunca hubo buena fe, que es uno de los requisitos indispensables de la consulta, establecida por los convenios internacionales y consagrados en la Constitución. A pesar de las ambigüedades de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de lo intervenido que se encuentra por el ejecutivo, sacó una sentencia que exige consensuar la consulta con los pueblos indígenas, es decir, acordar el consentimiento. Además de establecer que se requiere construir la consulta misma con los pueblos indígenas tal cual establecen los convenios internacionales, con participación de los pueblos y sus organizaciones matrices. Construir las preguntas, así como el protocolo conjuntamente, una vez que se ha informado sobre las consecuencias del proyecto, de manera objetiva y transparente, en lenguas propias. Todo esto además debe hacerse de forma libre, no impuesta. Como se puede ver ninguna de estas condiciones de la consulta ha sido cumplida por el gobierno y la Asamblea Legislativa, al contrario, han violentado la estructura normativa y conceptual de la consulta imponiendo un cuestionario dirigido, cuestionario que hace de inducción de la aceptación de la carretera. Proponiendo un protocolo impostor, pues no tiene nada de protocolo, siendo una herramienta de imposiciones y de interpretaciones arbitrarias, desconociendo además a las organizaciones representativas indígenas.

Ahora el gobierno y la Asamblea Legislativa se hacen las desentendidas respecto a la sentencia constitucional. Pretende que la sentencia les avala en su sinuosa conducta y persisten en la insistencia del cuestionario impuesto llamado “consulta” por la ley 22. Hasta el vicepresidente ha querido usar en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional expresando que es una sentencia sabia, que contempla la constitucionalidad de la consulta y pide acuerdo sobre la misma. Lo que no dice o no entiende el vicepresidente es que la ley 222 no es de consulta aunque la llamen así, pues no cumple con las condiciones, con los requisitos, con la estructura normativa y conceptual del la consulta. Lo que sentencia el tribunal es que se debe hacer una consulta como corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No de acuerdo a la interpretación forzada y mal intencionada del gobierno y la Asamblea Legislativa.