Bolivia p ide apoyo de Perú para evitar el tráfico aéreo del narcóticos que prolifera de manera alarmante. muchas veces, la casualidad o la fatalidad revelan la seriedad de estos hechos.

Existen al menos 70 pistas clandestinas al servicio de avionetas que transportan narcóticos en el territorio amazónico entre Perú y Bolivia, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

“Es difícil tener el número exacto de pistas clandestinas (…) Por lo menos estamos hablando de unas70 pistas clandestinas que están en distintos puntos”, dijo.

Cáceres resaltó la habilidad de los pilotos de estas avionetas quienes pueden aterrizar la nave en espacios de menos de 1.000 metros. “Deben estudiar todos los días y ser los mejores pilotos, de esta manera se arriesgan”, apuntó.

Bolivia pide ayuda de Perú

Para combatir el tráfico aéreo, el Viceministro recordó que el Ministerio de Gobierno inició gestiones para pedir que los helicópteros y aviones que brindan a ayuda a la policía antinarcóticos peruana, intervengan en la frontera con Bolivia.

“La hermana República del Perú cuenta con el apoyo de helicópteros y aviones de los Estados Unidos y también la Fuerza Aérea de Perú también cuenta con equipos y aviones. Estamos exigiendo al Ministro de Defensa del Perú que todo el apoyo logístico que tienen, en cuanto a helicópteros y aviones, intervenga en la frontera”, declaró Cáceres.

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nebulosa. nada claro sobre los crimenes en APOLO. ni policía, ni ministerio público, ni parlamentarios han podido brindar un informe fidedigno. peruanos, colombianos, balacera entre uniformados? den luces por favor...basta de engaños. dígannos la verdad!

Los asesinatos producidos en la región paceña de Apolo llevan un mes sin esclarecerse, pero como una profecía del dios griego de ese nombre, desde entonces la cuestión cocalera se ha enrarecido en el país. Una misión del Parlamento ha ido hasta aquella distante localidad  y las observaciones que han hecho sus miembros no permitieron elaborar un informe más o menos coherente. De esa manera quedó consolidada la duda sobre lo que pasó en esa región de cocales tradicionales, junto a la sospecha de que estamos ante otro caso sobre el cual no habrá un esclarecimiento cabal.

Queda sin confirmarse, o negarse, la versión de los lugareños según la cual todo se trató de un enfrentamiento entre grupos de oficiales armados, que se complica con las versiones sobre la presencia de grupos de ciudadanos peruanos armados y de los que no se tiene rastro alguno. El tema fue eclipsado por el furor que ha tenido la actividad del narcotráfico, la exigencia de los obispos de que se encare esa realidad con responsabilidad y la divulgación del informe sobre la coca por parte del Gobierno nacional. Y después del informe, la advertencia que hizo la Unión Europea al Gobierno: la exportación de hoja de coca no puede ser incorporada a la ley, pues se trata de una actividad prohibida expresamente por la Convención de Viena de 1961.

Los obispos argentinos también aludieron al tema del narcotráfico en un documento muy preciso, de apenas una carilla, en el que demandan una política clara sobre el tema. Argentina es el destino de miles de toneladas de hoja de coca que salen de Bolivia por las fronteras de Yacuiba, Bermejo y Villazón, donde hay puestos de control que son burlados por los exportadores bolivianos y los importadores argentinos, según testimonios difundidos por el canal 13 de Argentina en el programa Periodismo para todos.

Los cocaleros de Yungas y Chapare están ahora inquietos. No quieren aceptar que los cultivos legales se reduzcan a 14.705 hectáreas, como dice el referido informe. El Gobierno del presidente Evo Morales, el líder histórico de los cocaleros, enfrenta un momento crítico en la política de la coca, que podría desencadenar situaciones de inestabilidad para la propia democracia, como ocurrió hace diez años. La tensión llega cuando algunos maestros, que denunciaron la presencia de narcotraficantes cerca de escuelas donde la droga se ha introducido y es consumida por los estudiantes, son amenazados por las mafias

el informe sobre la coca, destapó varias verdades, una la que señala Humberto Vacaflor "Bolivia debe seguir exportando coca a los vecinos", la UE dijo "qué? no sabe Evo que está prohibida la exportación de la coca?". las varias aristas del tema.

Quizá fue por ingenuidad, o por descuido, pero el gobierno se ha puesto en una situación incómoda cuando anunció que Bolivia debe seguir exportando coca a los países vecinos.

Estaba empeñado en hacer una suma que dé como resultado 20.000 hectáreas y optó por decir que si se necesitan 14.705 para el consumo interno, habría que sumar las que se requiere para exportar en forma de hoja.

Todos estaban contentos, pues el objetivo de la cota 20.000 había sido alcanzado. Pero la Unión Europea reaccionó de inmediato y recordó que la convención de 1961 prohíbe la exportación de coca.

De esa manera quedó en evidencia que el gobierno estaba contabilizando las exportaciones de coca, ilegales, para elaborar la nueva ley de la coca. Una ley que iba a descansar en una actividad ilegal.

Si se eliminara la coca de exportación, como lo dispone la o­nU, el área cultivada con coca debería disminuir de las actuales 31.000 hectáreas a solamente 14.705.

Los cocaleros de Yungas y Chapare se están mostrando los dientes, en preparación de una guerra cocalera que podría afectar a la democracia, como ocurrió en la anterior guerra, de 2003.

Argentina se había convertido en el segundo país sudamericano que, sin producir coca, es exportador de cocaína. El otro país es Venezuela, que ha convertido el río Orinoco en la principal salida de la droga hacia el Caribe y Europa.

Si se cumpliera la convención de la o­nU, Argentina debería dejar de recibir coca de Bolivia para las fábricas que funcionan hasta en lugares tan australes como Chubut.

Con el documento que acaban de aprobar los obispos argentinos sobre el peligro del narcotráfico, es probable que incluso el gobierno de la señora Kirchner se proponga frenar el ingreso de la coca boliviana.

En el caso de Venezuela, no es la hoja de coca lo que recibe de Bolivia, sino la pasta base (esa que, según dijo Hugo Chávez, él consumía como una cortesía de Evo Morales) pero también está prohibida por la o­nU.

El gobierno nacional tiene ahora que hablar en serio sobre la coca. Las cifras inventadas en reuniones de cocaleros no satisfacen a nadie.

Los bolivianos no quieren ser una república de la cocaína, una narco-democracia, pero tampoco quieren ser una república cocalera. Quieren respuestas serias ante el peor flagelo que castiga al país desde 1825.

la crónica que sigue tiene contradicciones. termina el lector confundido por la desinformación. lo cierto es que el estudio no es completo y que las cifras sobre la coca resultan engañosas.

IVÁN PAREDES TAMAYO  - ivan.paredes@eldeber.com.bo

Finalizaba el 2010 y los resultados del estudio integral de la hoja de coca ya estaban listos para ser publicados. Sin embargo, hubo una decisión política de realizar ocho estudios más. La razón era corregir un error metodológico: solo se había consultado las variables en hogares bolivianos —se encuestó cerca a 11.000 viviendas— y no se había trabajado el informe en las actividades económicas, es decir, en las fuentes de trabajo de los consumidores de la hoja verde.  

El coordinador del estudio de consumo de la hoja de coca, Marco Ayala, detalló ayer que ese error, cometido en la primera etapa del informe, obligó a realizar ocho estudios más, los que  concluyeron que el consumo legal de la hoja requiere de 14.705 hectáreas de coca, de las 25.300 existentes en Bolivia.    

“Una cosa es hacer observaciones en hogares, que fue lo que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE), y otra cosa es hacerlo en la actividad económica ingresando a centro mineros, a campamentos, o ir a buscar a transportistas a las terminales”, recalcó Ayala en rueda de prensa. 

El Gobierno detectó el error

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se contrató al experto peruano Ricardo Soberón para que valore la primera etapa del estudio y fue él —junto a otros expertos colombianos— quien dijo que había “deficiencias metodológicas”. La recomendación era aplicar otros informes para contemplar a todo el universo que había que indagar. 

El experto en encuestas estadísticas Daniel Moreno señaló que era necesario hacer otros informes, ya que en primera instancia no se había llegado a sectores clave que consumen la coca, como los transportistas o los mineros. “El universo no estaba completado, y en este tipo de estudios es necesario llegar a todos”, resaltó. 

Al respecto, el director del INE, Luis Pereira, explicó que el contrato que se firmó con la entidad de estadísticas era llegar solamente a hogares, y no a las actividades económicas. 

“Se contrató al INE para que haga la fase operativa, con un tamaño de muestra e instrumentos de investigación definidos por el contratista (el Gobierno)”, argumentó Pereira. 

Sobre la aplicación del estudio, Ayala informó de que hasta el 2020 se publicará —cada año— una actualización de los informes, es decir, cada gestión se verificará si aumentan o no los consumidores de coca. 

“Tendremos la capacidad de sacar estos informes todos los años, hasta que la línea de base se desgaste (el 2020), y ahí se volverá a hacer un estudio grande”, destacó Ayala. 

Los sectores deben evaluar la encuesta

 Los sectores sociales tienen un peso político en las decisiones del Gobierno. En el caso del estudio de consumo de la hoja de coca, ese poder de decisión no es ajeno. El vicepresidente de la Cámara Baja, Lucio Marca, sugirió que sean los movimientos afines al MAS quienes evalúen el informe, el que determinó que se requieren 14.705 hectáreas para el consumo de la hoja. 

“(Este informe) todavía será motivo y objeto de evaluación permanente (...) Debe ser evaluado permanentemente por los sectores sociales, porque en el estudio existen buenos parámetros”, señaló. 

El senador masista y dirigente cocalero Julio Salazar no está de acuerdo con la cifra de hectáreas que lanzó el estudio. “Creemos que lo necesario son 20.000 (hectáreas”, remató. 

Para saber

3 de cada 10 mastican cocaSegún datos del Estudio Integral de la Demanda de Hoja de Coca, tres de cada diez bolivianos acullica (mastica) la hoja. 

La cifra globalLos resultados establecen que la población estimada de consumidores para el año 2012 es de 3.082.464; el año 2006 los consumidores eran 2.678.524.

Desglose del uso1.125.483 personas mastican coca, 961.349 utiliza para usos medicinales, 30.006 para usos rituales, 14.484 en acontecimientos y 28.709 en otros usos.

Porcentaje totalLas cifras del consumo tradicional representan el 37% de la población que consume la hoja de coca masticándola. 

la protesta es unánime entre los vecinos

NO EXPORTAR COCA

TENDRÍAN QUE EXTRAERLE sus ALCALOIDES.

ADVERTENCIA DE LA ONU A EMA Y AL CANCILLER

La ONU prohíbe la exportación de coca en estado natural, sin que se extraigan los alcaloides que se usan para fabricar cocaína, afirmó este viernes el embajador de la Unión Europea en La Paz, al comentar el deseo boliviano de comercializar la hoja.

El embajador Timothy Torlot dijo durante una reunión con la prensa extranjera en La Paz que "toda la conversación sobre exportación es muy interesante, pero es ilegal dentro de la Convención" de Viena a la que Bolivia retornó a principios de año, tras denunciar el tratado que ponía plazos para vetar el mascado de coca.

"La Convención sobre drogas de 1961 prohíbe la exportación de la hoja de coca, excepto bajo circunstancias muy específicas: extraer todos los alcaloides, que es un proceso bastante complicado", afirmó Torlot.

La coca, una milenaria planta que se siembra en los Andes de Sudamérica, tiene alcaloides, como la ecgonina y la cocaína misma, que se usan para fabricar droga, mediante maceración y mezcla con químicos.

Su uso en mascado, infusión y rituales religiosos es legal en Bolivia, país que, bajo el gobierno de Evo Morales, líder de los cocaleros, pretende exportar la hoja de coca a otros países, principalmente a miembros de la alianza ALBA.

Con esa idea, Bolivia y Ecuador ya comenzaron a discutir la comercialización de coca boliviana, según informes de la cancillería de La Paz.

El plantío contiene -según estudios que maneja el gobierno boliviano- otros componentes, como vitaminas, que se usan desde tiempos ancestrales con fines medicinales y mitigantes del hambre.

Un estudio difundido esta semana por el gobierno boliviano -realizado con financiamiento de la UE- reveló que tres de cada diez bolivianos, de una población de 10 millones de habitantes, usa o consume coca con fines legales.

El informe determina que para atender el consumo interno serían necesarias 14.700 hectáreas de plantaciones de coca en Bolivia.

Pero según las Naciones Unidas, en Bolivia existen actualmente unas 25.300 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, lo que refleja un gran número de cultivos ilegales que se considera se destinan al narcotráfico.

El ministro boliviano de Interior (Gobierno), Carlos Romero, informó este viernes por separado en conferencia de prensa que Bolivia espera reducir sus cultivos de coca (de 25.300 a 14.700) en tres años.

"Manteniendo una tasa (anual) de reducción neta de 3 mil hectáreas, tendríamos que alcanzarla (la meta de las 14.700 has) en algo más de tres años", indicó Romero.

Bolivia es actualmente el tercer productor mundial de hoja de coca y su derivado de cocaína, detrás de Perú y Colombia, según cifras de la ONU.

aunque el texto completo de Manfredo Kemppf está publicado en nuestro blog Bolivia Hacia la Dictadura Evista, reproducimos aquí el segmento relacionado con el Informe sobre la coca partiendo del misterio, del secreto, de lo arcano en que Bolivia se ha convertido.

"que todo es un misterio en Bolivia. Todo está oculto, es secreto, arcano. Pero, además, se ha impuesto el arte del disimulo que es tan cercano a lo oculto. Disfrazar y fingir, enmarañar las cosas es una de las aptitudes naturales que tienen los actuales gobernantes. Lo hacen con maestría. Simulan no entender lo que se les pregunta o responden de forma tan enredada que nada se les comprende. Contestan como si fuera una traducción literal del chino al castellano y por supuesto todo resulta absurdo. No hay que insistir en la misma pregunta porque se corre el riesgo de que se enfurezcan o se ofendan. Lo hemos visto en el propio Palacio de Gobierno. Piensan que el  blanquiñoso está tratando de humillarlos, de segregarlos, que es un racista provocador.

El dichoso Estudio sobre la demanda de la coca en Bolivia pagado por el Unión Europea (UE) es algo novelesco. Tres años ha estado escondido en un cajón (o caja fuerte) ante unos personajes con cara de palo que negaban hacerlo público. Los mismos europeos empezaron a exigir que el documento apareciera porque para algo se había gastado tiempo y dinero. Sin embargo, el Gobierno se guardó los secretos que contenía el trabajo y comenzó el disimulo y la jugarreta. Mes a mes se fue postergando la entrega de los resultados, tal como sucedió con el censo. 

¿Cuánta coca se debe plantar en Bolivia? ¿Cuántos bolivianos consumen la hoja? ¿Cuánta coca se va al mercado ilegal, es decir al narcotráfico? ¿Son suficientes las 12 mil hectáreas como dice la ley 1008? ¿Son suficientes 20 mil o 30 mil? ¿Qué dice el Estudio por último? Ahí empieza a funcionar el leguaje doble, triple, cuádruple. Empiezan a hablar los maestros del embuste y del enredo. En primer lugar, dicen que el Estudio no es “vinculante”, que no es de aplicación obligatoria por el Estado. Luego que se trata sólo de una “referencia”, casi una vaguedad. Que es “un trabajo técnico” que se podrá mejorar o dejarlo así. Dicen que podría servir “de base” si se redacta una nueva ley de la coca. Y finalmente afirman que el Estudio es “incompleto” y que se debe concluir para “socializarlo”. ¿En qué queda entonces el referido trabajo?

La UE está en la obligación de decirnos cuál es el resultado de su Estudio. Tiene que avisar si no ha sido “maquillado” como fue la Constitución.  Si es suficiente la coca cultivada o si hay que cultivar más como desean los cocaleros. Esta es una cuestión moral que no se puede pasar por alto. Están obligados a descifrar al pueblo lo que nuestros palaciegos enredan. Sin eso, el apoyo de la UE habrá sido inútil y el Gobierno les habrá tomado el pelo".

reclama reaccionar con firmeza El Deber ante el tema de la cocaína que ha remontado el campo y se ha introducido en ciudades de Bolivia y Argentina donde las leyes son muy débiles que permiten el tráfico especialmente con Bolivia a través de unas fronteras insuficientesmente controladas.

El narcotráfico sacude a Argentina por estas horas. La inseguridad y la violencia asociadas a este negocio ilícito han llamado la atención de las organizaciones de la sociedad civil que observan impávidas cómo el vecino país se ha transformado, al mismo tiempo, en un puente, un consumidor y un productor de drogas duras con efectos sociales, políticos y económicos devastadores.

 El flagelo de la cocaína y otros estupefacientes como la marihuana, el crac y el denominado ‘paco’ (restos de la pasta base procesada) han puesto a Argentina al borde del escenario delictivo que México y Colombia enfrentan desde hace décadas. Los datos son incontrastables. Un informe elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo vinculado a las Naciones Unidas, señala que, después de Brasil y Colombia, Argentina es el tercer puerto más importante para la embarcación de cocaína del mundo. La mayor parte de la cocaína proviene de Bolivia, Perú y Colombia, principales productores del estupefaciente.

Según la ONU, en América del Sur se fabrican entre 800 y 1.000 toneladas de cocaína al año; una gran parte se distribuye al mundo desde Argentina, país al que llega a través de sus permeables fronteras del norte, donde los controles policiales son, por decir lo menos, ridículos. Países con controles estatales débiles, corrupción extendida, sectores sociales tomados por las redes del narcotráfico y sociedades permisivas con el negocio de las drogas son parte del caldo de cultivo para la expansión de este negocio.

Las conferencias episcopales de ambos países han levantado la voz de alarma al mismo tiempo frente a este flagelo que azota a Argentina y Bolivia. Destacan los obispos católicos la complicidad de las fuerzas de seguridad, los funcionarios de la justicia y los políticos que están asociados o, al menos, hacen la vista gorda frente a las mafias que manejan el narcotráfico. Jugosas ganancias se distribuyen en los pasillos oscuros del tráfico de drogas a cambio de poner a una sociedad bajo la ley de la violencia y la destrucción de los jóvenes que terminan como consumidores de sustancias que destruyen sus cerebros, despedazan sus proyectos de vida y fragmentan sus familias de forma irremediable.

La violencia asociada al narcotráfico está tomando nuestras ciudades. Ojalá este sea uno de los temas centrales del debate electoral que se ha iniciado con penosas metidas de pata. La sociedad debe reaccionar con firmeza, de ello depende el futuro de nuestros hijos