"los excedentes van nomás a la cocaína llegando a límites muy peligrosos" afirma LTD cuando se refiere al informe sobre la coca que no debe tardar.

La Ley 1008, de la década de los 80, dispone que los cultivos legales de coca no excedan las 12.000 hectáreas.  Por ello, desde entonces se procedió a la destrucción de los cultivos excedentarios en un escenario de conflicto y elevados grados de violencia.

La resistencia a esa disposición y a la erradicación generó dos tipos de percepciones: una, el convencimiento de que los excedentes están destinados a la producción de cocaína y sus derivados, la otra, que la erradicación responde a una estrategia imperialista para someter a los productores de coca. En ese escenario, el movimiento cocalero del país ha  trabajado con contundente éxito, pues ha logrado aumentar la extensión permitida de áreas de cultivo sin modificar la ley y ha creado un instrumento político y ha obtenido una contundente victoria electoral en 2005 bajo la dirección de su líder y actual presidente del Estado.

Pero, los excedentes de coca van nomás a la elaboración de cocaína y sus derivados, llegando a límites muy peligrosos por sus implicaciones internas y externas, por lo que el mismo gobierno considera necesario reducir cultivos y, sobre todo, controlar el destino del producto. Así, aceptó una ayuda de la Unión Europea para realizar un estudio independiente sobre consumo tradicional de coca, cuyos resultados, durante dos años, el gobierno ha eludido difundir.

Pero, ahora parece que será imposible que lo siga haciendo... y, de acuerdo a los trascendidos, el consumo tradicional sería satisfecho con la producción de áreas bastante menores incluso a la extensión permitida por la Ley 1008.

Esto implica que ha llegado la hora del sinceramiento y de elaborar una nueva estrategia con seriedad y visión de futuro.

los fiscales tienen nombres de los presuntos autores de las muertes. son dos Juan Bascopé y Miguel Piluy bolivianos. recordemos que los heridos han sido 30 y 4 muertos, y sólo identifican a dos, no puede ser, no hay lógica aquí en Apolo actuaron muchos y las afirmaciones de Evo, de Romero, del Jefe Policial de tratarse de "peruanos, colombianos" caen por el saco roto. es que nos dicen cualquier cosa. cambian la versión siempre.

La comisión de fiscales que investiga el ataque armado a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Apolo el 19 de octubre, emitió ayer mandamientos de aprehensión para al menos seis productores de coca de esa localidad, entre ellos dos autoridades regionales, quienes se encontrarían prófugos.

“Para fines de investigación la comisión de fiscales ordenó la aprehensión de seis personas, de las cuales dos son autoridades de la región”, confirmó el fiscal Leopoldo Ramos.

Ramos ratificó que los prófugos y buscados por la Policía Boliviana fueron sindicados por otros implicados en la emboscada, quienes se encuentran con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya.

“Es posible, los que victimaron en la comunidad de Miraflores serían bolivianos entrenadas por Sendero Luminoso, porque esa gente nunca dispara en el brazo o el pecho, sino en la cabeza y ocultan su identidad, por eso usan pasamontañas”, dijo el Fiscal.

Detalló que por la forma como fueron torturados y asesinados el suboficial inicial de la Armada Boliviana, Willy Yujra Mamani y el médico que brindaba asistencia humanitaria, no sólo a la FTC sino a la comunidad, Michael Olivares Porrez, de rodillas y con disparos en la frente y el rostro, se trata de una ejecución.

“Estas personas están identificadas y se trata de los bolivianos Juan Bascopé y Miguel Piluy, quienes emplearon las armas de fuego para victimar”, precisó.

Entre las pruebas que maneja la comisión de fiscales están los audios de Radio Madidi, donde esos dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca ilegal, ‘que por supuesto está destinada a las actividades ilícitas”, dijo.

Sendero Luminoso

El canciller David Choquehuanca manifestó ayer que su despacho no tiene información oficial de su similar de Perú o de otra instancia sobre la presencia del grupo Sendero Luminoso en Apolo o inmediaciones en la provincia Franz Tamayo.

“No he escuchado al Fiscal que afirme tajantemente que ellos (integrantes de Sendero Luminoso) estarían entrenando a los colombianos (narcotraficantes). Pienso que la misma Fiscalía está en proceso de investigación, es la Fiscalía la que nos tiene que hacer llegar oficialmente un reporte, nosotros somos el conducto regular”, dijo.

Harold Olmos se refiere al famoso estudio que está siendo reclamado por la Unión Europea desde hace tres años. estudio que ojalá revele la verdad sobre la coca. cuánta es necesaria para el acullico? y el resto? tendrá que ser erradicado sin vuelta de hoja, para empezar toda la del Chapare. Esta es la madre del cordero!

Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre  la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo,  toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser sustituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o rencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable. 

El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años, que ha llevado a una alianza con Estados Unidos para evitar que el Estado sucumbiera al poder de los cárteles. Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales.

A la hora de la verdad, el Gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que supuestamente suman las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo con otros informes, y casi el doble, de acuerdo con datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína.


El Gobierno Plurinacional está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.  El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo,  donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales, pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser solo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.

la cocaína es un producto que está envenenando las relaciones de Bolivia en lo interno y en lo externo. lo de Apolo es otra muestra más del estrecho nexo entre cocaleros y narcotraficantes. Carlos Mesa en LTD

El sangriento episodio vivido en Apolo revela la verdadera naturaleza del problema de la coca en el país. La muerte de cuatro personas y las heridas de 32, casi todos servidores públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta, es parte de un drama que arrastramos desde hace casi medio siglo.

En Apolo lo que quedó claro es el estrecho nexo entre productores de coca y narcotraficantes. Relación que es imposible de romper por la simple y sencilla razón de que una parte mayoritaria de la coca producida se transforma en droga. ¿Una excepción? No, una constante que es perfectamente aplicable a las otras zonas productoras del país.

Todos sabemos, empezando por el Poder Ejecutivo, que la parte del león de la producción de la hoja se la lleva el narcotráfico para convertirla en cocaína en sus diversas formas. Hasta hoy no ha sido posible contar con un estudio objetivo, independiente y de buena fe, sobre los requerimientos reales que tiene Bolivia para el consumo tradicional y la producción industrial existente.  En el pasado los dirigentes cocaleros boicotearon los esfuerzos de varios Gobiernos por llevar adelante ese estudio. Hoy, desde el Gobierno, no han mostrado excesivo entusiasmo en que ese trabajo imprescindible se haga. Vivir en la oscuridad y la incertidumbre ha sido una receta que los cocaleros aplauden, porque de ese modo mantienen una cortina de humo sobre las cifras reales que requerimos para nuestro consumo legal.

A esto se ha sumado un discurso ya insostenible sobre el carácter ritual y sagrado de la hoja, otra coartada perfecta para que productores y traficantes vivan en el mismo mundo de intocabilidad. Pero más temprano que tarde los hechos se desnudan en su esencia. El control de áreas geográficas, la discrecionalidad de cultivos, la libre circulación de narcos en las áreas de cultivo y la casi total impunidad de los verdaderos dueños del negocio, son algunas de sus características.

El Gobierno del presidente Morales no puede sostener por más tiempo una situación que comienza a estallarle en la cara. Las autoridades han usado para el caso de Apolo exactamente los mismos argumentos de varios Gobiernos democráticos: “Tengo información de que son extranjeros que están usando a dirigentes… se comenta que hay colombianos y peruanos” ha dicho la primera autoridad del país. En 2003, el Gobierno del presidente Sánchez de Lozada dijo exactamente lo mismo cuando se detuvo en el Chapare al colombiano “Pacho” Cortez. Entonces, el hoy Presidente y su partido defendieron a Cortez a capa y espada.

¿Por qué debiéramos suponer que la situación en Yungas o Chapare es distinta de la de Apolo? ¿O es que la totalidad de la producción en ambas zonas va al consumo tradicional? ¿No es un hecho demostrado que autoridades gubernamentales permitieron o hicieron ellos mismos desvíos importantes de hoja de los mercados legales? ¿Mediante qué mecanismos y qué relaciones se entrega la producción excedentaria en estas zonas a los criminales que la convierten en cocaína? ¿Cómo llega esa hoja de coca a las fábricas de droga en –por ejemplo– ciudades como El Alto o Santa Cruz? ¿No hay una relación directa de causa y efecto entre la producción ilegal y el incremento más que preocupante de la violencia urbana en nuestras principales urbes?

La coca es mucho más que ritualidad y cosmovisión andina, es un negocio espectacular, es poder sindical, es poder político, es uno de los pilares de sustentación esenciales del actual proceso político. Más que eso, sin el movimiento político-sindical de los cocaleros en el periodo 1990-2005, era simplemente impensable que Evo Morales condujera los destinos del país. No fue el único motor, sin duda, así lo evidencian las masivas votaciones que logró en 2005 y 2009, pero sus candidaturas fueron posibles por la plataforma que le dio la coca.

Hay que insistir incansablemente en que no es verdad que la hoja se haya popularizado como afirmación de una identidad y un pasado idílico. El consumo masivo y el acullico que hoy practican millones de compatriotas fue impuesto por la colonia española. Los colonizadores descubrieron muy pronto que los indígenas que acullicaban demandaban menos alimento, resistían más tiempo en el duro trabajo minero y producían más. La coca fue usada no como camino espiritual, sino como mecanismo de opresión.

Mientras la política mundial sobre el tema no cambie, el país tiene que asumir que estamos sentados en un polvorín. Para cambiar la actitud de todos sobre el tema, hay que terminar con mentiras, medias verdades y un uso político y económico de un producto que está envenenando desde hace muchos años nuestras relaciones internas y externas. 
Apolo ha puesto la verdad en la superficie. Negarla sería suicida.

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/  
Twitter: @carlosdmesag

será que Evo Morales está cansado de la coca? sería algo fuera de serie. en todo caso ha reconocido que proclamar "que viva la coca" no es de actualidad, se puede vivar al palmito, a la piña, a la naranja pero no a la coca, eso ya no está de moda. (?)

FREDDY LACIO/EFE -  flacio@eldeber.com.bo

En un acto en el corazón de la región productora de coca del trópico cochabambino, el presidente Evo Morales afirmó ayer que gritar ‘causachum coca’ (viva la coca, en quechua) está “pasado de moda” porque, posiblemente, nuevos cultivos han desplazado en importancia a la considerada hoja sagrada de los incas, reportó la agencia EFE.

La posición del mandatario surgió justo cuando el embajador de la Unión Europea, Timothy Torlot, volvió a exigir al Gobierno la presentación del estudio integral de consumo de hoja de coca en el país, que la administración de Morales viene posponiendo desde hace tres años, y ahora que la ciudadanía está consternada por la muerte de cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que cumplía labores de erradicación en una región paceña.

“Tal vez hay que decir causachum piña, causachum naranja o causachum palmito. Creo que estamos equivocados gritando causachum coca. Creo que ha pasado de moda eso", expresó el mandatario en un acto realizado en Lauca Ñ, municipio Shinahota del trópico cochabambino.

Poco antes, Morales, que continúa como presidente de las seis federaciones de cocaleros de la región, expresó: “A lo mejor ya no es importante la coca en Chapare”, y pidió a sus bases respetar las parcelas autorizadas para la siembra del arbusto (1.600 metros cuadrados), señalando que bajo su administración no habrá libre cultivo de la planta, según EFE.

Analistas desconfían

En opinión del politólogo Jorge Kafka, la posición del presidente se debe a la proximidad de las elecciones de 2014. “Una de las principales debilidades de Morales es su relación con el sector cocalero. El poder de este sector en Chapare es evidente en el aparato gubernamental y esa vinculación no lo favorece”, manifestó el analista, que sostiene que otro factor para el cambio de discurso es la no presentación del estudio del mercado de hoja de coca en Bolivia, que exige la UE. 

Por su lado, el constitucionalista Carlos Hugo Molina cree que la declaración de Morales es un reconocimiento de que hay una deuda del Estado boliviano con la comunidad internacional por no presentar hasta ahora el informe de consumo de coca en el país.

“Este es un mensaje duro para quienes hasta ahora han sostenido una libertad irrestricta de ciertos grupos, con la complacencia de ciertos niveles gubernamentales”, argumentó Molina.

Ayer, el embajador Timothy Torlot expresó su malestar porque la UE espera desde 2010 que el Gobierno entregue los resultados del estudio sobre consumo de coca en el país. Por su lado, el líder del MSM, Juan del Granado, afirmó que el informe establece que en el país solo son necesarias 6.000 hectáreas de coca, frente a las 20.000 que exigen los cocaleros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en 2012 informó de que el primer estudio presentó deficiencias metodológicas, por lo que se solicitaron ocho estudios complementarios. El plazo para el informe finalizaba este mes, pero el Gobierno lo pospuso sin fecha 

Analizan instalar puesto de control

 El Gobierno analiza la posibilidad de instalar un puesto militar o uno policial en la población de Apolo y en la frontera con Perú.

Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “se justifica un control fronterizo militar, posiblemente apoyado por otras instituciones, pero si hay narcotráfico ahí la decisión tendrá que orientarse por establecer un regimiento de Umopar (Unidad Móvil de Patrullaje Rural)”. 

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, indicó que el puesto militar servirá para evitar que extranjeros ingresen a la zona para asentarse en territorio boliviano. Por su parte, el puesto de Umopar tendrá la tuición de controlar la coca ilegal y el narcotráfico. Mientras tanto, permenecen los rastrillajes con un grupo militar de élite.

   Sobre el hecho    

IGLESIA CATÓLICA SE PRONUNCIALa Conferencia Episcopal de Bolivia pidió el esclarecimiento y debidas sanciones a los implicados en los asesinatos ocurridos en la localidad de Apolo.

La ONU, PREOCUPADALa coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, calificó como “preocupante” la violencia desa-tada en Apolo.

Evo Defiende a campesinosEvo Morales dijo que quienes victimaron a los cuatro miembros de la FTC no son miembros del movimiento campesino, sino extranjeros. 

Cocaleros decidirán extensiónUna cumbre de cocaleros será la que defina la cantidad de hetáreas necesarias en Bolivia, señaló el senador oficialista Fidel Surco. 

Hay contradicciones sobre una prueba

 La semana pasada el Gobierno anticipó que algunos cocaleros de la provincia Apolo iban a defender sus cultivos con armas de fuego. La prueba era un voto resolutivo firmado por la dirigencia del lugar, que tras la muerte de los cuatro miembros de la FTC se constituyó en la principal prueba por la que se imputó a los detenidos.

Sin embargo, con nueve detenidos preventivos y 12 arrestados, contando a los que llegaron ayer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la prueba no aparece en el cuaderno de investigaciones, mientras que los fiscales que investigan el caso se contradicen sobre su existencia.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció alarmado el jueves anterior que los apoleños resistirían la erradicación. “Un grupo de productores de Apolo decidió armarse para defender sus cocales. En una resolución piden el retiro inmediato de la FTC. Esta es una amenaza grave”, dijo Cáceres.

El dirigente apoleño, Gregorio Cari, que fue imputado por inducir a la violencia con ese voto resolutivo, negó que hubiera firmado el dictamen y acusó al Gobierno de falsear su rúbrica para involucrarlo en el hecho de sangre. 

Las investigaciones aún no establecieron quiénes dispararon contra los erradicadores de la FTC. El fiscal Leopoldo Ramos dijo que mostraría la resolución “una vez que me traigan el cuaderno de investigaciones, donde existe una declaración manifiesta, escrita, que señalan que van a resistir con armas”. EL DEBER esperó, pero el cuaderno no llegó.

Fernando Villarroel, otro de los cuatro fiscales que investiga el hecho de sangre, indicó que no conoce la supuesta resolución. “La comisión desplazada en La Paz ignora este hecho. No tenemos ninguna constancia de un voto resolutivo que cursa en el cuaderno de investigaciones presentada”, aseveró.

Los otros dos fiscales de la comisión llegaron ayer a La Paz con los últimos ocho detenidos desde ese municipio. Luego de indagar en el lugar de los hechos, los fiscales traen armas desenterradas, casquillos de bala, municiones, muestras de la sangre derramada y ropa, para presentarla como pruebas de lo sucedido.

Ayer se denegó la acción de libertad de Gregorio Cari, que permanece con detención domiciliaria en La Paz.

El Dia nos ofrece una historia muy humana de las víctimas de "la emboscada de Apolo", por ello reproducimos el texto y la foto que acompaña la crónica.

Le mandó su amor incluso cuando la vida se le iba a borbollones por la herida de bala que recibió en la emboscada a una patrulla de la antinarcóticos Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el fin de semana último en una zona conocida como Miraflores cerca de la población de Apolo, en el oeste de Bolivia, cerca de la frontera con Perú.

'Quiero que le digan a mi esposa que la amo, que le mando un beso', alcanzó a decir, con el último hálito, el subteniente Óscar Gironda Porres antes de expirar en brazos de un compañero que lo llevaba en andas en un intento de sacarlo del fuego cruzado a que fue sometida la patrulla de la FCT en Miraflores, en el eclipse del sábado último.

Como todo quien sigue la carrera de las armas, Gironda Porres sabía que todos los días oscilaba entre la vida y la muerte.

El que no lo sabía era el médico Michael Olivares Alba que había recibido instrucción para sostener la vida a cualquier costa.

Menos que Gironda Porres, por su especialidad el marino Wily Yucra Mamani y más aún el policía Johnny Reynaldo Quispe Chura, sabía o al menos intuía que la parca podía emboscarlo en cualquier recodo del camino.

Oriundo de Cochabamba, Olivares Alba se incorporó a esa patrulla el 17 de octubre, 2 días antes de morir, según el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, torturado y rematado por encapuchados, lo más seguro, narcotraficantes.

'Los habían golpeado salvajemente y, al parecer, han sido ejecutados con disparos de arma de fuego. Uno, al parecer, tiene un orificio de ingreso de arma de fuego en la sien derecha y, el otro, tiene un orificio al parecer de arma de fuego en el ángulo derecho de la nariz. Esto lo tendrá que determinar el médico forense, pero el estado, los golpes de los cuerpos en las cabezas, ¡Dios nos libre, una acción totalmente salvaje!', relató el funcionario en un intento por graficar la ruindad de los 'masacradores'.

Olivares Alba venía de contraer nupcias en junio último y, lo más probable, antes de partir a Apolo meció a su vástago de 3 meses de edad, balbuceó una fuente cercana a los deudos.

Formado en la Facultad de Medicina de la universidad pública de Cochabamba, Olivares Alba, de 32 años, se había titulado en 2010 como médico cirujano y como tal apoyaba en la Sanidad Operativa del cuartel antidroga en la central población de Chimoré, donde hizo su año de provincia, requisito ineludible de los galenos bolivianos para ejercer la profesión.

En virtud a un contrato laboral de 10 meses, se puso a la orden en los Servicios Médicos en Campamento para la FTC del Chapare. Su tarea se enfocada en la salud de los soldados erradicadores de plantaciones ilegales.

La Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico hubo contratado un seguro de vida para Olivares Alba.

Como ninguno de los 4 asesinados en la encerrona de Miraflores, el subteniente Eddy Triveño Corrales salvó la vida de milagro, pese a la saña que exhibieron los encapuchados.

'Se encontraba con un disparo de arma de fuego en la boca, le habían metido el arma en la boca y le habían disparado y el disparo choco con la placa dental subió el proyectil hacia un costado de la nariz cerca del ojo, felizmente no llegó al ojo y por estas bendiciones de Dios no logró penetrar la bala al chocar con la placa dental, desvió hacia arriba y le faltó velocidad. Triveño ha sido trasladado y se encuentra internado en este momento en la ciudad de La Paz', narró, con indisimulable impotencia, el viceministro Pérez.

Apenas recuperen la salud, el uniformado Jesús Ortega y el teniente coronel José Luis Mercado Flores podrán narrar el terror de Miraflores.

bajo el Penoco se inquieta por la insistencia de los medios oficiales en señalar presencia peruana en Apolo aunque no exhiben prueba alguna. qué será? se pregunta

 Los organismos de seguridad del Estado están manejando un mismo discurso y trabajan bajo una sola coordinación en relación a los sucesos de Apolo. Todo apunta a los supuestos narcotraficantes peruanos que estarían detrás de los disparos que han cobrado la vida de cuatro personas, tres de ellos uniformados que estaban cumpliendo trabajos de erradicación. 

Las autoridades reaccionaron rápidamente para cerrar la frontera con Perú y raudamente exigieron a sus pares del vecino país que colaboren con las investigaciones para dar con el paradero de los culpables, vinculados no solamente a grupos de narcotraficantes sino también a algunas facciones de Sendero Luminoso. Un diputado de los Yungas advierte que Bolivia se estaba convirtiendo en productor de droga y el ministro de Salud afirma que los disparos realizados en Apolo fueron cometidos por francotiradores debido a la precisión y a la letalidad de los mismos. 

Muchas veces se han producido en el país denuncias sobre el accionar de bandas internacionales de narcos. Brasil ha militarizado sus fronteras para impedir el paso de la droga. Chile y Argentina también tomaron medidas extremas. Algo raro pasa esta vez que ha desatado como nunca la voluntad y el profesionalismo de nuestras autoridades. ¿Será la competencia peruana?