El 11 de septiembre de 1973
En este día se puso punto final al primer experimento de gobierno constitucional de partidos pro-soviéticos en Occidente. Pese a que la Unidad Popular chilena manifestaba someterse al sistema de las democracias capitalistas representativas patrocinadas por Washington, la administración estadounidense le consideró intolerable.Antes del golpe de Augusto Pinochet la izquierda había crecido electoralmente y había un clima de tensión social. El canciller norteamericano Henry Kissinger sostenía que no se podía aceptar que un pueblo por ignorancia se tornase comunista.El cuartelazo santiagueño sirvió para demostrar que el principal poder occidental no podría tolerar gobiernos contestatarios aunque fuesen elegidos bajo sufragio universal. Además alentó la consolidación o extensión de las dictaduras anti-comunistas en todo el Cono Sur.El nuevo régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973 sería el mismo que iniciaría el actual modelo económico que acabaría por implantarse como moda durante la globalización. La receta pinochetista consistía en renunciar al viejo sistema de economía keynesiana, que protegía la industria y el mercado internos, que promovía el desarrollo buscando sustituir las importancias y elevando el consumo mediante el incremento del nivel de ingresos de la población. Para la escuela de Chicago se imponía dar paso a una economía abierta a las importaciones y al libre flujo de capital extranjero. Pese a que ello implicaría una inicial destrucción de muchas industrias que producían para el mercado interno, el aumento del desempleo y la reducción de salarios reales y condiciones laborales, a la larga - se sostenía- se permitiría una nueva acumulación de capital. Orientándose hacia la exportación y estabilizando la moneda, Chile empezó a mostrar una pujanza económica que quiso ser imitada por otras naciones del hemisferio sur.Para los críticos del neo-liberalismo se trataba de hambrear al pueblo para exportar. Para el monetarismo en boga ésta era la única posibilidad de poder competir en el mercado internacional y desarrollar a los países en ese camino.El pinochetazo fue uno de los momentos de mayor conflicto entre las dos superpotencias cuando ambas parecían haber llegado a la década de los setentas a un nivel de empate.A fines de esa década la nueva administración de Carter fue dando un viraje hacia patrocinar los derechos humanos como vía para minar al bloque soviético y para dar base social a los nuevos gobiernos que aplicasen reajustes económicos en Latino América.El modelo militar impuesto en Chile el 11 de septiembre de 1973 fue siendo dejado de lado para patrocinarse el sistema neo-liberal que éste había empezado a alentar. La mayor victoria de dicho evento fue que a larga los propios países del Pacto de Varsovia acabarían por renunciar al sistema de economías planificadas y de régimen de partidos únicos comunistas, para abrazar el mercado capitalista. El monetarismo pinochetista se convertiría en una panacea para varios círculos en Moscú.En el 11 de septiembre del 2001 le tocó a los EEUU el recibir un ataque desde el aire. Los símbolos de su poderío militar y económico fueron atacados. La CIA esta vez no fue acusada de organizar el golpe, sino de no haberse dado cuenta de ella o, en el peor de los casos, haberlo dejado pasar para justificar una carrera militarista.En ambas fechas de 1973 y 2001 las administraciones norteamericanas estaban en manos de republicanos duros.
Bush hijo y Kissinger son quienes hoy encabezan la tendencia halcón dentro del partido gobernante planteando una inmediata guerra contra Irak, aunque muchos líderes republicanos se muestran dudosos sobre si es conveniente lanzarse a una intervención bélica sin suficiente apoyo internacional o justificativos.
martes, 9 de septiembre de 2008
varias notas recordando aquel 11-S que sacudió a la humanidad
En este día los EEUU lanzaron un proyecto de incremento militar fuerte. El presupuesto armamentístico de la única súper-potencia subió hasta significar más que la suma de los demás siete siguientes poderes. Se vertebró la mayor coalición de países nunca antes vista para poder atacar Afganistán.Uno de los países más pobres del planeta empezó a recibir cada mes un promedio de mil millones de dólares en bombardeos. Esta cifra equivalía al promedio de las exportaciones afganas en más de doce años.La incursión en Afganistán condujo a la caída del gobierno y a que éste fuese remplazado por una coalición de caudillos militares, muchos de ellos con peores historiales de matanzas contra indefensos y crímenes de guerra que los propios talibanes.Ni Bin Laden ni Mullah Omar han sido capturados. Pinochet fue apresado y luego liberado. Los responsables de las dos matanzas de los 11 de septiembre han recibido distinto juzgamiento por parte de Occidente. Ambos han sido colaboradores de la CIA pero uno siempre se mantuvo amigo de los EEUU pero el otro le agredió. Al general chilena se le permitió regresar a su país bajo presión de los conservadores. Al fundamentalista saudita se le persigue al extremo de haberse producido unas 3,000 muertes civiles con los bombardeos occidentales en Afganistán.Pese a que no se ha dado con el objetivo de capturar a los organizadores del macro-atentado contra Manhattan y Washington, la lección que ha dado Busch es que su país es el policía global y que tiene la capacidad de poner orden donde allí lo considere necesario.La nueva doctrina que se ha impuesto es la de tratar con dureza a todos aquellos a quienes se sindican como terroristas. A poco de esos sucesos se produjeron nuevos cambios. Sharon se lanzó a arrasar a la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno fundamentalista hindú incrementó su accionar contra los separatistas de Cachemira y se ha planteado la posibilidad que se pudiese desatar la primera guerra nuclear, la cual sería entre la India y Pakistán. En Colombia subió a la presidencia Alvaro Uribe pregonando una ofensiva generalizada contra la guerrilla. En el país vasco se decretó la ilegalización del Batasuna, un partido que aglutina a más de un décimo del electorado pero que es acusado de ser el brazo legal del ETA.Muchos críticos de la nueva línea dura sostienen que las cruzadas anti-terroristas no buscan dar solución al real problema que ocasiona la violencia social. El crecimiento de las desigualdades entre naciones y clases, el incremento de la pobreza y el deterioro del medio ambiente son cuestiones que a los EEUU se les acusa de menospreciar, y son éstas las que ocasionarían diversos movimientos sociales o el accionar de grupos violentistas. Para los partidarios de la línea anti-terrorista se necesita poner orden a nivel global para poder garantizar las inversiones y la economía.Los dos XI-IX fortalecieron inicialmente a la derecha republicana y a su agenda de mayor dureza militar contra sus enemigos, mayor intervencionismo norteamericano y mayores concesiones para las multinacionales estadounidenses. En el primer caso la línea halcón de Nixon-Kissinger conllevó a un eventual debilitamiento de Washington y a levantamientos anti-norteamericanos exitosos en Indochina, Nicaragua e Irán. En el segundo caso está llevando a Busch a una política de intervención bélica en Irak que podría aislar a los EEUU en relación a diversos aliados europeos y musulmanes, y que podría terminar produciendo nuevas reacciones contra dicha potencia.
(Autor: ISAAC BIGIO Analista Internacional. Se ha formado en la London School of Economics & Political Sciences donde obtuvo grados y postgrados en Historia Internacional y Política Económica, y ha venido enseñando e investigando. Escribe y colabora en varios periódicos del Grupo de Diarios de América y en medio centenar de medios.)
(Autor: ISAAC BIGIO Analista Internacional. Se ha formado en la London School of Economics & Political Sciences donde obtuvo grados y postgrados en Historia Internacional y Política Económica, y ha venido enseñando e investigando. Escribe y colabora en varios periódicos del Grupo de Diarios de América y en medio centenar de medios.)
sábado, 6 de septiembre de 2008
cocaína en el alto. subeditorial de la razón de la paz, bolivia
El domingo pasado, La Razón publicó el resultado de una investigación producto de un recorrido que tuvo la oportunidad de realizar con una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de El Alto (FELCN), y se sorprendió del volumen de producción de droga existente en la ciudad, y de las formas innovadoras y singulares con las que los narcotraficantes —bolivianos y extranjeros— operan para elaborar cocaína en grandes cantidades.
Lo que más llamó la atención a este medio fue la manera cómo se fabrica el alcaloide y las peculiares formas de desecho de lo que queda de la coca procesada, que, por su volumen, no resulta fácil destruir sin dejar rastros. Los restos que quedan en las tradicionales pozas de maceración que por su experiencia la FELCN puede descubrir con relativa facilidad, pero que delata a los delincuentes, ahora se echan lejos de la urbe, en bolsas de basura, con los restos de la hoja amortiguada o triturada, al estilo colombiano. O se entierran en los patios de las casas o se los hace desaparecer hasta en las alcantarillas. El asunto es dejar los menores rastros posibles.
La técnica tradicional boliviana, que se aplica en el Chapare, de pisar la coca, se ha cambiado —o va en vías de cambio— por el método colombiano que tritura la hoja en máquinas para moler cereales, a lo que agregan los químicos para producir el sulfato y luego el producto final, el clorhidrato de cocaína. Este método tiene la ventaja de dejar menores evidencias y de poder operar dentro de las ciudades, al no requerir de las pozas de maceración que ponen a la vista la vil actividad.Pero lo más grave es que la FELCN encuentra actividad ilícita producto de la hoja de coca en casi todas las zonas de El Alto.
Un kilo de cocaína está allí valuado en $us 600, lo que va subiendo, matemáticamente, a medida que la cocaína se aproxima a los mercados de consumo, como Brasil o Chile. Hasta el mes pasado se había aprehendido a 125 personas vinculadas al narcotráfico y a lo largo del 2007 a 165 sujetos.Ha llamado la atención encontrar bolsas de coca peruana con el sello de ENACO, lo que hace suponer que la coca peruana está o más barata o resulta muy fácil internarla al país por la frontera. Todo un problema que atender para el Gobierno.
Lo que más llamó la atención a este medio fue la manera cómo se fabrica el alcaloide y las peculiares formas de desecho de lo que queda de la coca procesada, que, por su volumen, no resulta fácil destruir sin dejar rastros. Los restos que quedan en las tradicionales pozas de maceración que por su experiencia la FELCN puede descubrir con relativa facilidad, pero que delata a los delincuentes, ahora se echan lejos de la urbe, en bolsas de basura, con los restos de la hoja amortiguada o triturada, al estilo colombiano. O se entierran en los patios de las casas o se los hace desaparecer hasta en las alcantarillas. El asunto es dejar los menores rastros posibles.
La técnica tradicional boliviana, que se aplica en el Chapare, de pisar la coca, se ha cambiado —o va en vías de cambio— por el método colombiano que tritura la hoja en máquinas para moler cereales, a lo que agregan los químicos para producir el sulfato y luego el producto final, el clorhidrato de cocaína. Este método tiene la ventaja de dejar menores evidencias y de poder operar dentro de las ciudades, al no requerir de las pozas de maceración que ponen a la vista la vil actividad.Pero lo más grave es que la FELCN encuentra actividad ilícita producto de la hoja de coca en casi todas las zonas de El Alto.
Un kilo de cocaína está allí valuado en $us 600, lo que va subiendo, matemáticamente, a medida que la cocaína se aproxima a los mercados de consumo, como Brasil o Chile. Hasta el mes pasado se había aprehendido a 125 personas vinculadas al narcotráfico y a lo largo del 2007 a 165 sujetos.Ha llamado la atención encontrar bolsas de coca peruana con el sello de ENACO, lo que hace suponer que la coca peruana está o más barata o resulta muy fácil internarla al país por la frontera. Todo un problema que atender para el Gobierno.
martes, 2 de septiembre de 2008
otra señal negativa el aumento de cocaína en bolivia
editorial del importante matutino los tiempos de cochabamba
Los resultados podrían hacer pensar que Bolivia está logrando un éxito espectacular en la lucha contra el tráfico de drogas, con una fuerza policial que no se cansa de descubrir fábricas a lo largo y ancho del país. Se trata de una visión engañosa y que, por el contrario, está confirmando que esa actividad ilícita crece en una proporción que hará imposible controlarla. Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación, lejos de estar bajo control, amenaza con rebasar la acción policial, por más efectiva que esta sea. En los primeros ocho meses de este año se han destruido 3.411 laboratorios de cocaína, con un promedio de 426 mensuales y 14 diarios. Las actividades de los traficantes se están diseminando por el todo el territorio nacional, lo que hará más difícil tanto la destrucción de las fábricas como los decomisos del alcaloide. En sólo tres días, 186 laboratorios fueron hallados en una operación de "barrido total" de la zona del Valle Alto del Departamento de Cochabamba, un indicativo fehaciente de que la pasta base está siendo trasladada desde el Chapare hacia centros urbanos provinciales donde se completa el proceso de cristalización. Es un negocio asegurado, al que nunca le faltará la materia prima; si hasta el 31 de agosto se destruyeron 5.421 pozas de maceración en el Chapare, cabe preguntarse cuántas más existen en esa extensa zona tropical o cuántas más se instalan en reemplazo de las descubiertas. El decomiso de cocaína en Bolivia es otra señal del auge en que se encuentra esta floreciente industria. Hasta esa misma fecha fueron incautadas 19, 2 toneladas de droga con diferentes grados de pureza; de acuerdo a estadísticas, las capturas no pasan de la mitad de lo que efectivamente se produce. Las tareas de interdicción no serán satisfactorias mientras no se encare con resolución el control de los cultivos de coca. El Gobierno sostiene que mantendrá inalterable la erradicación forzosa en las zonas prohibidas; tal propósito no es fácil si se tiene al frente a un sector envalentonado, cuyo máximo líder es el propio Presidente de la República. Los cocaleros se sienten protegidos y con licencia para hacer lo que les venga en gana; la semana pasada, pretextando ser "colonos", intentaron tomar el campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la erradicación, exigiendo se les autorice el cultivo de un cato, en Yapacaní, zona declarada libre de la hoja. Bolivia se encuentra, por lo tanto, ante un problema que puede tener repercusiones muy graves. La imagen del país está en entredicho ante una comunidad internacional preocupada por los altos índices del consumo de drogas y conocedora de que el circuito de la cocaína se inicia en las plantaciones de coca, hacia las cuales el régimen masista muestra una peligrosa permisividad. El narcotráfico, en sus diferentes manifestaciones, ha recobrado fuerza desde la llegada del MAS al Gobierno de la nación; si no se controla a quienes comienzan esta cadena delictiva que, dicho sea de paso, constituyen el bastión del régimen, las posibilidades de combatirlo son escasas.
Los resultados podrían hacer pensar que Bolivia está logrando un éxito espectacular en la lucha contra el tráfico de drogas, con una fuerza policial que no se cansa de descubrir fábricas a lo largo y ancho del país. Se trata de una visión engañosa y que, por el contrario, está confirmando que esa actividad ilícita crece en una proporción que hará imposible controlarla. Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación, lejos de estar bajo control, amenaza con rebasar la acción policial, por más efectiva que esta sea. En los primeros ocho meses de este año se han destruido 3.411 laboratorios de cocaína, con un promedio de 426 mensuales y 14 diarios. Las actividades de los traficantes se están diseminando por el todo el territorio nacional, lo que hará más difícil tanto la destrucción de las fábricas como los decomisos del alcaloide. En sólo tres días, 186 laboratorios fueron hallados en una operación de "barrido total" de la zona del Valle Alto del Departamento de Cochabamba, un indicativo fehaciente de que la pasta base está siendo trasladada desde el Chapare hacia centros urbanos provinciales donde se completa el proceso de cristalización. Es un negocio asegurado, al que nunca le faltará la materia prima; si hasta el 31 de agosto se destruyeron 5.421 pozas de maceración en el Chapare, cabe preguntarse cuántas más existen en esa extensa zona tropical o cuántas más se instalan en reemplazo de las descubiertas. El decomiso de cocaína en Bolivia es otra señal del auge en que se encuentra esta floreciente industria. Hasta esa misma fecha fueron incautadas 19, 2 toneladas de droga con diferentes grados de pureza; de acuerdo a estadísticas, las capturas no pasan de la mitad de lo que efectivamente se produce. Las tareas de interdicción no serán satisfactorias mientras no se encare con resolución el control de los cultivos de coca. El Gobierno sostiene que mantendrá inalterable la erradicación forzosa en las zonas prohibidas; tal propósito no es fácil si se tiene al frente a un sector envalentonado, cuyo máximo líder es el propio Presidente de la República. Los cocaleros se sienten protegidos y con licencia para hacer lo que les venga en gana; la semana pasada, pretextando ser "colonos", intentaron tomar el campamento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la erradicación, exigiendo se les autorice el cultivo de un cato, en Yapacaní, zona declarada libre de la hoja. Bolivia se encuentra, por lo tanto, ante un problema que puede tener repercusiones muy graves. La imagen del país está en entredicho ante una comunidad internacional preocupada por los altos índices del consumo de drogas y conocedora de que el circuito de la cocaína se inicia en las plantaciones de coca, hacia las cuales el régimen masista muestra una peligrosa permisividad. El narcotráfico, en sus diferentes manifestaciones, ha recobrado fuerza desde la llegada del MAS al Gobierno de la nación; si no se controla a quienes comienzan esta cadena delictiva que, dicho sea de paso, constituyen el bastión del régimen, las posibilidades de combatirlo son escasas.
viernes, 22 de agosto de 2008
jamás, nunca antes se había decomisado tanta cocaína!
La Armada holandesa y un destacamento de la Guardia Costera estadounidense incautaron 4,2 toneladas métricas de cocaína que iba oculta en un carguero con bandera panameña, el cual había zarpado de Venezuela, informaron el viernes autoridades.
La Armada holandesa informó que se trata del mayor cargamento de cocaína que haya interceptado en la historia.
"Esta incautación pone de manifiesto la excelente cooperación entre todos nuestros socios en la región, y confirma de nuevo la importancia de nuestra presencia en el Caribe", dijo el contralmirante Peter Lenselink, comandante de las fuerzas holandesas en la región.
La Armada informó que sus oficinas regionales en Curazao recibieron el fin de semana pasado cierta información acerca de que un carguero panameño transportaba supuestamente drogas de Venezuela a Europa. Una embarcación holandesa, que llevaba también a bordo a media docena de guardacostas estadounidenses, fue enviada para interceptar el mercante.
Al amanecer del domingo, la fragata holandesa y un helicóptero que despegó desde su cubierta se aproximaron al carguero en el Caribe, al sur de Puerto Rico, añadió la fuente.
Un equipo de la Guardia Costera estadounidense abordó el barco y comenzó a registrarlo. Treinta y seis horas después, descubrió una escotilla sospechosa dentro del cuarto de máquinas, y encontró los paquetes de cocaína, almacenados en varios compartimientos.
Los agentes de la Guardia Costera han colaborado con fuerzas de países aliados para decomisar embarques de drogas en el Caribe, considerado una de las rutas principales de los traficantes, dijo la suboficial de marina Jennifer Johnson, vocera de los guardacostas en Miami.
Añadió que los estadounidenses seguían a bordo del barco holandés, junto con la tripulación del carguero y la droga incautada.
La Armada holandesa informó que se trata del mayor cargamento de cocaína que haya interceptado en la historia.
"Esta incautación pone de manifiesto la excelente cooperación entre todos nuestros socios en la región, y confirma de nuevo la importancia de nuestra presencia en el Caribe", dijo el contralmirante Peter Lenselink, comandante de las fuerzas holandesas en la región.
La Armada informó que sus oficinas regionales en Curazao recibieron el fin de semana pasado cierta información acerca de que un carguero panameño transportaba supuestamente drogas de Venezuela a Europa. Una embarcación holandesa, que llevaba también a bordo a media docena de guardacostas estadounidenses, fue enviada para interceptar el mercante.
Al amanecer del domingo, la fragata holandesa y un helicóptero que despegó desde su cubierta se aproximaron al carguero en el Caribe, al sur de Puerto Rico, añadió la fuente.
Un equipo de la Guardia Costera estadounidense abordó el barco y comenzó a registrarlo. Treinta y seis horas después, descubrió una escotilla sospechosa dentro del cuarto de máquinas, y encontró los paquetes de cocaína, almacenados en varios compartimientos.
Los agentes de la Guardia Costera han colaborado con fuerzas de países aliados para decomisar embarques de drogas en el Caribe, considerado una de las rutas principales de los traficantes, dijo la suboficial de marina Jennifer Johnson, vocera de los guardacostas en Miami.
Añadió que los estadounidenses seguían a bordo del barco holandés, junto con la tripulación del carguero y la droga incautada.
viernes, 15 de agosto de 2008
José María Bakovic: 'Hay una llamativa preferencia del MAS por OAS, que le habría financiado su campaña'
Rafael Sagarnaga López,
Corresponsal de EL NACIONAL en La Paz
Entre 2001 y 2006, José María Bakovic presidió el desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC) institucionalizado, hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). A cinco semanas de iniciado el Gobierno de Evo Morales, Bakovic fue objeto de una de las más duras ofensivas legales del actual régimen. En ese contexto, pese a diversos reclamos de organizaciones jurídicas y humanitarias, incluso se le detuvo en dos oportunidades y durante varias semanas. El ex ejecutivo en esta entrevista puntualiza los riesgos que conlleva la actual administración. Bakovic también reconoce la validez de la investigación de EL NACIONAL sobre el caso e-mails y denuncia más hechos de corrupción en la ABC.
EL NACIONAL (EN).- ¿En general en qué áreas usted advierte las mayores flaquezas y errores de la ABC? ¿Qué políticas dentro de la actual Administradora prevé que podrían generar en el futuro serios problemas para el país en este sector?
José María Bakovic (JMB).- La mayor flaqueza de ABC, y error del gobierno, ha sido la desinstitucionalización de esta entidad del Estado, la mayor inversora del sector público en la gestión anterior. La desinstitucionalización viene acompañada de la injerencia política, mal que se había erradicado y que ahora ha vuelto con mayor impulso. Esta injerencia trae la corrupción que se había eliminado, tornando nuevamente a la entidad caminera en un botín político, igual o peor que durante los gobiernos tradicionales. El costo para el país será mayúsculo, pues las carreteras costarán más y se construirán menos kilómetros. Con la honestidad se llegaba más lejos.
EN.- En diversas administraciones se denunció a un entorno político alrededor de la entidad administradora de las carreteras. Congresales, ministros y hasta empresarios tendían particulares redes para influir en el ex SNC, ¿Cree que un fenómeno similar se produce ahora? De ser así, ¿qué características tiene ese nuevo entorno?
JMB.- Ha vuelto la política partidaria y se dejó de lado la política de Estado en carreteras. Al haberse nuevamente tornado botín político, Caminos está otra vez en manos de los agentes de la corrupción a quienes habíamos impedido actuar durante el período institucionalizado del 2001 al 2005. Los e-mails de la corrupción muestran que los mismos agentes de los partidos tradicionales han vuelto a actuar con este gobierno. Se han subido al tren del MAS, como lo dije en mi renuncia/denuncia al Presidente de la República. Las mafias se han repartido la torta nuevamente. Estos agentes de la corrupción son tan hábiles y tan flexibles que se han adaptado a la nueva realidad. Han creado una alianza con los nuevos líderes del entorno presidencial. Para justificar su actuar, son ahora la principal fuente de financiamiento partidario, tal como en el pasado.
EN.- ¿Qué dimensión cree que alcanzan los problemas que deja entrever el caso e-mails? ¿Hasta dónde llegó la promesa gubernamental de lucha contra la corrupción?
JMB.- El caso de los e-mails muestra la fuerza de esta mafia controladora de Caminos. Su poder político y económico es tan grande que durante un año han logrado tapar este escándalo mayúsculo, hasta que usted tuvo el coraje de hacer su reportaje publicado en EL NACIONAL de Tarija. Aún ahora están tratando de acallarlo. ¿Cómo se explica que habiendo parlamentarios que conocían esta red de corrupción mayor no hayan hecho nada? Mi deducción es simple: en Caminos son socios oficialistas y opositores. Confirman una vez más lo que revelan los e-mails, esto es, que los agentes de los partidos tradicionales están trabajando activamente en esta entidad del Estado. La promesa del Gobierno de erradicar la corrupción ha sido simple cortina de humo para tapar sus negociados y combatir a sus rivales. En mi caso, aunque no pertenezco a ningún partido político, cada vez que me han detenido en prisión se estaba cubriendo un gran negociado: en marzo del 2006 se adjudicaba directamente Potosí – Uyuni, con un sobreprecio de 46 millones de dólares, y en agosto del 2007 se rescindía precipitadamente el contrato Potosí – Tarija. Buscaban traspasar esa obra a OAS. Se dice que esta empresa financió la campaña del MAS el año 2005 y que, en pago, se le prometió todas las obras carreteras del país. Ese arreglo le hubiera costado al país al menos 100 millones de dólares adicionales. Espero que la adjudicación de Villa Tunari-San Ignacio no signifique una nueva detención para mi persona, para crear una cortina de humo que tape este negociado.
EN.- En el caso e-mails se advierten tratos extraños con las empresas que trabajan las obras Tiquina-Copacabana, San Isidro-Epizana, Aguaíces–Piraí, Potosí – Uyuni, Turco- Ancaravi y Puente Arce- Puente Sacramento. Al margen de las relaciones y hechos extraños que se advierten en la investigación de prensa, ¿usted advierte algo en particular sobre estos casos?
JMB.- Los contratos de mantenimiento periódico de Tiquina–Copacabana y de San Isidro – Epizana fueron firmados en mi gestión con la empresa ICA. Lo que revelan los e-mails de la corrupción es que se estaba cobrando una 'coimisión' al propietario, señor Gutiérrez, por el ajuste del cemento asfáltico. Este es el delito que se encubre. Imagínese usted cuánto se cobrará ahora por los ajustes que el Gobierno está aprobando para los insumos de construcción. Estos son proyectos financiados por el Banco Mundial que, supongo, tomará alguna acción al respecto. En el proyecto Puente Sacramento – Puente Arce, la actual ABC debía haber resuelto el contrato en diciembre del 2006, pues ya se había acumulado el 20 por ciento de multas. Sin embargo recién lo hace en octubre del 2007, diez meses después y después de nuestra denuncia. El proceso que por este proyecto se lleva adelante en Sucre, ha sido 'volteado' por el Gobierno: de una denuncia por incumplimiento de contrato al consorcio contratista el Fiscal lo tornó de contrato lesivo al Estado contra mi persona, una más de las insensateces en la persecución judicial de la que soy objeto. Lo notable es que este trato preferencial para la contratista Alfa – Sudamericana coincide con el pago de un millón de dólares que los e-mails muestran que hizo Sudamericana para el proyecto Aguaíces – Colonia Piraí. El negociado de Potosí – Uyuní lo denuncié desde mi prisión en San Pedro. Por ello Patricia Ballivián tuvo que asumir el 'error', cuando no hubo otra salida que derogar el decreto de adjudicación. En el tema Ancaravi – Turco, lo único que conozco es lo revelado por los e-mails, pues no corresponde a mi gestión.
EN.- En las aclaraciones que ha realizado, Patricia Ballivián deriva los problemas de varios casos polémicos a acuerdos o gestiones de la administración Bakovic. Ella cita, por ejemplo, el tema Potosí –Uyuni y los contratos con ICA ¿Qué de cierto o tendencioso hay en ello?
JMB.- La preparación de proyecto Potosí – Uyuni, incluyendo su estudio, hecha durante mi gestión, no puede confundirse con la adjudicación directa, efectuada en la gestión Ballivián. Ésta fue realizada por el Gobierno mediante decreto, y anunciada en internet a los dos días de la asunción al mando de Morales. En el caso ICA no se debe confundir la firma de los contratos, hecha en mi gestión, con la coima cobrada en la gestión de Ballivián por el ajuste en el precio del asfalto.
EN.- En ese lado polémico, ABC y sus ejecutivas enfrentan también problemas como el túnel de Alarache o el retorno de la Queiroz al proyecto Potosí – Tarija. ¿Qué opinión le merecen dichos procesos? ¿Cuánto afectan a la que fue su administración?
JMB.- Después de dos años y medio de persecución judicial contra mi persona por mis sucesoras, doña Patricia Ballivián y doña Marleny Téllez, el agua ya busca su curso. También se va decantando de la turbulencia del inicio. Ahora ambas ya se hallan incriminadas en el Túnel Alarache y pronto lo estarán en la carretera Potosí – Tarija, por una simple razón: los problemas son de su gestión. El Túnel de Alarache colapsó por falta de mantenimiento. Esto porque no se tomó ninguna acción después de la primera llamada de atención, en marzo del 2006, hasta que colapsó, en enero 2007. Todo aquello sucedió dentro de la gestión Ballivián. En cuanto a Potosí–Tarija, nuestra gestión dejó el proyecto con un avance de 35 por ciento, contra un programado de 25 por ciento (40 por ciento por encima), sin ningún problema en la ejecución. Al contrario, el Ministerio de Hacienda nos pedía no acelerar tanto pues le causábamos problemas presupuestarios. Los problemas se presentaron en la gestión de ABC, por permitir mala ejecución en 93 kilómetros de carretera y por resolver el contrato liberando a la empresa de sus obligaciones contractuales. El decreto para la reconducción del contrato original es la mejor prueba que el contrato original fue bueno. Con ese acuerdo logramos mejor calidad (pavimento rígido en vez de flexible), 80 kilómetros adicionales (hasta Cotagaita) y menor precio por kilómetro (470 dólares frente 533). Además, la obra ya era por precio fijo o llave en mano, según estableció la cláusula tercera del contrato.
EN.- ABC presenta en spots y separatas los resultados de la actual gestión como casos récord, avances superiores a los realizados en 40 años, etc. ¿Qué tan reales considera que son esas evaluaciones?
JMB.- Debo agradecer que se reconozca que el tal récord es por los últimos cinco años, es decir, dos de ABC y tres del SNC Institucionalizado. Lo que muestran esos spots y separatas es la gran gestión que se hizo durante la institucionalización y que lo bueno que todavía hace ABC son saldos de los proyectos en ejecución que le dejamos. Debe notarse las pocas obras que han iniciado y el bajo nivel de inversión y ejecución presupuestaria. ABC se encuentra cosechando lo sembrado por el SNC Institucionalizado, la pena es que no está sembrando para el futuro.
EN.- También, y especialmente, la actual administración hace gala del certificado ISO, ¿no es acaso un importante aval respaldado internacionalmente?
JMB.- Es otro fruto cosechado por ABC del SNC Institucionalizado. Nosotros dejamos casi concluido el proceso para la certificación ISO, que sí es un mérito a reconocer. Lo que vemos es que dicha certificación no evita el alto grado de corrupción nuevamente entronizado en Caminos.
EN.- Ballivián y Téllez arguyen, para casos tan polémicos como Sudamericana e ICA, que mientras una empresa tenga la solvencia fiscal, aunque cargue graves antecedentes, puede seguir ganando licitaciones. ¿Es eso real y tan irremediable?
JMB.- Es real pero remediable. Sensiblemente, según la normas bolivianas, mientras una empresa presente certificados de impuestos y de la Contraloría, y no tenga sentencia ejecutoriada, no se puede impedir su participación en licitaciones. Es remediable en sentido de las acciones que se pueden tomar contra ellas; por ejemplo, tanto en los casos de Sudamericana como de ICA se debe enjuiciarlas por los montos pagados como coimas que muestran los e-mails de la corrupción, así como a los receptores de dichos pagos.
EN.- En otras gestiones normalmente se ha identificado a empresas o consorcios especialmente favorecidos, ¿cree que hay algún caso en especial ahora, por ejemplo con OAS?
JMB.- El favoritismo hacia OAS por parte de este Gobierno es evidente, está a vista de los ojos, no hay que ser adivino para ello. Se le adjudicó el proyecto Potosí – Uyuni que, a propósito, anda sumamente atrasado en su ejecución. Acaba de adjudicarse a OAS el proyecto Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, con un sobrecosto de por lo menos 100 por ciento en relación al presupuesto elevado que se tenía. Ha hecho una oferta para la doble vía La Paz – Oruro también 100 por ciento por encima del precio de referencia. Se dice que se le adjudicará hasta 1.000 millones de dólares por obras en el futuro cercano. Todo ello aparentemente en pago por el financiamiento de la campaña del 2005, que denunció Siglo XXI, pero seguro que hay para varias campañas con semejantes sobrecostos.
Este esquema de favoritismo del MAS con OAS recuerda a la relación de Andrade Gutiérrez con el MNR y de Queiroz Galvao con el MIR. También hubo un viaje de Patricia Ballivián al Brasil en marzo del presente año. Esa visita recuerda los viajes que realizaban los ministros de los partidos nombrados a dicho país. Luego de esas negociaciones traían el 'paquete cerrado' para luego ser aprobado por el Legislativo y el Ejecutivo. El apoyo regional venía de yapa, pues nadie quiere oponerse a proyectos deseados por todos y por toda la vida. El problema es el sobrecosto que paga el país. En la lucha contra estas empresas que me tocó realizar en mi gestión, enfrenté los 'paquetes cerrados', con rebaja de los montos en exceso y cierre de contrato 'llave en mano' para así evitar incrementos futuros de precio y plazo. Les decía a las empresas brasileñas que queríamos 'empreiteros' y no 'bandeirantes'. Les explicaba que no es justo que nos cobren caro por las carreteras y paguen barato por el gas. Así se lograron los contratos de Potosí-Tarija, Puente Gumucio, Roboré–El Carmen y El Carmen–Arroyo Concepción, que son muestras de eficacia contractual.
EN.- A principios de este Gobierno, usted fue señalado, acusado y hasta detenido y luego se le plantearon decenas de procesos, ¿en qué ha quedado esa ofensiva? ¿Qué tan justificada y formal ha sido?
JMB.- La ofensiva sigue y es cada vez más sañuda. Ya no saben de qué acusarme. El Ministerio de la Presidencia y mis sucesoras de ABC, directamente o a través del SNC en Liquidación, han tenido injerencia descarada en el Ministerio Público para mis detenciones en La Paz y en Tarija. También actuaron para promover procesos sin sentido. Todo con el afán de mostrarme como emblema de su supuesta lucha contra la corrupción, pero solo fue cortina de humo para tapar sus grandes negociados. Mi gestión en el SNC Institucionalizado les molesta pues fue eficiente y con un grado de transparencia jamás visto. 'No hay peor obstáculo para la corrupción que un hombre honesto y honrado'.
También molesta mi gestión porque se desarrolló en cuatro gobiernos tradicionales, durante años de gran convulsión social y política. Además, soy desechable: no tengo partido político, logia, ni gremio que me apoyen.
EN.- Ballivián, Téllez y Arauz fueron parte del SNC que usted administró, ¿cómo era su relación con ellos? ¿A qué atribuye la guerra legal que luego le plantearon?
JMB.- Los colegas que me han honrado con su compañía durante toda mi carrera profesional siempre se han considerado con orgullo parte del 'equipo Bakovic'. Ello desde San Simón, San Francisco Javier, ENDE, Banco Mundial y hasta en el SNC Institucionalizado. No sucedió así con Ballivián, Téllez y Arauz que nunca se identificaron con el 'equipo' de gerentes, funcionarios y obreros de Caminos. Nunca esperé, sin embargo, que esa relación fría les llevara al grado de deslealtad al que llegaron. La única explicación que tiene la guerra legal y la consecuente persecución judicial a la que me someten es la ambición de asumir los cargos que lograron. Ballivián sólo tenía un año de graduada cuando asumió la cabeza de la empresa estatal con mayor inversión en el país. Téllez fue admitida en el equipo de abogados cuando no encontraba otro lugar de empleo, y es con esa persecución judicial que me paga. Dudo que ninguna otra entidad la considere para Gerente Jurídica. De Arauz puedo decir poco pues fue siempre protegido de Ballivián. En sus artículos usted ha señalado la relaciones de los tres con partidos políticos tradicionales y su reacomodo con los partidos emergentes, muestra clara de una ambición desmedida de alcanzar el poder.
EN.- ¿Qué cosas positivas halla en la actual ABC?
JMB.- Que si para lograr sus cargos mis sucesoras entregaron mi cabeza, en bandeja de oro, ambas ahora gozan de un fuerte apoyo. Un apoyo que han logrado por su estrecha vinculación con el Presidente y el ministro Héctor Arce, encargado de todos mis procesos. Por supuesto que esta es una relación que no la tuve con ninguno de los gobernantes con los que me tocó servir. Más de uno de ellos me puso de Ministro de área a un contratista con claro conflicto de intereses y con el que tenía que enfrentarme continuamente. También hallo positiva la gran campaña mediática para mostrar una imagen positiva de ABC, para lo cual se necesitan grandes recursos financieros de los cuales yo nunca pude disponer. Y si los hubiera tenido, los hubiera utilizado para mantener carreteras, pues no tenía ningún objetivo político-partidista. Estas cosas positivas, sin embargo, ocultan un alto grado de ineficiencia. Pues ABC ha invertido 400 millones de dólares menos que los que hubiera invertido el SNC institucionalizado. Asimismo también cuenta el alto grado de corrupción que tiene, como muestra lo relatado en los e-mails y el trato preferente a OAS, entre otras evidencias, como la adjudicación directa del proyecto de rehabilitación Santa Cruz-Cochabamba por alrededor de 40 millones de dólares.
Corresponsal de EL NACIONAL en La Paz
Entre 2001 y 2006, José María Bakovic presidió el desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC) institucionalizado, hoy Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). A cinco semanas de iniciado el Gobierno de Evo Morales, Bakovic fue objeto de una de las más duras ofensivas legales del actual régimen. En ese contexto, pese a diversos reclamos de organizaciones jurídicas y humanitarias, incluso se le detuvo en dos oportunidades y durante varias semanas. El ex ejecutivo en esta entrevista puntualiza los riesgos que conlleva la actual administración. Bakovic también reconoce la validez de la investigación de EL NACIONAL sobre el caso e-mails y denuncia más hechos de corrupción en la ABC.
EL NACIONAL (EN).- ¿En general en qué áreas usted advierte las mayores flaquezas y errores de la ABC? ¿Qué políticas dentro de la actual Administradora prevé que podrían generar en el futuro serios problemas para el país en este sector?
José María Bakovic (JMB).- La mayor flaqueza de ABC, y error del gobierno, ha sido la desinstitucionalización de esta entidad del Estado, la mayor inversora del sector público en la gestión anterior. La desinstitucionalización viene acompañada de la injerencia política, mal que se había erradicado y que ahora ha vuelto con mayor impulso. Esta injerencia trae la corrupción que se había eliminado, tornando nuevamente a la entidad caminera en un botín político, igual o peor que durante los gobiernos tradicionales. El costo para el país será mayúsculo, pues las carreteras costarán más y se construirán menos kilómetros. Con la honestidad se llegaba más lejos.
EN.- En diversas administraciones se denunció a un entorno político alrededor de la entidad administradora de las carreteras. Congresales, ministros y hasta empresarios tendían particulares redes para influir en el ex SNC, ¿Cree que un fenómeno similar se produce ahora? De ser así, ¿qué características tiene ese nuevo entorno?
JMB.- Ha vuelto la política partidaria y se dejó de lado la política de Estado en carreteras. Al haberse nuevamente tornado botín político, Caminos está otra vez en manos de los agentes de la corrupción a quienes habíamos impedido actuar durante el período institucionalizado del 2001 al 2005. Los e-mails de la corrupción muestran que los mismos agentes de los partidos tradicionales han vuelto a actuar con este gobierno. Se han subido al tren del MAS, como lo dije en mi renuncia/denuncia al Presidente de la República. Las mafias se han repartido la torta nuevamente. Estos agentes de la corrupción son tan hábiles y tan flexibles que se han adaptado a la nueva realidad. Han creado una alianza con los nuevos líderes del entorno presidencial. Para justificar su actuar, son ahora la principal fuente de financiamiento partidario, tal como en el pasado.
EN.- ¿Qué dimensión cree que alcanzan los problemas que deja entrever el caso e-mails? ¿Hasta dónde llegó la promesa gubernamental de lucha contra la corrupción?
JMB.- El caso de los e-mails muestra la fuerza de esta mafia controladora de Caminos. Su poder político y económico es tan grande que durante un año han logrado tapar este escándalo mayúsculo, hasta que usted tuvo el coraje de hacer su reportaje publicado en EL NACIONAL de Tarija. Aún ahora están tratando de acallarlo. ¿Cómo se explica que habiendo parlamentarios que conocían esta red de corrupción mayor no hayan hecho nada? Mi deducción es simple: en Caminos son socios oficialistas y opositores. Confirman una vez más lo que revelan los e-mails, esto es, que los agentes de los partidos tradicionales están trabajando activamente en esta entidad del Estado. La promesa del Gobierno de erradicar la corrupción ha sido simple cortina de humo para tapar sus negociados y combatir a sus rivales. En mi caso, aunque no pertenezco a ningún partido político, cada vez que me han detenido en prisión se estaba cubriendo un gran negociado: en marzo del 2006 se adjudicaba directamente Potosí – Uyuni, con un sobreprecio de 46 millones de dólares, y en agosto del 2007 se rescindía precipitadamente el contrato Potosí – Tarija. Buscaban traspasar esa obra a OAS. Se dice que esta empresa financió la campaña del MAS el año 2005 y que, en pago, se le prometió todas las obras carreteras del país. Ese arreglo le hubiera costado al país al menos 100 millones de dólares adicionales. Espero que la adjudicación de Villa Tunari-San Ignacio no signifique una nueva detención para mi persona, para crear una cortina de humo que tape este negociado.
EN.- En el caso e-mails se advierten tratos extraños con las empresas que trabajan las obras Tiquina-Copacabana, San Isidro-Epizana, Aguaíces–Piraí, Potosí – Uyuni, Turco- Ancaravi y Puente Arce- Puente Sacramento. Al margen de las relaciones y hechos extraños que se advierten en la investigación de prensa, ¿usted advierte algo en particular sobre estos casos?
JMB.- Los contratos de mantenimiento periódico de Tiquina–Copacabana y de San Isidro – Epizana fueron firmados en mi gestión con la empresa ICA. Lo que revelan los e-mails de la corrupción es que se estaba cobrando una 'coimisión' al propietario, señor Gutiérrez, por el ajuste del cemento asfáltico. Este es el delito que se encubre. Imagínese usted cuánto se cobrará ahora por los ajustes que el Gobierno está aprobando para los insumos de construcción. Estos son proyectos financiados por el Banco Mundial que, supongo, tomará alguna acción al respecto. En el proyecto Puente Sacramento – Puente Arce, la actual ABC debía haber resuelto el contrato en diciembre del 2006, pues ya se había acumulado el 20 por ciento de multas. Sin embargo recién lo hace en octubre del 2007, diez meses después y después de nuestra denuncia. El proceso que por este proyecto se lleva adelante en Sucre, ha sido 'volteado' por el Gobierno: de una denuncia por incumplimiento de contrato al consorcio contratista el Fiscal lo tornó de contrato lesivo al Estado contra mi persona, una más de las insensateces en la persecución judicial de la que soy objeto. Lo notable es que este trato preferencial para la contratista Alfa – Sudamericana coincide con el pago de un millón de dólares que los e-mails muestran que hizo Sudamericana para el proyecto Aguaíces – Colonia Piraí. El negociado de Potosí – Uyuní lo denuncié desde mi prisión en San Pedro. Por ello Patricia Ballivián tuvo que asumir el 'error', cuando no hubo otra salida que derogar el decreto de adjudicación. En el tema Ancaravi – Turco, lo único que conozco es lo revelado por los e-mails, pues no corresponde a mi gestión.
EN.- En las aclaraciones que ha realizado, Patricia Ballivián deriva los problemas de varios casos polémicos a acuerdos o gestiones de la administración Bakovic. Ella cita, por ejemplo, el tema Potosí –Uyuni y los contratos con ICA ¿Qué de cierto o tendencioso hay en ello?
JMB.- La preparación de proyecto Potosí – Uyuni, incluyendo su estudio, hecha durante mi gestión, no puede confundirse con la adjudicación directa, efectuada en la gestión Ballivián. Ésta fue realizada por el Gobierno mediante decreto, y anunciada en internet a los dos días de la asunción al mando de Morales. En el caso ICA no se debe confundir la firma de los contratos, hecha en mi gestión, con la coima cobrada en la gestión de Ballivián por el ajuste en el precio del asfalto.
EN.- En ese lado polémico, ABC y sus ejecutivas enfrentan también problemas como el túnel de Alarache o el retorno de la Queiroz al proyecto Potosí – Tarija. ¿Qué opinión le merecen dichos procesos? ¿Cuánto afectan a la que fue su administración?
JMB.- Después de dos años y medio de persecución judicial contra mi persona por mis sucesoras, doña Patricia Ballivián y doña Marleny Téllez, el agua ya busca su curso. También se va decantando de la turbulencia del inicio. Ahora ambas ya se hallan incriminadas en el Túnel Alarache y pronto lo estarán en la carretera Potosí – Tarija, por una simple razón: los problemas son de su gestión. El Túnel de Alarache colapsó por falta de mantenimiento. Esto porque no se tomó ninguna acción después de la primera llamada de atención, en marzo del 2006, hasta que colapsó, en enero 2007. Todo aquello sucedió dentro de la gestión Ballivián. En cuanto a Potosí–Tarija, nuestra gestión dejó el proyecto con un avance de 35 por ciento, contra un programado de 25 por ciento (40 por ciento por encima), sin ningún problema en la ejecución. Al contrario, el Ministerio de Hacienda nos pedía no acelerar tanto pues le causábamos problemas presupuestarios. Los problemas se presentaron en la gestión de ABC, por permitir mala ejecución en 93 kilómetros de carretera y por resolver el contrato liberando a la empresa de sus obligaciones contractuales. El decreto para la reconducción del contrato original es la mejor prueba que el contrato original fue bueno. Con ese acuerdo logramos mejor calidad (pavimento rígido en vez de flexible), 80 kilómetros adicionales (hasta Cotagaita) y menor precio por kilómetro (470 dólares frente 533). Además, la obra ya era por precio fijo o llave en mano, según estableció la cláusula tercera del contrato.
EN.- ABC presenta en spots y separatas los resultados de la actual gestión como casos récord, avances superiores a los realizados en 40 años, etc. ¿Qué tan reales considera que son esas evaluaciones?
JMB.- Debo agradecer que se reconozca que el tal récord es por los últimos cinco años, es decir, dos de ABC y tres del SNC Institucionalizado. Lo que muestran esos spots y separatas es la gran gestión que se hizo durante la institucionalización y que lo bueno que todavía hace ABC son saldos de los proyectos en ejecución que le dejamos. Debe notarse las pocas obras que han iniciado y el bajo nivel de inversión y ejecución presupuestaria. ABC se encuentra cosechando lo sembrado por el SNC Institucionalizado, la pena es que no está sembrando para el futuro.
EN.- También, y especialmente, la actual administración hace gala del certificado ISO, ¿no es acaso un importante aval respaldado internacionalmente?
JMB.- Es otro fruto cosechado por ABC del SNC Institucionalizado. Nosotros dejamos casi concluido el proceso para la certificación ISO, que sí es un mérito a reconocer. Lo que vemos es que dicha certificación no evita el alto grado de corrupción nuevamente entronizado en Caminos.
EN.- Ballivián y Téllez arguyen, para casos tan polémicos como Sudamericana e ICA, que mientras una empresa tenga la solvencia fiscal, aunque cargue graves antecedentes, puede seguir ganando licitaciones. ¿Es eso real y tan irremediable?
JMB.- Es real pero remediable. Sensiblemente, según la normas bolivianas, mientras una empresa presente certificados de impuestos y de la Contraloría, y no tenga sentencia ejecutoriada, no se puede impedir su participación en licitaciones. Es remediable en sentido de las acciones que se pueden tomar contra ellas; por ejemplo, tanto en los casos de Sudamericana como de ICA se debe enjuiciarlas por los montos pagados como coimas que muestran los e-mails de la corrupción, así como a los receptores de dichos pagos.
EN.- En otras gestiones normalmente se ha identificado a empresas o consorcios especialmente favorecidos, ¿cree que hay algún caso en especial ahora, por ejemplo con OAS?
JMB.- El favoritismo hacia OAS por parte de este Gobierno es evidente, está a vista de los ojos, no hay que ser adivino para ello. Se le adjudicó el proyecto Potosí – Uyuni que, a propósito, anda sumamente atrasado en su ejecución. Acaba de adjudicarse a OAS el proyecto Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, con un sobrecosto de por lo menos 100 por ciento en relación al presupuesto elevado que se tenía. Ha hecho una oferta para la doble vía La Paz – Oruro también 100 por ciento por encima del precio de referencia. Se dice que se le adjudicará hasta 1.000 millones de dólares por obras en el futuro cercano. Todo ello aparentemente en pago por el financiamiento de la campaña del 2005, que denunció Siglo XXI, pero seguro que hay para varias campañas con semejantes sobrecostos.
Este esquema de favoritismo del MAS con OAS recuerda a la relación de Andrade Gutiérrez con el MNR y de Queiroz Galvao con el MIR. También hubo un viaje de Patricia Ballivián al Brasil en marzo del presente año. Esa visita recuerda los viajes que realizaban los ministros de los partidos nombrados a dicho país. Luego de esas negociaciones traían el 'paquete cerrado' para luego ser aprobado por el Legislativo y el Ejecutivo. El apoyo regional venía de yapa, pues nadie quiere oponerse a proyectos deseados por todos y por toda la vida. El problema es el sobrecosto que paga el país. En la lucha contra estas empresas que me tocó realizar en mi gestión, enfrenté los 'paquetes cerrados', con rebaja de los montos en exceso y cierre de contrato 'llave en mano' para así evitar incrementos futuros de precio y plazo. Les decía a las empresas brasileñas que queríamos 'empreiteros' y no 'bandeirantes'. Les explicaba que no es justo que nos cobren caro por las carreteras y paguen barato por el gas. Así se lograron los contratos de Potosí-Tarija, Puente Gumucio, Roboré–El Carmen y El Carmen–Arroyo Concepción, que son muestras de eficacia contractual.
EN.- A principios de este Gobierno, usted fue señalado, acusado y hasta detenido y luego se le plantearon decenas de procesos, ¿en qué ha quedado esa ofensiva? ¿Qué tan justificada y formal ha sido?
JMB.- La ofensiva sigue y es cada vez más sañuda. Ya no saben de qué acusarme. El Ministerio de la Presidencia y mis sucesoras de ABC, directamente o a través del SNC en Liquidación, han tenido injerencia descarada en el Ministerio Público para mis detenciones en La Paz y en Tarija. También actuaron para promover procesos sin sentido. Todo con el afán de mostrarme como emblema de su supuesta lucha contra la corrupción, pero solo fue cortina de humo para tapar sus grandes negociados. Mi gestión en el SNC Institucionalizado les molesta pues fue eficiente y con un grado de transparencia jamás visto. 'No hay peor obstáculo para la corrupción que un hombre honesto y honrado'.
También molesta mi gestión porque se desarrolló en cuatro gobiernos tradicionales, durante años de gran convulsión social y política. Además, soy desechable: no tengo partido político, logia, ni gremio que me apoyen.
EN.- Ballivián, Téllez y Arauz fueron parte del SNC que usted administró, ¿cómo era su relación con ellos? ¿A qué atribuye la guerra legal que luego le plantearon?
JMB.- Los colegas que me han honrado con su compañía durante toda mi carrera profesional siempre se han considerado con orgullo parte del 'equipo Bakovic'. Ello desde San Simón, San Francisco Javier, ENDE, Banco Mundial y hasta en el SNC Institucionalizado. No sucedió así con Ballivián, Téllez y Arauz que nunca se identificaron con el 'equipo' de gerentes, funcionarios y obreros de Caminos. Nunca esperé, sin embargo, que esa relación fría les llevara al grado de deslealtad al que llegaron. La única explicación que tiene la guerra legal y la consecuente persecución judicial a la que me someten es la ambición de asumir los cargos que lograron. Ballivián sólo tenía un año de graduada cuando asumió la cabeza de la empresa estatal con mayor inversión en el país. Téllez fue admitida en el equipo de abogados cuando no encontraba otro lugar de empleo, y es con esa persecución judicial que me paga. Dudo que ninguna otra entidad la considere para Gerente Jurídica. De Arauz puedo decir poco pues fue siempre protegido de Ballivián. En sus artículos usted ha señalado la relaciones de los tres con partidos políticos tradicionales y su reacomodo con los partidos emergentes, muestra clara de una ambición desmedida de alcanzar el poder.
EN.- ¿Qué cosas positivas halla en la actual ABC?
JMB.- Que si para lograr sus cargos mis sucesoras entregaron mi cabeza, en bandeja de oro, ambas ahora gozan de un fuerte apoyo. Un apoyo que han logrado por su estrecha vinculación con el Presidente y el ministro Héctor Arce, encargado de todos mis procesos. Por supuesto que esta es una relación que no la tuve con ninguno de los gobernantes con los que me tocó servir. Más de uno de ellos me puso de Ministro de área a un contratista con claro conflicto de intereses y con el que tenía que enfrentarme continuamente. También hallo positiva la gran campaña mediática para mostrar una imagen positiva de ABC, para lo cual se necesitan grandes recursos financieros de los cuales yo nunca pude disponer. Y si los hubiera tenido, los hubiera utilizado para mantener carreteras, pues no tenía ningún objetivo político-partidista. Estas cosas positivas, sin embargo, ocultan un alto grado de ineficiencia. Pues ABC ha invertido 400 millones de dólares menos que los que hubiera invertido el SNC institucionalizado. Asimismo también cuenta el alto grado de corrupción que tiene, como muestra lo relatado en los e-mails y el trato preferente a OAS, entre otras evidencias, como la adjudicación directa del proyecto de rehabilitación Santa Cruz-Cochabamba por alrededor de 40 millones de dólares.
domingo, 3 de agosto de 2008
humberto vacaflor fiel a su campaña contra la droga (léase cocaína) nos ofrece datos reveladores
la cocaína va ganando terreno. evo cultiva coca para el narcotráfico?
Si esto fuera un partido de fútbol, se podría decir que en el curso del último mes el narcotráfico se puso en ventaja sobre la Bolivia legal por 2 a cero.
El primer gol fue la expulsión de Usaid del Chapare y el segundo fue la decisión del Gobierno argentino de virtualmente legalizar el consumo de drogas.
Con la salida de la DEA del Chapare, esa región se consolida como un territorio liberado, similar a la zona del Caguán de Colombia y a la de VREA en Perú.
La región colombiana liberada para la droga está controlada por las FARC y la región peruana por Sendero Luminoso.
Otro triunfo tuvo la coca sobre la economía legal boliviana en estos días. El presidente Evo Morales anunció que si dejara de serlo, volvería a su “cato” de coca del Chapare. Después de haber dicho esa frase, fue reelecto para el cargo de dirigente de las seis federaciones de cocaleros por novena vez. La coca ilegal que se cultiva en el Chapare sigue teniendo la lealtad del Presidente de la República.
Las estadísticas dicen que sólo el 1,8% de la coca del Chapare es usada para el consumo tradicional, el “acullico”. Sería muy bueno comprobar que el cato de coca de S.E. estuviera comprendido en ese pequeño margen, porque de lo contrario habría que admitir que S.E. produce coca para el narcotráfico.
Mientras el narcotráfico se anota estos triunfos, la economía legal boliviana está sufriendo derrotas. En los dos últimos años el complejo oleaginoso boliviano perdió 100 millones de dólares debido a los problemas que enfrenta por la falta de combustibles, de carreteras y, ahora, como consecuencia del sistema de cupos de exportación aplicado por el Gobierno, también de mercados.
Si se viera este panorama sudamericano como un todo, podríamos decir que la droga ha tenido avances en Bolivia y Argentina pero ha sufrido reveses en Colombia y Perú. La operación Jaque Mate que tuvo lugar en Colombia con el rescate de quince secuestrados por las FARC debilitó al brazo armado del narcotráfico. El Ejército peruano ha cerrado las salidas de los narcotraficantes de Sendero Luminoso a tal punto que ahora casi toda la droga de ese país tiene que salir por Bolivia.
El territorio boliviano es la nueva Meca del narcotráfico, según investigadores peruanos. La firmeza de las políticas del presidente Álvaro Uribe en Colombia y la determinación con que está actuando el Ejército peruano en la región amazónica de ese país han hecho que los muy versátiles narcotraficantes elijan el territorio sudamericano con menos controles. Y ese territorio es ahora Bolivia. (Es notorio que en el tema del narcotráfico se reproducen las alianzas geopolíticas que dividen a los países de la CAN).
Quienes miran todo esto con mayor claridad son los jefes militares colombianos, que vienen combatiendo a los narcotraficantes desde hace varias décadas.
El general Miguel Antonio Caro dijo en los últimos días en una entrevista con la BBC de Londres que en la región existen “narcodemocracias”.
El prestigio del narcotráfico como actividad estable y próspera se acentuó en los últimos meses. Mientras las remesas de los bolivianos que viven en el exterior están cayendo por la crisis internacional, el narcotráfico se mantiene pujante. Es una opción para cada vez más bolivianos.
Si esto fuera un partido de fútbol, se podría decir que en el curso del último mes el narcotráfico se puso en ventaja sobre la Bolivia legal por 2 a cero.
El primer gol fue la expulsión de Usaid del Chapare y el segundo fue la decisión del Gobierno argentino de virtualmente legalizar el consumo de drogas.
Con la salida de la DEA del Chapare, esa región se consolida como un territorio liberado, similar a la zona del Caguán de Colombia y a la de VREA en Perú.
La región colombiana liberada para la droga está controlada por las FARC y la región peruana por Sendero Luminoso.
Otro triunfo tuvo la coca sobre la economía legal boliviana en estos días. El presidente Evo Morales anunció que si dejara de serlo, volvería a su “cato” de coca del Chapare. Después de haber dicho esa frase, fue reelecto para el cargo de dirigente de las seis federaciones de cocaleros por novena vez. La coca ilegal que se cultiva en el Chapare sigue teniendo la lealtad del Presidente de la República.
Las estadísticas dicen que sólo el 1,8% de la coca del Chapare es usada para el consumo tradicional, el “acullico”. Sería muy bueno comprobar que el cato de coca de S.E. estuviera comprendido en ese pequeño margen, porque de lo contrario habría que admitir que S.E. produce coca para el narcotráfico.
Mientras el narcotráfico se anota estos triunfos, la economía legal boliviana está sufriendo derrotas. En los dos últimos años el complejo oleaginoso boliviano perdió 100 millones de dólares debido a los problemas que enfrenta por la falta de combustibles, de carreteras y, ahora, como consecuencia del sistema de cupos de exportación aplicado por el Gobierno, también de mercados.
Si se viera este panorama sudamericano como un todo, podríamos decir que la droga ha tenido avances en Bolivia y Argentina pero ha sufrido reveses en Colombia y Perú. La operación Jaque Mate que tuvo lugar en Colombia con el rescate de quince secuestrados por las FARC debilitó al brazo armado del narcotráfico. El Ejército peruano ha cerrado las salidas de los narcotraficantes de Sendero Luminoso a tal punto que ahora casi toda la droga de ese país tiene que salir por Bolivia.
El territorio boliviano es la nueva Meca del narcotráfico, según investigadores peruanos. La firmeza de las políticas del presidente Álvaro Uribe en Colombia y la determinación con que está actuando el Ejército peruano en la región amazónica de ese país han hecho que los muy versátiles narcotraficantes elijan el territorio sudamericano con menos controles. Y ese territorio es ahora Bolivia. (Es notorio que en el tema del narcotráfico se reproducen las alianzas geopolíticas que dividen a los países de la CAN).
Quienes miran todo esto con mayor claridad son los jefes militares colombianos, que vienen combatiendo a los narcotraficantes desde hace varias décadas.
El general Miguel Antonio Caro dijo en los últimos días en una entrevista con la BBC de Londres que en la región existen “narcodemocracias”.
El prestigio del narcotráfico como actividad estable y próspera se acentuó en los últimos meses. Mientras las remesas de los bolivianos que viven en el exterior están cayendo por la crisis internacional, el narcotráfico se mantiene pujante. Es una opción para cada vez más bolivianos.
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