aleccionador resulta que los jóvenes reunidos en Cochabamba representantes de MOEA, rechazan la legalización de las drogas, en consonancia con la gran mayoría de miembros de la ONU. Bravo!

Tras arduos debates e intervenciones, los estudiantes de seis universidades que representan a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y debaten sobre el problema del narcotráfico, rechazaron la despenalización de las drogas, una propuesta de varias ex y actuales autoridades gubernamentales de varios países.

Esta decisión, adoptada en el Grupo Especial de Debates de la Asamblea Modelo de la OEA (MOEA), aún tiene que ser introducida dentro de las dos resoluciones que aprobará dicha comisión. Los estudiantes insistieron en buscar nuevas formas de luchar contra el narcotráfico que sean más efectivas y que estén enfocadas a la prevención mediante la educación.

La presidenta de la comisión, Paloma Ríos (20), dijo que todos los países han manifestado su desacuerdo con la despenalización y la legalización de las drogas “porque el costo social sería más alto que el económico. Entonces, bajo ese aspecto vamos discutiendo algunas medidas que se pueden tomar, que necesitan ser abordadas como es el control de las fronteras, el consumo de las drogas,  producción y  cultivos ilícitos”.

Indicó que es importante tratar el tema porque existen países que son productores, otros consumidores y canales de tráfico, “entonces, de una u otra manera, la droga llega a afectar a sectores de la sociedad que son vulnerables”.

Por su parte, el representante de Honduras, Juan Manuel Velasco (22),  aseguró  que con la despenalización de las drogas no se genera una desarticulación de las grandes “maras del crimen organizado” que se relacionan con la prostitución, lavado de dinero, entre otros delitos.

“Honduras  es un país con muchísimos problemas por el tema de tráfico de droga, no es un país productor ni consumidor de drogas, pero tiene serios problemas de tráfico. El 66 por ciento del crimen organizado está relacionado con el tráfico de drogas. En los dos últimos años —es un dato alarmante—  ha aumentado en un 30 por ciento el consumo de droga en su población”, dijo.

Aprueban más de 30 resoluciones

El director de Relaciones Internacionales de la OEA, Jorge Sanín, informó que en cinco comisiones de trabajo de la XXX versión del MOEA ya se aprobaron 30 resoluciones sobre temas diversos como control de plaguicidas, el tráfico de armas y el fortalecimiento de la micro y pequeña producción agrícola.

"Hay un avance fantástico, muy bien, muy productivo. Estos muchachos están reunidos en grupos de trabajo y un grupo especial y están tratando diferentes temas. Tenemos 30 resoluciones aprobadas", destacó.

Alvaro Riveros se refiere al dramático caso del fusilamiento de Ochoa en Cuba y de la implicaciones del narcotráfico en la Venezuela de Chávez.

Cocaína: un veneno magnicida
Asumiendo que el término magnicida fuese también válido para calificar a los asesinos de los déspotas, autócratas, dictadores, sátrapas y toda laya de bellacos que hacen gemir a sus pueblos, más bien la expresión apropiada debería ser el de “minicida”, el cual hemos elegido para enfatizar el daño letal que los narcóticos, especialmente la cocaína, causan en la vida y gestión de esos malos gobernantes, no sólo por la adicción de que son víctimas, sino por su compromiso con el tráfico diabólico.

Si bien este negocio se caracteriza por las enormes ganancias que genera, pues lo equiparan con el del petróleo o el de las armas, son demasiadas las lágrimas que provoca y, sin pecar de supersticiosos, el drama que ocasiona en miles de personas que han caído en sus redes debe concitar las más terribles maldiciones de parte de sus seres queridos que tienen que cargar con esa tragedia.

Curiosamente, esta lacra se ha extendido entre regímenes populistas y carentes de todo escrúpulo y moral. Fue el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, por citar uno reciente, que devino en una terrible invasión a su pueblo para sacarlo del poder y condenarlo a una sentencia que purga hasta nuestros días. El juicio y posterior fusilamiento del general Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la revolución cubana, acreedor a las más altas condecoraciones que se hayan otorgado en Cuba, alto miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue una muestra palpable de que, como amigo íntimo de los hermanos Castro, fue prominente miembro del gobierno al que comprometió en uno de los escándalos de tráfico de cocaína más sonados de la isla.

Esta relación nace por la reciente huida del General venezolano Eladio Ramón Aponte Aponte, ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de su país, quien se entregó a las autoridades estadounidenses para cantar como un jilguero sobre toda la conspiración criminal internacional que implica a Chávez y a su círculo más cercano en el narcotráfico de Estado, dirigido por narcogenerales y tutelado por el propio Chávez con la complicidad de una justicia amañada para proteger esas operaciones y de paso, montar juicios falsos contra sus oponentes políticos.

Como una coincidencia calcada de la experiencia cubana, Eladio Ramón Aponte, poco tiempo antes de su huida en busca de refugio en las oficinas de la DEA de los EEUU fue condecorado por el gobernador del estado Barinas Adán Chávez, hermano del presidente, “por su valioso trabajo, aporte y empeño en impartir justicia apegado a las leyes, así como por ser ejemplo de constancia y trabajo dentro del poder judicial venezolano.” Sus posibilidades de fuga habrían sido nulas, de no darse la enfermedad del micomandante, que ocupa el afán de los esbirros cubanos, como venezolanos, de velar por su propio futuro. De lo contrario, el histórico sainete de Arnaldo Ochoa Sánchez se habría repetido inevitablemente, sin darnos la oportunidad de constatar-en los hechos- que la cocaína suele también convertirse en un veneno magnicida.

Alvaro Uribe se ha convertido en el más férreo acusador a Chávez por narcotráfico, también se refirió a Morales y las bases venezolanas en Bolivia. se presume que prepara artillería

El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, se ha convertido en una pieza clave del clima electoral que ya se vive en Venezuela, con miras a las elecciones que se celebrarán en octubre. Uribe acaba de descargar denuncias de grueso calibre contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, a quien acusa de haber convertido a su país en un paraíso del narcotráfico.

A través de su cuenta de Twitter, el líder liberal, señaló que en Venezuela los asesinatos han subido de cuatro mil a 19 mil como consecuencia del aumento del narcotráfico, actividad que también ha alentado la “industria” del secuestro, con 1.179 casos en el 2010, más de 19 veces que el número registrado el año 2002. Uribe acusó a su excolega de manipular la justicia y dar refugio a terroristas vinculados al tráfico de drogas. Todo indica que el exjefe del estado colombiano seguirá en su afán de denunciar casos de esta naturaleza y que no se limitará sólo a Venezuela.

Recientemente se sumó a denuncias que hizo una diputada nacional, sobre la supuesta existencia de bases militares venezolanas en territorio boliviano.

Lo de Uribe puede estar señalando un gran giro en la política internacional, tomando en cuenta que su nombre suena para ser el sucesor de Miguel Insulza en la OEA.

pide referendum El Deber cuando plantea que Bolivia ha desertado de la causa contra el narcotráfico, no cabe neutralidad ante la droga y el crimen que debilita a los estados. El informe de JIFE tiene que ser atendido.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) acaba de entregar su informe sobre la lucha contra las drogas en el mundo, con alusiones muy duras hacia Bolivia.
El presidente de la JIFE, el iraní Hamid Godhse, incluyó una alusión a Bolivia en el editorial del informe, recriminando al país por haber debilitado la causa internacional contra las drogas. Dice el informe que la decisión boliviana de denunciar la convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, con el pretexto de defender el derecho al acullico, afecta la causa mundial contra este flagelo.
Dicho en palabras más sencillas, lo que ha hecho la JIFE es denunciar que el Gobierno boliviano ha desertado de la causa contra las drogas, debilitando el frente que se opone al avance de ese terrible mal.
Sobre tan importante tema, por el cual el país es visto como una sociedad que duda sobre el bando en el que se ha de alistar en la guerra mundial contra las drogas, hubiera sido mejor consultar con los bolivianos.
Un referéndum tendría que definir si los bolivianos están o no de acuerdo con que su país se desmarque de la guerra contra las drogas, favoreciendo y fortaleciendo al frente del narcotráfico.
Los bolivianos sufren las consecuencias de estas decisiones y sería justo que se les dé la posibilidad de decidir en asuntos que van a influir en sus vidas, en las de sus hijos y de toda la sociedad.
Portar un pasaporte boliviano significa ahora, tras el pronunciamiento de la JIFE, pertenecer a un país que ha decidido, si no pasarse al otro bando, por lo menos definirse neutral en la lucha contra el narcotráfico.
En esta lucha no puede haber neutrales. Ante un mal que está destruyendo sociedades, está acabando con la salud mental de la juventud, está debilitando la economía legal y capturando adeptos para la economía ilegal, está capturando niveles cada vez más altos del poder político y está debilitando a los Estados a tal grado que a su paso deja Estados fallidos, no pueden haber neutrales.
Los bolivianos que tienen el derecho al acullico no pueden ser usados como pretexto para una lucha que no tiene que ver con la hoja de coca sino con el producto final de un proceso químico del que eran totalmente ajenos todos los ancestros.
Si no se establece con precisión cuántos bolivianos tienen el hábito del acullico, el abandonar el frente contrario a las drogas se convierte en un pretexto.
¿Los bolivianos están de acuerdo con que se los tome como cómplices de una actividad ilegal que angustia a países enteros? ¿Les gusta que la JIFE haya dicho que Bolivia ha desertado en la lucha contra el narcotráfico?
Decir que el informe de la JIFE es “sesgado”, como sugiriendo que se trata de una calificación política, no disminuye la condena que ha recibido la actual política frente a la coca y a la actividad ilegal que se ha asociado con ella.
El país necesita una explicación sobre este tema. El prestigio de todos los bolivianos está en riesgo, y ellos tienen derecho a ser consultados.

segmento del art. de Julio Aliaga sobre el viaje de EM a Viena en lugar del viaje a La Haya. en Austria la coca, en Holanda el mar. lo primero le interesa más

Lo que le van a preguntar a este famoso presidente sudamericano es por qué su país ha abandonado la Convención de 1961 que une las voluntades de todos los países y naciones para luchar contra el tráfico de drogas. ¿Por qué Bolivia está fuera de los compromisos contra la cocaína? Otros le van a preguntar a qué se debe que durante su gestión hayan crecido de manera desorbitada y sin control, las plantaciones del famoso arbusto. Y puede que alguno se anime y le espete de frente esto que ya se sabe en todos los corrillos, que el singular, simpático y folclórico gobierno boliviano, se ha convertido en un problema para todos los demás en el mundo, porque sin estarlo, desde lejos parece a veces un gobierno de narcotraficantes y eso es demasiado para soportar sin al menos denunciarlo en algún lugar, y qué mejor que Viena.

Para más INRI, existe la seria duda sobre si Bolivia podría o no ser readmitida en la Convención de Viena, dando por los suelos la sorprendente estrategia masista de salir para entrar con reservas sobre el acullico. Podría suceder que las cantidad de votos necesarios para ello no se alcancen durante todo el año que tiene Bolivia para convencer a 184 paises signatarios, de que esto no es una grosería diplomática (si cabe el término) sino un puro juego de cintura del presidente futbolero de esas altitudes.

finalmente la Fiscalizadora de drogas de NNUU se pronunció sobre la conducta de Bolivia que significa un pésimos ejemplo para la integridad del sistema.

La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) recuerda en su informe anual sobre las drogas, presentado hoy, que en junio de 2011 Bolivia adoptó "la medida sin precedentes" de denunciar la Convención sobre Drogas de 1961, que clasifica a la hoja de coca como estupefaciente y lo somete a control internacional.

El masticado de la hoja, conocido en Bolivia como "acullico", fue vetado de la Convención internacional antidrogas porque la coca contiene alcaloides que son la base para elaborar la cocaína.

El mismo día de la entrada en vigor de esa denuncia, el 1 de enero de este año, La Paz volvió a solicitar la adhesión a la Convención, con una reserva sobre la prohibición del mascado de la hoja de coca.

"La Junta ha observado con hondo pesar este paso sin precedentes del Gobierno boliviano y expresa su preocupación, entre otras cosas porque, si bien la denuncia en sí es técnicamente admisible a tenor de la Convención, va contra el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento", subrayó el presidente de la JIFE, Hamid Ghodse.

"Si la comunidad internacional adoptara un sistema en el que los Estados parte se sirvieran del mecanismo de denuncia y nueva adhesión con reservas, la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas se vería menoscabada y se pondrían en peligro los logros conseguidos en los últimos 100 años", agregó.

El Gobierno boliviano ha reiterado que la práctica de mascar hoja de coca, y otros usos tradicionales de la planta, están ligados a las herencia cultural de los pueblos indígenas.

De hecho, la JIFE criticó que parte de la legislación nacional boliviana no se ajuste a la normativa internacional.

"Determinados aspectos de la legislación sobre fiscalización de drogas de Bolivia contravienen a los tratados de fiscalización internacional de drogas, concretamente los que permiten el cultivo y el consumo de la hoja de coca para fines no médicos y, más en particular, la masticación de la hoja de coca", declaró Ghodse.

El órgano de la ONU recuerda que en 2010 la superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Bolivia era de 31.000 hectáreas, lo que supone el 20 % de la superficie dedicada en toda América del Sur a esa planta.

"La preocupación de la JIFE aumenta" debido a la información que indica que en 2010 el precio de la hoja de coca aumentó entre un 22% y un 37%, se resalta en el informe.

algunos nombran como "la descriminalización", otros legalizar, despenalizar como quiera se trata de imponer una liberalidad que se opone a la restricción de la Ley en cuanto al tráfico de drogas. nuestro editor se suma al debate.

 Despenalizar o la ruta al despeñadero

Mauricio Aira

Cristo de la Concordia. Editor MA. Poseidón de Gotemburgo

Los Tiempos abrió el debate instando a llevarlo adelante con responsabilidad, espíritu reflexivo y tomando en cuenta también el contexto internacional. Ha citado la declaración del Jefe de Estado de Guatemala que propuso justamente ingresar a un debate franco sobre el tema de la despenalización. Tarea nada fácil tomando en cuenta los grandes intereses que giran en torno.

Si llegara la despenalización, el aumento de consumo de drogas provocaría de inmediato mayor mortalidad, especialmente en colectivos pobres, comparable al consumo del tabaco que provoca muerte y enfermedad apenas menguados por la profusa publicidad para reducir su consumo todavía muy grande en los países ricos. Para el 2030 se estima que más del 80% de las muertes por tabaco tendrán lugar, no obstante, entre los subdesarrollados.

Suecia caracterizada por su política restrictiva tuvo un período de cierta permisividad en los 60 permitiendo como más tarde lo hicieron Suiza y Holanda la distribución de opiáceos y anfetaminas, lo que provocó enormes gastos, aumento de la violencia, el crimen y las muertes por sobredosis lo que condujo a una política de desintoxicación y abstinencia bajo el mandato de “tolerancia cero”.

En Suecia no se castiga al consumidor “se le sentencia a rehabilitarse”, ya que no es asunto sólo de policías o visitadores sociales es problema de toda la sociedad habiéndose comprobado que el sólo hecho de penalización ahuyentó un 50% de los consumidores.

No es posible aceptar la legalización, ni siquiera contemporizar con la droga, porque se trata de “una enfermedad del espíritu que se halla en la huída de la realidad a través de la droga”, que destroza al hombre, a la mujer, que la consumen sea que la compren o reciban de regalo. Una que otra comuna de España y de Dinamarca ha retomado la táctica de repartir droga entre los adictos creando “ciudadanos de segunda clase. Drogodependientes cuya vida está ligada al sistema”.

Conocer esta forma represiva por dentro resulta aleccionador, no son los políticos, ni los policías sus promotores y guardianes, son los padres de familia, los colectivos sociales que previenen “ser cuidadosos y descubrir cualquier alteración de conducta de niños y jóvenes que por influencias perniciosas, ignorancia o engaño son inducidos al vicio”. Los adolescentes que lanzan señales de alarma tienen que ser de inmediato asistidos por sus padres, por los maestros, por el entorno comunitario.

Repetir que la resistencia a las drogas ha fracasado sin ofrecer pruebas fehacientes y sin contemplar otras realidades en que interviene la sociedad misma con una actitud positiva, permanente de prevención, incluyendo a los jóvenes en la sociedad de bienestar y de reparto equitativo, es decir abriéndoles el mercado de trabajo, resulta mejor receta que abriendo las puertas hacia el despeñadero de un consumo libre, sólo controlado por la capacidad de discernir de una ingente población no preparada para ello. No podemos ignorar la incalculable capacidad de quienes prohíjan contra viento y marea una despenalización ipso-facto.

En el terreno concreto de la realidad boliviana tienen que ver factores políticos y sociales de muy poderosa influencia, para nombrar uno,  permitirán acaso “los cocaleros hoy en día ciertamente poderosos” que se venda libremente la cocaína sin restricciones? Dónde podrían colocar su producto habida cuenta de una caída brutal del precio de la coca?

Las contradicciones oficiales sobre la despenalización crean ambiente de incertidumbre y especulación que frena la prosecución abierta de un genuino debate. A menudo confunden las acciones en favor del acullico con las tareas para despenalizar o legalizar la cocaína.