el importante diario Los Tiempos se ocupa del tema en artículo editorial trascendente:
Alborozados, dirigentes masistas declararon al Chapare "territorio libre de injerencias", en alusión al retiro de funcionarios de USAID, quienes se despidieron y comenzaron a cerrar sus instalaciones en el trópico, como una medida de seguridad ante el ultimátum de los cocaleros para que abandonen la zona. Pese a que el Gobierno asegura que hay ningún rompimiento y que los proyectos en ejecución continuarán hasta su conclusión, aunque no se suscribirán nuevos contratos, dirigentes del sector insisten en que se trata de una expulsión inmediata, "ahora o nunca". Se supone que la "expulsión" incluye al personal estadounidense que coopera a la FELCN en las acciones de interdicción contra el narcotráfico que, hace más dos años, fue reducido, en lo que hace al número de efectivos, en razón a que, en ese entonces, la actividad delictiva disminuyó por la efectiva erradicación de las plantaciones de coca y por una suerte de relajamiento por parte de Washington, al conocerse que la cocaína producida en Bolivia no llegaba masivamente al mercado norteamericano. Con la llegada del MAS al poder, las cosas cambiaron; una permisiva política por mantener el apoyo de los productores hizo que las plantaciones de coca se coloquen muy por encima de las legalmente permitidas, lo que a su vez disparó la fabricación de cocaína. La retirada norteamericana tendrá varios efectos negativos; por un lado, Cochabamba, región de por sí deprimida, verá truncados proyectos que se ejecutan en el Chapare y que estaban iniciando el despegue de la actividad agroindustrial en el trópico. Con sus fallas y errores, el programa de desarrollo alternativo ha tenido resultados positivos, como lo demuestran las exitosas plantaciones de banano, piña o palmito, productos que se exportan. Por el otro, la ausencia de un control efectivo, hará del Chapare el paraíso de la droga, confirmando ante la comunidad internacional, una vez más, que Bolivia es un país de narcotraficantes. La acción de los cocaleros pone en riesgo, además, la aprobación por parte de Washington, de una ampliación de las liberaciones arancelarias (APTDEA) que otorga a Bolivia, precisamente como compensación a los esfuerzos que se comprometió a realizar para combatir el tráfico de drogas. Lo propio puede ocurrir con la Unión Europea que, con justificada alarma, observa cómo gran parte de la cocaína producida en Bolivia es comercializada en las capitales de las 27 naciones que la integran. Sin medir las consecuencias del proceder de los cocaleros, el régimen masista lo apoya abiertamente. Bolivia, el país más pobre de América del Sur, no puede permitirse rechazar la ayuda internacional, venga de donde venga. Invocando "soberanía y dignidad", es el propio Presidente de la República quien alienta estas acciones, afirmando que no se "arrodillará al imperio", argumento por demás trillado y fuera de contexto en un mundo globalizado como en el que vivimos. Ambos, Gobierno y cocaleros, confían en que la ayuda venezolana será suficiente para llenar el vacío que dejaría el inminente retiro norteamericano. La realidad demuestra lo contrario, puesto que el apoyo de Chávez hasta el momento no ha pasado de la entrega de cheques que son distribuidos por Evo Morales en poblaciones rurales del país, sin que exista de por medio una planificación para el empleo de esos fondos; es decir, no existe un proyecto integral y específico de desarrollo para justificar esa repartija. Es mucho lo que está en juego; el recorte o la suspensión de la asistencia estadounidense y la no ampliación del APTDEA, puede afectar a miles de bolivianos que, de un día para otro, se verán privados de sus fuentes de trabajo. Por lo visto, para el régimen masista primero está ese mal entendido concepto "dignidad y soberanía".
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