La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) acaba de entregar su informe sobre la lucha contra las drogas en el mundo, con alusiones muy duras hacia Bolivia.
El presidente de la JIFE, el iraní Hamid Godhse, incluyó una alusión a Bolivia en el editorial del informe, recriminando al país por haber debilitado la causa internacional contra las drogas. Dice el informe que la decisión boliviana de denunciar la convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, con el pretexto de defender el derecho al acullico, afecta la causa mundial contra este flagelo.
Dicho en palabras más sencillas, lo que ha hecho la JIFE es denunciar que el Gobierno boliviano ha desertado de la causa contra las drogas, debilitando el frente que se opone al avance de ese terrible mal.
Sobre tan importante tema, por el cual el país es visto como una sociedad que duda sobre el bando en el que se ha de alistar en la guerra mundial contra las drogas, hubiera sido mejor consultar con los bolivianos.
Un referéndum tendría que definir si los bolivianos están o no de acuerdo con que su país se desmarque de la guerra contra las drogas, favoreciendo y fortaleciendo al frente del narcotráfico.
Los bolivianos sufren las consecuencias de estas decisiones y sería justo que se les dé la posibilidad de decidir en asuntos que van a influir en sus vidas, en las de sus hijos y de toda la sociedad.
Portar un pasaporte boliviano significa ahora, tras el pronunciamiento de la JIFE, pertenecer a un país que ha decidido, si no pasarse al otro bando, por lo menos definirse neutral en la lucha contra el narcotráfico.
En esta lucha no puede haber neutrales. Ante un mal que está destruyendo sociedades, está acabando con la salud mental de la juventud, está debilitando la economía legal y capturando adeptos para la economía ilegal, está capturando niveles cada vez más altos del poder político y está debilitando a los Estados a tal grado que a su paso deja Estados fallidos, no pueden haber neutrales.
Los bolivianos que tienen el derecho al acullico no pueden ser usados como pretexto para una lucha que no tiene que ver con la hoja de coca sino con el producto final de un proceso químico del que eran totalmente ajenos todos los ancestros.
Si no se establece con precisión cuántos bolivianos tienen el hábito del acullico, el abandonar el frente contrario a las drogas se convierte en un pretexto.
¿Los bolivianos están de acuerdo con que se los tome como cómplices de una actividad ilegal que angustia a países enteros? ¿Les gusta que la JIFE haya dicho que Bolivia ha desertado en la lucha contra el narcotráfico?
Decir que el informe de la JIFE es “sesgado”, como sugiriendo que se trata de una calificación política, no disminuye la condena que ha recibido la actual política frente a la coca y a la actividad ilegal que se ha asociado con ella.
El país necesita una explicación sobre este tema. El prestigio de todos los bolivianos está en riesgo, y ellos tienen derecho a ser consultados.
El presidente de la JIFE, el iraní Hamid Godhse, incluyó una alusión a Bolivia en el editorial del informe, recriminando al país por haber debilitado la causa internacional contra las drogas. Dice el informe que la decisión boliviana de denunciar la convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, con el pretexto de defender el derecho al acullico, afecta la causa mundial contra este flagelo.
Dicho en palabras más sencillas, lo que ha hecho la JIFE es denunciar que el Gobierno boliviano ha desertado de la causa contra las drogas, debilitando el frente que se opone al avance de ese terrible mal.
Sobre tan importante tema, por el cual el país es visto como una sociedad que duda sobre el bando en el que se ha de alistar en la guerra mundial contra las drogas, hubiera sido mejor consultar con los bolivianos.
Un referéndum tendría que definir si los bolivianos están o no de acuerdo con que su país se desmarque de la guerra contra las drogas, favoreciendo y fortaleciendo al frente del narcotráfico.
Los bolivianos sufren las consecuencias de estas decisiones y sería justo que se les dé la posibilidad de decidir en asuntos que van a influir en sus vidas, en las de sus hijos y de toda la sociedad.
Portar un pasaporte boliviano significa ahora, tras el pronunciamiento de la JIFE, pertenecer a un país que ha decidido, si no pasarse al otro bando, por lo menos definirse neutral en la lucha contra el narcotráfico.
En esta lucha no puede haber neutrales. Ante un mal que está destruyendo sociedades, está acabando con la salud mental de la juventud, está debilitando la economía legal y capturando adeptos para la economía ilegal, está capturando niveles cada vez más altos del poder político y está debilitando a los Estados a tal grado que a su paso deja Estados fallidos, no pueden haber neutrales.
Los bolivianos que tienen el derecho al acullico no pueden ser usados como pretexto para una lucha que no tiene que ver con la hoja de coca sino con el producto final de un proceso químico del que eran totalmente ajenos todos los ancestros.
Si no se establece con precisión cuántos bolivianos tienen el hábito del acullico, el abandonar el frente contrario a las drogas se convierte en un pretexto.
¿Los bolivianos están de acuerdo con que se los tome como cómplices de una actividad ilegal que angustia a países enteros? ¿Les gusta que la JIFE haya dicho que Bolivia ha desertado en la lucha contra el narcotráfico?
Decir que el informe de la JIFE es “sesgado”, como sugiriendo que se trata de una calificación política, no disminuye la condena que ha recibido la actual política frente a la coca y a la actividad ilegal que se ha asociado con ella.
El país necesita una explicación sobre este tema. El prestigio de todos los bolivianos está en riesgo, y ellos tienen derecho a ser consultados.
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