1. ¿Qué análisis hace del conflicto con los militares de baja graduación?
La inédita insubordinación de suboficiales y sargentos de las FFAA, con marchas masivas en la capital, y otras menores en Santa Cruz de la Sierra parece agudizar la “mala hora” por la que atraviesa el régimen. Su jefe, Evo Morales, secundado por sus conmilitones, fue el primero en violar la institucionalidad castrense al haber impuesto un ajeno “Patria o Muerte” y la wiphala. La degradó como un instrumento más de sus movimientos sociales. Amén de haber violado toda la institucionalidad democrática del país y provocar una ausencia de Estado que se traduce en esta insubordinación militar de suboficiales y sargentos, como en otras instancias socioeconómicas: los cocaleros y los cooperativistas mineros, por ejemplo. Todo el gobierno está encharcado de corrupción, falta de transparencia y subordinación de la justicia al poder Ejecutivo, que apuntan a la descomposición sociopolítica más grave de la historia democrática.
2. ¿Ud cree adecuada la respuesta represiva del Ejecutivo, dando de baja a 715 suboficiales y sargentos, hasta ahora, amenazando y chantajeando a sus esposas en huelga de hambre?
Ante todo, creo que sus demandas son justas, ya que nunca antes fueron escuchadas en los conductos regulares, cuando en realidad son demandas elementales como mejorar sus condiciones de vivienda y permitir oportunidades para acceder a estudios superiores en las tres ramas de las FFAA. ¿En qué afectan esos estudios a la jerarquía y a la superioridad de los mandos superiores? En nada.
Si el conflicto lleva ya más de una semana, demuestra que el Alto Mando ha perdido autoridad, que es el sector privilegiado del régimen con prebendas y canonjías, autoridad que también ha perdido el Ministro Rubén Saavedra, quien firmó los primeros memorandos de despido. Seguir despidiéndolos, y pueden llegar a 1000, siendo ellos quienes están en directo contacto con la tropa, es un acto desesperado que una vez más desnuda la naturaleza represiva del régimen. Es su marca: a quienes no acatan sus órdenes los desprestigia con mentiras y chantajes, los acusa de delincuentes, traición a la patria, neoliberales, y en este caso, hasta han hurgado y dado a conocer a la prensa la vida privada de algunos de ellos. ¡Qué felonía! Y luego los reprime amparado en su poder, que abarca todo el aparato estatal, sumado al de sus movimientos sociales, las FFAA incluidas que tienen el poder militar y de ahí el monopolio del uso de la fuerza.
3. Los sargentos y suboficiales piden hablar con el presidente Morales, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el conflicto. ¿Qué opina?
Como de costumbre, Morales esperará que el conflicto se agudice más, o que se pudra, recuerde Huanuni, Uncía, Caranavi, por citarle algunas, todos con muertes, heridos y contusos. Mi opinión es que cuando se digne escuchar a los sargentos y suboficiales, si los escucha, la tensión habrá subido y no creo que ellos salgan ganando, pero Morales aparecerá como siempre, más allá del bien y del mal. ¿Los restituirá a sus cargos, que es ahora una exigencia más, sobre todo de los Ponchos Rojos afines a Morales, milicia armada aymara más violenta que pacífica, de la provincia andina de Omasuyos, en La Paz? Muchos de sus hijos están entre los dados de baja. No se puede anticipar un desenlace, pero Morales ya cuestionó a los marchistas y huelguistas y pidió “disciplina absoluta” en las FFAA. Mal augurio para ellos.
4. En otro orden, ¿por qué ninguna repartición del Estado acepta iniciar una investigación por las denuncias que involucran al vicepresidente? Algunas personas creen que ellas responden a luchas internas dentro del MAS.
Todo apunta a que el Vice está protegido por una administración de justicia venal, subordinada al poder político, del cual él es una pieza fundamental. Lo mismo que la ministra anticorrupción, el contralor general, los altos mando de las FFAA y la Policía, todo el legislativo y el gobierno en pleno. De ahí la descomposición sociopolítica que atenta contra la cohesión social, la gobernanza, la institucionalidad democrática, en suma, atenta contra el Estado de Derecho. Por eso no prosperará ninguna acción contra García Linera, que se da el lujo de irse a pasear por Europa -‘dizque’ a dar charlas- pero se fue para salir de escenario político y mediático. Para eso sirve la plata del Estado, que la utilizan como su fuera propia. Así tampoco prosperará el anuncio de que Sacha Llorenti pueda ser incluido en el caso Chaparina por la represión a los indígenas a indígenas del Oriente. “Entre bueyes no hay cornadas”, dice el refrán, lo cual no excluye pugnas internas por el poder.
