reclama El Deber una investigación serie de la denuncia de VEJA de cuyo prestigio no tiene duda, habida cuenta que el 94% de la coca (Chapare) va a parar al narcotráfico. no basta negar lo que VEJA afirma, hay que probar que no es verdad.

La prestigiosa revista brasileña Veja acaba de hacer una muy grave acusación a las principales figuras del Gobierno boliviano, acusación que afecta la imagen internacional de Bolivia, que ha sido definida como ‘La república de la cocaína’  por esa publicación.
Pocas horas después, el diario Folha de Sao Paulo reprodujo un artículo en el  que se sostenía que creer en las disculpas del Gobierno boliviano respecto del narcotráfico “es estupidez”.
Estas denuncias y estas definiciones se produjeron en Brasil, casualmente, cuando el presidente Evo Morales era reelegido por novena vez como presidente de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba.
Por esas mismas horas, caía en Antofagasta un nuevo cargamento de cocaína procedente del Chapare boliviano, como todas las cargas que en ese país se capturan cada 24 horas, mostrando un alarmante incremento de la corriente exportadora de droga.
El Gobierno nacional, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, hizo saber que se propone iniciar un juicio por infamia a la revista brasileña, porque considera que las acusaciones son infundadas, porque serían producto de las ‘conspiraciones’ de quienes apoyan al senador Róger Pinto.
Por el prestigio del nombre del país sería conveniente que el Gobierno nacional ordenara una investigación independiente sobre las denuncias que ha hecho la mencionada revista, porque aluden al propio presidente Morales, al ministro Juan Ramón Quintana y a la operadora del Gobierno en el Beni y excandidata a gobernadora Jessica Jordan, entre otros.
Lo que dice la revista es que el presidente Morales apoya los cultivos de coca por razones culturales, pero que ahora “han surgido indicios de que es cómplice de las actividades del narcotráfico”.
Se refiere a los nexos que existirían entre los aludidos miembros del Gobierno con organizaciones de narcotraficantes brasileños, específicamente con el mafioso Maximiliano Dorado, que opera en la ciudad fronteriza de Guajaramerín.
El ministro Quintana ha reaccionado ante estas acusaciones diciendo que la Felcn no tiene conocimiento de las conexiones a las que alude la mencionada revista. Por lo tanto, si la Felcn boliviana no lo sabe, la conexión no existe, es el mensaje de esta declaración de Quintana.
A su vez, el presidente Morales dijo a los cocaleros de Chapare que para no ser acusados de narcotraficantes deberían limitar sus cultivos a los “catos” asignados. Son los cocales que, según los datos de la ONU, destinan el 94% de su producción al mercado ilegal, es decir al narcotráfico.
Por lo tanto, está haciendo falta una investigación seria e independiente de las denuncias de la revista Veja para cuidar la imagen internacional del país. 
Pero hay una urgencia mayor del Gobierno nacional: hacer las cuentas claras sobre la producción excedentaria de coca y explicar al país qué relación tiene esa producción con la presencia de mafias, con la violencia que sacude a todas las ciudades del país y con la inseguridad que agobia a los bolivianos.
Los bolivianos esperan que la revista Veja no tenga razón en sus denuncias, pero lo que más le preocupa es la pesadilla que ha traído al país la sobreproducción de coca.

ribetes de escándalo cuando Veja, la más influyente publicación brasileña, citando a Policías Bolivianos afirma que Quintana y Jessica recibieron 2 maletas de dólares del mafioso Maximiliano Muñoz hoy preso en una cárcel. se descuenta que Quintana no responderá la denuncia

“El presidente de Bolivia, Evo Morales se enorgullece de incentivar las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas sirven para producir té y medicinas tradicionales. 

Sin embargo, y según lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo un tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares. 

ERBOL ofreció una traducción de la publicación carioca leída por millones en la fecha

Recientemente han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros o plantadores de coca. 

(La revista brasileña) Veja tuvo acceso a los informes producidos por una Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, que revela entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná. 

Uno de los documentos, titulado Aprensión de fugitivo internacional y firmado con el nombre encubierto “Carlos”, describe como los agentes bolivianos identificaron la casa del brasilero Maximiliano Dorado Munhoz Filho en el 2010. Max, como también se le conoce, y su banda poseían haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos. 

Mensualmente, la banda de Max recibía unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de Santa Cruz de la Sierra. 

El día 18 de noviembre de 2010 a las 2 de la tarde, los policías que vigilaban el inmueble presenciaron una cena extravagante. Quintana, hoy el segundo hombre más poderoso de la república, aparecía en compañía de Jéssica Jordan de 28 años, famosa en su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes. Ambos tenían por aquel entonces, puesto de confianza en organismos estatales. Quintana era el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas. 

Dos meses antes, Jéssica fue nombrada por el vicepresidente Álvaro García Linera como directora Regional de Desarrollo del Estado del Beni, departamento que comparte fronteras con Rondonia y por donde ingresa al Brasil buena parte de la droga boliviana. Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. 

El contenido de los mismos es desconocido. Dos meses después del encuentro con los integrantes del gobierno de Morales, Max fue detenido en una operación conjunta de la policía federal brasilera y un grupo de miembros escogidos a dedo del servicio de inteligencia boliviana llevado al Brasil. Por otro lado, Quintana fue nombrado por Evo Morales al año siguiente como ministro de la presidencia, el equivalente a la casa civil brasilera, puesto que él ya había ocupado del 2006 al 2009. 

El relato del agente Carlos acerca del encuentro entre los miembros del gobierno y el narcotraficante brasilero forman parte de una serie de documentos filtrados a la prensa boliviana y norteamericana por un político del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales. Para el autor de dicha entrega de información, el gobierno no ha cumplido con su promesa de mejorar la vida ni de los pobres, ni de los indígenas de Bolivia. Evo Morales triunfó en dos elecciones presidenciales promocionándose como un candidato defensor de los indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos están insatisfechos. Desde que Morales tomó posesión de la presidencia hubo un aumento del 22% de la superficie dedicada al cultivo de coca en el país. 

A diferencia de Colombia, que en los años 80s cultivaba y refinaba el 90% de la cocaína consumida en el mundo y ahora combate a los carteles y reduce su producción; Bolivia y Perú han aumentado su participación en ese mercado y hoy proveen la mitad de las drogas derivadas de las hojas de coca. Fabricas de cocaína que hasta el momento no existían en Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares, y hoy operan en el país carteles colombianos, mexicanos y el PCC brasilero. Al ver el crecimiento del crimen organizado y las puertas de la política cerradas para sus representantes, los indígenas y los sindicalistas han pasado a criticar abiertamente a Morales. 

El mes pasado, la policía se declaró en huelga exigiendo mejores salarios. Hace dos semanas, una nueva marcha indígena llegó a La Paz para impedir la construcción de una carretera en el parque ecológico indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). 

El proyecto que según los bolivianos, une a “dos poblaciones sin habitantes”, tiene como objetivo abrir nuevas fronteras para la plantación de coca, dado que la productividad de la región vecina del Chapare, principal reducto de Morales donde el 90% de las hojas se destinan a la producción de drogas ilegales, está en franco declive. 

Quintana no se cansa de atacar a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, al mismo tiempo que sale a defender a los cocaleros. Quintana fue militar, araponga entrenado por los norteamericanos y asesor del ministro de defensa del presidente Hugo Banzer (1997 – 2001). Además, es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales. A él se le atribuye la sugerencia, acatada por Morales, de expulsar del país a los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), órgano americano que financiaba la gasolina y parte del salario de los policías bolivianos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. 

No es de extrañar que dicha medida haya salido de la cabeza del hombre que comparte con el vicepresidente Álvaro García Linera la responsabilidad de administrar las relaciones del gobierno boliviano con el presidente venezolano Hugo Chávez. Los informes que revelan los lazos comprometedores del gobierno boliviano con narcotraficantes fueron realizados por agentes que simpatizan con la administración de Morales, sorprendidos ante la incapacidad del presidente de percibir la podredumbre de su entorno. 

‘Los esfuerzos que hace nuestro amigo y hermano Evo para erradicar la corrupción caen en saco roto y eso puede ser utilizado por la oposición para manchar su honra’ explica un policía encubierto, apodado Confucio. Uno de los referidos documentos revela que Raúl García, padre del vicepresidente Linera y adicto a la cocaína, habría influido en el nombramiento del Director de Aduanas del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, por donde sale buena parte de las drogas con destino a Brasil. ‘Algunos narcotraficantes colombianos que aseguran haberle dado un apartamento en Santa Cruz al padre del vicepresidente a cambio de protección para que despeguen determinados aviones, dicen tener pruebas de esto’ relata uno de los informes confidenciales. Cabe destacar que Raúl García murió de un infarto el año pasado. 

‘La creciente actuación de los narcotraficantes brasileros en Bolivia resulta facilitada por un sinnúmero de factores, entre los cuales se encuentra la posibilidad de negociar con miembros del gobierno’ afirma Douglas Farah, especialista norteamericano en el estudio del flujo ilegal de armas y drogas, que ha analizado todos los documentos confidenciales entregados por el político del MAS. Hasta el momento no hay datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha corrompido aisladamente o si él tendría participación directa en los negocios de su gobierno con el narcotráfico. 

Hasta el momento el Presidente no ha reconocido que nada esté funcionando de manera inapropiada o ilegal. Desde que la oposición hizo entrega de dichos documentos comprometedores hasta el momento, ninguna investigación ha sido abierta por las autoridades. En lugar de eso, se intentó castigar a los mensajeros. 

El senador Roger Pinto, por ejemplo, que en marzo del 2011 tuvo la osadía de llevar al Palacio Quemado una copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, fue acusado de corrupción por Morales y acabo recibiendo asilo político en la embajada de Brasil en La Paz. Hasta el viernes pasado, aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil”, dice el artículo “Bolivia, República de la cocaína” publicado por la prestigiosa revista brasileña, Veja.

Brasil, 8 julio 2012 

la coca. otra vez la coca. El País de Madrid se ocupa de la coca que sigue siendo la manzana de la discordia.

La coca sigue siendo la manzana de la discordia entre los Gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. La discrepancia sobre los usos tradicionales de la mítica planta en el país andino no es nueva, pero con el presidente Evo Morales el desacuerdo es de mayor calado. 

Dentro de tres meses concluirá la presencia en Bolivia de la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID) en programas de cultivos alternativos a la coca.

foto de nuestro archivo.ne.

Desde su llegada al Gobierno en 2006, Morales ha expulsado del país al embajador y a la DEA (agencia antidroga de EE UU), ha cerrado la base militar de Chimoré y acaba de anunciar su retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Como contrapunto, el presidente boliviano firmó la semana pasada en La Paz un acuerdo con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadinejad, en materia de lucha antidroga.

“La hoja de coca en su estado natural es un producto con muchas cualidades nutritivas y medicinales. El productor de coca no es narcotraficante, ni el consumidor de hoja de coca es narcodependiente”, insistía el primer presidente indígena de Bolivia en una entrevista reciente a EL PAÍS. 

La forma más antigua de consumir hojas de coca es masticándolas (akullico), aunque tiene otros usos medicinales, rituales y sociales. Al consumo tradicional hay que añadir otras fuentes de demanda legal como la industria de infusiones, la exportación para uso farmacéutico y la producción de extracto para la Coca Cola.

Es una obviedad que la coca no es cocaína, pese a ser ingrediente esencial para la elaboración de la droga. Pero Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial de consumidores de cocaína, rehúye esta distinción y mantiene una firme posición contra los cultivos del arbusto milenario.

USAID ha invertido 150 millones de dólares desde 2005 en el Programa de Desarrollo Alternativo Integral en Los Yungas (al norte de La Paz) y Chapare (Bolivia central), las dos regiones de producción de hoja de coca.

Los patrocinadores del programa exhiben orgullosos los resultados: los territorios de Palos Blancos y Alto Beni (en Los Yungas) se han convertido en zonas libres de hoja de coca, donde ahora se produce cacao, café, plátano y palmito, entre otros cultivos, destinados esencialmente a la exportación.

El programa de desarrollo alternativo ha mejorado las infraestructuras, como la red escolar y la canalización de agua potable. En 2005, la pobreza rondaba el 70 por ciento, según el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de la CEPAL. Hoy es del 52 por ciento. Aparentemente, se ha cumplido con creces el objetivo del 60 por ciento de reducir la pobreza. Por lo tanto, el programa llegará a su fin el 30 de septiembre próximo, por decisión del Congreso de Estados Unidos, explica un antiguo funcionario boliviano.

Hasta aquí la versión oficial, de la que nadie en las oficinas de USAID en La Paz ni en la Embajada estadounidense quiere hacer algún comentario. La realidad es más compleja. Según estimaciones oficiales, para abastecer las necesidades de consumo local y legal de hoja de coca se precisan unas 12.000 hectáreas de cultivo. La agencia antidroga de la ONU calcula que en Bolivia hay actualmente unas 31.000 hectáreas de cocales, que suponen el 20 por ciento del total en América Latina, detrás de Colombia y Perú.

El excedente de casi 20.000 hectáreas se produce sobretodo en el Chapare, ya que la mayor parte de la coca que se consume legalmente en Bolivia procede de Los Yungas. En este escenario no es descabellado deducir que la coca del Chapare y una parte de Yungas acaba en manos del narcotráfico para la producción de clorhidrato de cocaína en laboratorios ilegales.

Falta información precisa y actualizada de cuánta coca es necesaria para satisfacer la demanda del mercado interno, y de cuánta se desvía para la producción de cocaína. 

Las dudas desaparecerán cuando el Gobierno difunda el Estudio Integral de la Hoja de Coca, que puso en marcha en 2008, con financiación de la Unión Europea (un millón de euros), y que todavía no ha visto la luz.

Según el viceministro de Exteriores, Hugo Fernández, dicho estudio “contribuirá efectivamente a la reelaboración de las políticas públicas, dirigidas tanto a la revalorización de la hoja de coca, como a la lucha contra el narcotráfico”. El trabajo incluye una encuesta nacional sobre uso y consumo de hoja de coca.

La Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aprobada en 1988 bajo el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sigue siendo la herramienta principal de la lucha antidroga. Las penas van desde un año de prisión por cultivo ilegal hasta 30 años, si se encuentra a una persona culpable de haber vendido drogas a alguien que se intoxica hasta la muerte. 

Más antigua es la Convención de 1961 de Naciones Unidas sobre estupefacientes, que incluye la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias prohibidas. 

El Gobierno de Evo Morales presentó una propuesta para enmendar el artículo 49, en lo referente a la masticación de la hoja de coca. La propuesta fue rechazada y Bolivia tomó la decisión, sin precedentes, de denunciar dicha Convención y adherirse a la misma con una reserva.

Sobre el terreno la lucha contra los narcos sigue sin cuartel. El año pasado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELC) destruyó “más de 5.000 fábricas de cocaína, 6.500 pozas de maceración y 25 laboratorios de cristalización”, según el informe del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.

En su época de líder de los campesinos cocaleros, Evo Morales ya irritaba al embajador de Estados Unidos. Uno de ellos, Manuel Rocha, no tuvo empacho en declarar que una hipotética victoria electoral de Morales —“un agitador de la coca ilegal”—, tendría consecuencias desastrosas para las relaciones entre Washington y La Paz. 

Hace un siglo, el jefe de la diplomacia estadounidense en el país andino no tuvo mejor ocurrencia que proponer goma de mascar para todos los bolivianos, en vez de hoja de coca. (Tomado de El País) (Este texto contiene algunas afirmaciones en favor del régimen masista contrariamente a lo que establece la verdad de los hechos. es texto distorsionador e interesado, influenciado por criterios claramente contradictorios. qué pena. propagandístico de Evo Morales)

Raúl Prada cuestiona bien fundamentado las alegaciones del ministro Romero al margen de la Constitución y la manipulación que ejecuta contra el TIPNIS

El ministro del gobierno ha llegado al colmo de la desfachatez, desconoce lo que se expresa la Constitución, prefiere manipular una interpretación insostenible. Por ejemplo decir que la Constitución en el artículo 30 no establece la consulta previa. Para el que ha leído la Constitución esto queda claro, pues está impresa la condición de previa de la consulta a los pueblos indígenas. Pero el ministro, como heredero de las prácticas leguleyas, prefiere hacer interpretaciones antojadizas, separando el texto del contexto, el artículo de la Constitución y, en la lectura del artículo, prefiere separar la consulta de la condición previa. ¿Por qué se hace eso? Se confunde al país con un escenario de juzgado ordinario. Se cree que se puede manipular, jugar con las interpretaciones, para conseguir un veredicto apropiado. Nada más alejado de la objetividad, de la interpretación integral, de una hermenéutica adecuada. Volvamos a la Constitución. El numeral 15 del artículo 30 dice expresamente que, uno de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios es:

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

¿Proyectar una carretera, aceptar su diseño, llegar a compromisos con una empresa trasnacional constructora, con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil, llegar a convenios con el gobierno brasilero, avanzar dos trazos de una única carretera, por el lado norte y el lado sud, dejando el centro pendiente, presionar para que esta construcción del último tramo se efectúe, impulsar un cuestionario impuesto, no forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios? Decir que no, que no es una medida administrativa, que el artículo se refiere a los recursos naturales, es querer buscar cinco pies al gato. Confundir la cola con el pie. En palabras claras es pretender confundir a la opinión pública boliviana, suponiendo que es manipulable, que no está informada; por lo tanto, este supuesto no hace otra cosa que mostrar el poco respeto que tienen los gobernantes al pueblo boliviano. No hay donde perderse, la consulta debe ser previa. La construcción de una carretera forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿qué es pues la construcción de una carretera que pasa por un parque y territorio indígena? El Estado es un monopolio administrativo, además de monopolio de la violencia simbólica y física, monopolio de las legalidades institucionales y de la homogeneización de la lengua, de la normalización de los sujetos, por lo tanto es un dispositivo supremo de la colonización y la civilización moderna. El Estado es el cartógrafo y el ingeniero de carreteras. Además de enarbolar desgastadamente el ilusorio discurso del progreso.

Ahora bien, que se pueda realizar una consulta previa, una vez detectado el error o la violencia estatal, depende del consentimiento de los pueblos indígenas. Consentimiento que no se ha dado. Este consentimiento es todo un proceso de consulta para efectuar la misma consulta. Lo que muestra también que nunca hubo buena fe, que es uno de los requisitos indispensables de la consulta, establecida por los convenios internacionales y consagrados en la Constitución. A pesar de las ambigüedades de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de lo intervenido que se encuentra por el ejecutivo, sacó una sentencia que exige consensuar la consulta con los pueblos indígenas, es decir, acordar el consentimiento. Además de establecer que se requiere construir la consulta misma con los pueblos indígenas tal cual establecen los convenios internacionales, con participación de los pueblos y sus organizaciones matrices. Construir las preguntas, así como el protocolo conjuntamente, una vez que se ha informado sobre las consecuencias del proyecto, de manera objetiva y transparente, en lenguas propias. Todo esto además debe hacerse de forma libre, no impuesta. Como se puede ver ninguna de estas condiciones de la consulta ha sido cumplida por el gobierno y la Asamblea Legislativa, al contrario, han violentado la estructura normativa y conceptual de la consulta imponiendo un cuestionario dirigido, cuestionario que hace de inducción de la aceptación de la carretera. Proponiendo un protocolo impostor, pues no tiene nada de protocolo, siendo una herramienta de imposiciones y de interpretaciones arbitrarias, desconociendo además a las organizaciones representativas indígenas.

Ahora el gobierno y la Asamblea Legislativa se hacen las desentendidas respecto a la sentencia constitucional. Pretende que la sentencia les avala en su sinuosa conducta y persisten en la insistencia del cuestionario impuesto llamado “consulta” por la ley 22. Hasta el vicepresidente ha querido usar en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional expresando que es una sentencia sabia, que contempla la constitucionalidad de la consulta y pide acuerdo sobre la misma. Lo que no dice o no entiende el vicepresidente es que la ley 222 no es de consulta aunque la llamen así, pues no cumple con las condiciones, con los requisitos, con la estructura normativa y conceptual del la consulta. Lo que sentencia el tribunal es que se debe hacer una consulta como corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No de acuerdo a la interpretación forzada y mal intencionada del gobierno y la Asamblea Legislativa.

no están descubriendo la pólvora, antes que Uruguay ya se probó el método en Holanda, Suiza y Dinamarca. legalizar una droga y controlar el consumo entre los drogodependientes con el fin de procurar su rehabilitación. crónica de El Nuevo Heraldo

El gobierno uruguayo envió al Parlamento un proyecto de ley para internar en forma compulsiva a adictos a estupefacientes para preservar su integridad física y salvaguardar la seguridad de la población, informó la Presidencia.

La iniciativa impulsada por el presidente José Mujica —segundo gobernante de izquierda en la historia del país— fue enviada el miércoles en el marco de un paquete de medidas anunciadas la semana pasada, que buscan combatir el incremento de la inseguridad y que incluyen la “legalización controlada” de la marihuana, proyecto que aún no llegó al Parlamento.

El gobierno propone adoptar “medidas y procedimientos tendientes a preservar la integridad física y psíquica —así como procurar la recuperación— de las personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes” y “salvaguardar la seguridad y el orden público de la población”.

La propuesta —que ha generado polémica dentro del propio partido de gobierno, el Frente Amplio— “respeta las garantías individuales” de los adictos, resalta el gobierno.

“Queremos (…) tratar de pelear a brazo partido contra el tráfico y consumo de pasta base (pasta básica de cocaína), que es una de las drogas menos consumidas pero tiene efectos inadmisibles”, había indicado el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, al presentar el paquete de medidas.

Según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas, solo el 1.1 por ciento de la población consume pasta base de cocaína, una droga que es no obstante vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.

Otro proyecto presentado el miércoles propone agravar las penas para los delitos de tráfico de pasta base y los casos de corrupción policial, así como para quienes delincan prestando funciones en establecimientos de reclusión.

Según el texto, las penas por tráfico de pasta base serán de cuatro a 15 años de prisión, superiores a las que existen por homicidio simple (de 20 meses a 12 años).

Otros dos proyectos de ley proponen crear un Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos y establecer penas mínimas de un año de reclusión para los adolescentes que cometan delitos graves.

En el último caso, los legisladores del Frente Amplio se opusieron a la intención del gobierno de elevar la pena máxima de cinco a 10 años de encierro.

Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 70 por ciento con relación al mismo periodo del 2011.

No obstante, con una tasa de 6.1 homicidios cada 100,000 habitantes, el país es uno de los países con menor tasa de homicidios de la región, según el informe del Latinobarómetro 2011 sobre seguridad ciudadana.

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aumentan sembradíos de coca en Bolivia, pese a la erradicación. inocultable informe de ONUDD publicado en Viena.

texto y foto de OPINION

En la ciudad de Viena, Austria, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó ayer el Informe Mundial sobre las Drogas 2012, donde ratifica el aumento de cultivos de hoja de coca en Bolivia. 

El informe se basa en datos brindados por el "Monitoreo de cultivos de hoja de coca en 2010" realizado por la ONUDD en Bolivia -presentado el 12 de septiembre de 2011-, en el que señala que hasta el 2010 se registraron 31.000 hectáreas de cultivos de coca, lo cual representa un aumento del 0.3 por ciento respecto al 2009, cuando existían 30.900 hectáreas.

De acuerdo al Informe Mundial, publicado en el portal web de la ONUDD, en el cultivo, la producción y el tráfico de cocaína ha "habido una disminución general de la fabricación mundial", impulsado por una importante disminución en la fabricación de cocaína en Colombia en el período de cinco años de 2006 - 2010.

No obstante, se evidencia que "la producción de coca aumentó en el mismo periodo de los otros dos países productores de coca, Bolivia y el Perú, que son cada vez más productores importantes", sostiene el documento. 

En esa línea, indica que a partir de 2006 se "produjo un cambio (en el envío de cocaína) en los mercados europeos", pues desde esa gestión ha sido compensada por cocaína producida en Bolivia, ante la escasez, "al menos parcialmente", de la cocaína colombiana, que tiene como principal mercado Estados Unidos. 

El Informe sostiene que Bolivia continúa como el tercer productor de coca en Sudamérica con 31.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca al 2010, el primero es Perú con 61.200 hectáreas de coca y Colombia el segundo con un total de 57.000 hectáreas.

Los tres países suman un total de 149.200 hectáreas de hoja de coca que fueron cultivadas en 2010, cifra inferior a la registrada en 2009, cuando entre los tres países se sumó un total de 158.800 hectáreas de coca. 

Pero el informe señala que este decremento responde a los niveles de cultivos de coca que se redujeron en Colombia, pero que fueron compensadas por el incremento de cultivos de esta planta registrados en Bolivia y Perú. 

"Los datos disponibles sobre el cultivo, la producción y el tráfico indican que la producción mundial de cocaína disminuyó en 2010 de los altos niveles observados en el período 2005-2007. Este es en gran medida un resultado de una disminución en la fabricación de cocaína en Colombia en los cinco años anteriores a 2010. Una discusión de los retos en la estimación de las cantidades de cocaína fabricados se pueden encontrar en el Informe Mundial sobre Drogas 2010 (…) que fue parcialmente compensado por el aumento tanto en Bolivia y el Perú", precisa.

Datos sobre la erradicación de cocales en el país

 En otro de los puntos del informe se incluye además sobre el "reporte de erradicación de coca", donde se evidencia que Bolivia aumentó en sus niveles de erradicación desde el 2006, aunque con una disminución el 2008. Estos son los datos presentados:

2005 - 6.073 hectáreas de coca erradicada

2006 - 5.070 hectáreas de coca erradicada

2007 - 6.269 hectáreas de coca erradicada

2008 - 5.484 hectáreas de coca erradicada

2009 - 6.341 hectáreas de coca erradicada

2010 - 8.200 hectáreas de coca erradicada

2011 - 10.460 hectáreas de coca erradicada

El Informe Mundial sobre las Drogas 2012 fue presentado por el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se celebró ayer. 

bolivia está exportando droga como nunca antes en su historia. lo descubierto hace pocas horas en Chile es otra demostración "de la alta capacidad" organizativa de los mafiosos narcos.

impresionante foto y texto desde Chile cuando se informa del decomiso de 825 kilos de cocaína y marihuana en una tolva que ingresó de Bolivia y que camufló la mercadería prohibida en armaduras de chatarra. causó sensación y la noticia da la vuelta al mundo, poniendo de nuevo en entredicho la capacidad de las autoridades bolivianas para controlar el tráfico que está cusando irreparable daño a la imagen del país y mostrando el poder de las bandas de narcos que operan bajo "el liderazgo" de colombianos, colombianos, peruanos y hasta mexicanos según las denuncias de organismos internacionales que abundan en detalle sobre su nivel de organización, control y derroche de recursos.